Perseguidos y expulsados: los masáis en Tanzania

En 1968, los Beatles se burlaban de “Bungalow Bill”, un occidental aficionado a la meditación y la caza del tigre en India. Hoy, los herederos de esa versión pop de Tartarín de Tarascón provienen de los Emiratos Árabes Unidos. Acaparan la caza mayor en los valles y praderas de África Oriental, en detrimento de las tribus locales que se ven desplazadas por las autoridades que cuidan muy bien de los nuevos depredadores adinerados.

Cubiertos con la tradicional shuka roja y con bastones de pastor en mano, Abel¹ y su familia nos reciben en su boma, una aldea masái formada por chozas redondas y un corral rodeado de espinas y ortigas para proteger el ganado de los leones. Pero hoy en día los masáis de Loliondo, en el noroeste de Tanzania, temen menos a los depredadores —sus ataques al ganado son raros, ya que es más fácil acceder a los herbívoros que pueblan la sabana— que a las autoridades: “No fotografíen nuestras caras”, implora nuestro anfitrión, “ni nada que haga reconocible este lugar”. Abel tiene razones para ser cauto: él y otros 20 masáis acaban de pasar cinco meses en la cárcel de Arusha. “Éramos 70 detenidos amontonados en una celda hecha para 25. Se la agarraron con personas influyentes, con líderes tradicionales, con quienes estudiaron o están en contacto con asociaciones occidentales [que defienden los derechos de los pueblos indígenas, como Survival International, del Reino Unido, o el Oakland Institute, de Estados Unidos]; lo que intentan es impedir que nos organicemos contra la OBC”, afirma.

La OBC es la Otterlo Business Corporation, una empresa de caza emiratí. El 6 de junio de 2022, la región de Arusha anunció que se despoblaría una zona de 1.500 kilómetros cuadrados en el sector de Loliondo (al norte de la reserva natural de Ngorongoro y al este de la reserva natural del Serengueti), para uso exclusivo de esta empresa. En los días siguientes, cientos de policías colocaron más de 400 señales blancas para delimitar un perímetro prohibido en la sabana. “Nos convocó el comisario del distrito en Loliondo, que nos dijo: ‘esta exclusión es una orden presidencial, deben obedecer, ya discutiremos los detalles más adelante’”, cuenta Abel. “Obviamente, protestamos. No sólo queríamos conocer los ‘detalles’, sino también nuestro futuro estatus en este país, si seguiríamos siendo ciudadanos de pleno derecho. La situación escaló y, esa misma noche, dormimos en la comisaría”, agrega. Mientras tanto, alrededor de la parcela que se está delimitando, los masáis se avisan de una boma a la otra por teléfono móvil y se enfrentan a la policía.

Durante la noche del 9 al 10 de junio de 2022 arrancaron algunas balizas. Por la mañana, la policía intentó dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos, pero también con munición real. Las imágenes del enfrentamiento entre las túnicas tradicionales rojas y los trajes verdes o azules se difundieron en las redes sociales y dieron vuelta al mundo. Varias decenas de personas resultaron heridas. Algunos de los guerreros blandían azagayas [lanzas ligeras] y arcos: el brigadier Carlus Mwita Garlus recibió una flecha en la cabeza y murió. En los días siguientes, cientos de masáis escaparon a través de la sabana hacia la vecina Kenia, ya que al ser nómadas tienen familia a ambos lados de la frontera. El ministro del Interior, Hamad Masauni, ordenó aumentar la vigilancia fronteriza e investigar las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en la zona de Loliondo. A fines de noviembre de 2022, cuando la liberación sin procesamiento penal de los líderes encarcelados pareció significar una relativa calma, la mayoría de los masáis exiliados en Kenia regresaron a Tanzania.

