El trampolín paraguayo

Paraguay se ha convertido en una plataforma ideal para traficar cocaína, ya que mantiene extensas áreas poco controladas por radares y sistemas de vigilancia, permitiendo la proliferación de aeropistas ilegales en zonas rurales o selváticas, presentadas como estancias ganaderas o campos de cultivo de soja.

Le habían asegurado que no tendría problemas. En la mañana del 3 de junio de 2022, el “próspero empresario paraguayo y exitoso dirigente deportivo” Diego Isaac Benítez Cañete, quien desde marzo de ese año estaba huyendo de la Justicia de su país, buscado por narcotráfico, se acercó a la ventanilla de migraciones del aeropuerto de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, dispuesto a seguir su ruta de escape, pero la excesiva demora en el trámite fue un indicativo de que algo iba mal. Varios policías lo rodearon y le pidieron que los acompañase.

La confirmación de su captura llegó a Paraguay 11 días después, a través de Interpol, pero la noticia ya ocupaba las portadas de los diarios locales desde hacía una semana. Diego Benítez, de 38 años, había sido un aclamado gerente deportivo del Club Olimpia, el equipo de fútbol más laureado del país, ganador de tres copas Libertadores y una Copa Intercontinental, además de ser considerado uno de los empresarios jóvenes destacados, hasta que, en febrero de 2021, la Policía alemana descubrió en el puerto de Hamburgo unos 16.174 kilos de cocaína transportados dentro de latas de pintura que la empresa Pinturas Tupa SA, propiedad de Benítez, embarcó en un puerto privado de la ciudad paraguaya de Villeta, con rumbo a Israel. Se determinó que Tupa SA había enviado previamente otras siete toneladas de cocaína a Europa, que en su momento no fueron detectadas.

A pesar de las múltiples evidencias, Benítez consiguió esquivar a la Justicia por más de un año. El 17 de marzo de 2022 fue imputado por “tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes”, pero ya se había fugado del país. El 24 de abril, una comitiva fiscal y de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanó cuatro estancias de Benítez, con 7.300 hectáreas, en zonas rurales del Chaco. La estancia Choguy era la principal base logística para el tráfico aéreo de la cocaína traída de Bolivia, para luego ser enviada a Europa entre mercaderías de exportación. La lujosa finca cuenta con hangar, pista de aterrizaje de 1.200 metros y un sistema de iluminación para operaciones nocturnas, además de una residencia principal con piscina climatizada y lagos artificiales.

El de Diego Benítez es uno de los muchos casos conocidos en los últimos años que revelan cómo el país pasó de ser el principal productor de marihuana a ser la nueva meca de la distribución de cocaína en la región¹.

De la heroína a la marihuana y la cocaína

Lucien Darguelles, alias Auguste Ricord, legendario miembro de la mafia de Marsella, se refugió en Asunción, protegido por el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), en donde se asoció con los principales jerarcas del régimen².

Para enviar a Estados Unidos la heroína conseguida de Europa y Medio Oriente usó las mismas avionetas en que los generales contrabandistas traían whisky, licores, cigarrillos, jeans, perfumes y electrónicos desde ese país de América del Norte. Cuando Stroessner se vio obligado a entregar a Ricord a la Justicia estadounidense en 1972, ya el narcotráfico estaba en manos de los generales y “padrinos” paraguayos, que lo diversificaron con la producción local de marihuana y la posterior distribución de cocaína.

Por condiciones geográficas y climáticas, el cannabis empezó cultivándose en la región montañosa de Amambay, en la frontera con Brasil. El inmigrante brasileño Joao Morel, apodado “el rey de la marihuana”, y el brasileño de origen sirio y turco Fahd Jamil, alias el Turco, comandaron la red de tráfico durante los años 1980 y 1990. Varios testimonios indican que Jamil actuó en sociedad y complicidad con el general Andrés Rodríguez (quien, tras derrocar a Stroessner en 1989, fue presidente de Paraguay hasta 1993), además de otros jefes militares, caudillos políticos y empresarios.

