¿Por qué tantos golpes en el Sahel?

El cuartelazo del 30 de agosto en Gabón, contra una dinastía que llevaba 55 años en el poder, se suma al ocurrido en Níger el 26 de julio, y que había desatado una agitación inhabitual en África y en el mundo. Aunque con características diferentes -los golpistas de Gabón adelantaron que mantendrán “los compromisos internacionales”- estos eventos son reveladores de la evolución de las relaciones con Occidente en la región.

“Epidemia”, “contagio”... El registro médico expresa angustia y cierto desasosiego. La sucesión de putschs deja a los analistas perplejos: seis golpes de Estado en la región africana del Sahel desde 2020, en cuatro países –dos en Malí y en Burkina Faso, uno en Guinea y en Níger–. ¿Cómo pensar esta sucesión? En el caso de Malí y Burkina Faso, la expansión del terrorismo, así como las tensiones políticas latentes, llevaron al ejército a actuar. Pero en Níger el número de ataques yihadistas había disminuido sensiblemente en los últimos meses. Y Conakri no enfrenta directamente la amenaza islamista: los soldados rebeldes destituyeron a Alpha Condé, que había usurpado un tercer mandato, inconstitucional, en 2021.

Para el investigador Yvan Guichaoua, más allá de sus diferencias, estos golpes de Estado podrían ser calificados de “populistas”¹. El politólogo camerunés Achille Mbembe los califica de “neosoberanistas”². En efecto, todos los golpistas denuncian las injerencias extranjeras, tanto su ilegitimidad como su ineficacia. “No debemos contar más que con nosotros mismos”, afirmaba el capitán Ibrahim Traoré, presidente interino de Burkina Faso, en un discurso el 21 de octubre de 2022. “Nuestro pueblo decidió retomar las riendas de su destino y construir su autonomía con socios más confiables”, indicaba el coronel Sadio Camara, ministro de Defensa de Malí, el 13 de agosto en Moscú. Ni la influencia rusa, ni la crisis del imperialismo francés –que señala, entre otros, el economista Ndongo Samba Sylla– alcanzan, sin embargo, para explicar por sí solos los recientes acontecimientos.

La sucesión de golpes de Estado en el Sahel vuelve evidente, sobre todo, el final de dos secuencias: la de los últimos diez años a lo largo de los cuales la gestión de la crisis de seguridad que devasta la subregión se internacionalizó bajo la dirección de Francia y de la Organización de las Naciones Unidas (los Estados sahelianos “retoman la iniciativa”, constata Jean-Hervé Jezequel, director del área Sahel del International Crisis Group); y aquella, más larga, de democratización, iniciada en 1991 con el fin de la Guerra Fría. Un verdadero “reflujo autoritario”, según los términos del politólogo senegalés Gilles Yabi, que no exceptúa al África no francófona (sangrienta represión en Etiopía, crisis poselectoral sin fin en Kenia, guerra civil en Sudán). Ahora se teme la formación en África Occidental de un “cartel” de amotinados, de una “alianza golpista militar”, lo que constituiría un “punto de inflexión” en la subregión, según Bakary Sambe, director del Timbuktu Institute³.

El final, concomitante y perjudicial, de estos ciclos dejó estupefactos a los observadores de esta sucesión de golpes; en Níger, además, el golpe del 28 de julio comportó una dimensión oportunista, cuanto menos desconcertante. Sin embargo, al buscar preservar sus intereses corporativos, los oficiales rebeldes imitaron un movimiento general que afecta a la subregión tanto como al resto del planeta. La desestabilización del Sahel refleja de forma exagerada las recomposiciones geopolíticas en curso a escala mundial: el “neosoberanismo” de los golpistas acompaña la afirmación de otros Estados que intentan llevar a cabo una política exterior autónoma (Turquía, Arabia Saudita, Sudáfrica, etcétera); el surgimiento de juntas militares es el último avatar de la crisis de las democracias y de las tendencias autoritarias observadas a nivel mundial; el fracaso de la gestión internacional de la crisis de seguridad en el Sahel traduce la crisis global del multilateralismo; y la expulsión de Francia en África, así como el ascenso de Estados Unidos (muy activo en Níger desde el golpe), de China o de Rusia, ilustra la reconfiguración de las relaciones internacionales⁴.

