Nueva Caledonia: los motivos de la ira

¿Sigue Nueva Caledonia en una situación colonial en la actualidad? Ahora que el archipiélago del Pacífico Sur vivió una grave crisis insurreccional, del 13 al 29 de mayo, con nueve muertos y varios heridos, el primer desacuerdo entre quienes se enfrentaron en las calles y continuaron en las redes sociales es, precisamente, cómo responder esa pregunta.

Para algunos, partidarios de mantener el territorio dentro de la República francesa, la página colonial estaría bien pasada. Los acuerdos políticos que se han sucedido desde 1988 no sólo han restablecido la paz civil –que se ha revelado frágil–, sino que también han completado un nuevo tipo de descolonización, llevando a la reafirmación del vínculo indisoluble entre Nueva Caledonia y Francia. Para otros, es precisamente porque no se ha saldado la deuda colonial, por lo que hay que seguir pensando en las vías de autodeterminación del archipiélago, porque para ellos ese sería el sentido de la historia.

En un célebre texto de 1951, el antropólogo Georges Balandier consideraba que una situación colonial se definía por “la base racial de los grupos, su radical heterogeneidad, las relaciones antagonistas que mantienen y la obligación que tienen de coexistir dentro de los límites de un marco político único”.¹ Cualquier intento de explicar el caos de mayo presupone cuestionar el peso de las herencias coloniales o, dicho de otro modo, la “colonialidad” del momento presente.

En 1853, las autoridades francesas tomaron posesión de Nueva Caledonia para convertirla en colonia de poblamiento. Además de someter a los nativos (los kanak) y explotar los recursos, el objetivo era favorecer el establecimiento de colonos libres o “penitenciarios” (convictos, entre ellos antiguos comuneros y rebeldes cabilios), con el fin de construir una pequeña “Francia austral” al otro lado del mundo. Los habitantes originales fueron empujados manu militari a los márgenes sociales y geográficos de la colonia, confinados en reservas que cubrían menos del ocho por ciento de la superficie de la isla principal. Diezmados por las enfermedades y la guerra, sometidos a un sistema de indigénat [régimen administrativo y penal excepcional aplicado a las poblaciones indígenas del imperio colonial francés entre 1880 y 1940, que permitía a los administradores imponer sanciones sin intervención judicial] y trabajo forzado por los colonos, excluidos de la ciudadanía y del sistema escolar republicano, y enfrentados a una agitación social y cultural bajo la influencia de los misioneros cristianos, la población kanak sólo contaba con 27.000 habitantes a principios del siglo XX, frente a los varios cientos de miles que eran antes de la llegada de los europeos.² La “extinción de los nativos”, según el vocabulario de la época, parecía ineluctable. De hecho, estuvo muy cerca de suceder.

Mientras este trauma colonial dejaba huella en las mentes del pueblo kanak, otros, grandes colonos, comerciantes y administradores, reinaban en la ciudad blanca de Numea o en enormes explotaciones ganaderas, beneficiándose del funcionamiento de una economía de factoría y de explotación de las minas de níquel. La mayoría de los descendientes de presidiarios y pequeños colonos vivían en condiciones modestas e incluso miserables, aferrados a parcelas de tierra robadas por la administración a los kanak. Por último, los culíes de Oceanía y Asia iban a trabajar con contratos a medio camino entre el indigénat y el trabajo forzado, por no decir la esclavitud.

¿Destino común?

La profunda fractura social creada por la dominación colonial no desapareció por arte de magia después de 1946, cuando la colonia se convirtió en territorio de ultramar y la ciudadanía francesa se extendió a los kanak. Al contrario, el sistema de apartheid colonial persistió en la práctica, si no en la ley.

Recién en los años 1970 algunos estudiantes que regresaban de la metrópoli, entre ellos el excura Jean-Marie Tjibaou, aportaron una mirada nueva e intransigente sobre su país: denunciando el peso persistente del colonialismo, el racismo y el paternalismo sobre el pueblo kanak, hicieron campaña por la reparación de los agravios de la colonización, en particular la revalorización de su cultura y la restitución de las tierras robadas, y poco después por la independencia kanak y socialista, una reivindicación ampliamente apoyada entre la población kanak, pero muy impopular entre los no kanak. A partir de entonces, los años 1980 se caracterizaron por una bipolarización, tanto étnica como partidista, entre el Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista (FLNKS) y la Agrupación para Caledonia en la República (RPCR).

