Escrúpulos y remordimientos

“Las fanfarronadas del Ejecutivo y las brutalidades policiales dan muestras de la fragilidad del poder francés. Y con razón, el rechazo a la reforma de las jubilaciones conlleva el del orden social defendido por el gobierno”. Esta continuación del editorial de la edición parisina de Le Monde diplomatique abre el dossier sobre una Francia en lucha.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, impuso su reforma de las jubilaciones con brutalidad, ignorando un movimiento de protesta del que debería haber percibido la amplitud y la determinación. En nueve ocasiones, ante el llamado de una intersindical extrañamente unida¹, millones de personas marcharon en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos que jamás vivieron manifestaciones semejantes. Las encuestas, que por lo general apasionan al Elíseo [sede de la presidencia de Francia], señalaban hasta 70 por ciento de opositores a la reforma, e incluso 90 por ciento si sólo se le preguntaba a la población activa. Unas cifras que aumentaron a medida que el gobierno daba muestras de “pedagogía” y que los ciudadanos desenmascaraban las mentiras ministeriales –no, la reforma no es “necesaria”, ni “justa”, ni “protectora de las mujeres”, y no, no garantiza una pensión mínima de 1.200 euros” para todos–. Se toman riesgos cuando se quiere hacer trabajar a las personas dos años más. Se informan, verifican.

Dócil frente a la Unión Europea que recomienda esta reforma, pero incapaz de convencer a los franceses y a sus diputados, Macron decidió imponerse. Utilizó todas las municiones imaginables para limitar la duración de los debates parlamentarios (artículo 47-1 de la Constitución), impedir los debates en torno a un artículo a partir del momento en que “al menos dos oradores de opinión contraria intervinieron” (artículo 38 del reglamento del Senado, utilizado por primera vez desde su entrada en vigor en 2015), obligar a los senadores a pronunciarse en bloque sobre la reforma, y no artículo por artículo (artículo 44-3). Por último, el 16 de marzo, el gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne desenfundó el célebre “49-3”, que autoriza a dispensar del voto de los diputados. Un método original para un presidente que gusta presentarse como heraldo del mundo libre y fustigar en sus discursos a los “autócratas”, los “regímenes autoritarios” donde la opinión de la población no cuenta, donde el Parlamento cumple un papel de escribanía, donde la oposición está reducida al silencio.

Por último, su reforma de las jubilaciones, que afecta la vida de los franceses por varias décadas, sólo fue votada por senadores electos por sufragio indirecto, que se aseguraron de proteger su propio régimen especial al mismo tiempo que suprimían el del resto. Los dos años de trabajo suplementario impuestos sin la aprobación de la Asamblea Nacional se apoyan entonces en la mera legitimidad de una institución dominada por un partido (Los Republicanos) que no superó el cinco por ciento de los votos en las últimas elecciones presidenciales, y de la que dos de las principales formaciones –Agrupación Nacional (RN, por su nombre en francés, ultraderecha) y La Francia Insumisa (LFI, izquierda)– están ausentes...

Macron, por su parte, no ve cuál es el problema: la reforma figuraba en su programa presidencial, ganó la elección y, por lo tanto, significa que los franceses la aprueban. La “multitud” no tiene “legitimidad frente al pueblo que se expresa a través de sus representantes”, peroraba aún el 21 de marzo. Hace un año, durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la cuestión de las jubilaciones prácticamente no se había debatido –más aún cuando Macron se negó a debatir cuando sí lo había hecho cinco años antes–, relegado por la inmigración, la guerra en Ucrania, la inseguridad... Y el presidente actual sólo obtuvo el voto de 20,7 por ciento de los inscriptos. Respecto de la segunda vuelta, su victoria se desprende con amplitud de un voto por défault [descarte], como él mismo lo reconoció el 24 de abril de 2022: “Sé que muchos de mis compatriotas votaron por mí no para apoyar las ideas que represento, sino para bloquear a la extrema derecha. [...] Soy consciente de que este voto me compromete para los años que vienen. Soy depositario de su sentido del deber, de su apego a la República y del respeto de las diferencias que se expresaron en las últimas semanas”. Un compromiso olvidado apenas se pronunció.

