Rápido y furioso

Con el nuevo Congreso constituido, el gobierno argentino avanzará con su proyecto de reforma laboral, que profundizará el proceso por el cual se eliminan las condiciones para crear empleos de calidad. Si bien estas políticas “deslaborales” son viejas en Argentina, la novedad es su velocidad, magnitud y violencia para disciplinar la resistencia.

La reforma laboral ha estado en la agenda de la política argentina los últimos 40 años con diferentes intensidades. Sin embargo, desde la asunción de La Libertad Avanza en diciembre de 2023, ha recobrado una presencia muy significativa en el debate público.¹ Durante la reciente campaña legislativa, el gobierno anunció que enviaría un nuevo proyecto de reforma sin detallar sus alcances e implicancias. Por el momento sólo hay rumores que involucran cambios en el régimen de vacaciones, convenios colectivos, recursos sindicales, la posibilidad de pagar salarios con tickets canasta...

Más allá de las particularidades que adopte este proyecto, lo que está claro por las acciones gubernamentales es que se dirige a profundizar la deslaborización en curso, es decir, el proceso por el cual se eliminan progresivamente las condiciones de posibilidad para la creación y sostenimiento de empleos de calidad, con plenos derechos. Este tipo de reforma implica el cercenamiento de los derechos vigentes y, por lo tanto, tiene como consecuencia directa el achicamiento de la fracción de la clase trabajadora mejor posicionada en la estructura social; aquella que aún no ha perdido tanto por estar amparada en convenios colectivos o tener sindicatos que la defienden.

Tal vez la mayor expresión del fenómeno sea el crecimiento sostenido del “cuentapropismo” en paralelo a la reducción del trabajo asalariado. Sin dudas, esto es posible por la política económica vigente. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre 2014 y marzo de 2024 se cerraron 31.400 empresas;² desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025 lo hicieron otras 19.164 empresas, lo que contabiliza un total de 276.624 trabajadores registrados menos.³ Así, el proceso de deslaborización abierto no es sólo un tema normativo sino empírico, con expresiones concretas en una reorganización del mundo del trabajo.

En este sentido, una reforma laboral, en su acepción maximalista, incluye leyes específicas, pero también un conjunto de políticas, estrategias y discursos que tienen como fin la modificación de la participación de la clase trabajadora en la estructura económica a partir de su disciplinamiento.⁴ La reforma laboral maximalista no sólo implica la pérdida de derechos, sino que también favorece la tendencia a la movilidad social descendente.

Déjà vu y novedades

Sin embargo, este proceso no es nuevo; es posible reconocerlo en las políticas laborales del gobierno de la última dictadura militar, el menemismo, La Alianza y Cambiemos. Es un déjà vu constante: los actores económicos tienen una propuesta con la que insiste un gobierno tras otro. Entonces, ¿qué diferencia este momento de los anteriores? La respuesta es simple, aunque no le quita su complejidad dramática: esta reforma tiene como particularidad su velocidad acelerada y la profundidad de los cambios impulsados.

Desde una perspectiva histórica, la reforma laboral regresiva forma parte de la agenda pública desde hace varias décadas, donde se ha ido articulando una narrativa que asocia los problemas de empleo a la rigidez de la normativa y la imposibilidad de los cambios a la intervención de las organizaciones sindicales. Por ello, las propuestas prorreforma giran en torno a flexibilizar las leyes, que casi mágicamente llevarían a la generación de más empleo. Frases como “bajar el costo laboral”, “terminar con la industria del juicio” o “terminar con los convenios colectivos” aparecen como las fórmulas mágicas para la creación de empleo. Postura que, por supuesto, es una falacia dado que lo que crea puestos de trabajo es una economía en crecimiento y expansión.

En 2017, también después de ganar las elecciones legislativas, el gobierno de Cambiemos (Mauricio Macri) intentó promover una ley de reforma laboral, que se aprobó un año después, pero bastante lavada por la fuerte resistencia sindical y política que generó. Ahora bien, que no se haya sancionado una ley no significa que el proceso de reforma haya quedado trunco. Por el contrario, como mostramos en una investigación previa,⁵ se produjo una “reforma de hecho” que articuló un fuerte deterioro del poder adquisitivo, la flexibilización de algunos convenios colectivos y el desmantelamiento de instituciones laborales clave.

Al respecto, desde 2016 se produjo una caída de los salarios, con una afectación directa sobre los estilos de consumo, el uso de ahorros y el endeudamiento para cubrir gastos básicos, provocando un marcado deterioro de las condiciones de vida. Esta “reforma de hecho” no se detuvo durante el gobierno del Frente de Todos (Alberto Fernández), el cual, si bien no impulsó una legislación regresiva, tampoco logró revertir los cambios sucedidos en el período anterior. De hecho, la continuidad de ciertas tendencias configuró una doble crisis: la heredada del gobierno de Cambiemos y la generada por la pandemia de covid-19.⁶ Si bien en la pospandemia se produjo una reactivación económica, esta fue acompañada de una distribución regresiva del ingreso debido a la espiral inflacionaria.⁷

Estas condiciones estructurales, sumadas al deterioro de la calidad de vida y la movilidad social descendente, configuraron la sensación de una reforma laboral imposible de impedir. Que es lo que el gobierno de La Libertad Avanza está intentando reinstitucionalizar.

Ausencia de alternativas

Si bien hay fundaciones, organizaciones no gubernamentales y especialistas que han impulsado algunas propuestas alternativas, estas no terminan de configurarse bajo una narrativa integral porque o bien son parciales o mezclan procesos que las vuelven imprecisas.

Esta falta de propuesta integral sumada a los cambios en el mundo del trabajo y a la insistencia de las ideas prorreforma terminaron decantando en una suerte de resignación de los actores del espectro de la centroizquierda.

En este contexto, las organizaciones sindicales y los colectivos de trabajadores se enfrentan a un desafío colosal. En parte, por los retrocesos que introdujo la Ley Bases, como la corrosión del derecho a huelga, de la tutela sindical o de la protección a los delegados, o la extensión de las actividades consideradas esenciales... Por otra parte, por el desplazamiento de su rol como mediación social. El gobierno ha impulsado una política de ajuste económico brutal sin incluir estrategias de contención social. Al respecto, redujo al rango de Secretaría al Ministerio de Desarrollo Social y al de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Con algunas excepciones –como la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo–, ha eliminado cualquier política que contribuya a aminorar los costos de una crisis producida por su propia política económica.

Todo parece haberse acelerado luego de las elecciones de octubre, no sólo porque el gobierno prepara el proyecto para enviarlo a sesiones legislativas extraordinarias, sino porque luego de la quietud previa a las elecciones de nuevas autoridades parece haber movimientos en la calle Azopardo [sede de la CGT]. En los últimos días proliferaron los encuentros y plenarios internos, reuniones con legisladores y contacto con gobernadores para definir una estrategia que considere las diferencias casi irreconciliables entre nucleamientos. Tal vez por estas razones, la nueva defensiva contra la reforma laboral no venga principalmente de la calle, sino de la capacidad de influencia que aún conserva buena parte del movimiento obrero.

Ana Natalucci, investigadora. UBA/Conicet-IDAES. Fragmento de su artículo publicado en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2025.