Las crecientes tensiones entre ambos bandos, exacerbadas por los fracasos de los gobiernos franceses tanto de derecha como de izquierda, desembocaron finalmente en enfrentamientos que dejaron casi un centenar de muertos entre 1984 y 1988. Bautizada púdicamente como “los sucesos”, esta secuencia de insurrecciones culminó con el asalto a la cueva de Uvea en mayo de 1988, que se saldó con la muerte de dos militares y 19 independentistas.³

El conflicto de Caledonia se basa tanto en cuestiones demográficas como políticas. A comienzos de los años 1970, una nueva ola migratoria procedente de Francia y otros territorios de ultramar hizo que los kanak se convirtieran por primera vez en minoría: desde entonces, representan alrededor del 40 por ciento de la población.⁴ La instalación de estos recién llegados no solamente reflejaba las oportunidades económicas que ofrecía el auge del níquel en aquella época, sino también la determinación del gobierno de cortar de raíz la demanda independentista mediante una política de poblamiento.

Lo que estaba en juego era un conflicto de legitimidades. Los independentistas consideraban que el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la descolonización, reconocido por las Naciones Unidas, sólo podía aplicarse a la población kanak, un pueblo autóctono colonizado. Sin embargo, el Estado y los lealistas profranceses consideraban que el principio “un hombre, un voto” debía aplicarse sin restricciones a todos los ciudadanos de la República que residan en Nueva Caledonia, aunque la aplicación de este tipo de norma en una situación de colonización y asentamiento equivale a ratificar la política del hecho consumado y la minoración de los kanak.

Para salir del atolladero, los independentistas kanak dieron un paso decisivo en 1983 en una mesa redonda en Nainville-les-Roches (Essonne). A cambio de reconocer el “derecho innato y activo” del pueblo kanak a la independencia, propusieron compartir su derecho a la autodeterminación con aquellos que llamaron “las víctimas de la historia”: los descendientes de los colonos, convictos y culíes, todos esos “caledonios” o “caldoches” que se habían arraigado en el país a lo largo del tiempo.⁵

Hicieron falta muchas más tragedias, entre 1984 y 1988, para que los demás actores políticos comprendieran la importancia de esta apertura. En un primer momento, los acuerdos de Matignon-Oudinot, firmados en 1988 por el FLNKS, la RPCR y el Estado bajo el impulso del primer ministro Michel Rocard, restablecieron la paz, aplazaron temporalmente la cuestión de la independencia y pusieron en marcha medidas de amplio alcance, denominadas de “reequilibrio”, en beneficio de los kanak. Más tarde, en 1998, se llegó a un nuevo compromiso entre los tres signatarios, esta vez bajo la égida de Lionel Jospin, entonces jefe de gobierno: el Acuerdo de Numea.⁶ Incorporado en la Constitución francesa, este acuerdo puso en marcha un proceso de “descolonización” –la palabra figura en el texto– del archipiélago dentro de la República durante un período de 20 años, basado en tres principios fundamentales: la transferencia gradual e irreversible de todos los poderes no soberanos del Estado a Nueva Caledonia; el reconocimiento de la identidad kanak en numerosos ámbitos (lenguas, cultura, propiedad de la tierra, derecho, instituciones, etcétera); y la creación de una ciudadanía caledonia, dentro de la ciudadanía francesa, por el momento. Esto permitiría al pueblo kanak y a las demás comunidades del archipiélago trabajar juntos en un proyecto de “destino común” en la vía de una futura emancipación.

Una ley que protegía el empleo local daba prioridad a la contratación de ciudadanos neocaledonios, con las mismas cualificaciones, y sólo los neocaledonios podían votar en las elecciones provinciales, que también determinaban la composición del Congreso de Nueva Caledonia y del gobierno local. Por tanto, la ciudadanía kanak conllevaba derechos sociales y políticos.

Sobre la cuestión crucial de las fronteras de esta “ciudadanía caledonia”, se alcanzó un compromiso histórico en 1998, pasados 25 años de Nainville-les-Roches: los firmantes del acuerdo de Numea consensuaron que su cuerpo estaría formado por todos los ciudadanos franceses que se hubieran establecido en Nueva Caledonia hasta 1998 y pudieran demostrar diez años de residencia, así como sus descendientes. Los ciudadanos franceses llegados después de 1998, es decir, tras el inicio del proceso oficial de descolonización progresiva del archipiélago, quedaban por tanto excluidos de la “ciudadanía caledonia” durante la vigencia del acuerdo.

