Ecuador y la dependencia

Daniel Noboa buscó sin éxito echar por tierra el artículo de la constitución correísta que prohíbe la instalación de bases extranjeras en Ecuador. Aunque su propuesta fue derrotada en referéndum el 16 de noviembre, los acuerdos de cooperación permiten que la presencia de militares de Estados Unidos, en lugares tan sensibles como las Galápagos, sea una realidad durante su mandato.

“¿Los estadounidenses están verdaderamente aquí para proteger nuestra biodiversidad?”, finge preguntarse Jorge Vázquez. El experto naturalista vive en la isla San Cristóbal, Ecuador, desde hace seis años. Por un sendero escarpado, nos lleva a descubrir el espectáculo inmutable de esta naturaleza protegida… no lejos de la cual hacen patrullajes los guardacostas del Ejército de Estados Unidos. Una vez que deja atrás el terreno rocoso, el excursionista llega a un mirador natural con vistas a las aguas del Pacífico. Abajo, en este sector, el extremo más oriental de las Galápagos, nada interrumpe el desfile de lobos marinos ni las excursiones de las iguanas.

Convertido en parque nacional en 1959 y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1978, el archipiélago fue preservado como reserva marina en 1998. Un “régimen especial” establecido por la Constitución de 2008 impuso estrictos controles sanitarios para prevenir la invasión de especies animales exógenas, parásitos o virus… Controles de los que están exentos los militares de Washington desplegados en el lugar, que llegaron oficialmente en el marco de una “cooperación” con Quito.

“Acá los estadounidenses no se esconden”, dice Vázquez. Su brazo se mueve ligeramente hacia el oeste, por encima del cúmulo de rocas desde donde se divisan las infraestructuras portuarias y aeroportuarias. “En este lugar estacionan sus drones. Y en la pista del aeropuerto, que ustedes pueden ver detrás, despegan sus aviones de patrullaje”, explica nuestro guía. Y agrega: “Como los demás habitantes, ya me acostumbré al desfile permanente de estos diferentes bólidos”. Un P-3 Orion (Lockheed Martin), un AWACS (Boeing), un bombardero DHC-8 (De Havilland). Hubo que ampliar el aeródromo para darles cabida. En cuanto al puerto de este territorio de 6.000 almas, ahora alberga una flotilla naval estadounidense.

El regreso

La presencia de Estados Unidos fue oficializada en 2019 por el expresidente Lenín Moreno (2017-2021). En aquel entonces, el sucesor de Rafael Correa (2007-2017) afrontó una grave crisis y se acercó al mandatario estadounidense, Donald Trump. Obtuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), impuso medidas de austeridad a su país y solicitó la ayuda de Washington en dos áreas: la lucha contra la pesca ilegal y –ya por entonces– el narcotráfico. De este modo, Moreno respaldó la vuelta de Estados Unidos al archipiélago de las Galápagos, que ya había ocupado durante la Segunda Guerra Mundial y hasta 1946.

Washington fue todavía más proclive a responder de forma favorable en la medida en que China estaba siendo incriminada por Quito por el asunto de la pesca ilegal. La administración estadounidense ya estaba inquieta por el aumento de poder de Pekín en el país andino imputado a Correa. En la zona económica exclusiva (ZEE) de cerca de 200 millas náuticas que rodea el área ecológica preservada, la multiplicación de incursiones furtivas desencadenó incidentes diplomáticos intermitentes. La migración anual de los calamares es un imán para la pesca ilegal y China está acusada de practicarla de manera masiva desde fines de la década de 2010 para cubrir sus necesidades alimentarias cada vez mayores. Entre 2021 y 2023, la organización no gubernamental (ONG) estadounidense Oceana contabilizó en la zona 510 barcos de pabellón chino y un total de 148.000 horas de pesca ilegal.¹

