Del centro al extremo

Considerada durante mucho tiempo una excepción en Europa, España cuenta ahora con la creciente influencia electoral de Vox, un partido de extrema derecha fundado en 2013. El surgimiento de esta formación, que, se espera, tendrá una gran influencia en las elecciones legislativas anticipadas del 23 de julio, debe mucho a las divisiones internas y la volátil evolución ideológica de la derecha posfranquista.

El 29 de mayo, con un semblante serio, Pedro Sánchez anunció en un discurso televisado la convocatoria a elecciones generales. En el poder desde 2018, el jefe de gobierno español ha optado por adelantar al 23 de julio la celebración de un escrutinio previsto para fin de año. Su sorpresivo anuncio se produjo un día después de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que es secretario general, sufriera una contundente derrota en las elecciones municipales y regionales. El Partido Popular (PP), principal organización conservadora de España, obtuvo la mayoría de los votos en seis de las diez comunidades autónomas hasta entonces gobernadas (de forma directa o en coalición) por los socialistas. En cinco de ellas, sin embargo, la derecha deberá asegurarse el apoyo del partido de extrema derecha Vox, ya que no dispone de la mayoría absoluta. El PP también conquistó las alcaldías de Valencia y Sevilla, tercera y cuarta ciudad del país.

Desde entonces, para desacreditar al PP liderado por Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido, la izquierda repite una y otra vez en los medios de comunicación que hay que frenar “esta corriente reaccionaria”, detener “la ola ultraconservadora” o “bloquear a la extrema derecha”. Si esta estrategia no ha funcionado hasta ahora en España como tampoco lo ha hecho en Francia o Italia, ¿en qué se basa esta acusación?

El PP tiene sus orígenes en el franquismo, el sistema instaurado en 1939 por el general Francisco Franco y sus partidarios tras ganar la sangrienta Guerra Civil iniciada en 1936. La mayoría de los dirigentes del partido son hijos o nietos de las élites políticas franquistas y, en particular, de su franja reformista del Estado, para la cual España necesitaba emprender la senda democrática. Exministro de Información y Turismo bajo la dictadura, en octubre de 1976 Manuel Fraga Iribarne (1922-2012) fundó Alianza Popular (AP), que se convertiría en el actual PP unos diez años más tarde. El objetivo de AP era unir, con fines electorales, siete organizaciones políticas (lideradas por siete exministros franquistas, apodados los “Siete Magníficos”) que representaban las distintas familias políticas del régimen del Caudillo [como se conocía al dictador Francisco Franco]: tecnócratas y democristianos, falangistas, nacionalistas tradicionalistas y católicos fuertemente ligados al Opus Dei¹.

“AP se creó para tomar parte en el proceso político que se inició con el fin del franquismo, para participar en la transición y llenar el vacío político dejado por Franco”, explica Jorge Verstrynge, ex secretario general de AP. Por “miedo a quedar excluidos del sistema”, los miembros de Alianza Popular aceptaron participar en el proceso electoral constituyente que desembocó en la actual Constitución del 6 de diciembre de 1978. Pero “la mitad de los diputados de AP se negó entonces a votar la Constitución, en gran parte debido a la autonomía que concedía a las regiones”, explica Verstrynge. Las divisiones entre las diferentes corrientes y el fracaso en las elecciones generales de 1982 y 1986, con una amplia victoria del PSOE, provocaron crisis internas. Para superarlas, Fraga Iribarne hizo aprobar nuevos estatutos que reducían la democracia y reforzaban la jerarquía dentro del partido. Como resultado, AP se convirtió en el PP y José María Aznar, joven y ambicioso presidente de la comunidad autónoma de Castilla y León desde 1987, sucedió a Fraga Iribarne en la presidencia del partido en 1989.

“Tanto citadino como rural”

La renovación estaba en marcha: según sus propias palabras, el objetivo de Aznar era construir un gran partido de derecha unificado con el fin de “aglutinar cómodamente las ideas liberales, conservadoras y democristianas”. Junto con su joven equipo, estaba dotando a la formación de estructuras fuertes para reforzar su presencia en todo el territorio español. La nueva dirección esperaba institucionalizarle para que pudiera obtener réditos electorales. La anunciada “convivencia” tenía sus límites: “En el Partido Popular no hay electricidad. Solamente 220 voltios. ¡Y yo soy el que controla la toma y el que ponga los dedos se electrocuta!”², declaró Aznar poco antes del XII Congreso del PP en 1996.