De escribanía a felpudo

Desde su elección, Macron se dedica sobre todo a ignorar o aplastar toda forma de oposición. Limitada, durante el precedente mandato, al rol de notarios donde la mayoría presidencial votaba a coro cualquier proyecto gubernamental, la Asamblea cumple actualmente el rol de felpudo. Temas tan importantes como la guerra en Ucrania, las entregas de armas a Kiev, las sanciones contra Rusia, no son objeto allí de ningún debate serio legitimado por el voto. El presupuesto 2023 fue impuesto a golpes de “49-3” (no menos de diez en total), la reforma del seguro de desempleo fue objeto de un procedimiento acelerado, medidas controvertidas son introducidas entre gallos y medianoches mediante decretos... Apenas se expresa un desacuerdo, Macron se impone, ignorando los contrapoderes, ni siquiera dignándose a recibir, a pesar de sus repetidas demandas, a los sindicatos movilizados contra la reforma de las jubilaciones.

Esta arrogancia sólo puede alimentar la desilusión democrática y reforzar el sentimiento de que el juego político está cerrado, para gran alegría de RN. En efecto, la reforma de las jubilaciones concentra “la mayor parte de los mecanismos identificados actualmente por la ciencia política como fuente del resentimiento social, que a su vez alimenta a los partidos populistas de derecha radical”, explican los investigadores Bruno Palier y Paulus Wagner². Precariza en primer lugar a las clases medias inferiores, las personas que ejercen profesiones arduas, dos reservorios de voto para la extrema derecha. Ilustra también el desprecio de las “élites” frente a la ira popular, su propensión a engañar, mentir, disimular para alcanzar sus fines, al tiempo que muestra el descalabro de las instituciones. Llegado el momento, estos argumentos le caerán como anillo al dedo a Marine Le Pen (RN).

Además de favorecer un partido percibido como el de los proscriptos, la política del desprecio invita a los electores a salir del juego. Porque, ¿por qué votar? En particular por una Asamblea Nacional reducida a un teatro de sombras ¿y de dudosa legitimidad? Ya en la segunda vuelta de las elecciones legislativas de junio de 2022, más de 53 por ciento de los inscriptos se habían abstenido. Algunos incluso ignoraban que se llevaba a cabo el escrutinio. “Si al 53 por ciento de abstenciones le sumamos ese cinco o seis por ciento de no inscriptos, llegamos a seis de cada diez franceses que ya no votan en las elecciones legislativas. Estamos en una situación en la que, en el mejor de los casos, el bloque mayoritario en el Parlamento fue designado por un tercio de los franceses, o incluso un cuarto”, observa el politólogo Jean-Yves Dormagen³. Ahora bien, continúa, aquellos que van a votar tienen un perfil particular: “Las personas de edad avanzada y con título universitario tienen 80 por ciento de chances de votar, mientras que los jóvenes con poca educación universitaria o sin diploma tienen 80 por ciento de chances de no ir a votar”. Pero, en efecto, las clases superiores, los diplomados, los jubilados constituyen el núcleo del electorado del presidente y de la derecha, mientras que los jóvenes, los no diplomados, los habitantes de barrios populares alimentan generalmente las filas de RN y de LFI. Macron puede alentar esta “democracia de la abstención”: lo beneficia. Y qué pena si la brecha entre los representantes y los ciudadanos crece, si la legitimidad del Parlamento se erosiona, si el recelo político se agrava al punto de que algunos diputados requieran actualmente protección policial.

En 1922, la Internacional Comunista llegó a reclamar que “nueve de cada diez cargos electorales a disposición del partido fueran ocupados por obreros, y no por obreros devenidos en funcionarios del partido, sino por obreros que siguen en las fábricas y en el campo”. Era necesario que los representantes del pueblo compartieran “sus tradiciones, sus conceptos, sus costumbres”. Un siglo después, la Asamblea Nacional apenas cuenta con cinco obreros entre sus 577 diputados, es decir, menos de uno por ciento de los representantes, cuando este grupo social representa 16 por ciento de la población. La bancada de la mayoría presidencial (Renacimiento, MoDem, Horizontes) cuenta con hasta 61,4 por ciento de ejecutivos y profesionales intelectuales superiores, contra sólo dos por ciento de empleados y ningún obrero. Surgidos de las grandes escuelas o de las carreras selectivas que se volvieron socialmente homogéneas, la mayoría de estos diputados –abogados, asesores, banqueros, jefes de empresas, médicos, emprendedores– apenas tiene un conocimiento alejado de la realidad concreta del país. Con la garantía de financiar su vejez con jubilaciones suplementarias y un ahorro fornido, fueron incapaces por completo de percibir la ira que desencadenaría esta reforma en el seno de una población ya castigada por la inflación y atormentada por las crisis sanitaria, geopolítica, energética, climática...

