Bitcoins, libertarios, guerra contra las pandillas y buzz presidencial

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pretende reducir la criminalidad mediante encarcelamientos masivos en desafío a los derechos humanos. Muy activo en las redes sociales, también se adorna con la imagen de un apasionado de la tecnología y promotor mundial de las criptomonedas. Pero esta combinación no oculta la escasez de su programa político.

Un grupo de turistas con pantalones cortos con flores hawaianas, gorras de skater y protector solar mal desparramado en la cara deambula por las calles arenosas de El Zonte, un punto de surf situado a una hora de la capital de El Salvador, el país más pequeño de América Central. Hablan inglés con acento estadounidense, australiano y hasta alemán. Palos de selfie en mano, posan con un cóctel frente a un hermoso atardecer anaranjado y contemplan boquiabiertos las tortugas recién nacidas que corren con torpeza rumbo a sus primeras olas. Siempre tienen sus smartphones de última generación a mano, sobre todo para pagar los cocos y las pupusas (tortas de maíz rellenas de queso y alubias) en bitcoin con un código QR.

La criptomoneda se probó durante dos años en El Zonte, rebautizado “Bitcoin Beach” (la playa del bitcoin). El 8 de junio de 2021, el presidente salvadoreño Nayib Bukele decidió convertirlo en “moneda” de curso legal, una primicia en el mundo, a pesar de que el activo carece de las propiedades clave de una moneda¹. En el marco de la cumbre “Adopting Bitcoin” (Adoptar el bitcoin), que se celebró del 15 al 17 de noviembre de 2022 en la capital, los extranjeros están aquí en peregrinación. Entre los ponentes, algunos aún no han comprado un billete de avión de regreso a sus países de origen. “Me estoy planteando mudarme aquí –reflexiona Jesse Shrader, cofundador de Amboss, una startup con sede en Estados Unidos–. Con el colapso de FTX [la segunda plataforma más importante de criptomonedas, el 11 de noviembre], es posible que Estados Unidos empiece a regular. Aquí hay más libertad.”

Desde que se adoptó el bitcoin, El Salvador se ha convertido en el paraíso de los tecnófilos libertarios que ven en este activo descentralizado el comienzo de su utopía. “Mucha gente que viene del mundo de la tecnología, creadores de contenido, influencers o nómadas digitales se han mudado aquí”, explica Jeremy, un exmilitar estadounidense que se instaló recientemente en El Salvador y pide mantener el anonimato. Poco después de su llegada, fundó una estructura para acompañar esta nueva diáspora en sus trámites administrativos. “La mayoría viene de países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca –explica desde su penthouse situado en un barrio de lujo de la capital–. Pensaban que vivían en democracias liberales, pero tras las restricciones vinculadas a la pandemia se dieron cuenta de hasta qué punto el Estado controlaba su vida cotidiana. Empezaron a mirar a su alrededor para ver si el jardín no era un poco más verde en otras partes”.

Bukele, de 40 años, miembro de la Generación Y, amante de la tecnología, está haciendo realidad todas sus fantasías. El 21 de noviembre de 2021 anunció la construcción de una Bitcoin City al pie del volcán Conchagua, en el este del país. “Cuando Alejandro Magno conquistó el mundo, creó su Alejandría –explicó entonces desde el podio al que acababa de subir al son de You Shook Me All Night Long de AC/DC–. Para que el bitcoin se extienda por el mundo, necesitamos construir la primera Alejandría [del bitcoin] aquí en El Salvador.” La construcción de la ciudad se financiará mediante la emisión de 1.000 millones de dólares en bonos respaldados por criptoactivos, conocidos como los “volcano bonds”. Sus operaciones de minado se alimentarán de la energía geotérmica del volcán. Aparte del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), la ciudad no recaudará ningún impuesto. “Un paraíso de libertad”, concluye Jeremy.

