¿Qué queda del estallido social chileno?

Desde la revuelta popular de 2019, que hizo temblar al gobierno de Sebastián Piñera, el país fracasó en sus intentos de reemplazar la Constitución pinochetista y el gobierno de Gabriel Boric no ha logrado desplegar sus políticas más transformadoras. ¿Cómo se explica esta parálisis? ¿Tiene chances la izquierda de cara a las elecciones generales de fin de año?

“Desde las movilizaciones de 2019 contra las desigualdades, nada cambió verdaderamente en relación con este tema”, suspira Ignacio Puelma, por entonces presente en las calles de Santiago. De hecho, en Chile, el uno por ciento de la población detenta todavía cerca del 40 por ciento de las riquezas nacionales¹. El “estallido social”, como fue llamado en esa época por los manifestantes y los medios, duró cinco meses. Movilizó a hasta dos millones de personas en las calles de la capital, comenzó el 25 de octubre de 2019 y culminó con la huelga general del 12 de noviembre de ese año; algo jamás visto en la historia del país. Dirigido contra el gobierno del difunto presidente Sebastián Piñera, al frente del país entre 2018 y 2022, el levantamiento popular se manifestaba contra las desigualdades, el alto costo de la vida y las injusticias sociales heredadas del modelo económico neoliberal forjado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Y derivó en dos grandes resultados.

El primero, la implementación, entre 2021 y 2023, de dos iniciativas sucesivas para dar al país una nueva Constitución y terminar con la de 1980 concebida por la dictadura. Esta última sacraliza la primacía de los sujetos de derecho privado y de la lógica de mercado por sobre las prerrogativas del Estado, tanto en el ámbito de la economía como en el de los servicios básicos prestados a la población. Su reemplazo constituía una de las principales reivindicaciones del movimiento popular, como lo confirmaba un primer referéndum en 2020. Pero para ello, dos experimentos –la Convención Constitucional, establecida entre 2021 y 2022², y el Consejo Constitucional en 2023, que siguió al fracaso de la primera– colapsaron en la misma etapa. En cada uno de los referéndums celebrados para aprobar el texto presentado –una elección cuyo voto era obligatorio–, el rechazo mayoritario de los chilenos terminó salvando finalmente a la Constitución de Augusto Pinochet. Por lo tanto, esta sigue imponiéndose a todos los gobiernos, especialmente al actual, dirigido por Gabriel Boric, cuya elección, en diciembre de 2021, estuvo fuertemente influida por la dinámica del movimiento popular de 2019. Es el segundo resultado del “estallido”.

Los límites de Boric

El jefe de Estado inicia en 2025 su último año de mandato. Si su elección ha expulsado del poder a la extrema derecha liderada por José Antonio Kast (Partido Republicano, PR), no ha logrado concretar en términos institucionales las esperanzas de los manifestantes. ¿Por qué la mayor movilización popular de la historia de Chile ha desembocado en una secuencia política ambivalente, mientras que sus principales exigencias –una nueva Constitución, más justicia social– no fueron satisfechas? Para responder esta cuestión, se impone una vuelta atrás a fin de esclarecer las etapas de un proceso tan retorcido como infructuoso.

Dinámicas parecidas explican el fracaso de las tentativas de reforma constitucional ensayadas entre 2021 y 2023. En los dos casos, las fuerzas predominantes elegidas dentro de cada Asamblea –los independientes surgidos de los movimientos sociales que originaron la revuelta popular y la izquierda para la Convención Constitucional; la extrema derecha y los conservadores para el Consejo Constitucional– se beneficiaron de una sobrerrepresentación numérica en escaños en comparación con el equilibrio sociológico real de la población.

En el seno de la Convención, más de dos tercios de los delegados derivaban de las candidaturas independientes y de la izquierda. Y esto debido a la dinámica política mantenida por los actores movilizados durante 2019, al fuerte rechazo al gobierno de Piñera, pero también gracias a la importante abstención (57 por ciento) expresada durante la elección de dichos delegados. Este abstencionismo traducía entonces, en primer lugar, la sanción ejercida sobre el gobierno por parte de los votantes de centro y de derecha, descontentos por su gestión de la crisis, quienes además se oponían a legitimar un proceso constituyente concedido a los manifestantes del “estallido”. En el caso del Consejo Constitucional, cuya elección de delegados entretanto se había hecho obligatoria, el voto de los electores de derecha y de centro dio esta vez casi la mitad de los escaños a la extrema derecha de Kast, radicalmente hostil a la izquierda y crítica con la gestión del gobierno de Piñera, y dos tercios a este último con la derecha tradicional. Esto, en el contexto de una mediocre popularidad de Boric, cuyo índice de aprobación oscila entre el 25 y el 35 por ciento desde su elección.