En este contexto geopolítico inestable, el golpe es una herramienta de ajuste a la crisis del Estado tanto como a la crisis de la democracia. Los militares buscan atenuar, al menos a corto plazo, las tensiones y contradicciones concentrando el poder en sus manos. En África hace mucho tiempo que las Fuerzas Armadas pretenden destrabar situaciones de crisis exacerbadas por la fragilidad estructural de las instituciones y de los propios Estados. En la región del Sahel, en la actualidad, el pronunciamiento se presenta asimismo como una respuesta a una amenaza de seguridad que los poderes civiles no logran frenar. “Apoyamos, tapándonos la nariz, los golpes de Estado en Malí, Guinea y Burkina Faso porque, en cierta medida, estaban justificados. [Los dirigentes] ya no controlaban nada”⁵, reconoce el escritor guineano Tierno Monénembo. La paradoja es que las Fuerzas Armadas de la subregión, también afectadas por la corrupción y la especulación, no demostraron ni su eficacia ni su profesionalismo, como lo prueban los abusos que cometen de manera regular en la lucha contra el terrorismo. Por otra parte, la duración de la “transición” resulta, demasiado a menudo, incierta.

Pero ¿cómo democratizar Estados que su historia hizo tan dependientes del exterior? Sólo un 45 por ciento del presupuesto de Níger proviene de recursos propios⁶. La pobreza y las desigualdades de ingresos debilitan de modo permanente al país. Asociado con Argelia y Nigeria para la construcción del gasoducto transahariano (TSGP) que surtirá a Europa vía el Mediterráneo –perspectivas financieras que despiertan apetitos, incluido el de los militares–, el país se encuentra en el 189º lugar sobre 191 en términos de desarrollo humano⁷ y sufre la crisis económica que siguió a la epidemia de covid-19 y a las sanciones contra Rusia. Si bien Níger es el tercer productor mundial de uranio, el 85 por ciento de su población no tiene acceso a la electricidad. A pesar del voluntarismo exhibido en la lucha contra la prevaricación: el presidente Mohamed Bazoum había ordenado, en particular, el arresto de Ibrahim Moussa por el desvío de dinero público. Llamado “Ibou Karadjé”, Moussa era exjefe del servicio de transporte de la Presidencia. Como tela de fondo, las desigualdades de ingresos, la lucha contra la corrupción, así como la lucha contra el irredentismo (mosaico étnico, el país sigue estando moldeado por el autonomismo tuareg), los nigerinos ya habían sufrido cuatro golpes de Estado desde la independencia, en 1974, 1996, 1999 y 2010, así como un intento fracasado en 2021.

¿Adhesión, miedo o fatalismo?

Incluso si se tienen en cuenta la manipulación y la demagogia exacerbada de las redes sociales, el golpe más reciente –así como aquellos acontecidos poco antes en Burkina Faso o Malí– parece haber sido aceptado por la población, si no por adhesión, al menos por temor y fatalismo. Si bien las tentativas de manifestaciones de apoyo al presidente Bazoum fueron cortadas de raíz –con varias decenas de arrestos, intimidación y violencia ejercidas sobre los periodistas–, la democracia promovida por los dirigentes y las organizaciones regionales desde hace décadas no dio sus frutos, a los ojos de la población. El golpe de Niamey provocó intensos debates en África sobre las virtudes y los límites de un “sistema político importado”⁸. “Debemos desterrar absolutamente los golpes de nuestro espacio –resume en la red X [ex Twitter] Alioune Tine, director del centro Africa Jom–, pero también desterrar las causas políticas profundas que los crean, la ‘mala gobernanza’, la corrupción y la impunidad.” Los golpistas tienden a construir una legitimidad de recambio apoyándose en la calle, en especial en los jóvenes, solicitando el respaldo de las autoridades religiosas y de los jefes tradicionales.

Si bien la expansión terrorista desestabiliza a los países del Sahel desde la intervención de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Libia en 2011 y la diseminación en la región de una parte de las tropas de la organización del Estado Islámico tras su derrota en Siria y en Irak en 2019, hoy se respalda en resortes locales. Allí donde se instalan, mediante métodos expeditivos y atrocidades, los yihadistas pueden restablecer una forma de orden sobre los escombros del Estado. Administran justicia, protegen a los comerciantes, solucionan los conflictos de propiedad, abren escuelas en el marco discriminatorio para las mujeres que impone la sharía [interpretación integrista de la ley islámica]. “La gobernanza yihadista reposa sobre dos pilares indisociables: el terror y la dramática ausencia de los servicios públicos –explica el sociólogo Jean-Pierre Olivier de Sardan–. [Brindar] a la población un servicio público efectivo y duradero de seguridad se convierte entonces en prioridad absoluta para atacar de forma simultánea esos dos pilares”⁹.

