El descubrimiento del yacimiento más grande del mundo de litio en el salar de Uyuni, el inmenso desierto de sal al suroeste de Bolivia, podría haber conducido a un fenómeno que el país conoce bien: la explotación por otros de la riqueza que yace oculta en su suelo. Pero Evo Morales (presidente de 2006 a 2019) imaginó un escenario diferente: una explotación de litio que no beneficie a las multinacionales del Norte, sino a los bolivianos.

El día está llegando a su fin. Un viento glacial azota el salar de Uyuni. Estamos frente al complejo industrial de producción de litio y cloruro de potasio en Llipi, en una noche de invierno de 2019. Aquí se juega el futuro del país: a cargo del Estado, esta unidad pionera de explotación e industrialización del litio debe convertir a Bolivia en la “Arabia Saudita del litio”, como solía repetir el entonces vicepresidente Álvaro García Linera.

Aunque el planeta no cuenta con muchos salares, lugares privilegiados para la extracción de litio, la demanda no deja de aumentar.1 Si para un simple smartphone [teléfono inteligente] se utilizan entre dos y tres gramos de este metal, un auto eléctrico requiere unos 20 kilos. Hoy en día circulan sólo unos cuatro millones de vehículos “verdes”, pero se estima que para 2040 esta cifra ascenderá a 260 millones. Se espera que en los próximos diez años la demanda mundial de litio, que en 2018 fue de alrededor de 300.000 toneladas, alcance el millón de toneladas. Los precios, por su parte, ya se han cuadruplicado en los últimos tres años: en 2018 la tonelada se disparó a 20.000 dólares (antes de una ligera baja en 2019) y en diciembre de 2022 volvió a crecer a 80.000. Así que la pequeña localidad de Llipi atrae la atención del mundo entero. Al parecer, bajo sus 10.000 kilómetros cuadrados, el salar de Uyuni tiene unos 21 millones de toneladas de litio2. Una promesa de abundancia. Pero, ¿para beneficio de quién?

Desde la colonización española –durante la que millones de pobladores originarios murieron en las minas de plata– hasta el siglo XX –en el que las compañías extranjeras hicieron fortuna con las minas de oro, tungsteno y estaño–, las comunidades locales nunca se vieron beneficiadas por ninguna de las riquezas del subsuelo boliviano. “De ninguna manera dejaremos que nos saqueen de nuevo”, había declarado Evo Morales al comienzo de su primer mandato. Desde su llegada al poder, en 2006, defiende la idea de una extracción “100 por ciento nacional” con una ambición concreta: exportar el litio, pero no en estado bruto, sino transformado en baterías de producción local, con mayor valor agregado. Si lo lograse, Bolivia pasaría a ser uno de los pocos países del Sur en hacerse cargo de la totalidad de una cadena industrial: exploración y extracción de la materia prima (tratamiento de salmueras), elaboración de los compuestos de base (carbonato de litio, pero también cloruro de potasio, subproducto del proceso de extracción del litio, que se utiliza como fertilizante y se exporta principalmente al mercado brasileño), fabricación de bienes intermedios (cátodos de litio y electrolito), así como bienes de consumo final (baterías de iones de litio).

En 2008, el gobierno impulsó un plan nacional de industrialización de recursos “evaporíticos” –el litio, sobre todo, pero también otros minerales presentes en la salmuera, como el potasio, el boro, etcétera–, bajo la tutela de una empresa nacional: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). “Nuestra política consiste en asegurarnos de que sean las empresas estatales las que exploten la materia prima”, nos explica Luis Alberto Echazú, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas del tercer mandato de Morales [y ministro de Minería y Metalurgia en el primero], quien está encargado del proyecto desde sus inicios. El objetivo del plan es desarrollar una tecnología nacional para no depender de las multinacionales y las patentes extranjeras. Para lograrlo, el Estado desembolsó casi mil millones de dólares, una de las inversiones más importantes de la historia del país.

Sin embargo, el mayor desafío no es financiero. “En el plano tecnológico, fue necesario empezar de cero prácticamente”, nos cuenta Echazú. “Sólo dos universidades contaban con laboratorios de química que trabajasen con recursos evaporíticos”, agrega Óscar Mamani, jefe de operaciones de Llipi, que vivía en el extranjero cuando se lanzó el proyecto, pero volvió al país por este motivo, como muchos otros ingenieros bolivianos. “Estudiamos minuciosamente la literatura científica y después fuimos probando, pero sin ayuda exterior. Todos nos convertimos en investigadores, en definitiva”.