Un detalle importante es que el carácter fijo del plazo de 1998 no figuraba en el propio texto del Acuerdo de Numea, sino en el primer proyecto de Ley Orgánica de 16 de febrero de 1999, que era su traducción. Sin embargo, el Consejo Constitucional censuró esta disposición el 15 de marzo de 1999, lo que relanzó los debates y dio lugar a una nueva expresión de desacuerdo por parte del RPCR. El gobierno se comprometió entonces a modificar de nuevo la Constitución para congelar el cuerpo electoral provincial hasta 1998. Sin embargo, esta revisión de la norma suprema no se completó hasta 2007: mientras tanto, el movimiento no independentista había convertido la cuestión del cuerpo electoral “congelado” o “resbaladizo” en un argumento propagandístico.

Hoy se pueden ver los efectos nocivos de esta instrumentalización, y es indispensable volver a debatir el alcance y las condiciones de adquisición de la “ciudadanía caledonia”. La hipótesis de una forma de ius soli ya goza de consenso entre las fuerzas políticas locales, que están de acuerdo en que las personas nacidas localmente de padres que no son ciudadanos neocaledonios se beneficien de ello. Sin embargo, desde el punto de vista del FLKNS, este debate sólo puede plantearse con dos condiciones: la decisión deben tomarla los neocaledonios y no los parlamentarios franceses; y no puede separarse de un acuerdo político global sobre el futuro del país.

Pero en estos dos puntos el presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido forzar la situación, alentado por los lealistas más radicales con los que se ha aliado. Ignorando las numerosas advertencias que había recibido, quiso imponer una enmienda constitucional sin consenso local para “descongelar” el cuerpo electoral. El Senado adoptó el texto el 2 de abril de 2024 y la Asamblea Nacional el 14 de mayo, antes de una próxima reunión del Congreso en Versalles para completar la revisión. Como las mismas causas producen los mismos efectos, Nueva Caledonia ha dado un paso atrás de 40 años. El mismo día en que la Asamblea Nacional empezó a examinar este texto, unánimemente denunciado por el movimiento independentista, Numea se incendió.

Combustible múltiple

La cuestión electoral sirvió de detonante, pero la crisis actual también refiere de forma más general al alcance y a los límites del proceso de reequilibrio y descolonización iniciado por los acuerdos.

En la práctica, el proyecto de un destino común choca con la persistencia de desigualdades sociales muy marcadas entre las comunidades. La cima de la escala social nunca ha dejado de ser blanca, y la base es kanak y oceánica, y la distancia entre estos dos extremos es inmensa. El nivel de vida del 10 por ciento más rico es 7,1 veces superior al del 10 por ciento más pobre, frente a un 3,5 en la Francia metropolitana.⁷ Estas desigualdades también se manifiestan espacialmente, entre, por una parte, la Provincia Sur –bastión de los lealistas, que engloba la aglomeración de Numea y acoge a la mayoría de la población no kanak– y, por otra, la Provincia Norte y las Islas de la Lealtad –gobernadas por los independentistas y pobladas en su inmensa mayoría por kanak–. Mientras que el 45 por ciento de la población de la Provincia Sur vive por debajo del ingreso medio, esta tasa se eleva al 62 por ciento en el norte y al 77 por ciento en las islas.⁸ El acceso al empleo en el país, la mejor defensa contra la pobreza, está estrechamente ligado a ciertos criterios individuales como la ubicación geográfica, el origen étnico o el nivel de formación. Esta situación perjudica de forma estructural a los kanak, sobre todo porque la ley de protección del empleo local, a pesar de estar consagrada en el Acuerdo de Numea, sólo se ha aplicado tardía y tímidamente.

Desde 1988, sin embargo, las provincias dirigidas por los independentistas se han beneficiado de importantes políticas de reequilibrio en materia de infraestructuras y servicios públicos. Para contrarrestar la influencia de Numea, el FLNKS ha impulsado un gran proyecto de desarrollo urbano e industrial en la región de Koné, capital de la Provincia Norte, con la construcción de una enorme planta de procesamiento de níquel. Inaugurada en 2013, la planta ha atraído a residentes, empresas y capitales, ofreciendo un atisbo de un nuevo orden económico y político para el país.⁹ Pero la actual crisis del sector metalúrgico ha frenado de manera brusca este impulso.¹⁰ La fábrica del norte está ahora inactiva y nadie sabe cuál será su porvenir, lo que debilita de modo considerable la estrategia independentista.