Al parecer, hay 70.000 personas afectadas por las medidas de desalojo. “Empezaron a multar a la gente con 100.000 chelines (40 euros) por cruzar las balizas”, cuenta Abel. Los masáis rara vez tienen dinero en efectivo, muchos practican el trueque, por lo que los infractores a menudo han tenido que vender sus vacas, “a bajo precio, porque era la estación seca y los animales estaban flacos”, dice un testigo. “Cuando la gente no puede pagar más, las autoridades se llevan los rebaños”. Según una investigación del Oakland Institute, en noviembre y diciembre de 2022 se confiscaron 5.800 reses y 767 ovejas². Las confiscaciones continuaron en enero de 2023. “¡Todo esto con el pretexto de la conservación! El gobierno no nos va a enseñar a conservar la naturaleza: a diferencia de estos extranjeros ricos, nosotros no matamos animales salvajes, siempre hemos vividos con ellos. ¡No somos nosotros quienes los ponemos en peligro! La prueba es que donde viven los masáis, tanto en Tanzania como en Kenia, es donde más fauna hay”, explica Abel. Cabe recordar que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) defiende desde hace tiempo el concepto de parques naturales sin habitantes³. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en tanto, ahora reconoce el rol de los agropastores y recolectores en la conservación del medio ambiente: “Los objetivos de protección de la biodiversidad son inalcanzables sin la plena inclusión de los pueblos indígenas y las comunidades locales”⁴. Las cifras hablan por sí solas: “el 91 por ciento de las tierras de los pueblos indígenas” están en buen estado ecológico, y “al menos el 36 por ciento de las zonas clave para la conservación (key conservation areas)” están en sus territorios.

La ciclotimia de la violencia

La violencia de los desalojos salió a la luz el 4 de julio de 2009, cuando agentes de policía de la Field Force Unit [unidad de operaciones especiales] incendiaron unas 200 bomas. Este hecho fue denunciado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Tanzania, por el embajador danés en Tanzania, Bjarne H. Sorensen, y por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. El desalojo fue ilegal de acuerdo con la legislación tanzana, ya que la licencia de caza de la OBC no implica derechos sobre la tierra⁵. También se produjeron desalojos en 2013 y agosto de 2017. Pero en octubre del mismo año, el presidente tanzano, John Pombe Magufuli destituyó al ministro de Turismo y Recursos Naturales, Jummane Maghembe. El nuevo ministro, Hamisi Kigwangalla, detuvo los desalojos, ordenó la restitución del ganado incautado, pidió una investigación a la Oficina Anticorrupción (Prevention and Combating of Corruption Bureau) y destituyó a varios funcionarios sospechosos de favorecer a la OBC, entre los cuales estaba el director del Departamento de Vida Silvestre del ministerio, Alexander Songorwa, así como a agentes de seguridad⁶.

El director ejecutivo de la OBC, el tanzano Isaac Mollel, incluso estuvo un tiempo en prisión. Abdulrahmane Kinana, secretario general del partido gobernante (Chama Cha Mapinduzi, Partido de la Revolución), sospechoso de corrupción en beneficio de los emiratíes, se vio obligado a dimitir en mayo de 2018. Los días de la OBC en Tanzania parecían entonces contados. Sin embargo, en marzo de 2021, el presidente Magufuli murió de manera repentina (muy probablemente de Covid-19). Su sucesora, la vicepresidenta, Samia Suluhu Hassan, mantiene excelentes relaciones con Emiratos Árabes Unidos: durante su visita oficial a Dubái en febrero de 2022, la torre Burj Khalifa—el rascacielos más alto del mundo—se iluminó con los colores tanzanos. La presidenta fue partidaria de nombrar al controvertido Kinana a la vicepresidencia del partido gobernante en abril de 2022.

Cuatro meses después de su visita a Dubái, la presidenta ordenó vallar y vaciar la reserva de caza controlada de Loliondo, evitando utilizar la palabra “desalojo”. “Todo el mundo tiene miedo”, suspira Charles, jefe masái. “Mi familia fue expulsada del Serengueti en 1959. En aquel momento, el acuerdo con los británicos prometía que nunca volverían a desalojarnos. Nos traicionaron”, añade. La actual política de desplazamiento se extiende también al Área de Conservación del Ngorongoro (NCA). En maa (la lengua de los masáis), la palabra ngorongoro significa “campana”: una referencia al tintineo de las campanillas del ganado que resuenan dentro del espectacular cráter del mismo nombre. Creada en 1959 por los Grzimek, la zona de conservación, de una superficie total de 8.288 km², tiene en su corazón una caldera (el cráter colapsado de un antiguo volcán) de más de 300 km², el mayor cráter emergido intacto. El cráter de Ngorongoro se ha convertido en un santuario de vida salvaje visitado por medio millón de turistas al año, que llegan en vehículos 4x4 para admirar la fauna.