En Llipi el litio se transforma en carbonato de litio de “calidad batería” [en setiembre de 2022 Yacimientos de Litio Bolivianos produjo en su planta piloto casi 300 toneladas de carbonato de litio, previendo llegar a 500 en 2023; anunció que para el segundo trimestre de este año pondrá en producción una nueva factoría que llegará en su inicio a las 1.500 toneladas anuales]. En La Palca, a unas cuantas decenas de kilómetros, este carbonato entra en la fabricación de materiales catódicos y luego se convierte en baterías de iones de litio. Esta última etapa –la producción de bienes de consumo– resulta ser la más difícil. “Es preciso medir la amplitud del desafío –comenta Marcelo Gonzales, el director de la planta piloto de baterías–. No sólo era la única planta de baterías de América Latina [este mes se suma YPF-Tec en Argentina], sino que también tuvimos que capacitar a todo el personal”. Además de tener que adquirir los equipos necesarios –producidos en Japón, Europa o Estados Unidos–, también fue necesario desarrollar las habilidades para utilizarlos. Tal como el director del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos, Marcelo Saique, que acaba de llegar de Brasil, los trabajadores deben ir al extranjero en busca de formaciones que no existen en Bolivia. Los investigadores, en particular gracias a un programa gubernamental de becas, pueden viajar para perfeccionarse en las áreas estratégicas, entre ellas la del litio.

En busca del socio adecuado

Sin embargo, Bolivia no es una isla. Aunque resulte paradójico, su proyecto de independencia debe ir acompañado de un esfuerzo para tejer lazos con las transnacionales que, de otro modo, le impedirían el acceso a determinadas tecnologías y mercados. Se trata entonces de encontrar socios que no terminen actuando como dadores de órdenes, una actitud poco habitual en las grandes empresas. Desde esta perspectiva, Echazú enumera las cinco condiciones que deben cumplir los asociados de YLB: aceptar la participación mayoritaria del Estado boliviano (51 por ciento); asegurar una industrialización del litio que conduzca a la elaboración de productos de alto valor agregado; proporcionar financiación; asegurar el acceso al mercado extranjero, y garantizar una transferencia de tecnología y conocimiento, sobre todo mediante la formación del personal boliviano.

Si bien algunas empresas japonesas, chinas, surcoreanas y francesas han manifestado su interés en el proyecto, en varias ocasiones las cosas se complicaron, tal como sucedió con la empresa Bolloré. “Vincent Bolloré vino en 2008 –nos cuenta Óscar Vargas Villazón, economista, que en aquel entonces se encargó de recibir a la delegación del empresario francés–. Se reunió con Evo Morales, lo invitó a París e incluso lo llevó a dar un paseo por las orillas del Sena en uno de sus autos eléctricos. Estudiamos su propuesta con detenimiento, pero su costado muy Françafrique [colonias francesas en África], muy condescendiente, no nos gustó”. Y agrega riéndose: “La empresa Bolloré no comprendió nuestra filosofía. Lo único que le interesaba era nuestra materia prima”. Finalmente, el empresario francés optó por invertir en Argentina, donde las condiciones ofrecidas [en ese momento] le convenían más: concesiones privadas, ventajas fiscales y normas ambientales menos estrictas. Muchas multinacionales se han negado a salir del único marco económico que toleran, y que Borja Segovia, director del complejo de La Palca, resume así: “Exploto, pago impuestos irrisorios, me llevo la materia prima y con ella el valor agregado”.

En agosto de 2019, el gobierno boliviano se asoció con el consorcio chino Xinjiang TBEA Group-Baocheng para explotar los salares de Coipasa y Pastos Grandes. El acuerdo también incluye la construcción de una planta de baterías de iones de litio en China, con la participación de YLB. “¡El mercado del futuro está en China! –dice entusiasmado Vargas Villazón–. El gobierno anunció que en 2025 todos los autos del país van a ser eléctricos”. China concentra 60 por ciento del mercado de baterías y hoy en día ya es el mayor consumidor de carbonato de litio del mundo.

También se han llevado a cabo negociaciones con India y Rusia, pero, durante mucho tiempo, las expectativas estuvieron puestas en un acuerdo con la alemana ACI Systems, que se firmó a fines de 2018, tras diez largos años de deliberación. La asociación, que dio lugar a la creación de la primera empresa mixta del país en este sector, YLB-Acisa, abría el litio boliviano al mercado europeo y respondía a una necesidad estratégica de la industria automovilística alemana (la más grande de Europa), que no produce baterías. Como anunciaba Echazú a comienzos de 2019, el objetivo es “enviar la primera batería eléctrica para autos a Alemania a fines de 2023 o al inicio de 2024”.

Sin embargo, cuando nos reunimos con él unos meses más tarde en ese mismo 2019, su entusiasmo se había desvanecido. “Estamos luchando con los alemanes porque quieren revocar el contrato. Ya no les interesa producir baterías acá porque, según dicen, no es rentable” [hoy la prensa alemana considera que ese proyecto “murió en silencio” y Bolivia optó por China].3 Es cierto que para fabricar baterías en Bolivia haría falta importar todos los insumos necesarios. Dada la falta de infraestructura para la producción, llevaría mucho tiempo lograr su fabricación en el país. Además, al no tener salida al mar, una segunda dificultad limita la competitividad de la producción boliviana: el costo del transporte. Esto explica por qué Evo Morales ha luchado ante distintos tribunales internacionales para obtener un acceso soberano al océano Pacífico4.