Además, el reequilibrio a favor del norte y las islas no ha bastado para frenar la emigración a Numea: hoy la mitad de la población kanak vive en el área metropolitana. Entre ellos hay obreros, empleados, técnicos, funcionarios e incluso algunos directivos, pero también muchas personas en una situación social muy precaria que, ante sus propios ojos, ven cómo se extiende la opulencia de los barrios blancos y ricos. En este contexto, algunos jóvenes, golpeados por la pobreza y el abandono escolar, caen en la delincuencia y acaban en la cárcel de Numea, donde los kanak constituyen el 95 por ciento de la población carcelaria.¹¹ Y esta juventud marginada, pero ferozmente independentista, ha desempeñado un rol decisivo en la explosión urbana de mayo, ligada de modo inextricable, por tanto, a cuestiones sociales y políticas.

El resto del archipiélago no experimentó el mismo nivel de violencia. En el “monte” y en las islas, donde la presencia kanak es ineludible, todos los habitantes parecen haber seguido jugando al juego de la “ciudadanía caledonia” y la “convivencia”, incluso después del 13 de mayo. Algunos controles de ruta en zonas rurales fueron incluso escenario de confraternización entre comunidades. Es, pues, en el área metropolitana de Numea donde el famoso destino común parece más lejano.

Desde los años 1980, la escolarización en Nueva Caledonia se ha generalizado sin democratizarse y sin satisfacer de forma plena la demanda de que se tengan en cuenta las lenguas y la cultura kanak. Los objetivos de reequilibrio y descolonización han tenido ciertamente un impacto en la educación en términos de territorialización –con adaptabilidad provincial al margen del plan de estudios– y de transferencia de competencias de París a Numea. Sin embargo, el Estado francés sigue representando más del 90 por ciento del gasto en educación y conserva prerrogativas esenciales (expedición de diplomas nacionales, definición de los programas, control pedagógico, etcétera) que limitan con fuerza la posibilidad de un proyecto educativo local emancipado de su referente hexagonal [como se conoce a Francia debido a la forma del mapa de su territorio en continente europeo].¹²

La enseñanza superior, responsabilidad compartida entre el Estado y Nueva Caledonia, también se encuentra en una situación desigual. Gracias al apoyo del Estado, las infraestructuras locales se han desarrollado de manera espectacular y el alumnado pasó de 200 en 1987 a casi 4.000 en la actualidad.¹³ Los programas de discriminación positiva en favor de los kanak (planes de reanudación de estudios y becas), la descentralización de la oferta de formación (apertura de un campus en la Provincia Norte en 2020), la creación de un organismo local de investigación (el Instituto Agronómico Neocaledonio, IAC) y el refuerzo de los lazos regionales a través de la cooperación intrapacífica son elementos que muestran que se ha recorrido parte del camino, pero solamente parte, hacia una enseñanza superior y una investigación al servicio del país y de sus propios retos.

El desarrollo de las infraestructuras escolares y universitarias ha ido de la mano de un aumento del nivel medio de educación, pero hay que distinguir entre lo que se engloba bajo el epígrafe de masificación –la prolongación general de los estudios para todas las poblaciones– y la realidad más cualitativa de esta democratización. De acuerdo con las últimas cifras disponibles (2014), un habitante no kanak tiene 1,2 veces más probabilidades que un habitante kanak de obtener un bachillerato tecnológico, 5,6 veces más probabilidades de obtener un bachillerato general y 8,3 veces más probabilidades de obtener un título de educación superior.¹⁴ En otras palabras, las desigualdades no han desaparecido: han ascendido en la escala educativa. Si bien se ha producido una mejora general de los niveles educativos en todas las provincias, sigue habiendo grandes desigualdades: hay una sobrerrepresentación de los no graduados en el norte (el 39 por ciento de la población) y en las Islas de la Lealtad (41 por ciento) –es decir, las provincias donde los kanak son mayoría– frente al 22 por ciento en el sur. Los graduados del nivel superior representan el 26 por ciento de la población en Provincia Sur, frente al 10 por ciento en el norte y el 8 por ciento en las Islas de la Lealtad.¹⁵

Desigualdad + discriminación

Las estimaciones econométricas muestran que un alumno de segundo año de origen kanak tiene 2,42 veces menos probabilidades de que un compañero no kanak de ser elegido por un empleador para sus prácticas profesionales de fin de curso.¹⁶ Y la escuela es sólo uno de los primeros lugares en donde se vive este tipo de experiencia. Desde la entrada a las discotecas hasta el acceso al alquiler de viviendas, distintas encuestas realizadas en la década de 2010 han documentado la omnipresencia de las prácticas discriminatorias que sufren los jóvenes kanak y oceánicos, especialmente en Numea.¹⁷

