Entre saqueadores

Récord para este país en guerra desde 1997: el número de personas desplazadas en el interior de la República Democrática del Congo (RDC) se elevaba a siete millones a fines de 2023¹. La sucesión de conflictos también provocó millones de víctimas. Su número exacto sigue siendo incierto, pero, por sí sola, la guerra en el este del país entre agosto de 1998 y diciembre de 2002 mató, directa o indirectamente, a tres millones de personas según el International Rescue Committee (IRC).² En más de 60 años de existencia independiente, la RDC nunca experimentó la paz y la estabilidad de formas duraderas. Las condiciones en las que esta excolonia belga accedió a la independencia en 1960 así como el modelo de desarrollo elegido por sus dirigentes explica la fragilidad intrínseca del Estado y las tensiones que lo desgarran.

Tras el asesinato del primer ministro Patrice Lumumba por los servicios secretos belgas y estadounidenses en 1960, el largo reinado de Joseph Mobutu Sese Seko (1970-1997), apoyado por los occidentales, colocó al país, renombrado Zaire en 1971, en una economía de alquiler, corrupta, depredadora y desigual, de la que el gigante de África Central aún no ha salido. A pesar de abundantes riquezas naturales (51 por ciento de las reservas mundiales de cobalto, 31 por ciento de las de diamante industrial, seis por ciento de las de diamante de calidad de gema, nueve por ciento de tántalo), la RDC estaba, a inicios de los años 1990, entre los países más pobres y endeudados, mientras que la fortuna personal de su presidente superaba los 4.000 millones de dólares³. Con la partida de los colonizadores belgas, las nuevas élites nacionales pretendían convertir el país en el “Brasil de África”, con la Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) a la cabeza, creada por la nacionalización de la Unión Minera del Alto-Katanga (UMHK, por sus siglas en francés). Víctima de las depredaciones del presidente Mubutu y de su familia que saquearon la empresa en función de sus necesidades personales, la firma siguió perdiendo dinero antes de ser privatizada en 2008 por requerimiento de las instituciones financieras internacionales⁴.

Nunca administrado correctamente, el Zaire –que se convirtió en la RDC en 1998– aún sigue siendo un Estado frágil incapaz de cumplir sus misiones básicas y de garantizar su seguridad tanto interna como externa. Esta deficiencia se ve agravada por el tamaño excepcional del país: 2.345.400 km², es decir dos veces la Unión Europea y cuatro veces Francia. El final del reinado errático de Mobutu precipitó al país en el caos con múltiples motines. Los militares saquearon la capital Kinsasa en 1991. La ausencia de un desenlace político democrático radicalizó de forma progresiva a los actores sociales, cayendo algunos de ellos en la lucha armada. El genocidio de los tutsis de la vecina Ruanda, entre abril y julio de 1994, le dio una dimensión regional a la crisis: refugiados, grupos armados que perseguían a los asesinos y criminales en fuga, encontraron en Zaire una tierra de asilo o un terreno de enfrentamiento.

Es en este contexto que emerge, en 1996, una rebelión militar. Apoyada por Ruanda y Uganda, liderada por Laurent-Désiré Kabila, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL) logró la caída de Mobutu en 1997. Pero el alivio causado por la huida del dictador –que moriría en Rabat en setiembre del mismo año– no duró. El nuevo gobierno “de salvación pública” cayó a su vez en el autoritarismo al mismo tiempo que se emancipó de los Estados vecinos. Ruanda y Uganda suscitan entonces una segunda rebelión (1998-2003), orquestada por la Agrupación Congoleña para la Democracia (RDC, por sus siglas en francés) y el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), con el fin de apartar a Laurent-Désiré Kabila. Angola, Burundi, Namibia, Uganda, Ruanda, Sudan, Chad, Zimbabue: ocho países intervinieron de modo directo o por intermedio de una variedad de grupos armados⁵. Los objetivos políticos se mezclaron con la avaricia y la codicia por los yacimientos mineros de la RDC.

Contrabandistas y cazadores furtivos

En la actualidad la región más afectada por la inseguridad y la guerra sigue siendo Kivu, en la frontera con Uganda y Ruanda. Es en esta provincia del este que actúan las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) –de origen ugandés, afiliadas a la Organización del Estado Islámico (OEI) desde 2017– que buscan imponer la ley islámica sharía en esta parte de la RDC; las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) que defienden los intereses de los Hutus ruandeses refugiados en el Congo y se oponen al régimen de Paul Kagame; milicias étnicas como los Mai-Mai, los Banyamulenge, los Interahamwe que buscan proteger a su comunidad hutu de los traficante de toda clase; así como contrabandistas y cazadores furtivos que exterminan la fauna y saquean sitios artesanales de extracción minera. Con sus aliados de la Alianza Río Congo (AFC, por sus siglas en francés) creada en 2023, el Movimiento del 23 de Marzo (M23), apoyado por Kigali, ocupa asimismo amplias áreas de la provincia. Se trata de un grupo rebelde que cometió varias atrocidades desde su creación en 2012 y retomó las armas en noviembre de 2021, a pesar del acuerdo de paz firmado con la RDC el 12 de diciembre de 2013 en Nairobi.

La zona este del país es el escenario de un número incalculable de crímenes y violaciones a los derechos humanos⁶. En ciertas localidades, comunidades enteras fueron desplazadas por la presión de bandas armadas que buscan tomar el control de áreas ricas en recursos o de sus rutas de acceso, sea para financiar la compra de armas, para enriquecimiento personal o por cuenta de grandes multinacionales que recurren a intermediarios para comprar los minerales a grupos armados. Las poblaciones locales también pueden ser usadas como mano de obra forzada por explotar los recursos mineros. Las Fuerzas Armadas de la República del Congo (FARDC) también son acusadas de forma periódica de cometer crímenes. Los niños soldados también son una realidad: en 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) contabilizó entre 5.000 y 10.000 sólo en la región de Kasai. La violencia sexual se utiliza a menudo como arma de guerra para aterrorizar a las comunidades, forzarlas a aceptar su control o castigarlas por su asistencia, real o supuesta, a las fuerzas enemigas.

“Congo ekobonga te” (“El Congo no saldrá nunca del agujero en el que se encuentra”)⁷. Esta fórmula se escucha a menudo en Kinsasa. ¿Nunca, en serio? Salir de este supone una respuesta global y local, concertada, y excluyente de consideraciones sesgadas, entre todos los actores directos e indirectos de los conflictos en la RDC. Los puntos principales serían: desmilitarización de toda la zona, diálogo entre los beligerantes y la firma de un plan de pacificación (aclarando el estatuto de las comunidades y organizando la desmovilización, la reconversión y el reasentamiento de milicianos y niños-soldados). Las cancillerías occidentales se beneficiarían si apoyaran una iniciativa de este tipo para eliminar la sospecha de beneficiarse del desorden. Porque, pase lo que pase, la era imperial ha terminado. La Iglesia católica, muy implicada en la política local desde finales de los años 1950⁸, también podría contribuir a la paz y la reconciliación.

Rodrigue Nana Ngassam, doctor en Ciencias Políticas (Universidad de Duala-Camerún). Investigador asociado en el Instituto de Investigación en Geopolítica y Estudios Estratégicos de Kinsasa (IRGES, por sus siglas en francés) y miembro de la Academia de Geopolítica de París. Traducción: Micaela Houston.