Evo Morales atribuía gran importancia a su proyecto de explotación e industrialización del litio porque lo concebía como un instrumento de conquista y defensa de la soberanía nacional. “Sabemos que van a ejercer mucha presión sobre Bolivia. Siempre fue así: el imperialismo sale en busca de recursos y cuando es necesario no duda en atacar o invadir tal o cual país para ponerle las manos encima. Sabemos que eso nos puede suceder. Obviamente, si la derecha regresara al poder, las cosas se volverían más fáciles para las multinacionales. En Bolivia la derecha siempre ha considerado que lo mejor es privatizar”.

Maëlle Mariette, periodista. Una versión anterior de este artículo se publicó en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2020. Actualizada por Redacción Uruguay. Traducción: Andrea Romero.

Y México también

López Obrador reforma la ley de Minería

El litio de Bolivia, dijo su presidente Luis Arce, está “amenazado por la derecha internacional” (1). Por eso, no ve con malos ojos la idea de su par mexicano, Andrés López Obrador, de formar una suerte de OPEP del litio (tomando como referencia la Organización de Países Exportadores de Petróleo) (2). Por ahora, México ha dado los pasos legislativos para encaminarse a que la explotación pueda estar controlada por el Estado.

Aprobada por el Parlamento el año pasado (18 de abril en Diputados y el 19 en el Senado), la reforma a la normativa minera mexicana estableció que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México”, por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia” (3). Esta nacionalización respondió a una promesa de campaña del actual mandatario y ya desde un comienzo venía generando el rechazo del sector privado y controversias en las áreas técnicas. Un estudio académico impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente afirmó que “la idea de nacionalizar un sector altamente especializado es casi imposible, pues implicaría replicar la tecnología y capacidad productiva de los grandes actores internacionales e invertir cientos de miles de millones de dólares en su desarrollo” (4). Aunque luego fue desautorizado por las iniciativas legislativas y políticas de López Obrador, quizá esas palabras no cayeron en saco roto. En agosto de 2022 se creó la empresa paraestatal LitioMX y se estableció que puede asociarse con “otras entidades”. Es decir, empresas privadas, según se aclaró meses después la ambigüedad inicial (5). Debe tenerse en cuenta que las perspectivas privadas anteriores a la nacionalización hablaban de 35.000 toneladas anuales en el pico de rendimiento del proyecto del consocio sino-británico Bacanora-Ganfeng a comenzar a producir a fines de este año. Ante la retirada de Bacanora, queda la duda de si la firma china dará el paso de asociarse en solitario con el Estado mexicano.

Es verdad que México está lejos de las cifras pérsicas del Triángulo del Litio de América del Sur, pero aún así dispone del 2,3 por ciento de las reservas mundiales, lo que lo transforma en el décimo país del mundo en este campo. Y si las 35.000 toneladas de la previsión de Bacanora-Ganfeng se llegan a hacer efectivas, México tendría el 42 por ciento de ese recurso. ¿Demasiado bueno para ser verdad? O demasiado malo, según las preocupaciones ambientalistas. Piénsese que la mina de Bacadéhuachi, en Sonora, implica 100.000 hectáreas. Sólo en desforestación y ocupación del suelo es 20 veces mayor que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que utiliza 4.500 hectáreas y que ya ha desperado polémica por su costo ambiental (6).

Por ahora, y a pesar de las críticas recibidas, el modelo boliviano parece ser el que quiere seguir López Obrador. Por eso, Arce se subió a su estribo (o le prestó el suyo), al marcar el rumbo para su idea de la OPEP del litio: “Gravitar en el mercado de manera soberana, con precios que beneficien a nuestras economías”.

Redacción Uruguay

  1. Fernando Molina, El País, Madrid, 21-3-2023.

  2. “Presidente de Bolivia propone crear una política de litio conjunta para Latinoamérica”, América Economía, 24-3-2023.

  3. Marcos González Díaz, “Nacionalizar el litio de México: las dudas sobre el ‘plan B’ de AMLO tras el rechazo a su reforma eléctrica”, BBC, 20-4-2022.

  4. Aleida Azamar Alonso e Isidro Téllez Ramírez, Minería en México: panorama social, ambiental y económico, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), México, 2022.

  5. Carmen Morán Brela, “La explotación del litio en México se abre a la ‘asociación de empresas nacionales y extrajeras’”, El País, Madrid, 18-2-2023.

  6. Azamar Alonso & Téllez Ramírez. Op. cit.


  1. Véase Renaud Lambert, “Un golpe de Estado demasiado fácil”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2019. 

  2. Según el estudio “Modelaje numérico hidrogeológico” realizado por la empresa estadounidense SRK, en febrero de 2019. 

  3. Tobias Kaufer, “Alemania, rezagada en la carrera por el litio de Sudamérica”, Deutsche Welle, 27-1-2023. 

  4. Véase Cedric Gouverneur, “La lucha por el litoral boliviano”, www.eldiplo.org