Sin embargo, esta realidad parece ser ignorada por los no tan jóvenes que, a ambos lados del tablero político y en todas las comunidades, se apresuran a denunciar a los jóvenes como errantes, sin puntos de referencia culturales, apolíticos y divididos entre la “costumbre” y la “modernidad”. Un juicio tan antiguo como el mundo: hace 40 años un viejo kanak comparaba a los jóvenes con las “bolas del buey que se balancean entre las piernas”, que no conocen ni el mundo de los europeos ni el de la “tribu”.¹⁸ El pánico moral en torno al peligro juvenil, por tener el objetivo equivocado, impide pensar en términos apropiados sobre las condiciones de un retorno a la paz civil.

Para comprender la explosión de mayo, hay que tener en cuenta el rol que juega un Estado francés que ha abandonado la posición de imparcialidad tan duramente conquistada por Michel Rocard en 1988. Emmanuel Macron ha tomado cada vez más decisiones partidistas en favor del bando lealista, lo que no puede sino exacerbar la cólera de los independentistas.

El proceso político establecido en el Acuerdo de Numea debía culminar en uno o varios referéndums de autodeterminación, de acuerdo con reglas específicas: una sola victoria del “sí” a la independencia bastaba para validar la adhesión a la plena soberanía, mientras que una victoria del “no” abría la posibilidad de una segunda votación, y luego de una tercera si fuera necesario. Los dos primeros referéndums fueron ganados por los partidarios de permanecer en Francia, pero por márgenes cada vez más estrechos: el 56,7 por ciento votó por el “no” frente al 43,3 por ciento por el “sí” en la votación del 4 de noviembre de 2018 (con una participación del 80,6 por ciento), luego el 53,3 por ciento por el “no” frente al 46,7 por ciento por el “sí” el 4 de octubre de 2020 (con una participación del 85 por ciento). Esa noche, tanto en Numea como en París, todo el mundo se dio cuenta de que una victoria del “sí” en el último referéndum era posible.

El gobierno macronista se puso entonces abiertamente del lado del bando lealista imponiendo la celebración del escrutinio decisivo el 12 de diciembre de 2021, mientras que, tras la pandemia de covid-19, los independentistas pedían un aplazamiento para respetar el contexto consuetudinario del luto kanak. Unos meses antes, los servicios del Estado habían publicado un documento sobre las consecuencias del “sí” y del “no” a la independencia, en el que se acusaba con dureza al “sí”, ya que sólo contemplaba el peor de los escenarios: la ruptura total y definitiva con Francia, en contra de una forma de independencia en asociación con Francia, que el movimiento independentista reclamaba desde hacía varios años.

Frente a esta actitud, el FLNKS llamó a los votantes a no votar. El 12 de diciembre de 2021, el “no” a la independencia ganó con casi el 97 por ciento de los votos emitidos, pero con una tasa de abstención del 56 por ciento. Como su pueblo no participó en esta votación por la autodeterminación, los kanak la consideran nula. Pero el Estado y los lealistas creen que todo salió bien y que el pueblo de Nueva Caledonia –¡sin el pueblo colonizado!– eligió libremente seguir formando parte de Francia en tres ocasiones.

Desde entonces, el divorcio se ha consumado. En 2022, la líder lealista de línea dura Sonia Backès se convirtió en secretaria de Estado de Ciudadanía en el gobierno de Élisabeth Borne, demostrando una vez más, como si fuera necesario, la alianza forjada con el gobierno de Macron. Hay algo para todos los gustos: para los lealistas vestidos de bleu blanc rouge, el objetivo es perpetuar los privilegios coloniales que heredaron y disfrutan en Numea. En cuanto a Emmanuel Macron, pretende conservar Nueva Caledonia para desplegar a su antojo su famosa estrategia diplomática indopacífica –cuyo objetivo es contener a China en la región–, manteniendo al mismo tiempo una forma de control estatal sobre los ricos recursos naturales locales (níquel, zona económica exclusiva, etcétera).

En julio de 2023, considerando que Nueva Caledonia había optado tres veces por seguir siendo francesa y que la cuestión de la descolonización estaba ya saldada, el presidente de la República inició el procedimiento para descongelar el cuerpo electoral, con el apoyo de sus aliados lealistas. Sin embargo, los independentistas kanak no lo vieron de la misma manera. Frente a un Estado sordo y ciego, han decidido que no aguantarán más.

Marie Salaün y Benoît Trépied, profesora en la Universidad Paris-Cité e investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), respectivamente. Traducción: Emilia Fernández Tasende.