Chile vota

Según todas las encuestas, este 16 de noviembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas se saldará sin ganador del premio mayor.¹ Habría, entonces, segunda ronda el 14 de diciembre entre la candidata de izquierda Jeannette Jara (Partido Comunista) y un representante de la derecha a definir. Por ahora, José Antonio Kast (Partido Republicano), pero con el libertario Johannes Kaiser pisándole los talones. Incluso hay una posibilidad algo más lejana de que la centroderechista Evelyn Matthei se cuele en la disputa con Jara. Lo que sí está claro es que, a menos que el 14 por ciento de indecisos se comporte de manera poco usual para la costumbre estadística, Jara lleva las de perder en todas las hipótesis. También está claro que la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía de ese país.²

El analista Pedro Vuskovic Céspedes escribe en la edición de Chile de Le Monde diplomatique: “En época de campaña electoral las ofertas de medidas populistas aumentan. Con una población tensionada por el aumento real de la delincuencia y, con una percepción amplificada por los medios de comunicación con fines político-electorales e ideológicos, es difícil identificar qué sirve realmente y qué no”. En ese sentido, y tras postular que “comprar al que vende seguridad cobrando libertad es mal negocio”, sostiene que hay que hacerle “pagar al narcotráfico” donde más le duele, es decir, en el lavado.

Y concluye: “En 25 años se han ensayado seis estrategias de seguridad ciudadana; los policías pasaron de 43.000 a 55.000 y los presos de 40.000 a 60.000. Sin embargo, los homicidios prácticamente se duplicaron y los delitos de mayor connotación social aumentaron significativamente. Es evidente que algo no ha funcionado. Se priorizó la persecución penal, pero sin perseguir al dinero del delito y a la corrupción que lo posibilita. Se dejó de lado la prevención y la rehabilitación-reinserción. Se aplican parches para atender lo inmediato y políticamente vendible, sin generar en paralelo las capacidades necesarias en la Policía. Además, las estrategias se definieron por el Ejecutivo, sin movilizar a todo el Estado en sus diferentes niveles, ni a las organizaciones sociales y a los ciudadanos en su elaboración e implementación. La narrativa de mano dura es llamativa y hace parecer que todo depende de la voluntad. El asunto es si se hace lo que se debe: un analista financiero cuesta menos y tiene más impacto contra el crimen organizado que una patrulla más; el control del lavado de activos es más efectivo contra el narco trasnacional que perseguir el microtráfico; establecer un protocolo único de acción y plataformas de información entre Carabineros, PDI, Fiscalía, Poder Judicial y Gendarmería tendría enorme impacto. Especializar las fuerzas policiales puede hacer más eficiente su trabajo. En definitiva, no se trata de cuántas patrullas o cárceles prometen. Se trata de si se contiene una estrategia real que combine prevención, persecución penal eficaz y rehabilitación, creando las capacidades para ello. El voto debe mirar el contenido de fondo, no la forma del discurso”.³