En Myanmar, detrás de los fusiles, los trabajadores

Los grupos armados opositores tomaron el control de más de la mitad del territorio de Myanmar, anteriormente conocido con el nombre de Birmania. La junta militar, que surgió tras un golpe de Estado perpetrado el 1° de febrero de 2021, enfrenta derrotas, deserciones y defecciones. Pero ¿quiénes son los que hacen frente en las afueras industriales de las grandes ciudades o desde las organizaciones de resistencia armada?

El domingo 27 de octubre de 2024 fue el primer aniversario de la operación 1027, una ofensiva coordinada de la Alianza de las Tres Hermandades contra el ejército de Myanmar. La acción, que aún continúa, modificó de manera profunda la dinámica de los combates y puso en aprietos a la junta militar, que llegó al poder tras un golpe de Estado el 1° de febrero de 2021. En el transcurso de los últimos 12 meses, los grupos de resistencia armados tomaron el control de vastas zonas del territorio –incluidas unas 50 ciudades y cientos de bases militares– y en el proceso mataron a miles de soldados.

Estas pérdidas en el campo de batalla explican, en parte, la intensificación de los bombardeos aéreos contra las poblaciones civiles. Por ejemplo, a principios de agosto de 2024, la Alianza de las Tres Hermandades (Ejército de Arakán, Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar y Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang) tomó el control de Lashio, una ciudad del noreste de Myanmar en la que viven cerca de 150.000 personas, y el Consejo Administrativo del Estado (CAE) –nombre con el que se hace llamar la junta del régimen– respondió y sometió a la ciudad a un bombardeo masivo. El 23 de octubre de 2024 extendió el ataque a las ciudades vecinas de Namhsan y Nawnghkio. En este caso, la muerte de civiles no constituye simplemente un daño colateral, sino que los ciudadanos son objetivos deliberados en el marco de operaciones concebidas, al mismo tiempo, como una forma de castigo colectivo y como un medio de privar a las guerrillas del apoyo civil. Sin embargo, la población sigue sosteniendo a los rebeldes. ¿Cómo se puede explicar tanta determinación?

Democracia para el sector privado

En febrero de 2021, alarmado por la idea de que el proceso de democratización, iniciado con dificultades en 2010, pudiera reducir su poder y quitar sus privilegios, el Ejército derrocó a la Liga Nacional para la Democracia (LND), a pesar de que había ganado las elecciones generales de 2020. Cuando se produjo un levantamiento nacional a raíz del golpe de Estado, la junta mandó a los militares y a la policía a reprimir las manifestaciones y arrestar a los opositores¹. Durante los 12 meses siguientes, las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 12.000 “disidentes” y mataron a más de 1.500 personas (una cifra que, según las Naciones Unidas, ahora supera las 5.000)². Más que acallar la ira, esta violencia llevó a una parte de la población a apoyar los movimientos de oposición armada ya existentes en el país o a crear otros nuevos. Los jóvenes abandonaron sus casas en gran número para unirse a las guerrillas. Así comenzó la Revolución de Primavera.

Con demasiada frecuencia, este levantamiento se explica por la aculturación de esos jóvenes que incorporaron “ideales democráticos” y del “liberalismo” occidental durante el período en el que Aung San Suu Kyi, la dirigente de la LND, ocupó el cargo de primera ministra, entre 2016 y 2021. Amante de internet, esta “generación Z”, que estaba poco dispuesta a renunciar a las libertades que consideraban adquiridas, habría optado por la rebelión para defender sus “valores”.

En efecto, los “jóvenes” desempeñaron un papel fundamental en la rebelión popular y, además, no cabe duda de que la democracia y la libertad son ideales poderosos. Sin embargo, la mayoría de los medios parece ignorar que, antes de ser “jóvenes”, la mayoría de los manifestantes son, ante todo, trabajadores, cuyas aspiraciones materiales y reivindicaciones constituyeron uno de los principales motores de la resistencia al golpe de Estado de febrero.