En 1998, Joao Morel ofreció refugio a Luis Fernando da Costa, alias Fernandinho Beira-Mar, líder del Comando Vermelho (CV), quien, según la Policía Federal brasileña, propuso modernizar la producción tradicional de la marihuana y el tráfico de cocaína, conectándola con el tráfico de armas y el lavado de dinero³.

Así empezó el desembarco de las dos principales organizaciones criminales brasileñas, el CV y el Primer Comando Capital (PCC), que hoy dominan la mayor parte del tráfico, aunque tejen eventuales alianzas y se disputan territorio con organizaciones mafiosas paraguayas como el clan Rotela o el clan Insfrán, además de carteles colombianos y mexicanos, e incluso la ‘Ndrangheta italiana.

Empresarios narcotraficantes

Tras “la era de los patrones zonales” en el manejo del narcotráfico, entre 2000 y 2021 se desarrolló la “era de los empresarios narcotraficantes”, expandiendo el tráfico de cocaína por encima de la producción de marihuana, sostiene el sociólogo Carlos Aníbal Peris, investigador de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)⁴.

La coca no es cultivable en Paraguay, pero se la trae de Bolivia, Colombia y Perú, se procesa en laboratorios clandestinos y se reenvía a Brasil, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Además de sus “ventajas geográficas”, el deteriorado y corrupto sistema político, en donde el Partido Colorado gobierna desde hace 70 años, con una breve interrupción en 2008, sostiene a una clase política y gobernante pervertida, una institucionalidad democrática sumamente débil, donde la mafia financia campañas electorales y consigue con facilidad tener impunidad ante las investigaciones judiciales, aunque en los últimos años, sobre todo por presión de organismos de Estados Unidos y Europa, se han logrado desbaratar algunas redes criminales.

Los informes de la Senad indican que un kilo de cocaína se obtiene en Paraguay por precios de entre 5.000 y 7.000 dólares. Ese mismo kilo de droga se puede vender en Estados Unidos por hasta 31.200 dólares, en Europa por entre 60.000 y 85.500, mientras que en Australia llega a cotizar hasta los 142.000 dólares, ilustrando de manera acabada sobre la enorme ganancia que deja el ilegal negocio.

La “cocainización” de Paraguay tiene su efecto en la violencia criminal en las calles y el aumento de asesinatos por sicarios, que en los últimos meses aumentaron 70 por ciento y se han extendido desde la frontera con Brasil a la capital Asunción y localidades del Departamento Central, según un estudio de los abogados Juan Martens y Jorge Rolón Luna, expertos en criminología⁵.

“Cada vez más vemos escenas de violencia pública, en donde la mafia no teme a la reacción social ni institucional. Esto nos habla de la impunidad y de las relaciones del crimen organizado con el poder político, el poder fiscal y judicial, ya sea por connivencia directa o por temor”, indicó Martens. La contratación de sicarios que siguieron al fiscal anticorrupción paraguayo Marcelo Pecci hasta una playa de Colombia, en donde lo asesinaron a tiros durante su luna de miel, “demuestra que los narcotraficantes están dispuestos a todo en su guerra por mantener sus negocios”, explicó.

¿Cual es el futuro ante esta crisis? Una comisión bicameral del Congreso, que en 2015 investigó el asesinato del periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color, ejecutado por sicarios del narcotráfico, concluyó en su informe final que existe “infiltración del crimen organizado” en los tres poderes del Estado y que Paraguay se encuentra “ante un sistema delincuencial de magnitud internacional [...] al borde de ser un Estado fallido”. Recomendó que la Fiscalía y la Justicia investiguen y procesen a varios legisladores y autoridades señalados como cómplices del narcotráfico, además de implementar otras medidas para controlar el dinero sucio en las campañas electorales y el lavado de activos, pero en todo este tiempo no encontró ninguna respuesta efectiva⁶.

