Las dos caras de Ruanda

La violencia en la República Democrática del Congo (RDC) tiene a Ruanda como factor agravante. El presidente ruandés, Paul Kagame, mantiene su doble juego: aliado de Occidente, pero desestabilizador regional. ¿Por qué la comunidad internacional sigue sin sancionarlo? Este artículo repasa, además, la deriva del “mar de siglas” de la política armada congoleña.

A mediados de enero, el Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo rebelde apoyado por Ruanda, tomó nuevamente el control de Goma, en el este de la RDC. Menos de un mes más tarde, continuando con su avance, se apoderó de Bukavu, en Kivu sur. Goma ya había caído antes en sus manos, pero en noviembre de 2012 el M23 había aceptado retirarse de la gran ciudad del lago Kivu al cabo de dos semanas. En noviembre de 2013, después de un año de combates ininterrumpidos, de negociaciones y de presiones internacionales sobre Kigali, el grupo rebelde había depuesto las armas¹.

Esta vez la situación es diferente. El M23 sostiene su posición en Goma pero continúa su avance, apoyado por más de 4.000 soldados de las fuerzas ruandesas de defensa y de un arsenal militar pesado que incluye carros blindados, drones y misiles antiaéreos². Mientras que el presidente ruandés, Paul Kagame, dice “no saber” si sus tropas operan en el territorio de su vecino (CNN, 3 de febrero), el Grupo de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la RDC dejó asentada esta participación en seis informes publicados entre 2022 y 2024³. Sin embargo, hasta nueva orden, las intrigas de Kigali no le valieron sino reprobaciones verbales en la escena internacional. El 25 de enero, la Unión Europea exhortó al M23 a batirse en retirada mencionando el apoyo de Ruanda. Reunido de manera urgente al día siguiente, el Consejo de Seguridad de la ONU se conformó con reclamar el retiro “de las fuerzas exteriores” sin nombrarlas de forma explícita, al mismo tiempo que conminaba a Kigali y Kinsasa a negociar. Sólo Bélgica y Reino Unido condenaron la toma de Bukavu y señalaron a Kigali de manera pública. Ruanda pudo continuar de este modo violando las normas internacionales que garantizan la integridad y la soberanía de la RDC.

La pusilanimidad occidental no hizo sino agravar la crisis humanitaria que arrasa al Kivu –cuatro millones de personas desplazadas desde marzo de 2022, y cerca de 3.000 asesinadas en algunas semanas⁴– y favorece que se cuestionen las fronteras heredadas de la colonización, con el riesgo peligroso de una escalada conflictiva en la región de los Grandes Lagos, pero también en el conjunto del continente africano. ¿Cómo es que Ruanda consigue evitar, pese a la acumulación de pruebas en su contra, una firme reacción internacional y, en particular, logra eludir las sanciones, que por esos días se limitaron al M23 y a sus dirigentes?

Aliado útil

Desde su ascenso a la presidencia de su país en el año 2000 –tras haberlo dirigido de facto desde fines del genocidio de 1994–, Kagame transformó la imagen de Ruanda. El pequeño Estado ahora pasa por ser un modelo de desarrollo socioeconómico, un país cuyas instituciones practican la paridad hombre-mujer. Dotado de un ejército bien formado y equipado, Ruanda se cuenta entre los principales aportantes de tropas en las operaciones de sostén de la paz de la ONU –el tercero a nivel mundial y el segundo en la escala del continente, con 5.874 cascos azules al 31 de agosto de 2024⁵. Con el acuerdo anulado en julio de 2024 por el primer ministro británico, Keir Starmer, que apuntaba a relocalizar en Ruanda a los inmigrantes que entraban de manera ilegal a Reino Unido, Kagame se jugaba la carta de ser aliado útil de los occidentales⁶.