Por ahora, sin embargo, sólo los entusiastas del bitcoin disfrutan en realidad de este paraíso. Más allá de las fronteras de El Zonte, el país se asemeja casi siempre a una prisión gigante. El 26 de marzo de 2022, tras la probable ruptura de una tregua, El Salvador vivió el día más sangriento de las dos últimas décadas: más de 62 personas fueron masacradas por las pandillas M-13 y Barrio-18. Al día siguiente, Bukele decretó el estado de emergencia. Desde entonces, la policía patrulla las calles y ciudades enteras han sido rodeadas por el ejército. Más de 60.000 personas han sido encarceladas², lo que convierte a El Salvador en uno de los países con mayor índice de detenciones del mundo. Según el World Prison Brief, que utiliza datos de las Naciones Unidas, el índice de encarcelamiento de El Salvador es de 1.086 personas por cada 100.000 habitantes. Según un artículo del 26 de julio de 2022 de La Prensa Gráfica, el periódico más importante de El Salvador, que se basa en datos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el índice asciende a 1.220 presos por cada 100.000 habitantes. Ante la explosión de la población carcelaria, el gobierno inauguró este 2 de febrero, tras una construcción exprés, un “centro de aislamiento para terroristas” destinado a albergar a 40.000 presos más.

¿Una ciudad futurista a unos pasos de una cárcel? “El caparazón de Bukele está pintado con colores muy vivos, frescos y cool –analiza la diputada de la oposición Claudia Ortiz, del partido Vamos, que nos recibe en su despacho de la Asamblea Legislativa–. Pero por dentro esconde un trasfondo autoritario que recuerda nuestra historia reciente.” Entre 1980 y 1992, una guerra civil caracterizada por la violencia de las Fuerzas Armadas dejó cerca de 75.000 muertos y casi 8.000 desaparecidos. En el momento de su elección, en febrero de 2019, Bukele encarnaba una esperanza de renovación. “El país puede por fin dar vuelta la página de la posguerra y abrazar el futuro”, declaró la noche de su victoria con 53 por ciento de los votos en la primera vuelta, bajo la bandera del partido conservador Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). A sus 37 años, el joven candidato acababa de romper con el bipartidismo de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), que se habían sucedido en el poder desde el fin de la guerra civil, sin conseguir erradicar la violencia ni la pobreza. Aunque Bukele construyó su ascenso político dentro del FMLN, en particular como alcalde de San Salvador (2015-2019), la prensa vio en él un outsider (The New York Times, 3 de febrero de 2019), un “candidato antisistema” (La Croix, 2 de febrero de 2019), o incluso “un nuevo Macron” (Le Soir, 5 de febrero de 2019). Seducido por su aspecto de startuper, su edad y su “sentido de las redes sociales”, The Washington Post elogió su posicionamiento “no ideológico” y su temperamento “refrescante” (5 de febrero de 2019).

La otra cara

Pero a veces la realidad que describen los medios de comunicación es como una burbuja de jabón. Indefectiblemente explota. “Nunca habíamos sufrido tantos retrocesos democráticos” desde los acuerdos de paz de 1992, afirma Ortiz. Apenas tomó posesión, Bukele despidió, a través de Twitter, a los funcionarios cercanos al FMLN. Luego, el 8 de febrero de 2020, irrumpió en la Asamblea Legislativa escoltado por policías y militares, para obligar a los políticos de la oposición, que aún tenían mayoría, a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su programa de seguridad. La Asamblea Legislativa se salvó finalmente del golpe de Estado por gracia divina. Tras fingir que rezaba, Bukele abandonó la sala y fue a reunirse con una multitud que lo esperaba fuera de la institución. “Dios me ha dicho paciencia, paciencia, paciencia –explicó–. Nos desharemos [de los diputados de la oposición] de manera democrática”.³

Unos meses después lo consiguió: el 28 de febrero de 2021, su nuevo partido Nuevas Ideas, en alianza con GANA, obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Esto le permitió allanar todos los obstáculos. El 1° de mayo de 2021, Bukele “limpió” la Justicia⁴. La Asamblea Legislativa destituyó a los jueces de la Cámara Constitucional de la Corte Suprema, que le habían prohibido utilizar al ejército para arrestar a las personas que violaron el aislamiento durante la pandemia, y destituyó al procurador general. El 27 de setiembre de 2021, los diputados también aprobaron una ley que obligaba a un tercio de los jueces y fiscales a jubilarse. “Ya no hay un poder judicial independiente”, afirmó Juan Antonio Durán, uno de los jueces que se opusieron a la decisión y que afirma estar siendo intimidado por el gobierno.