“La derecha ha tenido grandes dificultades para crear un partido fuerte y capaz de competir con el PSOE –relata Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid–. Como resultado, permanecieron en la oposición durante casi 20 años. Esto llevó a la construcción bajo Aznar de una estructura interna muy vertical, jerárquica, centralizada y presidencialista. El último presidente del partido a la fecha, Alberto Núñez Feijóo [jefe del PP desde 2022], fue elegido en unas elecciones en las que sólo hubo un candidato, elegido por la dirección del partido. De modo que, en realidad, fue designado”. Pablo Carmona, historiador y activista comunitario, ve en esto no sólo una expresión de la necesidad de superar las diferencias internas, sino también una de las formas en que las tendencias autoritarias persisten en esa fuerza política. “Es una tradición muy franquista –explica–. Al acercarse el fin de la Guerra Civil, Franco, por medio de su famoso ‘Decreto de Unificación’, afirmó, en una lógica militar según la cual la jerarquía debe respetarse pase lo que pase, que no podía haber varios poderes políticos, sino uno solo. Por lo tanto, decidió unificar las distintas falanges bajo un mismo paraguas. De ahí esa idea, tanto en la AP como en el PP, de que hay que unir a la derecha contra el enemigo regionalista, contra la izquierda, contra el comunismo, contra la masonería, etcétera”. Simón continúa: “Lo mismo ocurre a nivel territorial. La sede central del partido ha conseguido, tras negociaciones a veces bruscas, que casi todos los dirigentes locales y regionales del partido se alineen más o menos con la sede central. A veces, incluso, la dirección nacional impone candidatos a nivel local”.

Pero, según el historiador Julián Casanova, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la derecha española “se debe a que, a diferencia de sus homólogas europeas, lucha por encajar en una tradición política española”³. La derecha británica, por ejemplo, puede reivindicar una ilustre tradición conservadora que, a diferencia del franquismo, no es incompatible con la democracia y, por lo tanto, no resulta indefendible a los ojos de la opinión pública. El PP, y antes la AP, han intentado legitimar el conservadurismo español invocando precedentes históricos políticamente correctos.

La estrategia se hizo evidente durante la transición democrática, cuando la derecha posfranquista invocó, en términos ideológicos, la tradición liberal-conservadora de Antonio Cánovas del Castillo, fallecido a fines del siglo XIX, para intentar darse un barniz democrático y hacer pasar a sus líderes “por nietos de Cánovas y no por hijos de Franco”⁴, escribe el historiador Carlos Dardé. La contrarrevolución neoliberal-conservadora liderada por la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) y el presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) en los años 1980 es otro punto de referencia. Para el historiador Javier Tussell, “no es de extrañar que muchos de los miembros [de la generación más joven del PP] que provenían de la derecha tradicional –como el propio Aznar, falangista en su primera juventud– se convirtieran en ultraliberales, porque [...] el liberalismo proveía un marco teórico moderno frente al socialismo, al tiempo que podía conectarse con la derecha conservadora”⁵.

“La idea era renovar el discurso de la derecha tradicional a partir de una lógica neoliberal capaz de destronar a los socialistas y ganar popularidad –analiza Carmona–. Había que superar parte del legado franquista, cuya política económica era muy intervencionista, y virar hacia un conservadurismo más europeo, un liberalismo más doctrinario y posiciones más atlantistas”. En aquella época, muchos dirigentes del PP observaban con interés los éxitos electorales de la “tercera vía” de Anthony Blair en Reino Unido y de Gerhard Schröder en Alemania –que tenía visos de pragmatismo al tiempo que era atlantista y neoliberal– y subrayaban su cercanía ideológica al “centro reformista” de Aznar. Tras 20 años en la oposición, la derecha llegó al poder al ganar las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, gracias al electorado clásico de la derecha europea. Guillermo Fernández Vázquez, politólogo y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, explica: “Los hombres, los ingresos elevados, los conservadores católicos y los pequeños empresarios independientes estaban entonces sobrerrepresentados”. También señala que se trataba de un electorado “tanto citadino como rural” más o menos repartido de manera uniforme en todo el país, excluyendo Cataluña y el País Vasco.

Sin embargo, la derecha ganó esas elecciones por un estrecho margen. Por ello, el PP moderó su programa para ampliar su electorado en el futuro y, en lo inmediato, formar una mayoría estable en la Asamblea. Para ello contó con el apoyo de las dos organizaciones nacionalistas más importantes del país, el partido catalán Convergència i Unió (CiU) y el partido vasco Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyas tendencias socioeconómicas eran similares a las del PP, y cuya notabilidad conservadora no suponía, a ojos de Aznar, una amenaza real para la unidad del país.