¿Qué hacer para hacerse escuchar?

A contramano del microcosmos parlamentario, la movilización contra el aplazamiento de la edad legal de jubilación impactó por su extrema heterogeneidad social. ¿Qué hay en común entre los estudiantes, en su mayoría surgidos de medios favorecidos, y los agentes hospitalarios? ¿Entre los basureros de las metrópolis y los sectores de la investigación? ¿Entre los técnicos de mantenimiento ferroviario y los médicos liberales? A sus ojos, esta reforma, como tantas otras, simboliza el quiebre irreparable entre dirigentes decididos a arrastrar la sociedad hacia atrás, y las aspiraciones profundas de las poblaciones a proteger –y mejorar– las instituciones que hacen posible una vida feliz, decente, sensata. De repente, el gobierno desenrolla todo el hilo del régimen económico a sus expensas. Porque obligar a los asalariados menos educados, y en particular a las mujeres, a trabajar dos años más lleva por fuerza a preguntarse: ¿trabajar de qué, para qué y para quién?

Para unas, empleadas de los servicios esenciales en la educación, la salud, la limpieza, los cuidados, se trata de sumar 24 meses al agotamiento de una carrera marcada por la supresión de efectivos, la fría saña de una gerencia obsesionada por los indicadores, la rapacidad de los que dan ordenes, privados o públicos, capaces de organizar la agonía de personas ancianas en condiciones indignas, al tiempo que recomiendan a las acompañantes terapéuticas multiplicar sus formaciones en “humanidad”. Para los otros, obreros y técnicos del transporte, de la energía, de la electricidad, de las telecomunicaciones, de esas grandes empresas antaño públicas que tejieron las infraestructuras de los países occidentales y que, por ello, se beneficiaron con regímenes especiales aniquilados unos tras otros por los “reformadores”, deberán asistir e incluso colaborar dos años más en la erradicación de todo tipo de utilidad colectiva en un trabajo hoy destinado a “producir valor para el accionista” o a pagar la deuda.

Así, la marea creada por la imposición del gobierno se deba tal vez a la importancia de los desafíos subyacentes a la ley y a su forma de imposición. La contradicción no puede más que estallar entre, por un lado, un régimen económico que goza con la comercialización de fundas multicolor para teléfonos celulares, de derechos de contaminación o de agua de glaciares derretidos a 11 euros la botella y, por otro, una población cada vez más asqueada de ver la política reducida a la elección entre varias maneras de perpetuar un modelo inepto. Si bien desertar, abandonar un empleo para volver a empezar otra cosa en otra parte requiere recursos y en el fondo no resuelve nada, la amplitud de la “gran renuncia” que se observa de ambos lados del Atlántico, incluso entre los diplomados de las más grandes escuelas, indica un estancamiento del sistema y una necesidad de esperanza. En 2018 esa esperanza radicó en los chalecos amarillos. La ira suscitada por la reforma prolonga y generaliza esta revuelta.

Ya florecen las comparaciones. “Por 284.000 chalecos amarillos en el momento más álgido de la movilización, Emmanuel Macro entregó 13.000 millones simplemente porque había violencia –observa el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, Laurent Berger⁴–. Nosotros somos, según la Policía, 1,5 millones en la calle, dignos y sin violencia, ¡pero nadie se digna a recibirnos!”. “Nuestros militantes nos preguntan –ahonda el presidente de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos (CFTC), Cyril Chabanier–. ¿Debemos caer en la violencia para que se nos escuche? [...] ¿Qué hay que romper para conseguir algo⁵?

La protesta no se apaga. Se multiplica, se tensa, y nadie sabe cómo va a terminar. El Consejo Constitucional debe pronunciarse sobre la validez de la reforma en el transcurso de abril (léase el artículo de Lauréline Fontaine). Pero, cualquiera sea su decisión, el asunto dejará sus marcas, No se pisotea impunemente la expresión popular: 18 años después, millones de franceses aún recuerdan el referéndum del 29 de mayo de 2005 relativo al Tratado Constitucional Europeo y cómo les fue negado el voto por el gobierno y los parlamentarios. “Según varios de sus allegados –nos dicen–, el presidente no tiene ‘ningún escrúpulo, ningún remordimiento’”⁶. Ningún escrúpulo, está claro. Ningún remordimiento, veremos.

Benoît Bréville, director de Le Monde diplomatique. Traducción: Micaela Houston.