Desde el inicio de la “guerra contra las pandillas”, “estos ataques contra la democracia se han vuelta moneda corriente”, lamenta Ortiz, una de las pocas diputadas que votó en contra de la décima renovación del estado de emergencia, el 12 de enero. Según la organización no gubernamental (ONG) Cristosal, que registró 4.071 denuncias por “abuso de poder” desde el 26 de marzo, entre los detenidos hay miles de inocentes. “La mayoría de los arrestos son arbitrarios”, sostiene Abraham Verdugo, director del programa de litigio estratégico de la ONG. Según los testimonios recogidos, llevar un tatuaje (signo de adhesión a las pandillas), vivir en una villa dominada por las pandillas, una denuncia anónima de un vecino o tener antecedentes penales alcanza para motivar un arresto. Este fenómeno va de la mano de un extraño aumento del número de desapariciones.

Vía crucis

En la capital, las familias de los detenidos hacen fila ante las prisiones y los edificios administrativos, a la espera de novedades de sus familiares. Acompañada por su hija de 15 años, Marta prefiere permanecer anónima por miedo a las represalias. Cubierta de un barbijo y con capucha, se apoya en la valla que rodea el edificio, con la mirada fija en el suelo. Su hijo de 22 años fue arrestado el 28 de mayo cuando llevaba fruta y verdura, como todos los días, a los comerciantes de su pueblo en San Vicente, a unos 100 kilómetros de la capital. Acusado, como la mayoría de los detenidos, de asociación ilícita, fue encarcelado en la prisión de Izalco, 60 kilómetros al oeste de San Salvador.

La madre sospecha que el arresto está vinculado con una venganza. “Mi hijo no es un mal chico”, asegura. La menor de sus cuatro hijas fue violada por un pandillero hace unos años, después de lo cual ella lo denunció ante la justicia, lo que derivó en su encarcelamiento. Ahora Marta está convencida de que denunció a su hijo a cambio de una reducción de pena. Pero, aunque pudiera demostrarlo, el destino de su hijo seguiría siendo incierto. Desbordada, la justicia chapucea los casos. “Las audiencias se hacen en masa. La más grande juzgó a 600 presos a la vez”, dice Verdugo, quien también destacó que a veces los abogados públicos llevan varias decenas de casos y no tienen más que unos pocos minutos para intervenir. El abogado de oficio del hijo de Marta la había citado hoy, pero nunca llegó. “A veces viene, a veces no”, explica Marta. En cuanto a su hijo, “ni siquiera sabemos si está vivo o muerto”.

“En una guerra siempre hay víctimas inocentes y daños colaterales”, minimizó el vicepresidente Félix Ulloa en Prensa Gráfica, el 9 de julio de 2022. El presidente Bukele sólo se preocupa por los índices de homicidios. Si bajan, todo va bien. “Estamos a punto de cerrar el mes más seguro de nuestra historia, en el año más seguro de nuestra historia”, celebró en Twitter el 31 de diciembre de 2022, anunciando que ese año que terminaba los homicidios se habrían reducido a la mitad (495) con respecto a 2021 (1.147)⁵. Incluso amenazó con endurecer aún más las condiciones carcelarias. “Si los presos desencadenan una ola de crímenes, retiraremos la comida de las cárceles”, anunció en Twitter el 5 de abril de 2022. El 1° de noviembre de ese año, Bukele obligó a los reclusos a demoler a martillazos las tumbas de antiguos miembros de pandillas que exhibían los símbolos “MS-13” o “B-18” en los cementerios. Toda voz crítica que denuncie estas prácticas es acusada de “defender” a las pandillas.

Por todo lo alto

Sin embargo, el grado de popularidad de Bukele sigue siendo estratosférico. Según el último sondeo Gallup de octubre de 2022⁶, cuenta con 86 por ciento de apoyo, el índice de aprobación más alto de todos los presidentes de América Latina. “Soy el dictador más cool del mundo mundial”, bromeó Bukele en setiembre de 2021⁷, antes de publicar esta descripción en su cuenta de Twitter. Mientras que, en el pasado, los presidentes de El Salvador eran ilustres desconocidos, Bukele inspira más allá de las fronteras de su país. En Chile, el diputado derechista Gaspar Rivas se autoproclamó “el nuevo Bukele” tras presentar el 3 de agosto de 2022 un proyecto de ley para endurecer las medidas preventivas contra los delincuentes⁸. En Ecuador, el 6 de setiembre de 2022, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, pidió al presidente Guillermo Lasso que “copiara” las políticas de Bukele para combatir la inseguridad⁹. Siguiendo el ejemplo del mandatario salvadoreño, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decretó el estado de emergencia el 25 de noviembre para librar, al igual que su vecino, una “guerra contra la extorsión” de las bandas¹⁰.

