El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) fue denunciado el 19 de febrero por el intento de golpe de Estado del 23 de enero de 2023 contra Lula da Silva. Menos expuestos a los reflectores internacionales, varios militares también acusados fueron piezas clave de esa conspiración en la que nadie se escondió para conspirar.

Luces y sombras. Composición básica de imágenes. Para resaltar un elemento es necesario poner otros en un segundo plano. La sombra se caracteriza comúnmente como una distorsión de la imagen, e incluso como una ilusión o tergiversación de la verdad en términos filosóficos. Así, olvidamos que la sombra es una parte, portadora de verdaderos reflejos de la imagen sometida a la luminosidad. La sombra no siempre es una mentira. La denuncia presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), que acusa al expresidente Jair Bolsonaro y a sus ministros militares de un intento de golpe de Estado, revela cómo la extrema derecha articuló el proceso golpista, incluso públicamente. La táctica de la bravuconería era parte de un complot golpista estructurado.

La denuncia presentada por Paulo Gonet acusa a Bolsonaro, a importantes generales de las Fuerzas Armadas, como el general Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, entre otros, y a figuras del gobierno central como Anderson Torres de la formación de una organización criminal para el intento de golpe de Estado, con la intención de abolir de manera violenta el Estado democrático de derecho y derrocar al gobierno legítimamente elegido, entre otros crímenes.

En la petición de condena se destaca, en especial, los discursos públicos pronunciados por el expresidente, así como en reuniones y manifestaciones públicas (sobre todo a través de las redes sociales), como parte del conjunto probatorio de la articulación golpista. La organización de la desinformación sobre la imparcialidad de las urnas, así como los actos y acampadas frente a los cuarteles del Ejército, no fue aleatoria (como se argumentó). En otras palabras, la disculpa de que “nadie advierte que van a dar un golpe de Estado si esa es realmente su intención”, presentada por parte de algunos analistas, resultó ser errónea, ya que el MPF describe cómo estos discursos públicos fueron parte central de la gestación del golpe.

El 8 de enero de 2023 fue la última movida. Formaba parte de una red que se había tejido al menos desde 2021, públicamente. La denuncia del MPF presentada el martes 18 de febrero revela cómo se articuló el intento golpista en el núcleo central del gobierno de Bolsonaro y, sobre todo, señala cómo su costura pasó por varias pruebas. Entre los desafíos estaba lograr un arco significativo de adhesión de sectores estratégicos para el golpe, incluyendo el sostén total de las Fuerzas Armadas.

El nombramiento del general Paulo Sérgio Nogueira en la comisión interna del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que investigaría la imparcialidad de las máquinas de votación electrónica durante las elecciones de 2022 fue uno de los intentos de vincular a las Fuerzas Armadas con el proceso golpista. La perspectiva era poder falsificar un informe que probara el fraude en las urnas. Sin embargo, no había elementos para ello y tampoco fueron capaces de forjarlos.

Vincular a cerca de 7.000 militares activos en cargos comisionados y cambiar la legislación que permite que el personal militar activo ya no tenga el límite de dos años para permanecer en este tipo de cargos fue también un intento de dominación y cooptación.

También es importante destacar el papel relevante de la policía militar en este proceso. Se trata de un sector fundamental de la composición social del bolsonarismo que se movilizó y articuló en torno a su candidatura. Es verdad que hubo tensiones y dificultades con esta base social con relación a la perspectiva de un piso salarial nacional para los policías que no fue cumplido por Bolsonaro. Sin embargo, este se mantuvo como uno de los sectores más leales al ahora expresidente.

No es, por tanto, circunstancial el papel esencial de Anderson Torres al frente de la seguridad pública en el Distrito Federal de Brasilia el 8 de enero de 2023 [cuando las turbas bolsonaristas tomaron los edificios de la Plaza de los Tres Poderes, en la capital], dando apoyo policial al operativo. De hecho fue nombrado secretario de Seguridad por Bolsonaro para cumplir este rol, entre otras tareas.

Aunque con matices y algunas resistencias, no hubo organización de ningún sector interno con relación al tema del avance autoritario y el rol de las Fuerzas Armadas, en sentido contrario a lo señalado por el gobierno. La tónica de las instituciones militares durante el mandato de Bolsonaro fue, por tanto, de adhesión, aunque con algunas disputas internas entre grupos, así como resistencias puntuales a referencias más polémicas y con altas posibilidades de fracaso, como la estrategia golpista ideada (incluida la falta de apoyo externo del mandatario estadounidense del momento, Joe Biden, a la propuesta golpista).

