Un escenario de inestabilidades ha llevado a una caída paulatina en la popularidad de Daniel Noboa, quien ahora cuenta con el 52 por ciento de la aprobación de la población tras el 80 por ciento de marzo. Mientras tanto, ya se vislumbran en el horizonte las próximas elecciones presidenciales, previstas para febrero de 2025.

En noviembre de 2023, Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador para cumplir un mandato de 18 meses, después de que su predecesor, Guilherme Lasso, renunciara en medio de una crisis política. El joven hijo de un magnate bananero, hasta entonces diputado federal, creció en las redes sociales durante las elecciones, apoyado en una eficiente comunicación digital segmentada hacia diferentes públicos. Su discurso combinó promesas para recuperar la economía nacional a través de un proyecto liberal y para promover un plan de seguridad pública capaz de contener la creciente violencia del narcotráfico.

Una vez en el gobierno, Noboa armó un gabinete ministerial basado en la igualdad de género y orientado, en el discurso, a la necesidad de atender las demandas sociales relacionadas con la juventud, el medio ambiente y los movimientos sociales. Nombró en cargos clave, en su mayoría, a exmiembros de las empresas privadas más grandes de Ecuador, a activistas vinculados a organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras y a influencers digitales.

En nombre de la gobernabilidad, buscó el apaciguamiento, para lo que tejió un acercamiento con Revolución Ciudadana, el partido de izquierda vinculado con el expresidente Rafael Correa, sector que había sido derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (liderado en esa ocasión por Luisa González), pero ganó la bancada más grande de la Asamblea Nacional. Noboa también se distanció de su propia vicepresidenta, Verónica Abad, partidaria de figuras de la extrema derecha regional, como los mandatarios Nayib Bukele y Javier Milei, de El Salvador y Argentina, respectivamente. Para contrarrestar su posible influencia, Noboa la envió a servir como embajadora en Israel, lo que abrió una crisis en la relación entre ambos.

Luego de estos movimientos iniciales, la primera prueba del gobierno tuvo lugar en enero, cuando se produjo una fuga masiva de reclusos vinculados con el narcotráfico, que luego promovieron una ola de violencia y asesinatos en el país. Incluso invadieron las estaciones de televisión, que transmitieron las imágenes en vivo. Noboa decretó el estado de sitio, impuso un toque de queda y envió a los militares a las calles. Las medidas siguen vigentes hasta el día de hoy en algunas provincias del país.

Con un alto índice de popularidad en marzo (80 por ciento), Noboa logró aprobar una serie de cambios legales y constitucionales para combatir el crimen organizado. Firmó acuerdos con Estados Unidos para llevar a cabo operaciones militares conjuntas, con el otorgamiento de privilegios, inmunidades y libre tránsito de vehículos operados por el Departamento de Defensa estadounidense en territorio ecuatoriano.

En la práctica, tales acciones significaron una profundización de la estrategia de militarización de la seguridad pública, respaldada por una estrecha relación con Washington, vigente en el país desde el fin del gobierno de Correa, a partir de 2017. Las medidas de Noboa provocaron, sin embargo, una tensión en el acuerdo de gobernabilidad con Revolución Ciudadana, que las critica.

La ruptura definitiva entre las partes se produjo en abril, cuando el expresidente correista Jorge Glas fue retirado por la policía federal de la embajada mexicana, donde solicitaba asilo diplomático por considerarse perseguido por la justicia ecuatoriana en un caso de corrupción. El incidente puso fin a la mayoría del gobierno en la Asamblea Nacional.

Más allá de las instituciones, Noboa perdió el apoyo popular al no cumplir otra promesa clave en su campaña electoral: instrumentar un plebiscito de 2023 en el que la mayoría de la población votó a favor de poner fin a la exploración petrolera en la reserva Yasuní. La continuidad de las actividades ha desatado protestas callejeras encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y organizaciones ambientalistas, que también exigen una reducción en el uso del gas natural.

Presionado por un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019 y que se mantiene en vigor, el gobierno adoptó una política de austeridad fiscal. Dada la presión por más inversiones en seguridad, se ha vuelto más dependiente de los recursos del sector de los combustibles fósiles (en el que operan empresas extranjeras) para pagar la deuda externa contraída, en un círculo vicioso de dependencia externa.

Noboa aún no ha confirmado si buscará la reelección en febrero de 2025, pero da señales de que apostará por la agenda de seguridad para alcanzar ese objetivo. Las medidas anunciadas incluyen la búsqueda de capitales extranjeros para financiar el ambicioso Plan Fénix (que busca reformar el sistema penitenciario, ampliar las cárceles de máxima seguridad y reequipar a las fuerzas policiales y militares) y una reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país (como lo hizo Estados Unidos en el pasado, hasta que fueron prohibidas bajo el gobierno de Correa). De ser reelegido, Noboa indica que tiene mucho de qué hablar con quien ocupe la Casa Blanca a partir del próximo año.

Ghaio Nicodemos y Beatriz Bandeira de Mello son investigadores del Observatorio Político Sudamericano (Opsa) del Iesp-UERJ. Artículo publicado en Le Monde diplomatique, edición Brasil.