Un modelo jubilatorio patriarcal

La reforma previsional que se discute en Francia penaliza en especial a las mujeres. Cambiar esa lógica patriarcal no sólo interesa a las feministas: es parte de la larga historia de la emancipación humana y de las reivindicaciones ecologistas. La reducción del tiempo de trabajo siempre ha sido un elemento clave del progreso social.

“Si elevan la edad legal –debió admitir Franck Riester–, las mujeres evidentemente van a estar un poco castigadas”. El 23 de enero, por el canal televisivo parlamentario LCP, el ministro encargado de las relaciones con el Poder Legislativo reconocía lo evidente. Las interesadas, por su parte, no necesitaban su ayuda para observar el tema con lucidez: según una encuesta publicada por el Instituto Francés de Estudios de Opinión (IFOP) una semana antes de esas declaraciones, 73 por ciento de ellas se oponía a la jubilación a los 64 años: es decir, un nivel de rechazo superior por siete puntos al de los hombres. De la misma manera en que lo habían afirmado los gobiernos de Jean-Marc Ayrault en 2013 y de Jean Castex en 2019, el gobierno de Élisabeth Borne sostiene desde hace meses que persigue un objetivo justo¹. Pero sin resultados.

La misma lógica, preconizada por grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea, se advierte un poco en todas partes durante los últimos 30 años. Las sucesivas reformas apuntaron a limitar, incluso a reducir, la parte de la jubilación pública por reparto en el capital nacional, ampliando a largo plazo el campo de la capitalización. Todas tendieron a disminuir el nivel de las pensiones al endurecer las condiciones requeridas para obtenerlas a tasa completa². Y debido a eso, todas reforzaron la relación entre las cuotas retenidas a lo largo de la carrera (las contribuciones) y las pensiones percibidas. Cuanto más el monto de las segundas se determina en función de las primeras, más el sistema es llamado contributivo. Sin embargo, esta acentuada correlación entre monto de las pensiones y “esfuerzo contributivo” debilita la parte de solidaridad en la determinación de las jubilaciones.

Existen diversos dispositivos que apuntan a completar las pensiones de las personas que pasaron por períodos de desempleo, enfermedad o retiro de la actividad vinculado al cuidado de los hijos, así se deba a trabajos arduos o carreras largas. Esos dispositivos resultan esenciales, en particular, para las mujeres que, además de un aumento en la duración de las cuotas, reciben las pensiones mínimas. El refuerzo de la modalidad contributiva sanciona a todas las carreras entrecortadas, acortadas y peor remuneradas y penaliza entonces en mayor medida a las mujeres en una sociedad en la que la división del trabajo, asalariado o doméstico, sigue estando determinada por la dominación patriarcal. A partir de los años 1960, debido a la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral y a sus mejores calificaciones, la brecha con las pensiones de los hombres disminuyó; pero esta reducción se frenó por los efectos de reformas sucesivas y, desde hace siete u ocho años, se paralizó. Hoy las pensiones de los hombres son 67 por ciento superiores a las de las mujeres. El informe anual del Consejo de Orientación de las Jubilaciones (COR en francés), publicado el pasado setiembre, precisa además que “10,4 por ciento de las mujeres jubiladas son pobres contra el 8,5 por ciento de los hombres jubilados” y que “esta brecha tiende a profundizarse desde 2012”.

La situación es resultado de diversas reformas llevadas a cabo desde la que puso en marcha Édouard Balladur con su gobierno en 1993³. Pero también deriva de una falta de adaptación a la evolución de la familia y del empleo. Cuando se creó, y a lo largo de las décadas siguientes, el sistema de jubilaciones francés permitió, es cierto, un mayor progreso social al consolidar la solidaridad entre generaciones. No obstante, en el modelo que prevalecía entonces, era tarea del hombre percibir los ingresos de la familia: trabajaba a tiempo completo, sin interrupción en su carrera (el desempleo aún no era un problema), aportaba y se beneficiaba de los derechos propios de una cobertura social, entre los cuales estaba la jubilación. Su mujer se ocupaba del hogar y de los hijos y se beneficiaba de los derechos derivados de su calidad de esposa, lo cual respondía a una lógica de dependencia.

Si bien a partir de los años 1960 el empleo de las mujeres se expandió de forma masiva, en una primera etapa en trabajos a tiempo completo, el fenómeno se caracterizó, sin embargo, por interrupciones en la carrera a partir del momento en que asumían la parte esencial del cuidado de los hijos. A partir de los años 1990 las políticas públicas de lucha contra el desempleo alentaron el empleo a tiempo parcial, lo que en la práctica concernía, en esencia, a las mujeres, a quienes se les impuso conciliar la vida familiar y la profesional. Así, a inicios de los años 2000, cerca de un tercio de las mujeres tenía este tipo de trabajos.

El modelo de empleo de las mujeres, con carreras más cortas y períodos de tiempo parcial, es, por ende, diferente al de los hombres, en base al cual se concibió el cálculo de los derechos de jubilación. Por un lado, los períodos a tiempo parcial castigan con fuerza el nivel de la pensión; por otro, el cálculo de su monto resulta discriminatorio respecto de las carreras cortas por el hecho de tomar en cuenta los últimos 25 años de salario desde 1993, en lugar de los diez mejores, y por los recortes. Estos constituyen una doble penalización de las carreras incompletas, como reconoció Jean-Paul Delevoye, alto comisario para las jubilaciones hasta 2019⁴. La pensión ya se calcula, en efecto, prorrateando la duración de la carrera realizada en relación con la duración exigida. Las reducciones constituyen una baja adicional de cinco por ciento por año faltante. Para evitar ser objeto de estas disminuciones, 19 por ciento de las mujeres y 10 por ciento de los hombres de la generación de 1950 esperaron entonces hasta la edad que deja sin efecto dichos recortes (67 años) para jubilarse⁵.