En estas condiciones, el enfoque exclusivamente securitario impuesto por Francia no restableció la situación, a pesar de la eliminación de cientos de terroristas desde 2014¹⁰. El obstinado rechazo de París de extraer lecciones de lo sucedido en Malí provocó que su política se exportara a Níger, con el riesgo de desestabilizar al país¹¹. Además, la presencia prolongada de ejércitos extranjeros crea una economía paralela que desvía recursos y agrava las fracturas sociales locales. La arrogancia de las potencias extranjeras –en particular la de Francia– que dictan su visión y sus métodos in situ, sin forzosamente obtener resultados, alimenta el resentimiento de los Estados Mayores de los ejércitos africanos. Más allá de sus propias responsabilidades, coloniales y poscoloniales, Francia simboliza un orden internacional “extraño” e ineficaz. Sirve de repelente para los golpistas cuyo “neosoberanismo” se consituye, como en Malí, con acuerdos leoninos con China y con generosas concesiones hechas a la milicia rusa Wagner¹².

Se le imputa el fracaso de la lucha contra el terrorismo a la “comunidad internacional”, asimilada a un Occidente cuya autoridad moral se marchita. Así, Bamako no temió exigir la retirada de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas para Malí. La Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) sufren, a su vez, la crisis de legitimidad de las organizaciones multilaterales. En el seno de las sociedades de la subregión, sus discursos marciales y las sanciones que adoptan son considerados artificiales e injustos, ya que penalizan a las poblaciones en mayor medida que a las juntas, como cuando entorpecen el comercio al cerrar las fronteras. La Unión Africana siempre se mostró impotente frente a las crisis de seguridad¹³. A menudo citada como ejemplo, la Brigada de Vigilancia del Cese el Fuego, creada por la Cedeao y dirigida por Nigeria, cumplió su misión de mediación en Sierra Leona, pero sufrió reproches de ejecuciones extrajudiciales. Además, la Cedeao nunca hizo presión sobre los jefes de Estado de la subregión tentados por un tercer mandato inconstitucional (Alassane Ouattara en Costa de Marfil, Alpha Condé en Guinea, etcétera).

“Regímenes títeres de Occidente”

“[La Cedeao] incumplió dos cosas importantes –confirma el periodista centroafricano Seidik Abba– al involucrarse poco en la prevención de los golpes de Estado (Guinea, Malí) y en la respuesta al desafío securitario”¹⁴. El “despertar” actual de la organización se debe al riesgo de desestabilización regional y al activismo de su presidente en ejercicio, el nigeriano Bola Tinubu, motivado tanto por desafíos políticos internos como por el estatus de potencia continental de su país. La idea de una intervención militar, siempre delicada, divide de modo profundo al continente: con excepción del dirigente de Cabo Verde, los demás dirigentes de la Cedeao (amputada de los cuatro países golpistas suspendidos) son favorables a ella pero deben superar reticencias internas (parlamentarios, medios de comunicación); el 19 de agosto, la Unión Africana se contentó con “tomar nota” de la elección de la organización regional a la vez que reafirmaba su preferencia por la diplomacia; las potencias vecinas, sobre todo Argelia y Chad, eran reticentes a ella. Toda intervención militar comporta riesgos, en especial en zona civil: la población de Niamey, ciudad ya conquistada por la oposición bajo Bazoum, se moviliza para defender al Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP) instaurado por los generales rebeldes.

Frente a estos desafíos, los militares golpistas no formulan proyectos políticos claros más allá de los eslóganes patrióticos y de un panafricanismo “pragmático”, según la expresión del coronel guineano Mamadi Doumbouya. No obstante, se adoptaron algunas medidas simbólicas importantes: denuncia del acuerdo fiscal con Francia por parte de Uagadugú, requerimiento a las empresas extranjeras de constituir una razón social en Guinea por parte de las autoridades de Conakri, que asimismo llaman a transformar las materias primas in situ. ¿Acaso los golpistas pondrán los recursos nacionales al servicio del país –y de su “desarrollo endógeno”, como afirman Doumbouya y su homólogo burkinés– o se apoderarán de ellos? El capitán Traoré de Burkina Faso no pasó inadvertido, durante la cumbre Rusia-África de San Petersburgo, en julio de 2023, al reprocharles con crudeza a los jefes de Estado africanos su “mendicidad” cuando África es rica en minerales. “Un esclavo que no se rebela no merece piedad –declaró–. La Unión Africana debe dejar de condenar a los africanos que deciden luchar contra sus propios regímenes títeres de Occidente”. Si bien cultiva la comparación con Thomas Sankara¹⁵, cuya boina roja enarbola, hasta el momento no formuló una crítica elaborada de la división internacional del trabajo que confina al continente a una posición subalterna. En Níger, el primer ministro nombrado por el CNSP el 7 de agosto, Lamine Zeine, es de hecho un economista, representante de su país ante el Banco Africano de Desarrollo y artesano del diálogo con las instituciones financieras internacionales en los años 2000. En calidad de tal, defendió las políticas que asfixiaron a los jóvenes Estados africanos.

Anne-Cécile Robert, de la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Micaela Houston.