En estas dos experiencias, el humor popular coyuntural, por lo tanto, ha influido sobre el proceso en detrimento del poder establecido. Cada espacio dominante ha aplicado la misma estrategia perdedora en el seno de su Asamblea: elaborar textos “maximalistas” correspondientes a su programa político ideal. En el primer caso, para dar prioridad a las cuestiones “de identidad”: igualdad de género, diversidad sexual, derechos de los pueblos originarios, especialmente. Estos temas movilizaron en su contra a una gran parte de las clases populares y medias, sociológicamente mayoritarias³. El 4 de setiembre de 2022 el 62 por ciento de la población rechazó la propuesta de la nueva ley fundamental (con una participación del 85 por ciento). En la segunda configuración, se redactó un texto todavía más conservador que el de la Constitución de Pinochet, que cuestionaba el derecho al aborto, legalizado en 2017 en caso de violación, peligro para la vida de la madre o inviabilidad del feto. Incluso reducía todavía más el rol del Estado en provecho, por ejemplo, del refuerzo de los “sistemas mixtos” público privados en el ámbito de los servicios prestados a la población (jubilación, salud). Este proyecto, rechazado por el 55 por ciento de los votantes, movilizó contra él a las fracciones progresistas de la sociedad y a una porción mayoritaria de jóvenes y de mujeres.

Esta larga secuencia accidentada muestra, a posteriori, la profundidad de las divisiones sociales, políticas y culturales existentes dentro de la población chilena, el peso latente de los votantes moderados y conservadores, que pueden consentir ciertos avances mientras no pongan en cuestión la estructura de la sociedad, y la incapacidad del país para alcanzar consensos sobre las transformaciones a encarar. Ninguno de los grandes problemas que afectan a la sociedad se han resuelto y el cerrojo constitucional que le impone el liberalismo económico a Boric sigue vigente.

Volver sobre las condiciones de su elección permite comprender mejor otros límites de su accionar. El antiguo dirigente estudiantil ganó la elección presidencial con cerca del 56 por ciento de los votos, contra el 44 por ciento de su adversario, José Antonio Kast. Pero esta victoria se debe a la abstención de alrededor del 45 por ciento y a la movilización de una coalición democrática que en la segunda vuelta reunió oportunamente a la izquierda reformista, a la centroizquierda y al centro con el único objetivo de contrarrestar una amenaza común inminente. Boric sólo disponía del 25 por ciento de los votos la noche de la primera vuelta, el 21 de noviembre de 2021. El líder de la extrema derecha había llegado primero con cerca del 28 por ciento y sumó a una gran parte de la derecha en la segunda vuelta.

En el contexto de la maratón constitucional iniciada hace dos años, el gobierno de Boric prometió, en campaña y una vez instalado en el Palacio de la Moneda, a partir de marzo de 2022, muchas reformas que respondían a las aspiraciones del levantamiento de 2019: ampliación de los derechos sociales, modificaciones del sistema fiscal en favor de una mayor justicia, freno a la privatización de las jubilaciones. Pero su materialización depende de dos condiciones inseparables: un cambio de Constitución (que no se producirá) y la construcción de una alianza parlamentaria que apoye sus orientaciones más transformadoras (que nunca adoptará esa forma). Gabriel Boric ha sido, en efecto, elegido, pero no dispone de la mayoría en el Congreso, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, que le permitiría aplicar su programa. Durante las elecciones legislativas, los votos de los chilenos se dispersaron en una veintena de partidos y las fuerzas de derecha dominan hoy las dos cámaras fragmentadas.