No más vergüenza

El primer gobierno de Aznar no se caracterizó por su creatividad y se ciñó a las recetas neoliberales: desregulación, reducción de impuestos, privatizaciones, rigor presupuestario y prioridad a la adhesión a la Unión Monetaria Europea. Sin embargo, sorprendió a muchos al distanciarse un poco de la Iglesia Católica y no dio marcha atrás en la legalización del aborto. Fue una maniobra táctica: tras obtener la mayoría absoluta en el Congreso en las siguientes elecciones generales de 2000, el PP aprobó una ley que reintroducía la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas primarias y secundarias públicas. Aznar siguió entonces una política más acorde con las raíces ideológicas de su partido.

A mediados de los años 1990, Aznar instó a España a superar “un cierto complejo histórico”: “El pasado reciente de franquismo ha dado lugar a una actitud de la izquierda que tiende a renegar o a avergonzarse de nuestra historia y de nuestra posición en el mundo”⁶. Bajo sus gobiernos, empezó a surgir una tendencia de cierto revisionismo histórico entre los conservadores⁷. Los “nuevos historiadores”, encabezados por el periodista y escritor Pío Moa, defendían que la sublevación franquista estaba justificada ante la “amenaza comunista”. Para ellos, sólo un gobierno militar podía “restablecer el orden”. El franquismo puso a España en la vía de la prosperidad y la democracia. También entre los grupos conservadores más “liberales” se banalizó como un fenómeno inevitable en un período de amenazas totalitarias en Europa. Sin hacer suyas las declaraciones más favorables al régimen del Caudillo, los gobiernos de Aznar promovieron estas producciones ideológicas, que contaban con el apoyo de la iglesia y los medios de comunicación de derecha (incluidos los periódicos más leídos del país, El Mundo, ABC y La Razón, así como las radios del grupo COPE, que pertenece a la iglesia católica española). “Moa fue promocionado al punto de aparecer en la televisión pública en horario estelar –explica el historiador Francisco Espinosa Maestre–. Al propio Aznar se le llegó a oír decir que su lectura de verano sería un libro de Moa”⁸.

Aznar también dedicó un gran esfuerzo a la producción y difusión de una historia revisitada de España, destinada a ponerla en valor y legitimarla insistiendo en sus “edades de oro”, en especial a través de obras publicadas por instituciones como la Real Academia de Historia (RAH). En un documento presentado en el XIV Congreso Nacional del PP, celebrado en Madrid en enero de 2002, se lee que España debe enorgullecerse de “su contribución a la historia y la cultura universal [y de] su proyecto histórico anclado en dos mundos, Europa y América”⁹.

Contra el “tribalismo provincial”

La voluntad del PP de reconectar con la edad de oro moderna de la España conquistadora lo llevó a acercarse a un país cuya hegemonía geopolítica se había reforzado con la caída del Muro de Berlín: Estados Unidos, con el que Franco ya había firmado acuerdos en 1953 que permitieron a España romper el aislamiento internacional al que estaba sometido su régimen. En la primavera de 2003, Aznar apoyó a Washington en su invasión de Irak, en contra de la opinión pública y los demás partidos políticos españoles, e incumpliendo la Constitución, que obliga al gobierno a pedir la aprobación parlamentaria antes de entrar en guerra. Con ello, Aznar también quiso convertir a España en el líder de una “nueva” Europa “fuerte”, fundada en el atlantismo y el liberalismo económico, frente a la férrea oposición de Francia y Alemania a la invasión estadounidense. La empresa fracasó, con el retorno al poder del PSOE al siguiente año, y la fotografía que se tomó en la Cumbre de las Azores en marzo de 2003, en la que aparece el presidente del Gobierno español muy sonriente junto al presidente George W. Bush y el primer ministro Blair, “una cosa impensable algunos años atrás”¹⁰, dice alegremente Ignacio Cosidó, del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), quedará como la cúspide de la política exterior del PP de Aznar. El atentado islámico del 11 de marzo de 2004 en pleno centro de Madrid, apenas tres días antes de las elecciones generales, invirtió la clara ventaja del PP en la mayoría de los sondeos de opinión. La mendaz insistencia del gobierno, hasta la víspera de las elecciones, en que ETA era probablemente la responsable, a pesar de las crecientes pruebas de lo contrario, minó su credibilidad.