Aunque los masáis tuvieron que dejar el área en 1974, el resto de la reserva es “de usos múltiples”, es decir que se tolera el agropastoreo. Al menos 80.000 masáis viven en esta zona, que cuenta con numerosas bomas, casas permanentes, escuelas y un hospital. Muchos son descendientes de familias expulsadas del Serengueti. Sin embargo, desde enero de 2022, las autoridades están preocupadas por la “superpoblación” de la zona protegida argumentando que en los años 1960 sólo había unos pocos miles de masáis. “Estamos perdiendo el Ngorongoro”, declaró la presidenta, que puso en marcha un “programa de reubicación voluntaria”. El primer ministro, Kassim Majaliwaa, se reunió con los residentes de Ngorongoro en febrero de 2022 y les “ofreció” irse. Pero, según varias personas entrevistadas, “todo estaba ya decidido, desde diciembre [de 2021] estaban construyendo casas en Handeni para recibir a los desplazados”. A cada familia se le asigna una casa, dos hectáreas de tierra y una indemnización de 10 millones de chelines (4.000 euros). En enero de 2022, unos 5.000 masáis del Ngorongoro ya se habían ido y otros 5.000 se preparaban para hacer lo mismo. En total, entre Loliondo y Ngorongoro, 150.000 masáis podrían ser desplazados: el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció, el 15 de junio de 2022, “un desplazamiento arbitrario prohibido por el derecho internacional”, sin “consentimiento libre, previo e informado”.

Hay problema

Philip es el jefe de una boma en las afueras del cráter de Ngorongoro. Algunos turistas vienen aquí después de sus safaris en 4x4 para conocer la fotogénica cultura masái, asistir a una demostración de danza y canto, ver cómo se enciende un fuego frotando palos, visitar una choza tradicional y comprar artesanías, sobre todo pulseras de cuentas de colores. Los masáis suelen acercarse a los turistas con la frase Hakuna Matata [“no hay problema”, en swahili]. Esta expresión fue universalizada por la película animada El rey león (1994) de los estudios de animación Disney, empresa productora que se ocupó de registrar esa frase⁷.

Las autoridades incitan a los masáis a abandonar el Ngorongoro ofreciéndoles lugares para establecerse en otras partes. Pero también están deteriorando de forma metódica los servicios dentro de la NCA. El único hospital de la zona, en Endulen, gestionado por la diócesis de Arusha desde 1965, atiende unos 20 pacientes al día. La institución, que ya no recibe subvenciones, ha tenido que reducir su personal. El hospital ha sido degradado a un dispensario. Desde 2021, las autoridades no conceden permisos de construcción en la reserva, lo que impide renovar los edificios. El Flying Medical Service [servicio médico aéreo], una ONG con sede en Arusha cuyas avionetas hacen las veces de ambulancias para las bomas aisladas, ya no puede prestar servicio en Ngorongoro. Una visita discreta en auto de los alrededores de Endulen muestra que se están destruyendo casas y bomas abandonadas para impedir que se vuelvan a ocupar. Los obreros están arrasando incluso una escuela entera, la Osotwa Primary School, que tenía 400 alumnos. Se espera que le sigan otras ocho escuelas, así como cuatro iglesias e incluso una comisaría. “Esto no es Loliondo. Habría demasiados testigos: el turismo y la violencia son incompatibles. Así que la presión para desalojar a la gente es cada vez más suave”, afirma Daniel, una fuente bien informada de Endulen. Sin acceso a la salud ni a la educación, la población no tendrá más remedio que irse. Podrían construirse “cinco hoteles de lujo” en lugar de las casas e infraestructuras donde vivían los masáis, asegura nuestro entrevistado: “La conservación es sólo un pretexto, su idea es desarrollar el turismo. Y esto tendrá mucho más impacto medioambiental que los masáis”.

Masáis contra masáis

A 600 kilómetros al este, en la región litoral de Tanga, se encuentra la ciudad de Msomera, donde se reasienta a las poblaciones han abandonado el Ngorongoro. En esta zona con mayor densidad de habitantes viven, desde hace generaciones, los masáis. Su estilo de vida es sedentario y más agrícola (maíz y alubias) que el de los seminómadas del oeste. Un grupo de masáis de Msomera, los habitantes originales de la comuna, se escandalizaron al ver que las autoridades construían casas en sus tierras para alojar a los recién llegados. Creyendo que no tenían “nada que perder”, decidieron hablar en su nombre, a pesar de los riesgos. Nos llevan a ver su desamparo, en un vehículo con los vidrios templados, tomando desvíos para evitar los controles del ejército. “Los habitantes de Ngorongoro se han instalado en nuestras tierras”, se enfurece William Kanyinge, jefe tradicional de 60 años, que lleva con orgullo su bastón de mando oringa. “Los medios de comunicación locales jamás han planteado esta cuestión y las autoridades amenazan a quienes protestan”.