No parece correcto sugerir que hubo un ala democrática propiamente dicha dentro de las Fuerzas Armadas que resistió el golpe. A lo que parecían resistir era al grupo dirigente del golpe y a las condiciones en ese momento adversas para el apoyo interno y externo necesario para su realización exitosa. Con esta estrategia se busca, una vez más, ubicar en un grupo particular de las Fuerzas Armadas la premisa golpista y mantener intactos el poder y los privilegios, incluida la intervención política de los militares.

En este sentido, si bien parece tratarse de un proceso de mediación de la Procuraduría General de la República con relación a las instituciones militares, incluso como una posible estrategia para posibilitar la condena de un grupo significativo de generales sin que exista una insurrección militar, no parece adecuada la atribución, que señala Gonet en su acusación, de que las Fuerzas Armadas también fueron “víctimas” de este grupo, argumentando que quienes resistieron fueron atacados en las redes sociales y sucesivamente intimidados para el intento de golpe.

De la misma manera, el grupo que se consolidó como un líder militar en el proceso de gobierno, los generales Heleno y Braga Netto, asumió la arquitectura golpista con la certeza de la impunidad. Por eso es muy relevante la denuncia y probable condena de sectores militares por la intentona golpista. Realmente es algo inédito e histórico, que también necesitará de la movilización social para realizarse.

La bravuconería como política

La denuncia del MPF pone de manifiesto la construcción pública del golpe. Los discursos de Bolsonaro en las transmisiones en vivo, en las manifestaciones callejeras, la incitación en las redes sociales contra el TSE y la equidad de las urnas electrónicas, así como diversas formas de movilización de manifestaciones antidemocráticas en los cuarteles, fueron más allá de la colusión para el asesinato del presidente Lula, el ministro Alexandre de Moraes y el vicepresidente Geraldo Alckmin. Buscaban la adhesión masiva de un movimiento social de carácter fascista.

Sin embargo, las condiciones para el intento de golpe de Estado implicaban necesariamente desplazamientos que necesitaban de la disputa pública para que ocurriera. Y parte de la forma de disputa narrativa de la extrema derecha es esta construcción de cambiar los patrones de discurso a través de defensas que parecen absurdas y meras bravuconadas, pero que son estratégicas para la pulseada política y, en este caso, para la organización del golpe. Todos los indicios de este plan fueron anunciados por los propios ejecutores del complot. La incredulidad de las instituciones y de la sociedad en su conjunto contribuyó a que se mantuviera sin interrupciones hasta su conclusión.

Más que una táctica utilizada sólo en esta circunstancia, hay que señalar que este juego es fundamental en la arquitectura narrativa de la extrema derecha en su conjunto. En Brasil y en el mundo. El absurdo ha tomado forma en la política contemporánea y, por mucho que parezca ficción, es parte de la disputa de ideas. Sólo porque parecen una bravuconería, un espectáculo fantasioso, estos discursos están permitidos, incluso por la institucionalidad. La realidad es un juego de luces y sombras, y arrojar luz sobre lo que debería permanecer en las sombras ayuda a confundir, a barajar el juego.

Bolsonaro buscó consolidar a lo largo de su mandato una base social de carácter fascista. La declaración de la Corte Suprema como su enemiga pública, que impidió a su gobierno llevar a cabo sus políticas, así como su discurso ultraconservador que buscaba la aniquilación de sectores sociales, tenía como objetivo construir una masa crítica de seguidores leal y cada vez más radicalizada.

La disputa sobre los principios de libertad y democracia ayudó a unir a su base social. Este proceso mantuvo, incluso mientras estaba en el gobierno, un movimiento político movilizado y cada vez más fascista. La construcción autoritaria exigía apoyo y no era coyuntural. No fue sólo bravuconería. Realmente creían en la narrativa del fraude y en la posibilidad de una intervención militar. A lo largo de dos años, trataron de construir socialmente la solución golpista y lo hicieron de manera pública, aunque los grandes medios de comunicación consideraron este discurso fantasioso para su base. Estaban dispuestos a hacer lo que decían, y la historia lo ha demostrado.

Por eso es un juego de luces y sombras, en el pasado y en el presente. Tanto el de exagerar la luz para que parezca que nada está oculto como el de mantener en la oscuridad aspectos que deben ser revelados.

Julia Almeida V da Silva, autora de La militarización de la política en el Brasil contemporáneo (Alameda, 2023), doctoranda en Derecho por la USP, profesora de Derecho e investigadora en DHCTEM/USP y CAAF/Unifesp. Artículo publicado por Le Monde diplomatique, edición Brasil.