Auge de la extrema derecha portuguesa

Ninguna de las fuerzas políticas portuguesas alcanzó la mayoría absoluta en las elecciones de marzo. En un principio se temió que la derecha, que quedó primera, formara una alianza con los ultras de Chega. Esto, a 50 años de la Revolución de los Claveles¹, hizo surgir la pregunta de si el país podría llegar a reconectarse con los demonios de la dictadura.

El 10 de marzo, un partido de extrema derecha se convirtió en la tercera fuerza política del país. Chega (“Basta”) pasó del 7,15 por ciento de los votos emitidos en las legislativas de 2022 a casi el 18 por ciento y cuadriplicó su número de diputados, de 12 a 50. En una votación marcada por la participación más alta desde 1995 –59,84 por ciento– fue la Alianza Democrática (AD), una coalición de partidos de la derecha tradicional liderada por el Partido Socialdemócrata (PSD), la que ganó con el 29,5 por ciento de los votos y 79 diputados. Lejos de los 116 escaños de la mayoría absoluta. En 2022, el Partido Socialista la había obtenido por sí solo; esta vez alcanzó un techo del 28 por ciento y 77 diputados. Tras ocho años en el poder, sus dirigentes declararon que ahora estaban “en la oposición” y cerraron la puerta a un eventual pacto de gobierno con la derecha [NdR: Aunque luego se acordó in extremis una presidencia rotativa del Parlamento, los socialistas aclararon que eso no implica cogobernar (El País, Madrid, 27-3-2024)].

Caldo de cultivo

Medio siglo después de la caída de la dictadura fascista de António de Oliveira Salazar y Marcello Caetano Read², uno de cada seis electores votó por la extrema derecha y puso fin a la excepción portuguesa. André Ventura creó Chega hace cinco años, aprovechando la notoriedad que adquirió desde 2014 en un canal de cable muy popular como columnista deportivo. Durante mucho tiempo militante del PSD, encabezó la lista del partido en 2017 en las elecciones locales, en Loures –un municipio al norte de Lisboa entonces dirigido por los comunistas– y saltó a los titulares al atacar a una comunidad gitana que viviría “casi exclusivamente de los subsidios del Estado”³. A pesar del escándalo, el presidente del PSD, Pedro Passos Coelho –primer ministro de 2011 a 2015– lo siguió apoyando.

El fracaso del intento de Ventura de asumir el liderazgo del partido de centroderecha lo llevó a crear su propio partido. Desde allí desarrolló un discurso hostil a las minorías y al casamiento entre personas del mismo sexo y reiteró su “compromiso con los valores de la socialdemocracia portuguesa”. También se benefició del apoyo financiero de poderosos empresarios, así como de una fuerte exposición –tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales–, desproporcionada respecto de su peso electoral, mientras que otras fuerzas políticas, como el Bloque de Izquierda o el Partido Comunista Portugués (PCP), seguían estando subrepresentados.

¿Pero qué precipitó la entrada de Portugal en el club de los países europeos donde la extrema derecha desempeña un rol significativo en el Parlamento? El tiempo, por supuesto: el recuerdo de la dictadura que se desvanece, con más fuerza aun cuando se la borra, como cuando desaparece la placa que señala los locales en Lisboa de la PIDE, la temible policía política disuelta en 1969. El surgimiento del partido Vox en España constituyó, respecto de esto, una especie de alerta regional⁴.

Para seducir a los votantes, Chega también supo combinar posiciones neoliberales con propuestas sociales, como la promesa de aumentar las jubilaciones de 200 a 300 euros para acercarlas al salario mínimo nacional (820 euros en 2024, frente a 505 euros en 2015, con un salario medio de alrededor de 1.500 euros en 2023)⁵. Esto sin renunciar a un discurso “antisistema” y “anticorrupción” ilustrado por el eslogan “Limpiar Portugal”. Fuerzas de seguridad, policías, excombatientes de las guerras coloniales, profesionales de la salud, profesores...: en el fondo, el partido de Ventura promete mejorar la vida de casi todos.

Chega también se benefició del alarmismo reinante en torno a la inseguridad en un país donde, no obstante, sólo aumentaron los delitos de discriminación e incitación al odio (38 por ciento entre 2022 y 2023)⁶. Además de los gitanos portugueses (ciganos), el movimiento ha centrado sus ataques en los inmigrantes procedentes de países africanos de habla portuguesa y del sur de Asia que trabajan en la agricultura y en plataformas digitales. Ventura quiere derogar los acuerdos de circulación firmados por Lisboa con sus excolonias. Tantos argumentos que dan en el blanco en un contexto de presión presupuestaria sobre los servicios públicos y continuidad de salarios bajos. La tasa de desempleo ciertamente disminuyó del 16,3 por ciento en 2013 al 6,5 por ciento en 2023, pero aumentó al 20,3 por ciento entre los jóvenes⁷.

Si bien toma distancia de las políticas de austeridad ejecutadas por la derecha hasta 2015, la estrategia de Chega consiste también en sacar provecho de las insuficiencias y los errores de gobernanza de la izquierda en el poder. La coalición –apodada la geringonça (el “coso”)– formada en 2015 por el Partido Socialista, el Bloque de Izquierda, el PCP y el Partido Ecologista-Los Verdes (PEV) cuestionó los recortes salariales y de pensiones y contribuyó, hasta 2019, a una modesta recuperación de la demanda interna. Durante este período, Portugal experimentó un aumento de los salarios (en particular del salario mínimo), ligeros aumentos de las prestaciones sociales (sobre todo las más bajas) y algunas inversiones en los servicios públicos, lo que no impidió, sin embargo, la salida de muchos de sus empleados al extranjero o hacia el sector privado, en particular en el sector de la salud.