Las amenazas predadoras de Pekín sobre el archipiélago son objeto de toda la atención de Washington. Los estrategas estadounidenses están indignados porque la marina mercante china (la más importante del mundo por tonelaje y valor) infringe el derecho internacional al violar la soberanía territorial de un país aliado, y además practica una competencia económica desleal que destruye áreas protegidas en cuya preservación convergen múltiples programas de Estados Unidos. Washington también cree que la armada china lleva adelante actividades de “doble uso” (información e inteligencia de interés militar) que reforzarían la posición de Pekín en el Pacífico, extendiéndose hasta los confines del “hemisferio occidental”.²

Para el coronel ecuatoriano ya jubilado Roberto Marchan, estos elementos incriminatorios funcionan como pretextos cómodos para Estados Unidos. Las verdaderas razones para inmiscuirse en la zona serían, primero, geopolíticas. “Las Galápagos son las únicas islas del Pacífico latinoamericano que tienen las características topográficas necesarias para alojar infraestructura militar –nos explica en su vivienda de Quito reservada a exoficiales–. Gracias a las Galápagos, Washington podrá ejercer un alto grado de control y vigilancia de ese frente en el marco de su competencia con China”. Una capacidad de proyección que nos confirma Francisco Carrión, exministro de Relaciones Exteriores y embajador de Ecuador en Washington entre 2017 y 2020. El archipiélago podría “permitir asegurar un triángulo que se extiende desde la costa ecuatoriana hasta las Galápagos, y desde las Galápagos hasta América Central”.

Desde su retorno al poder, la administración Trump aceleró el reposicionamiento estadounidense en la región. En Guatemala, para “promover la prosperidad económica, reducir la migración ilegal [control de cruceros] y reforzar la seguridad de la región [lucha contra el comercio ilegal]”, en febrero de 2025 obtuvo del gobierno de Bernardo Arévalo, al que financia, un ambicioso proyecto de ampliación del puerto de Quetzal, ubicado en el sudeste del país, en la costa del Pacífico.³ Estas obras se ejecutarán bajo la supervisión del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Algunas semanas más tarde, Washington impuso un acuerdo al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que autorizaba el despliegue de tropas estadounidenses alrededor del canal para actuar contra la supuesta influencia china y el narcotráfico.⁴ Y al sur de Ecuador, Estados Unidos considera la posibilidad de construir una base aeroespacial en la ciudad peruana de Talara –al norte del megapuerto de Chancay, que forma parte de las nuevas rutas de la seda (Belt and Road Initiative, BRI)–⁵.

Además de la lucha contra la pesca ilegal, hay otro ámbito de cooperación que facilita la reimplantación paulatina de los estadounidenses en Ecuador. Situado entre dos productores de cocaína –Perú y Colombia–, el país oficia de zona de blanqueo y de plataforma de exportación hacia Estados Unidos, y sobre todo hacia Europa. El número de crímenes aumentó en un 800 por ciento entre 2018 y 2023, con una tasa de homicidios que supera ahora la de Colombia o la de México.⁶ Contra el crimen organizado, las autoridades pidieron la cooperación de las fuerzas estadounidenses en Galápagos, donde los traficantes cargan a tope el combustible de sus barcos de contrabando antes de volver a partir hacia el norte. Las fuerzas estadounidenses están presentes también en los grandes puertos continentales de Guayaquil y Manta.

Presencia reforzada

Entre 2007 y 2017, la presidencia de Rafael Correa había aflojado los lazos con Washington. Mientras que Ecuador rechazaba las sempiternas recomendaciones del FMI, el artículo 5 de la nueva Constitución de 2008 prohibía “el establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras de alcance militar”, así como la cesión de bases nacionales a “fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. En 2009, la izquierda no renovó el convenio que permitía a las tropas estadounidenses la ocupación de un puesto de operaciones avanzado (Forward Operating Location, FOL) en Manta, que ya se justificaba en nombre de la lucha antidroga.