Poco importan las dudas sobre la realidad del “milagro” de un desarrollo ampliamente subvencionado⁷, la lealtad política y la etnia que siempre se imponen sobre la igualdad de los sexos⁸, o incluso los graves ataques a las libertades fundamentales: la imagen de Ruanda frente a los actores internacionales sigue siendo muy buena. Desde hace diez años, Kigali se posiciona incluso como “gendarme africano”. Tropas ruandesas desalojaron a yihadistas que amenazaban la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, para gran satisfacción de TotalEnergies, que explota gas natural frente a las costas mozambiqueñas. A fin de realizar esa operación, Ruanda obtuvo apoyos financieros muy controvertidos del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) que ascienden a un total de 40 millones de euros desde 2022⁹.

El otorgamiento de esta ayuda, incluso en el momento en que la participación del país en el resurgimiento del M23 en la RDC salía a la luz, deja la impresión de que la Unión Europea practica un doble discurso. La asignación de un financiamiento similar de la FEAP a las fuerzas armadas de la RDC en 2023 mitigó todavía menos las críticas dado que, además, Bruselas estableció, en febrero de 2024, una relación de cooperación estratégica con Kagame que garantiza que el viejo continente se abastecerá de modo “duradero” con materias primas provenientes de Ruanda. Las cantidades de minerales suministradas por Kigali superan sus capacidades oficiales de producción: así, los 27 (estados miembros de la Unión Europea) validan el pillaje de la RDC. La Comisión Europea se niega a anular dicho acuerdo pese al pedido expreso del Parlamento Europeo.

Por supuesto, hay divergencias entre los europeos en cuanto a la gestión de la situación en el este de la RDC. Claramente endurecieron el tono en cuanto a las responsabilidades ruandesas en las maniobras del M23. No es menor que el resentimiento general contra la “comunidad internacional” no deje de crecer del lado congoleño. La complacencia de los occidentales hacia Ruanda no se relacionaría, según ellos, sino con la búsqueda cínica de sus propios intereses económicos y estratégicos en África, en especial la lucha contra la influencia rusa y la expansión del yihadismo.

Mar de siglas

Para servir a sus propias prioridades, Kagame se vale de los movimientos rebeldes con una cierta constancia desde la década de 1990. Así, la ofensiva en curso del M23 constituye la sexta de ese tipo. Si en 1996-1997 la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL) sostenida por Ruanda se encontró, primero, con un verdadero apoyo en la RDC, esa popularidad, coronada por el derrocamiento del dictador Joseph Mobotu, se deshizo con la multiplicación de las operaciones militares asesinas para los civiles, y terminó por limitarse a los congoleños ruandófonos de Kivu. En 1998-2002, la guerrilla que destituyó al presidente Laurent-Desiré Kabila fue esencialmente liderada, en el este, por la Agrupación Congoleña para la Democracia (RCD) –un movimiento en su mayoría ruandófono, sostenido por Ruanda– y, en el norte, por el Movimiento de Liberación del Congo (MLC), respaldado por el régimen ugandés de Yoweri Museveni, el eterno amigo-enemigo de Kagame. El fracaso en las elecciones generales de 2006 del RCD reveló, sin embargo, la fragilidad política de estas victorias militares. El régimen ruandés, que perdió de este modo un importante instrumento de influencia local, tuvo que replegarse sobre otros grupos rebeldes –el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) y, más tarde, el M23– con la finalidad de recuperar el terreno perdido. Con la nueva ofensiva del M23 a fines de 2021, Ruanda parece querer adelantar todavía más a sus peones, mientras encuentra menos resistencia que hace diez años.

El contexto, tanto regional como internacional, cambió bastante desde 2012. El M23 pretendía defender entonces a los militares ruandófonos enrolados en las fuerzas armadas de la RDC en Kivu y repatriar a los refugiados que se habían escapado de la RDC en 1993. No exhibía ambiciones políticas claras. Cuando depuso las armas en 2013, no había alcanzado casi ninguno de sus objetivos. Estados Unidos, sumado a varias de las capitales europeas, y el Consejo de Seguridad de la ONU adoptaron sanciones contra el movimiento y contra Ruanda en razón del enrolamiento de niños como soldados: se creó una brigada de intervención especial dentro de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco); las fuerzas armadas congoleñas se reorganizaron; la Corte Penal Internacional inició acciones contra los dos líderes del M23, Sultani Makenga y Bosco Ntaganda, enfrentados entre sí. El conjunto de estas disposiciones terminó por neutralizar el movimiento. Pero el acuerdo-marco firmado en Addis Abeba en 2013 –que se supone que trata las causas profundas de los conflictos en el este de la RDC– no se implementó sino de forma muy parcial.

