Cuatro países se reparten el acuífero Guaraní: Brasil (840.000 kilómetros cuadrados), Argentina (225.000), Paraguay (71.700) y Uruguay (58.500). Como muchos recursos transfronterizos en el mundo, plantea la cuestión de la propiedad y de la gestión concertada.
El acuífero Guaraní está considerado una de las tres reservas de agua subterránea más importantes del mundo, tanto por su superficie (1,2 millones de kilómetros cuadrados, lo mismo que Francia, España y Portugal juntos), por su volumen de agua disponible (alrededor de 55.000 kilómetros cúbicos) como, sobre todo, por una capacidad de recarga anual estimada en 160 kilómetros cúbicos.
El 22 de mayo de 2003, los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) se reunieron en Montevideo, Uruguay, para firmar un proyecto “de protección medioambiental y de desarrollo sustentable del Sistema Acuífero Guaraní” (SAG). También estuvieron presentes representantes del Banco Mundial y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM); un interés que algunos consideran preocupante. “Cuando el Banco Mundial invirtió en el proyecto por un monto de 13,4 millones de dólares, los estudios iniciados por diversos universitarios del Cono Sur les fueron confiados a laboratorios privados. Los países de la región se sintieron completamente despojados”, cuenta el hidrólogo Roger Monte Domecq.
Firmado en 2010, bajo la égida del Mercosur y de las Naciones Unidas, el primer acuerdo del mundo en poner en marcha un marco de cooperación sobre una reserva subterránea transfronteriza estipula en su artículo 2 que “cada país ejerce un control territorial soberano sobre su parte del acuífero Guaraní”. Pero provocó tensiones de una parte y otra del tablero político paraguayo. Unos temían una forma de acaparamiento. Otros tenían miedo de que una reglamentación demasiado estricta hiciera que se fueran las multinacionales. “Se van a perder inversiones, el acceso a tecnologías de punta y puestos de trabajo”, se preocupó Juan Francisco Facetti, exministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible y miembro del Partido Colorado (derecha), y hasta llegó a sugerir que Fernando Lugo, el presidente en ejercicio en el momento de la firma, “traicionó a la patria”1.
El artículo 6, según el cual cada país compromete su responsabilidad frente a sus socios, obliga a adoptar “todas las medidas necesarias para evitar perjudicar a los países vecinos y al medioambiente”. Para los hidrólogos, la reserva Guaraní funciona como un “sistema acuífero”, es decir que se trata de un conjunto de formaciones geológicas interconectadas. Podemos figurarnos bastante bien las consecuencias que pueden tener las actividades emprendidas río arriba sobre los que se encuentran más abajo en un río transfronterizo, como el depósito de mercurio salido de las minas bolivianas en los sedimentos del río Pilcomayo, en el noreste de Paraguay, o incluso el glifosato brasileño arrastrado por el río Paraguay; pero el fenómeno, por más que sea invisible, se produce igual en las napas acuíferas [...].
Los empresarios brasileños, que poseen la mayor parte de las tierras paraguayas consagradas al cultivo de soja, no tuvieron que insistir mucho para “usar y abusar de Paraguay”: el entonces presidente Horacio Cartes los invitó él mismo en 20142. Ese mismo año, Cartes hacía votar la ley de alianza público-privada, inspirada en el “modelo francés”, para alentar las inversiones. Sobre todo, en el dominio del agua [...].
Guillaume Beaulande, periodista. Una versión de este artículo fue publicada en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, octubre de 2018. Traducción: Aldo Giacometti.