Pero desde 2017, los sucesores de Correa pidieron, de modo sistemático, la colaboración de los servicios de inteligencia y del Comando Sur del ejército de Estados Unidos. Como sus dos predecesores [Lenín Moreno y Guillermo Lasso], Daniel Noboa –cuya reelección el 13 de abril fue objeto de cuestionamientos–⁷ quiere hacer de su país el principal aliado en seguridad de Washington en América del Sur. El 4 de setiembre, recibió en Quito al secretario de Estado, Marco Rubio. Este último anunció una ayuda financiera de 20 millones de dólares para reforzar la cooperación en seguridad entre ambos países y modernizar las Fuerzas Armadas ecuatorianas (en particular mediante la adquisición de drones). Rubio mencionó también su deseo de una presencia reforzada de las tropas estadounidenses en el territorio nacional. Ese mismo día, en el marco de su nueva política antidroga regional basada en un enfoque militarizado de la lucha contra el crimen organizado, Washington declaraba a los principales carteles ecuatorianos –Los Choneros y Los Lobos– “organizaciones terroristas extranjeras”, una designación que lo autorizaba a tomar todas las medidas e iniciativas que permitieran su “eliminación total”.⁸

Pese a que Noboa había obtenido de la Asamblea Nacional una modificación parcial del artículo 5 para suprimir toda referencia a la prohibición del establecimiento de bases o de instalaciones militares extranjeras en el país, la medida fue rechazada mediante un referéndum el 16 de noviembre. En ese mismo momento se rechazó también la segunda vía que Noboa había reservado para hacerla pasar: la posibilidad de elegir una Asamblea Constituyente encargada de “elaborar una nueva Constitución de la República”. Esta propuesta había sido una promesa de campaña de Noboa directamente relacionada con su objetivo de modificar el artículo 5.

Hugo Idrovo, escritor y especialista en Galápagos, recuerda que los aviones P-3 Orion que despegan de Guayaquil o San Cristóbal están llenos de radares, equipos de fotografía aérea y detectores infrarrojos. “Formalmente, estos vuelos se enmarcan en las operaciones militares conjuntas entre nuestros dos países, y los soldados estadounidenses deben ir acompañados por ecuatorianos en la cabina”. Pero, precisa, “una vez en altamar, a más de 12 millas náuticas de la costa, donde termina el territorio ecuatoriano y comienza la zona económica exclusiva, los estadounidenses tienen derecho a operar solos y excluir a los ecuatorianos del comando de las aeronaves. De esta manera pueden mantener su trayectoria en secreto”.

¿Paranoia? “Ahora se admite que Estados Unidos utilizó el FOL de Manta para espiar a Ecuador hasta que fue cerrado en 2009”, recuerda Idrovo. Hoy Washington conserva la propiedad exclusiva de la información recogida en el espacio marítimo del archipiélago que limita con la zona económica exclusiva de Costa Rica, la cual, a su vez, está vinculada con las de Panamá, Colombia y el Ecuador continental. Todos estos estados están integrados en su red de seguridad y militar en esta parte de la región.

Como un símbolo, se volvió a abrir una instalación militar en Manta... mientras que otro actor reapareció: en mayo de 2024, el FMI acordó con Ecuador un nuevo préstamo. A cambio, exige recortes presupuestarios –que eximen al Ministerio de Defensa y sus compras de armas estadounidenses en cientos de millones de dólares–.

En las orillas del malecón de Guayaquil, Hugo Idrovo medita. El FMI, el Comando Sur, la inteligencia estadounidense... A estos actores se suman las “grandes familias oligárquicas vinculadas con Estados Unidos. La historia de Ecuador avanza en ciclos, entre fases de emancipación y dominación por parte de estos clanes”. Idrovo relata la historia de la dinastía Noboa –el padre del presidente, que era multimillonario, su tía, la mujer más rica de Ecuador–. En Guayaquil está la sede de su conglomerado –es el segundo mayor exportador de bananas del país–, su banco y su imperio inmobiliario.

Vincent Ortiz, enviado especial. Periodista, jefe de redacción adjunto del sitio Le Vent se Lève. Traducción: Merlina Massip.

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