Los analistas de los medios dominantes de la historia reciente de Myanmar presentaban la década previa al golpe de Estado de 2021 como un período de transición durante el cual el país habría salido de años oscuros de dictadura militar para entrar en la beatitud de la democracia liberal. En efecto, las cosas parecían progresar tras la “elección” (bajo supervisión de la junta) de Thein Sein como líder del país en 2011. Por ejemplo, al año siguiente, por primera vez en medio siglo, una ley autorizó la creación de sindicatos y, en 2013, otra estableció un salario mínimo. No obstante, cuando la LND –conducida por quien los medios occidentales presentaban como un ícono de la democracia– llegó al poder, restringió con celeridad los márgenes de maniobra de los trabajadores: el registro de sindicatos se volvió más difícil. De repente, el Ministerio de Trabajo se alineó gustosamente del lado de los empleadores en casos de litigio y el gobierno aprovechó la pandemia de covid como pretexto para intimidar, e incluso arrestar, a quienes protestaban y para cancelar la revisión bienal del salario mínimo que debía realizarse en 2020.

La LND justificó su política argumentando la necesidad de ofrecer un entorno estable y atrayente para las inversiones extranjeras directas. Las organizaciones internacionales fomentaron este enfoque, el Banco Mundial incluso redactó la ley de inversiones de 2016, que eliminaba el proceso de revisión de expedientes que solicitaban exenciones fiscales bajo el pretexto de que sería “demasiado costoso”³. En otras palabras, el rayo de sol democrático tan celebrado en Occidente resultó más favorable para el sector privado que para los trabajadores.

Amenaza existencial a los sindicatos

Desde el golpe militar, en febrero de 2021, la situación sólo ha empeorado, pero el aumento de la represión no atenuó la combatividad de la población. Todo lo contrario. El 6 de febrero de 2021 comenzaron las manifestaciones masivas en las calles en Rangún, centro económico y antigua capital del país. Al frente de las protestas estaban las trabajadoras de las fábricas de confección –en su mayoría provenientes de zonas rurales–, que bajaban de las zonas industriales que rodeaban la ciudad. Pocos días después, los empleados públicos iniciaron una huelga general. A fines de ese año, alrededor de 400.000 trabajadores estaban en huelga, incluidos maestros y otros empleados gubernamentales, a quienes prontamente se unieron choferes de camiones, mineros, obreros, etcétera. Este colosal movimiento provocó una contracción del 18 por ciento en la economía del país en el transcurso del año siguiente al golpe de Estado⁴.

Sin embargo, muchos de los trabajadores en huelga se vieron forzados a volver a sus trabajos ya que el CAE reprimía las manifestaciones públicas y su principal objetivo eran los militantes sindicales. El 26 de febrero de 2021, 16 de los más importantes sindicatos fueron declarados ilegales. Transcurridos 20 días, el 14 de marzo, soldados y policías mataron al menos a 65 manifestantes en la zona industrial de Hlaingthaya, en las afueras de Rangún, un bastión de la combatividad obrera. Al día siguiente, el CAE sancionó la ley marcial en esa zona y en otros lugares de producción. Un mes después, el 15 de abril, unos 40 soldados irrumpieron en las oficinas de la Organización Sindical Solidaridad de Myanmar (STUM) y arrestaron a su director, Daw Myo Myo Aye. Numerosos dirigentes y militantes sindicales se refugiaron en la clandestinidad o huyeron al extranjero para evitar ser arrestados.

Durante ese tiempo, el empresariado se benefició de los obstáculos que el CAE ponía a cualquier movilización obrera para degradar las condiciones de trabajo y debilitar un poco más a los sindicatos. Muchas empresas rescindieron los contratos de trabajo existentes y volvieron a contratar a los trabajadores “a prueba”, con salarios inferiores al mínimo legal. El 16 de marzo de 2021, el dueño de la fábrica Xing Jia llamó a la policía porque seis obreros estaban cuestionando el salario que se les había pagado. Las fuerzas del orden los mataron.

Mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaraba que los sindicatos de Myanmar enfrentaban una “amenaza existencial”⁵, el movimiento social empezaba a apartarse poco a poco de las movilizaciones en las calles para involucrarse en la insurrección rural. Algunos se unieron a las organizaciones que ya estaban en lucha: el Frente Democrático Estudiantil de Birmania (ABSDF) –formado tras el golpe de Estado militar de 1988 en torno a reivindicaciones políticas–, el Ejército de Liberación Nacional Karen –que lucha por la autodeterminación del pueblo de Karen–, el Partido Comunista de Birmania –que volvió a la lucha armada después del golpe de Estado– o, incluso, uno de los tres ejércitos que integran la Alianza de las Tres Hermandades. Otros formaron sus propias organizaciones, que, poco a poco, se fueron estructurando dentro de las Fuerzas de Defensa del Pueblo. A menudo, aquellos trabajadores que permanecen en sus puestos destinan una parte de su escaso sueldo al apoyo de los manifestantes y combatientes.

Por fuera del molde

Los medios internacionales asignan entonces el poco tiempo que le otorgan a Myanmar a la cobertura de la lucha armada. El conteo de atrocidades o los “puntos” que detallan la evolución de la línea de combate suelen ir acompañados de una interpretación identitaria y étnica del conflicto. Se pasa por alto el origen de la reciente escalada de las hostilidades, así como también el hecho de que, en los lugares de trabajo, la lucha continúa, sobre todo en las fábricas de exportación diseminadas en las zonas industriales periféricas de Yangón, en donde la resistencia sigue organizándose. En algunos casos incluso han tenido éxitos puntuales.

Por ejemplo, el 6 de noviembre de 2024, más de 300 trabajadores de una fábrica administrada por Charis Company Ltd en el municipio de Hlaingthaya, en Rangún, organizaron una huelga salvaje. Los trabajadores formularon 18 exigencias, incluida la reincorporación de los trabajadores despedidos, la provisión de servicios de cuidados de salud en la fábrica y el despido de un director acusado de haber agredido físicamente a dos trabajadoras. Al momento del cierre de esta edición, la huelga continuaba.

El 10 de febrero de 2024, un vocero del CAE anunció que la ley de conscripción –hasta el momento ampliamente ignorada– comenzaría a ser aplicada: la junta acababa de sufrir una serie de derrotas en el campo de batalla tras la operación 1027. Las tropas estaban agotadas y la ola continua de deserciones y defecciones beneficiaba al adversario. El CAE parecía vacilar y contaba con el envío de tropas “frescas” al frente para revertir la situación.

Sin embargo, las implicaciones de la conscripción no se limitaron al campo militar. El anuncio desató un éxodo de hombres jóvenes, determinados a escapar del alistamiento. ¿El principal destino? Tailandia. Desde 2021, cientos de miles de ciudadanos de Myanmar han ingresado al país vecino. Frente a esta situación, a principios de mayo de 2024, el CAE suspendió la emisión de permisos de trabajo en el extranjero para todos los hombres que cumplieran con los requisitos para el reclutamiento. El resultado: los jóvenes continuaron cruzando a Tailandia, pero sin papeles, lo que permitió a los empleadores tailandeses presionar para que bajaran todos los salarios del país.

Por lo tanto, existe una gran continuidad entre las actuales luchas de los trabajadores de Myanmar contra la junta y aquellas que se llevaron a cabo en el período anterior contra la LND. La misma LND que, tras haber obstaculizado la capacidad de organización de los trabajadores, se erigió como un “gobierno de unidad nacional”: la entidad política formada por los parlamentarios apartados en el exilio o en la clandestinidad tras el golpe de Estado para disputar la legitimidad del CAE. ¿Cuál fue una de las primeras victorias de la insurrección? Haber obligado a este “gobierno” a mostrar una mayor sensibilidad frente a la cuestión social. ¿Qué sucederá si logra llegar al poder? Nadie lo sabe.

Stephen Campbell, profesor de antropología en la Universidad de Nanyang, Singapur. Traducción al francés: Renaud Lambert. Traducción al español: Paulina Lapalma.