En 2025, las cancillerías occidentales se preocupan primero por las crisis que amenazan su propia seguridad, tales como la guerra en Ucrania y el nuevo enardecimiento del conflicto palestino-israelí. Por lo demás, la interminable crisis congoleña despierta ahora cansancio, mientras que se multiplican los reproches por incuria dirigidos a dirigentes congoleños considerados incapaces de controlar su territorio. “Ustedes no estuvieron a la altura de restaurar la soberanía ni militar ni en términos de seguridad ni administrativa de su país”, lanzó así, de modo condescendiente, el presidente francés, Emmanuel Macron, a su homólogo Felix Tshisekedi en ocasión de una visita a Kinsasa en marzo de 2023. El M23, por su parte, también se transformó. El grupo dispone de armamentos pesados y se beneficia de un apoyo más importantes de tropas ruandesas. Como factor agravante, recibe ahora el refuerzo político del expresidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente de la RDC Corneille Nangaa, que se puso a la cabeza de la Alianza del Río Congo, una nebulosa coalición de grupos armados.

Un mandatario poco creíble

¿Qué se mantiene invariable? El fracaso de los acuerdos o de los marcos institucionales que entraron en vigencia desde 2006, así como la determinación del régimen de Kigali de controlar las provincias del Kivu. La fuerza de Kagame reside también en la debilidad de Tshisekedi, que se muestra incapaz de enfrentar los problemas estructurales de las fuerzas armadas (falta de profesionalismo y de medios, corrupción y violencia) y de gestionar de modo coherente y realista la crisis en el este de su país. La débil credibilidad del presidente congoleño limita el alcance de su clamor de ayuda en la lucha contra la intromisión de Ruanda.

Kagame sabe disimular sus intenciones a la perfección, lo que tiende a complicar la lectura y la anticipación de sus acciones en la RDC para los observadores externos. Algunos juzgan demasiado unívoca la puesta en primer plano de móviles puramente económicos –los recursos minerales– y proponen también la voluntad de proteger a los tutsis congoleños, un grupo históricamente discriminado, así como la amenaza persistente que harían pesar las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda –los hutus ruandeses refugiados la RDC después de haber participado en el genocidio de 1994– sobre la seguridad de Ruanda.

El establecimiento por parte de Ruanda de una zona tapón en la frontera con la RDC equivaldría a un peligroso cuestionamiento del principio de intocabilidad de aquellas fronteras derivadas de la descolonización y que fueron reconocidas por la “comunidad internacional”, un principio adoptado por la Organización de la Unidad Africana en la conferencia de El Cairo en 1964. En cambio, las amenazas esgrimidas por Nangaa, mascarón de proa congoleño de la rebelión, de avanzar sobre Kinsasa parecen ser más bien fanfarronerías. Kagame no tiene ningún interés en asumir una autoridad directa sobre la RDC. El presidente ruandés busca, de modo más verosímil, gravitar sobre la orientación que se decide en Kinsasa, como fue el caso en la década de 1990.

Pase lo que pase, el régimen de Kigali, que movilizó miles de tropas, que sufrió pérdidas importantes, que asumió riesgos financieros y diplomáticos, no se conformará –sea por la vía de la negociación o por medio del conflicto armado– con un arreglo a la baja. Mientras tanto, la extrema debilidad del gobierno de Tshisekedi podría acicatear las ambiciones de otros pretendientes civiles o militares. Ahora ya no se debe excluir la aparición de un poder antioccidental en la RDC, como pasó con los cambios políticos ocurridos en África occidental desde 2021, que fueron alimentados por el hartazgo de una guerra interminable y devastadora.

Erik Kennes y Nina Wilén, investigador y directora del programa África del Instituto Egmont (Bruselas), respectivamente. Traducción: Merlina Massip.