Sudáfrica y una causa universal

Seis millones de judíos fueron asesinados entre 1933 y 1945, víctimas de un genocidio inédito por su amplitud y su carácter industrial. Cerca de 80 años más tarde, Israel, el Estado que supuestamente debería proporcionar un remanso para los sobrevivientes y sus descendientes, fue a su vez acusado por Sudáfrica de cometer un genocidio. En efecto, el 29 de diciembre de 2023, basándose en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, Sudáfrica solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordene a Israel el cese de sus operaciones militares “en y contra” la Franja de Gaza, y otras “medidas provisionales” con el fin de impedir que se cometan daños “irreparables” a los habitantes del enclave.

Denunciando un “mundo al revés”, el gobierno israelí afirma luchar contra Hamas, no contra la población de Gaza, y califica las atrocidades cometidas por la organización palestina el 7 de octubre de 2023 de “pogromo”, acusándola a su vez de “crímenes contra la humanidad”¹.

El 26 de enero, la CIJ emitió un dictamen provisional, reconociendo el “riesgo plausible” de genocidio, y ordenó a Israel “tomar todas las medidas en su poder” para prevenir futuras matanzas en Gaza en línea con la Convención de 1948. La CIJ reconoce la urgencia de la situación y establece diferentes tipos de medidas cautelares: abstenerse de cometer acciones prohibidas por la Convención sobre el Genocidio, prevenir y castigar su incitación, permitir la asistencia humanitaria, preservar las evidencias, presentar un informe a la Corte en el plazo de un mes con las acciones tomadas para implementar el dictamen. Pero no ordenó un cese del fuego.

Tenga éxito o no, la denuncia de Sudáfrica tendrá pocos efectos concretos sobre la suerte de los gazatíes, porque la CIJ no tiene ningún medio para imponer nada a los estados desobedientes. En cambio, sus consecuencias políticas y simbólicas podrían resultar considerables. Al ordenar estas medidas, la CIJ reconoce –previo a cualquier decisión de fondo, que podría tomar varios años– que el riesgo de genocidio es lo suficientemente plausible como para justificar la adopción de medidas preventivas². En efecto, el proceso se produce cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), paralizado por el veto estadounidense, es incapaz de llamar a un cese del fuego o incluso de fijar límites serios a las acciones mortíferas del Ejército israelí. “Es la propia reputación del derecho internacional la que está en juego”, afirmó Blinne Ni Ghrálaigh, uno de los abogados de Pretoria. Las alertas del secretario general de la ONU, António Guterres, y de varios organismos de las Naciones Unidas no han producido ningún efecto sobre Washington y su principal aliado, Gran Bretaña, a pesar de que todas las reglas humanitarias están siendo violadas³. Frente a la inacción internacional, encubierta por un ensordecedor silencio mediático en Europa, la CIJ pasa a ser la única instancia capaz de recordar el derecho y de dar una voz a los palestinos⁴.

Al mismo tiempo, varias organizaciones internacionales y el Estado de Palestina pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que emitiera órdenes de arresto contra varios dirigentes israelíes⁵. A diferencia de la CIJ, que se ocupa de juzgar las acciones entre estados, la CPI lleva adelante procesos contra individuos acusados por crímenes de guerra o contra la humanidad, pero muchos países, entre ellos Israel, no le reconocen jurisdicción para juzgar a sus ciudadanos. Y además el fiscal de la CPI, Karim Khan, a pesar de haber demostrado una gran celeridad para acusar al presidente ruso Vladimir Putin [en ocasión de la invasión a Ucrania de febrero de 2022], en este caso parece dudar. “Cuando las pruebas que recogemos alcancen el umbral de una perspectiva realista de condena, no dudaré”, se justificó⁶. También se presentaron denuncias contra los dirigentes de Hamas, sin mayor efecto por el momento.

Más allá del cruce de argumentos jurídicos, la descripción en las audiencias solicitadas por Sudáfrica de la destrucción de Gaza y de los sufrimientos de la población, televisada a escala mundial desde los edificios históricos de la CIJ en La Haya, constituye en sí misma un reconocimiento de la gravedad de los acontecimientos y de la seriedad de la denuncia. “No da lo mismo que esos hechos sean expuestos en un marco formal, siguiendo los códigos jurídicos vigentes, pronunciados por abogados y escuchados por jueces. Incluso la sobriedad del ritual y la coreografía de la audiencia son una suerte de bendición –analiza la periodista y ensayista sudanesa Nesrine Malik–. Todo ello pone de relieve la enormidad de la denegación de los derechos de la población de Gaza [...] y el chocante abandono”⁷ de la “comunidad internacional”.