Pero las fuerzas políticas a la izquierda del Partido Socialista nunca lograron imponer otros cambios estructurales, como la anulación de las privatizaciones y de las reformas, en particular la de las leyes laborales, impuestas desde 2011 por la “troika” formada por el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI)⁸. En paralelo, los superávits presupuestarios alcanzados a partir de 2019 por un gobierno socialista obsesionado con sanear las cuentas públicas no pudieron ser redistribuidos, y los aumentos de salarios y pensiones no compensaron la caída del poder adquisitivo vinculada con la pandemia de covid-19, la inflación y el aumento de las tasas de interés. Las acusaciones de corrupción más o menos fundamentadas contra miembros del gobierno –y que culminaron con la decisión de dimitir, en noviembre de 2023, del primer ministro António Costa al ser objeto de una controvertida acusación por parte de la Fiscalía– crearon las condiciones para el terremoto electoral del 10 de marzo.

Ideas viejas

Mientras los excesos de Ventura escandalizaron a parte del país, el líder de la Alianza Democrática, Luís Montenegro, no pudo evitar que el barniz centrista de su coalición se resquebrajara. Así, uno de sus candidatos mencionó la formación de milicias privadas para frenar la inseguridad e incluso la intervención del Ejército. El ex primer ministro Passos Coelho (2011-2015) asoció de forma explícita inseguridad e inmigración, y un candidato del Partido de Centro Democrático y Social –Partido Popular (CDS-PP) –, socio del PSD, defendió un nuevo referéndum para anular la ley que rige la interrupción voluntaria del embarazo.

Porque, en realidad, Ventura no tiene la exclusividad de las nuevas ideas. En 2010, cuando estaba a la cabeza del PSD, Coelho afirmaba que era necesario “repensar el Estado” creador de “subsi dependencia” y en 2014, una vez jefe de gobierno, hizo recortes en las prestaciones sociales. Al frente del CDS-PP durante 16 años (1998-2005 y 2007-2016), Paulo Portas se indignaba, como hoy lo hacen los portavoces de Chega, frente a los “abusos” y los “fraudes” de los “subsi dependientes”, esos “perezosos que no quieren trabajar”. A partir de 2002, Portas atacó de manera directa, durante las campañas electorales, a los vendedores ambulantes, a menudo gitanos, para criticar las prestaciones sociales.

Después de la revolución de abril de 1974, muchos obstáculos parecieron impedir que la extrema derecha volviera a ser influyente. La Iglesia Católica se mantenía discreta debido a su implicación con la dictadura y más bien insistía en los valores sociales. La memoria colectiva de la descolonización y de la integración de los portugueses “repatriados” de África, combinada con la existencia de grandes comunidades de emigrantes, que salían en particular hacia Francia, limitaron el discurso xenófobo. La fuerte influencia del PCP y de los sindicatos mejoró las condiciones laborales y promovió el progreso social. En cuanto al tema de la seguridad, quedó atado a los militares revolucionarios, lo que no facilitó su apropiación por parte de la derecha. La Constitución de 1976, redactada bajo influencias socialistas, garantizó los logros de la Revolución de los Claveles, ocurrida el 25 de abril de 1974, tales como la irreversibilidad de las nacionalizaciones, la reforma agraria o la gratuidad de la asistencia sanitaria.

Todo esto fue, poco a poco, eliminado desde mediados de los años 1980. Después de dos intervenciones del FMI (1977 y 1983) y de la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, la Constitución fue revisada en 1989 con el objetivo de liberalizar el sistema económico modificando la irreversibilidad de las nacionalizaciones, de facilitar las privatizaciones, de reducir el peso de la economía planificada por el Estado, de eliminar la referencia constitucional a la reforma agraria y de abrir la puerta al desmantelamiento de los servicios públicos.

Ciertamente, los fondos europeos que llegaron con la integración europea permitieron modernizar algunos sectores (telecomunicaciones, infraestructura vial, finanzas), pero otros, como la industria textil de Vale do Ave (en el norte del país), quedaron devastados por la apertura a la competencia. La integración de Portugal en la Unión Europea y en la zona euro generó una importante afluencia de capitales, pero el nuevo modelo de especialización productiva, moldeado por la sucesión de liberalización y luego por la crisis de 2008, benefició sobre todo a los sectores del turismo y del mercado inmobiliario. Fue suficiente como para acentuar el carácter profundamente desigual del país a nivel socioeconómico, territorial y ambiental. Mientras que gran parte de la población se siente abandonada, algunos sectores han sabido aprovechar cada crisis y ahora apuestan por la extrema derecha para aplicar un programa aún más favorable a sus intereses económicos.

Para los dirigentes de Chega los objetivos son claros. Se trata de poner fin a la alternancia entre dos bloques (liberal, socialista) y de sustituirla por un panorama tripartito para favorecer una agenda neoliberal, de seguridad y antiinmigración. Este proyecto se basa en una alianza entre los sectores más conservadores del capitalismo portugués y una burguesía intermediaria que obtiene sus ingresos del sector inmobiliario y de la agricultura.

Para quienes defienden la democracia nacida hace 50 años, la declaración de Ventura durante la velada electoral suena como una sombría advertencia: “Hoy también hemos hecho un balance de la historia. De nuestra historia después del 25 de abril [...], con esas décadas de manipulación y dominación de la extrema izquierda y de la izquierda, de control de las redacciones, de las instituciones, de nuestra economía [...], con un país silenciado, cuando tanta gente vio que el país de abril se convertía en decepción de abril”. ¿Cómo podrá la izquierda reapropiarse de la referencia, aún ineludible, a la revolución?

Sandra Monteiro, directora de la edición portuguesa de Le Monde diplomatique. Traducción: Micaela Houston.