En los últimos años, la escena política brasileña ha visto al Poder Legislativo federal asumir un papel cada vez más importante en las decisiones que dan forma al país. El Congreso Nacional, antes considerado un actor secundario, ha ampliado de forma significativa su influencia, en especial en dos atribuciones centrales del Ejecutivo: el control del presupuesto y la definición de la agenda política. Este movimiento no se limita a un simple cambio en el eje de poder; refleja dinámicas complejas que están redefiniendo la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en Brasil.

En 2024, por ejemplo, el 27 por ciento de las inversiones federales se decidieron a través de enmiendas parlamentarias: un crecimiento exponencial en comparación con períodos anteriores. Desde 2014, este porcentaje ha aumentado más de 330 veces, y la influencia del Congreso en el presupuesto federal es hasta 20 veces mayor que en el promedio de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Para ilustrar la magnitud de este poder, cada diputado federal asignó, en promedio, 15,3 millones de reales [unos 2,75 millones de dólares] en enmiendas individuales, superando el presupuesto del 84 por ciento de los municipios brasileños en 2023. En el caso de los senadores, el valor alcanza 30,7 millones de reales, superando los fondos del 93 por ciento de las ciudades. Estas cifras no sólo subrayan la creciente fuerza del Legislativo, sino también la responsabilidad que asume en la representación de la población. En un contexto de ajustes en las cuentas públicas, asegurar que estos recursos se apliquen de manera estratégica, con transparencia y eficiencia, se vuelve crucial para generar impactos positivos en los territorios contemplados.

Además del control presupuestario, el Poder Legislativo juega un papel cada vez más relevante en la definición de la agenda política. La capacidad del Congreso para aprobar propuestas legislativas sin necesidad de mediación del Ejecutivo es un reflejo directo de este nuevo esquema de poder. Hasta el final del primer gobierno de Lula da Silva, en 2010, el Congreso era responsable de menos del 20 por ciento de los asuntos legislativos aprobados, siendo la mayoría una iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), esta dinámica se invirtió: el 80 por ciento de los asuntos aprobados fueron propuestos por diputados y senadores, evidenciando un cambio estructural en el equilibrio de poder. Sin embargo, esta consolidación del Legislativo también trae desafíos, en especial en lo que se refiere a la centralización del poder en las presidencias de la Cámara y del Senado. La frecuencia del uso de regímenes de urgencia para la tramitación de proyectos plantea interrogantes sobre la participación de la sociedad civil y la transparencia en el proceso legislativo, lo que puede comprometer la calidad del debate democrático.

En este nuevo contexto en el que el Congreso toma la delantera y redefine las bases de la gobernabilidad en Brasil, corresponde a los votantes y a la sociedad civil seguir de cerca esta dinámica. Cuando el equilibrio de poder cambia, el mayor desafío es garantizar que esta fuerza se ejerza de manera transparente, responsable y en sintonía con las necesidades sociales. Al fin y al cabo, el fortalecimiento del Legislativo debe, ante todo, reflejar los intereses de los pueblos a los que se propone representar.

Fernando Moura es director ejecutivo de Legisla Brasil y máster por la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Lana Faria es directora de operaciones de Legisla Brasil y gestora pública de la Unicamp. Artículo de Le Monde diplomatique, edición Brasil.