De hecho, el proyecto del PP de reforzar el sentimiento nacional lo llevó a rechazar cualquier forma de autonomía regional, haciéndose eco del nacionalismo radical español de la derecha posfranquista en la época del proceso de redacción de la Constitución. Ya en 1979, un joven José María Aznar escribía en el periódico La Nueva Rioja: “No debemos olvidar que la grandeza de España depende también de su unidad” (11). Manuel Milián, uno de los fundadores catalanes del PP, estrecho colaborador de Fraga Iribarne y diputado por Barcelona de 1989 a 2000, cuenta: “Cuando se creó el PP en 1989, insistí en la necesidad de regionalizar el partido, que tendría personalidad y naturaleza propias según las regiones, como una confederación. Pero Aznar nunca quiso oír eso. Llegó con su visión ‘castellana’ de España y quiso imponerla. Para él, España es absolutamente ‘una’. No entiende su diversidad”. Fernando García de Cortázar, historiador de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) –una usina de pensamiento neoconservadora creada en 1989 por Aznar (que actualmente es su presidente)–, justifica por su parte la legitimidad de esta política “en nombre de la superioridad moral de la nación española [...] frente al tribalismo provinciano de los nacionalismos periféricos”¹¹.

Cuando, en 2005, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero inició el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que sería aprobado en mayo de 2006, el PP y los grandes medios de comunicación de derecha clamaron una “persecución lingüística” del castellano en Cataluña y el País Vasco, y llamaron a boicotear los productos catalanes, afirmando de manera falsa que el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña autorizaba la poligamia y la eutanasia, y exacerbando la polarización de la sociedad española al afirmar que el texto “[rompía] la unidad de España” y conducía a su “desintegración” y “balcanización”. Según Milián, esta actitud del PP es la causa del “hipernacionalismo al que asistimos hoy con las reivindicaciones independentistas de Cataluña”. Agrega: “El divorcio se produjo cuando Aznar obtuvo la mayoría absoluta en 2000. Ya no necesitaba de los catalanes, así que los ignoró por completo”. Cuando Mariano Rajoy tomó las riendas del partido en 2004, y luego fue jefe de Gobierno entre 2011 y 2018, “se limitó a continuar las políticas de Aznar”.

En 2010, el Estatuto de Autonomía de Cataluña fue suspendido por el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso presentado por el PP. “Esa fue la chispa que encendió la mecha –dice Milián– con el resultado que conocemos: la proclamación unilateral de independencia de Cataluña en octubre de 2017”. Al término de un referéndum declarado ilegal por el Estado español, en una jornada marcada por violentas represiones policiales, la población de la región se pronunció a favor de la independencia. Tras varias semanas de tensiones, manifestaciones, huelgas y una extrema polarización que dividió a España en dos bandos, el gobierno de Rajoy rechazó cualquier mediación y acabó aplicando, por primera vez en la historia del país, el artículo 155 de su Constitución, que permite tutelar a toda una región, en un arrebato de autoritarismo rayano con la deriva autoritaria.

Rajoy fue nombrado presidente del partido por Aznar en 2004. Su legitimidad fue cuestionada “hasta que ganó las elecciones en 2011”, explica Méndez, cuando el PP batió todos sus récords electorales tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la violenta crisis económica que le siguió, que minó gravemente el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Pero “las disensiones, que hasta entonces se habían mantenido siempre dentro del partido, se manifestaron ahora fuera de él”, y el ala neoconservadora del PP, aznarista, criticó a Rajoy por ser demasiado moderado en cuestiones sociales como la defensa de los valores religiosos, el aborto y el matrimonio igualitario. Según Javier Zarzalejos, director de FAES, su política se caracterizó por la “desideologización del partido”, con la que el PP derivó “hacia la pura gestión, el sentido común, la ortodoxia jurídica y los congresos sin sobresaltos”¹². Sin embargo, insiste Méndez, “lo que resultó fatal para Rajoy fue la cuestión catalana, que llevó a Ciudadanos [centroderecha] y Vox [extrema derecha] a capitalizar el descontento con el PP y su gestión de la crisis”. La pesadilla del PP desde su creación se estaba haciendo realidad: la derecha se fragmentaba.