Para poder hacer aprobar las leyes, la salvación del Ejecutivo descansa sobre una alianza funcional formada con las fuerzas socialdemócratas y democristianas que dirigieron el país durante 20 años después de la dictadura. Su acción, en el Congreso y en el seno de los gabinetes ministeriales, corroe de forma permanente las ambiciones transformadoras del programa presidencial inicial. Y, en ausencia de una estrategia de movilización popular para apoyar sus acciones, la cual prefiere a aquella que consiste en “habitar las instituciones de la República” (con el objetivo de privilegiar la construcción de consensos parlamentarios en un país fragmentado en términos políticos), el presidente no ha logrado imponer sus reformas faro: la del sistema fiscal y la jubilación. No obstante, al precio de múltiples negociaciones, ha podido hacer aprobar la reducción de la jornada laboral legal a 40 horas semanales (un objetivo a alcanzar en cinco años). Logró que cinco millones de personas que pertenecen a las clases sociales más desfavorecidas se beneficien con la atención gratuita en el sistema público de salud. Su gobierno aumentó igualmente el salario mínimo (un poco menos de 500 euros por mes) y aplicó un impuesto minero cuyos ingresos son dirigidos a los municipios más pobres del país.

Desde su asunción, las cuestiones de seguridad prevalecen en la agenda política en razón de las presiones ejercidas por la derecha. El número de homicidios aumentó 38 por ciento entre 2018 y 2023⁴. Este fenómeno se explica por la creciente presencia del narcotráfico en el país, como en todo América del Sur. Boric ha debido, al mismo tiempo, hacerle frente a la crisis migratoria derivada de la inestabilidad en Haití y en Venezuela. Los ciudadanos venidos del país bolivariano representan el 38 por ciento de los 1,9 millones de migrantes censados en Chile (los haitianos, cerca del diez por ciento), y 75 por ciento de ellos viven allí de manera irregular (17 por ciento del total)⁵. Finalmente, ha tenido que hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de la covid-19, y combatir la inflación creciente por las medidas fiscales y una política de incremento de las tasas de interés bancarias. Esta se ha fijado en el 4,5 por ciento en 2024.

Hacia noviembre

Comienza la recta final antes de las elecciones generales (presidencial y legislativas), que se celebrarán el 16 de noviembre y el 14 de diciembre (en caso de segunda vuelta). Boric no se podrá presentar. Los sondeos indican por el momento una ventaja de la derecha tradicional, cuya candidata podría ser la alcaldesa saliente de la comuna de Providencia (área metropolitana de Santiago), Evelyn Matthei. Con todo, los resultados de las elecciones municipales y regionales, realizadas en octubre y noviembre de 2024, muestran un paisaje más abierto de lo esperado. Estas elecciones confirman el estancamiento de la coalición presidencial, sin que eso signifique una derrota general. La izquierda dirige en realidad ocho de las 16 regiones del país, contra seis que controla la derecha. Dos corresponden a gobernadores independientes. A nivel local, perdió unas 40 municipalidades, incluida la de Santiago, en beneficio de una clara victoria de la derecha, pero conserva 111. La coalición Chile Vamos (ChV, de derecha) refuerza sus posiciones en el conjunto del territorio (122 ciudades). El avance del PR, con quien ChV compite directamente para imponerse como fuerza dominante en la derecha de cara a la elección presidencial, sigue contenido. La formación de Kast, debilitada por su fracaso en el Consejo Constitucional, no consiguió más que ocho ciudades en esa elección.

Por tanto, la renovación de un gobierno basado en la continuidad aún tiene posibilidades. Pero en ciertas condiciones. Si espera ganarles a los candidatos de la derecha tradicional y de la extrema derecha, la izquierda deberá mantener la alianza moderada que ha gobernado, con Boric a la cabeza. Alcanzar este objetivo la obligará a ponerse de acuerdo con los socialdemócratas y con una parte del centro sobre la conformación de un mecanismo –del tipo primarias– que permita presentar un candidato único a la presidencia y ganar con una mayoría en el Congreso gracias a la elaboración de una sola lista de candidatos. Si esta perspectiva unitaria se produce, Boric podría tener un sucesor al frente del país, proveniente de su espacio. Pero las profundas aspiraciones del levantamiento social de 2019 aún no habrán transformado Chile.

Víctor de la Fuente y Libio Pérez, respectivamente, director y editor general de la edición chilena de Le Monde diplomatique. Traducción: María Eugenia Villalonga.