Correcciones

Desentrañar las desigualdades de las pensiones permite identificar lo que en el mismo sistema de jubilaciones contribuye a desfavorecer, en forma particular, a las mujeres, así como prever soluciones para remediarlo. Es evidente que los derechos familiares que se confieren por el cuidado de los hijos siguen siendo indispensables para atenuar las desigualdades de jubilación entre los sexos, mientras que el cuidado de los hijos no evolucione y continúe siendo asumido de modo principal por las mujeres. Pero tampoco es cuestión de hacer del refuerzo de esos derechos la herramienta de una política a favor de la igualdad de pensiones. En efecto, estos no hacen sino compensar (de manera muy parcial y a posteriori) las desigualdades sin actuar en su origen... cuando no contribuyen a mantenerlas encerrando a las mujeres en el rol de madre.

Si bien una institución social como la jubilación atribuye derechos adicionales a las mujeres por el cuidado de los hijos, perpetúa necesariamente la idea de que las mujeres tendrían la vocación de ocuparse de ellos. Sin embargo, una política progresista coherente debe contribuir a la vez a reducir las desigualdades de las pensiones entre los sexos y a transformar el modelo de protección social: un sistema de jubilaciones debería, de forma efectiva, permitir a toda persona constituirse derechos propios para una pensión suficiente, mientras que los dispositivos de solidaridad aseguran complementos para los accidentes durante el recorrido.

Por un lado, esto supone actuar en el sistema de jubilaciones corrigiendo aquello que desfavorece las carreras más cortas de las mujeres y, para empezar, suprimir los recortes. Esto también supone reforzar la relación entre la pensión y los mejores salarios de la carrera, en oposición al desarrollo actual que refuerza la relación entre cuotas aportadas y pensión. Por último, esto supone considerar una duración de carrera completa que corresponda a la realidad del mercado del trabajo. Ese no es el caso hoy en día: las duraciones de las carreras validadas disminuyen desde la generación de 1955, según el COR, mientras que las cuotas que se exigen continúan aumentando. Así, la brecha aumenta entre las dos, configurando una mayor disminución de las pensiones. Un cambio progresista de modelo podría aproximar la duración de las cuotas requeridas y la de la carrera promedio de las mujeres.

Por otra parte, y sobre todo, es esencial actuar con anticipación a la jubilación para erradicar las desigualdades en materia de salarios, de carreras y de acceso de las mujeres a un empleo. Tener un empleo de calidad, a tiempo completo, no sufrir desigualdades salariales –lo cual también implica la revalorización de los trabajos principalmente femeninos– son condiciones indispensables no sólo para la futura jubilación de las mujeres, sino para su autonomía a lo largo de la vida. Al mismo tiempo, se trata de una herramienta muy eficaz para mejorar el financiamiento de las pensiones, la desigualdad salarial y la igualdad de las tasas de actividad, brindando un complemento no menor en cuanto a las ganancias de las cuotas.

A futuro

En 2021, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE, en francés), las tasas de actividad de las mujeres y de los hombres entre 25 y 54 años eran de 84 por ciento y de 92 por ciento, es decir, una brecha de ocho puntos. Si fuesen iguales, 1,1 millón más mujeres estarían activas. A pesar de que desde hace 40 años la brecha se redujo de manera continua, su nivel actual se mantiene igual en las proyecciones del INSEE y del COR hasta 2070. Eso expresa la convicción de que nada cambiará, incluso una resistencia al progreso que devela una ideología conservadora.

Levantar los obstáculos al empleo de las mujeres también implica responder de manera satisfactoria a las necesidades vinculadas con las guarderías para la primera infancia. Incluso si la situación en Francia es mejor que en los países vecinos, cerca de un millón de niños de menos de tres años, es decir, la mitad, no encuentran un lugar de acogida⁶. La promesa hecha por la primera ministra Élisabeth Borne en julio de 2022 de crear 200.000 lugares en guarderías parece estar lejos de los números necesarios. Satisfacer estas necesidades, así como aquellas en los servicios respecto de las personas que pierden autonomía, permitiría crear muchos empleos, que estarían destinados tanto a hombres como a mujeres y cuyo valor debería reconocerse. Todo este componente de la actividad humana, asegurado en lo esencial por las mujeres, tanto en la esfera mercantil como en el sector público, crea el vínculo social.

Tomar conciencia de ello favorecería el surgimiento de un nuevo imaginario a la vez que conduce, de modo más amplio, a cuestionarse sobre el sentido del trabajo, sobre nuestros modos de vida y sobre la naturaleza y las prioridades de la producción económica. En cuanto a esto, la cuestión feminista coincide con la cuestión ecológica. En ambos casos, lo que efectivamente se plantea es la cuestión de la reducción general del tiempo de trabajo y no su aumento: volver a centrar el trabajo en torno a las actividades esenciales para la vida, enfocadas en el bienestar, la utilidad social, el cuidado del otro y la preservación del planeta. En la larga historia de la emancipación humana, la reducción del tiempo de trabajo, durante la jornada, la semana y luego en el conjunto de la vida, siempre fue un elemento clave del progreso social.

La crítica del sistema actual de jubilaciones, de este modo conectada con la manifestación de una perspectiva feminista, conduce de forma progresiva a marcar puntos de referencia para una transformación global de la sociedad. Es cierto, alcanzar la igualdad demandará tiempo, pero la actual invisibilización del potencial relacionado con el empleo de las mujeres en las reflexiones de los responsables ciertamente no ayuda a realizarla.

Christiane Marty, investigadora. Autora de L’Enjeu féministe des retraites, La Dispute, París, a publicarse el 5 de mayo de 2023. Traducción: Micaela Houston.