Nacionalista y desinhibido

Por un lado, surgió Ciudadanos, fundado en 2006 en Cataluña, que ya había experimentado un fuerte crecimiento desde 2015, en el momento de la crisis de representatividad política encarnada por el movimiento de los indignados. La imagen moderna de este partido liberal (que hoy en día casi ha desaparecido del paisaje político español) contrastaba con la del PP, empañada por una serie de escándalos de corrupción. Tras seis años al frente del gobierno, Rajoy fue destituido en junio de 2018 por una moción de censura después de que él y su partido fueran condenados –por primera vez en la historia de la democracia española– por “corrupción institucionalizada” en el “caso Gürtel”, que supuso la malversación de 43 millones de euros para el PP. Rajoy fue sucedido por el socialista Pedro Sánchez.

Por el otro costado, asistimos al auge del partido de ultraderecha Vox, fundado en 2013, que ganó en visibilidad con motivo de la crisis catalana de octubre de 2017, cuando encabezó manifestaciones en defensa de la nación organizadas por todo el país y en las que llevó adelante la “revolución de los balcones”, de los que se colgaron banderas españolas en señal de protesta contra el referéndum. El meteórico ascenso de Vox le permitió situarse como tercera fuerza del país en las elecciones regionales y municipales celebradas el 28 de mayo. “El PP siempre ha sido el partido del nacionalismo español, y a muchos les pareció demasiado blanda la reacción de Rajoy ante el referéndum catalán. Acusaban a Rajoy de no haber frenado antes a los catalanes –explica el politólogo Fernández Vázquez–. Vox está formado por antiguos dirigentes del PP que critican a Rajoy por representar una derecha acomplejada. Dicen pertenecer al ADN del partido, el de Aznar en 2002-2003.

De hecho, “estas derechas coinciden en muchas cosas: el liberalismo económico, la unidad de España y el rechazo de los nacionalismos vasco y catalán. Lo que las distingue es el grado de virulencia que muestran hacia estos últimos, así como en cuestiones sociales. Y, en el caso de Vox, una nostalgia más o menos asumida del pasado franquista”, analiza Carmona. Además, muchos de los dirigentes de estos tres partidos han pasado por la FAES. Pero también por los mismos medios de comunicación: Julio Ariza, el presidente de Intereconomía –una de las más potentes redes de medios digitales neoconservadores que surgieron a comienzos de los años 2000 cuando, durante el segundo mandato de Aznar, la derecha se mostraba “sin complejos”–, se jacta también del hecho de que “Ciudadanos y Vox nacieron en esta casa. Los hemos apoyado en los malos momentos, sobre todo en 2014, cuando perdieron las elecciones europeas y quisieron tirar la toalla. Todos ellos lucharon dentro de Intereconomía. Albert Rivera [presidente de Ciudadanos hasta 2019] venía aquí todas las semanas”¹³. Muchos de los conductores y periodistas de estos medios integran ahora las listas electorales y los centros ideológicos del PP, Ciudadanos y Vox. Son medios que transmiten de manera incesante el discurso de la derecha “desacomplejada”, hoy encarnada por [la presidenta de la Comunidad de Madrid] Isabel Natividad Díaz Ayuso y, más allá, por el PP de Madrid, bastión del neoconservadurismo desde hace 20 años. Sobrerrepresentada en los medios de comunicación, la influencia de esta corriente en parte se explica, según Fernández Vázquez, por el hecho de que “muchos de estos medios tienen su sede en Madrid y reciben un importante apoyo financiero del gobierno regional del PP”.

De esta corriente neoconservadora aznarista proviene también Casado, nombrado jefe del PP en 2018. Decidido a “reideologizar” el partido, abandonó el cargo en 2022, tras violentos conflictos internos. “Y cuando las cosas van mal, ¿qué hacen? Recogen el péndulo y vuelven a empezar”, sostiene Simón sobre la elección de Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta de Galicia durante 13 años, para suceder a Casado. Núñez Feijóo intenta “poner el acento en la gestión económica, la seriedad y el hecho de que es ‘presidenciable’”. Ni hablar de meterse en temas sociales o “morales”, aunque, según Simón, su conservadurismo es “más real de lo que parece”. El movimiento de reenfoque estratégico que el PP emprende con frecuencia “es casi genético o vital para el partido –añade Simón–, porque desde su nacimiento con AP ha tenido que deshacerse de la imagen de partido franquista”. Alfonso Guerra, histórico dirigente socialista, opinaba lo siguiente sobre la situación: “Llevan años viajando al centro y todavía no han llegado. ¿De dónde vienen para tardar tanto?”.

Maëlle Mariette, periodista. Traducción: Emilia Fernández Tasende.