¿Cómo se explica semejante popularidad? “El gobierno está vendiendo percepciones con éxito”, analiza Oscar Ortiz, que combatió en las filas de la guerrilla antes de asumir la vicepresidencia de El Salvador con el presidente Sánchez Cerén (FMLN, 2014-2019). Aparte de la contable reducción de la violencia, Bukele no ha resuelto los principales problemas del país: El Salvador tendrá los índices de crecimiento más bajos de América Central en 2023 (1,6 por ciento). Además, la pobreza extrema subió de 4,6 por ciento a 7,8 por ciento entre 2019 y 2021, y la mitad de la población no satisface sus necesidades alimenticias¹¹.

Bukele domina las técnicas del marketing a la perfección. Antes de entrar en política, dirigía una empresa familiar de publicidad, Obermet, que participaba en la organización de campañas del FMLN. Desde que llegó a la presidencia, ha reciclado sus habilidades con fines de propaganda gubernamental. Ha inundado YouTube con videos dignos de producciones de Hollywood y bombardeado Twitter con hashtags virales. A Bukele le gusta ponerse en escena para crear repercusión. En setiembre de 2019, causó revuelo sacándose una selfie desde el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas mientras se preparaba para pronunciar su discurso inaugural. “El nuevo mundo ya no está en esta Asamblea, sino en el lugar a donde irá esta foto”, explicó entonces. “¡Esta selfie se verá mucho más de lo que se escuchará este discurso!”¹². No se equivocaba: la foto dio la vuelta al mundo.

“Según nuestros estudios, Bukele tarda 12 horas en convertir una noticia en tendencia en las redes sociales, mientras que los movimientos sociales necesitan 501 horas –informa Amparo Marroquín, investigadora de comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA)–. Cuando queremos hablar de arrestos injustificados, su gigantesco aparato de comunicación nos aplasta”.

Proteger la marca

El presidente salvadoreño rara vez se expone a la prensa. Todos los miembros de su partido y de su gobierno ignoraron nuestros pedidos de entrevistas. “Bukele es como una marca, hay que protegerla”, argumenta Florencia Vilanova, embajadora de El Salvador en Alemania, que acompaña una delegación de bitcoiners alemanes de visita en El Zonte en el marco de la conferencia “Adopting Bitcoin”. Por eso, Bukele prefiere promocionar su “marca” entre influencers o youtubers que difícilmente hacen preguntas desagradables. El 5 de marzo de 2021, por ejemplo, concedió una larga entrevista a Juan Bertheau (conocido como “Berth Oh”) y Luisito Comunica, cuyo canal de YouTube tiene más suscriptores que la población de El Salvador.

La obsesión del gobierno por su imagen parece ser su principal brújula política. Su nuevo partido, Nuevas Ideas, semeja un cascarón vacío: no ha declarado ningún principio en sus estatutos, ni elaborado un programa político. “Apenas se quita el espectáculo y los fuegos artificiales, es evidente que este gobierno no está cambiando nada en el país”, dice Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). “La adopción del bitcoin lo ilustra muy bien”, añade: la medida estaba condenada al fracaso.

En su lanzamiento, el 6 de junio de 2021, el presidente Bukele afirmó que el bitcoin promovería la inclusión financiera de los salvadoreños no bancarizados (70 por ciento de la población) y abarataría el costo de las transferencias de dinero de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos (23 por ciento del Producto Interno Bruto en 2021).¹³ Un año y medio después, estos beneficios tardan en aparecer. En la capital, casi ningún negocio acepta pagos en criptomonedas y solamente el dos por ciento de las transferencias realizadas por la diáspora han ido por esta vía¹⁴. Además, ante la caída del precio del bitcoin, los fondos públicos que el gobierno tiene en la criptomoneda (por un importe no verificable de 107 millones de dólares según el sitio web Nayibtracker.com) perdieron más de la mitad de su valor inicial. “Es como confiar la política económica del país a un casino”, bromea Castañeda.

En una entrevista con el periodista Tucker Carlson en Fox News el 3 de noviembre de 2022, el presidente Bukele reconoció que la adopción del bitcoin fue un ejercicio masivo de rebranding, o cambio de imagen de marca. Pero El Salvador no es un supermercado: ¿cuánto durará la ilusión?

Anne-Dominique Correa, periodista, enviada especial. Traducción: Emilia Fernández Tasende.