La conexión Marset

Aunque no exista comprobación de que sean socios cercanos con Benítez Cañete, el caso del ciudadano uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, buscado por la Justicia paraguaya por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, tiene muchas similitudes: ambos están acusados de operar desde pistas clandestinas en zonas aisladas del Chaco enviando cocaína a Europa, ambos construyeron fachadas de actividades en populares clubes deportivos del Paraguay, ambos huyeron y acabaron detenidos en los Emiratos Árabes Unidos con pasaportes falsos paraguayos. Pero mientras Benítez Cañete sigue esperando su extradición, Marset pudo huir de la cárcel con un nuevo pasaporte legal obtenido del gobierno uruguayo⁷.

En el creciente ámbito criminal guaraní, Marset apareció conectado en 2012 con uno de los narcopilotos más legendarios desde la época de la dictadura de Stroessner: Juan Domingo Papacho Viveros Cartes, tío del expresidente de la República de ese país Horacio Cartes. Viveros Cartes inició su carrera delictiva en los años 80 como piloto del entonces poderoso comandante de Caballería, el general Andrés Rodríguez, acusado de narcotraficante, el mismo que en febrero de 1989 encabezó el golpe de Estado que derrocó a su consuegro, el dictador Alfredo Stroessner.

Desde que el 30 de mayo de 1985 fue arrestado por primera vez con una avioneta llena de cocaína en una pista clandestina del brasileño Adilson Rosatti, en la zona de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil, Viveros Cartes protagonizó los casos más sonados de narcotráfico en Paraguay. El cargamento estaba vinculado con la organización del Cartel de Medellín, liderado por el capo narco Pablo Escobar, protegido por el dictador Stroessner. El socio colombiano, Néstor García Corredor, fue liberado a los pocos días por orden de Stroessner y Viveros Cartes fue reclutado por la DEA (Drug Enforcement Administration, o Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas, de Estados Unidos) como doble agente, hasta que perdió la protección de esa agencia tras un fallido operativo de entrega vigilada de cocaína en Fuerte Olimpo, Chaco, conocido como Operación Taguá, en setiembre de 1994, que derivó en el asesinato del zar antidrogas paraguayo, el general Ramón Rosa Rodríguez.

Tras salir de la cárcel con protección de padrinos políticos del gobierno paraguayo, Viveros Cartes siguió volando de manera reiterada con cargas de cocaína, hasta que fue interceptado en el aire por la Fuerza Aérea Uruguaya tras descargar un cargamento de drogas en Lavalleja, en julio de 2012. Se supo que el jefe de la red que había recibido la carga era un joven uruguayo de 21 años de edad llamado Sebastián Enrique Marset⁸.

Así habría empezado la conexión de Marset con la red paraguaya del narcotráfico, que lo trajo a tierras guaraníes en 2018, tras salir de la cárcel. En Paraguay construyó una imagen de activo protagonista de la farándula, productor musical, cantante y futbolista del Club Deportivo Capiatá, mientras por detrás estaría operando con la red de narcotráfico y lavado de dinero del clan Insfrán, liderado por Miguel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y su hermano, el pastor José Insfrán, quien usaba la iglesia evangélica Avivamiento como base de sus operaciones criminales. Ambos conectados en términos políticos con poderosos miembros del Partido Colorado paraguayo, como el vicepresidente Hugo Velázquez, el diputado Erico Galeano y el exdiputado Juan Carlos Ozorio, hasta que el operativo fiscal judicial internacional “A Ultranza PY” los puso al descubierto⁹.

La conexión Marset y sus derivaciones han sacudido el caldeado ambiente político paraguayo¹⁰. Mientras tanto, Paraguay prepara las próximas elecciones presidenciales para el 30 de abril.

Andrés Colmán Gutiérrez, periodista paraguayo.