Legitimidad indiscutible

La carga simbólica de la acusación de Sudáfrica contra Israel proviene tanto de la identidad del acusado como de la del acusador. Para defenderse, Tel Aviv designó al juez Aharon Barak, sobreviviente de la Shoah, mientras que Pretoria nombró a Dikgang Ernest Moseneke, compañero de cautiverio de Nelson Mandela en Robben Island. Último país colonizado de África, vencedor pacífico de uno de los regímenes racistas más criminales de la historia –el apartheid–, Sudáfrica está investida de una legitimidad indiscutible para presentar una denuncia. La adhesión del país a la causa palestina es antigua, y el propio Mandela a menudo comparó los sufrimientos de los dos pueblos “colonizados”: “Nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos”, declaraba. Pretoria nunca pierde la oportunidad de recordar y condenar la situación en los territorios ocupados, adonde Mandela efectuó un memorable viaje en 1999.

Además de los gestos simbólicos, Sudáfrica siempre acompañó su apoyo con acciones concretas: reconocimiento de la soberanía del Estado palestino en 1995 y condena sistemática, desde 2006, de las operaciones militares israelíes en Gaza. También intentó introducir la palabra “genocidio” en un comunicado de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica–, llamando a un cese del fuego el 21 de noviembre de 2023, pero se topó con las reticencias de Rusia, a su vez demandada por el mismo crimen por Ucrania ante la CIJ, y de China, acusada de la misma manera por el tratamiento impuesto a los uigures.

Una vez conocida la acusación, Israel intentó desacreditar a Sudáfrica invocando supuestos vínculos entre dirigentes del Congreso Nacional Africano (ANC, en inglés) y Hamas⁸. Pero, aun cuando tales relaciones fueran comprobadas, no tendrían el menor alcance, porque el genocidio, siendo un crimen contra la humanidad, debe ser juzgado en sí mismo e impedido por cualquier medio, por quien sea y en cualquier lugar en que se cometa. La CIJ lo recordó al rechazar la proyección, solicitada por Israel, del video de las atrocidades cometidas por Hamas y la Yihad Islámica el 7 de octubre de 2023. Dado que nada puede jamás justificar la destrucción de un pueblo por lo que es, cualquier intento de explicación es en sí mismo vano. Los jueces se concentran en los hechos que se están desarrollando.

El expediente elaborado por Pretoria se dedica a responder de mamera minuciosa a los criterios constitutivos del crimen de genocidio: masacres –directas o por destrucción deliberada de aquello que permite vivir, como la alimentación o la atención médica– de un grupo dado de personas con la intención de destruirlo, de forma total o parcial, en tanto tal, por motivos étnicos, raciales, religiosos... Los juristas sudafricanos describieron el alto número de muertos, entre los cuales cerca de 70 por ciento son mujeres y niños, el desplazamiento forzado del 85 por ciento de la población de Gaza, el cierre de dos tercios de sus hospitales, y la ausencia de un refugio seguro, incluso en el sur del enclave, que también fue bombardeado. “Esta masacre significa ni más ni menos que la destrucción de toda vida en Palestina”, resumió la jurista Adila Hassim.

Israel justificó sus operaciones aludiendo a la práctica de Hamas, constitutiva en sí misma de crímenes de guerra, de usar “escudos humanos”, ya que instalaría sus puestos de mando en edificios civiles o en infraestructuras hospitalarias. Pero no pudo demostrar, señala el jurista Kenneth Roth⁹, que su reacción fuera “proporcionada”, como exige el derecho internacional, ni justificó los bombardeos en zonas densamente pobladas, en ese caso necesariamente “a ciegas”. Israel tampoco pudo probar que el hospital Al-Shifa, destruido por medio de ataques masivos y repetidos, albergara el cuartel general de Hamas.

“Animales humanos”

Como prueba de la intencionalidad del crimen, los juristas sudafricanos presentaron varias declaraciones oficiales: la del ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, calificando a los palestinos como “animales humanos”, la del presidente, Isaac Herzog, negando cualquier distinción entre Hamas y los civiles necesariamente cómplices, y sobre todo las repetidas referencias –incluso en boca de Benjamin Netanyahu– a Amalec, pasaje de la Biblia que convoca al asesinato de todos, “hombres, mujeres, niños y recién nacidos”. Pretender que tales declaraciones estarían tomadas al azar y no serían representativas, como hicieron los abogados de Israel, no tiene asidero, teniendo en cuenta el rango de aquellos que las pronunciaron y el hecho de que no fueron ni desmentidas ni sancionadas.

De un modo más razonable, Tel Aviv afirma que las palabras denunciadas no conforman un plan deliberado característico de una intención genocida y que más bien traducen el impacto provocado por las masacres del 7 de octubre de 2023. En efecto, hasta ahora la CIJ se basó en la existencia de un proyecto o de una política “de exterminio” buscada por un Estado o una organización para clasificar el delito como un crimen contra la humanidad (casos “Bosnia contra Yugoslavia” y “Gambia contra Myanmar”). Por lo tanto, en el caso de Gaza, tendrá que precisar si el efecto combinado de las palabras y de los actos sobre el terreno van en la misma dirección. Los videos de soldados israelíes regocijándose por sus actos y refiriéndose a Amalec contribuyen a ello en la medida en que sugieren –según Roth– que “el mensaje genocida se abre camino”.