Nuestros testigos señalan pequeñas casas verdes con techos de chapa ondulada: “He vivido en esta tierra durante 35 años y me desalojaron para construir estas casas e incluso esta iglesia”, dice Emmanuel Kilossu, que asegura haber perdido “40 hectáreas de 50”. “¡Y miren aquí!”, continúa Lukas Simeon, señalando lápidas: “¡Esta era mi casa! Vean, ¡las tumbas de mis antepasados! Dieron mi tierra a los desplazados. Ya no tengo derecho a acceder a ella”. Cuando los propietarios legítimos intentaron cultivar sus tierras, los nuevos ocupantes llamaron a la policía, que ahuyentó a los obstinados agricultores. “Hasta ahora, hemos sobrevivido con las cosechas del año pasado y con la ayuda de familiares. Pero ¿qué será de nosotros el año próximo?”, se alarma Kilossu. Deneth Mwarabu tuvo que ver cómo le ofrecían su tierra a un exdiputado de Ngorongoro. Las relaciones con los desplazados son espantosas: “Nuestros hijos y los suyos se pelean en la escuela. En cuanto se vayan los soldados, puede haber violencia”. Cautelosos, los recién llegados levantan vallas y se atrincheran.

Sin embargo, el artículo 24 de la Constitución tanzana de 1977 reconoce el derecho consuetudinario de los masáis a sus tierras. No se pueden confiscar tierras sin respetar de manera estricta los procedimientos. En Arusha, el abogado Joseph Oleshangay se propone impugnar estas expropiaciones ante la justicia. El 30 de setiembre de 2022, los masáis sufrieron su primer revés legal: la Corte de Justicia de África Oriental (EACJ) desestimó su recurso contra las autoridades tanzanas. “El Estado aprecia a los masáis cuando pueden servir de activo turístico”, concluye Oleshangay, “pero cuando defienden sus derechos, dejan de ser considerados ciudadanos de pleno derecho”.

Cédric Gouverneur, periodista. Traducción: Emilia Fernández Tasende

La conexión con el Golfo: un holding emiratí

La Otterlo Business Corporation (OBC), que organiza grandes cacerías desde 1992 en Tanzania, pertenece al holding Al Ali, propiedad de Mohammed Abdoul Rahim Al-Ali, general de brigada y viceministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que apareció en el escándalo de los Panama Papers [Papeles de Panamá] de 2016 (1). El emir de Dubái, el jeque Mohamed Ben Rachid Al-Maktoum, y su hijo, el príncipe Hamdan, figuran entre sus clientes. La empresa emiratí no menciona en sus redes sociales la reciente violencia en Loliondo. Prefiere publicar fotos de mujeres masái trabajando alrededor de un pozo excavado por UAE Water Aid [Ayuda de los EAU para el agua], una organización humanitaria financiada por la fundación del jeque Al-Maktoum: “Las comunidades locales que rodean cada concesión de caza deben beneficiarse a través de programas de desarrollo comunitario”, afirmó la OBC en Twitter el 13 de diciembre de 2017. Sin embargo, desde hace unos 15 años, la policía tanzana expulsa regularmente a los masáis de la concesión. La OBC también presume de su “caza sostenible”, pero la prensa local y la asociación keniata Masaai Environmental Resources Coalition denuncian los abusos de los emiratíes desde 2002: helicópteros para abatir la caza, piedras de sal para cebarla y cuotas incumplidas (2).

La reserva de Loliondo está situada en la ruta migratoria de los rebaños de herbívoros (y de los depredadores que se alimentan de ellos), entre el Norongoro, el Serengueti y el parque keniata de Masái Mara: desde los años 2000, Kenia (en donde la caza de trofeos está prohibida desde 1977) ha notado un declive de la fauna salvaje, claramente diezmada durante su paso por Loliondo. La reserva de la OBC también cuenta con su propia pista de aterrizaje privada, que permite enlazar directamente con el Golfo. Algunos masáis sospechan que se trafican animales salvajes hacia el zoológico de Dubái (3).

(1): NdR: Escándalo de evasión de impuestos que alcanzó a 12 jefes de Estado o de gobierno (seis de ellos en ejercicio en ese momento), a 128 dirigentes políticos o funcionarios de alto rango, y a 29 de las 500 personas más ricsas del mundo. Fuente: cobertura de Le Monde, París, en abril de 2016.

(2): Ver John Mbaria, “Game Carnage in Tanzania alarms Kenya”, The East African, Nairobi, 4-2- 2002, así como “The killing fields of Loliondo”, massaierc.org.

(3): twitter.com/tubuluTLS20.