Tel Aviv también planteó el desequilibrio que representaría una acción ante la Justicia cuyas consecuencias pesarían en su totalidad sobre Israel y ninguna sobre Hamas, quien continúa lanzando cohetes. La interrupción de las operaciones militares otorgaría una ventaja a la organización palestina, afirman los abogados de Israel. En efecto, es la primera vez que la acusación de “genocidio” es realizada contra un Estado que reacciona ante una agresión armada calificada de “terrorista” y que se presenta como ejerciendo su derecho a la legítima defensa.

Anticipando la objeción, los abogados de Sudáfrica, en la presentación de su petición, condenaron, con claridad y sin ambigüedades, los crímenes de Hamas del 7 de octubre de 2023; luego solicitaron a la Corte que ordenaran tanto a Pretoria como a Tel Aviv que, conforme a las obligaciones que emanan de la Convención de 1948, tomen todas las medidas en su poder para impedir la realización del crimen de genocidio.

En esta fase del proceso, alcanza con demostrar que la realización de un genocidio es simplemente plausible. Por lo tanto, el nivel de exigencia es bastante “bajo”, como recuerda el jurista David Kaye¹⁰, ya que alcanza con demostrar la urgencia y el riesgo de generar “perjuicios irreparables” a la población, incluso por medio de la destrucción de las pruebas. En 1993, la CIJ ordenó medidas preventivas parecidas a Yugoslavia y, en noviembre de 2023, a Myanmar, en el caso de los rohinyás.

Alcance geopolítico

La presentación sudafricana obtuvo muchos apoyos internacionales, en particular del sur: Brasil, Indonesia, Egipto, Turquía, etcétera. Más de 50 países se manifestaron a favor de la denuncia, aun cuando hasta el momento ninguno se sumó en términos formales. La acción interpuesta por Pretoria es, en sentido propio, extraordinaria. Un Estado del sur acusa a una nación desarrollada, que se proclama perteneciente a Occidente, de cometer uno de los crímenes más graves en el derecho internacional.

El respaldo fue menor en el mundo desarrollado. A pesar de que 32 países, entre ellos 26 miembros de la Unión Europea, se habían unido a la acción interpuesta por Ucrania contra Rusia ante la CIJ con el mismo fundamento –la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio–, ningún país occidental apoya hoy a Sudáfrica. Sólo Alemania contempla participar en el proceso... pero del lado de Israel. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, rechazó otorgar valor a una denuncia “sin fundamentos”, en tanto el primer ministro británico, Rishi Sunak, la consideró “injustificada”. Por su parte, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Stéphane Séjourné, la calificó como una “falta moral” el pasado 17 de enero en la Asamblea Nacional.

Sudáfrica jugó la carta simbólica al enviar a La Haya una delegación internacional de juristas negros y blancos, hombres y mujeres, como un modo de encarnar en términos visuales, la universalidad de su petición. Es la humanidad entera la que observa. Porque este proceso es también el de la “doble vara”, y el mundo occidental está cayendo en ella, al riesgo de socavar todo el orden internacional construido sobre el “Nunca más”. Al ratificar la Convención sobre el Delito de Genocidio, todos los países occidentales se comprometieron a respetarla, pero también a hacerla respetar.

El embajador de Francia ante la ONU, Nicolas de Rivière, que indudablemente aún no había recibido una instrucción particular sobre este tema, recordó, a comienzos de enero, durante una conferencia de prensa, que Francia era, por principio, partidaria de la justicia internacional y que apoyaría tanto la decisión de la CIJ como la de la CPI, cualesquiera fuesen. El magistrado Reed Brody¹¹ subraya que, al aceptar el proceso y dedicarle importantes medios, el mismo Israel reconoció la legitimidad y la gravedad de la solicitud, debilitando moralmente su más que probable rechazo a aceptar una eventual sentencia negativa.

Pero la presión moral de una “solución estigmatizante”, según la expresión de Roth, para un Estado surgido de un genocidio será sin duda muy fuerte sobre sus aliados, Estados Unidos y Europa, donde se han realizado movilizaciones a favor de los palestinos. Sin duda se iniciará una pulseada, que podría aliviar a la población de Gaza, al menos facilitando la ayuda humanitaria. En Bélgica se elevan voces para que el reino se una a la acción sudafricana, como la de la vice primera ministra, Petra De Sutter. Asimismo, Pretoria estaría considerando demandar a Londres y Washington por complicidad con el genocidio, en vista de su apoyo material al esfuerzo de guerra israelí, mientras que la inacción de los otros signatarios de la Convención de 1948 también podría conducirlos algún día ante la CIJ. Todos deben hacer aplicar la decisión del 26 de enero.

La denuncia de Sudáfrica contra Israel reviste un alcance geopolítico aún más amplio y que la excede. En efecto, pone a los países occidentales “en situación de desacreditar su propio sistema” y “la autoridad moral que se atribuyeron para llevar a cabo políticas exteriores supuestamente protectoras de los débiles y firmes contra los agresores –subraya Malik–. Es característico de una confrontación más amplia, que revela las contradicciones occidentales y el debilitamiento de su poder de influencia”¹².

Anne-Cécile Robert, de la redacción de Le Monde diplomatique (París). Traducción: Micaela Houston.