Macartismo trumpista

Convencido de que las instituciones culturales estadounidenses le son hostiles y enseñan el odio a Israel y a Occidente, Donald Trump decidió purgarlas. Lo hace expulsando a los investigadores extranjeros que son críticos con las políticas estadounidenses, cortando los fondos de financiación de las universidades recalcitrantes y asimilando a antisemitismo las manifestaciones de solidaridad con Palestina.

Desde el comienzo, la segunda presidencia de Donald Trump desencadenó una nueva era de represión de la libertad de expresión. Utiliza como pretexto la lucha contra el antisemitismo. Ahora, ciudadanos en situación regular pueden ser increpados por agentes federales con los rostros enmascarados en plena calle, y quedar incomunicados sólo por haber publicado un texto en un periódico estudiantil.

El caso más mediático fue la detención de Mahmoud Khalil. La oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement, ICE) detuvo a este activista propalestino en su domicilio de Columbia antes de enviarlo a Luisiana. Sin embargo, tiene tarjeta de residencia permanente y está casado con una ciudadana estadounidense. El 10 de marzo, Trump festejó este arresto en su red social como “la primera de una larga serie por venir”.

Entre las detenciones que vinieron después estuvo la de Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado en la Universidad Tufts de Medford (Massachusetts): la ciudadana turca fue arrestada por agentes enmascarados del ICE cerca de su casa en Somerville. Al igual que Khalil, fue enviada a Luisiana. ¿Su crimen? Haber publicado un editorial crítico con Israel en el diario de la universidad. Sin aventurarse siquiera a sugerir que alguno de los dos hubiera infringido ley alguna, el secretario de Estado, Marco Rubio, proclamó con orgullo en una reunión de gabinete en la Casa Blanca: “Cada vez que descubrimos a uno de estos locos, le sacamos la visa”.

El pretexto del antisemitismo

Con el pretexto de luchar contra el antisemitismo, Trump acaba de lanzar una campaña cuyo objetivo es pisotear la independencia de las grandes universidades estadounidenses, a las que reprocha haber fomentado un “asalto marxista contra la civilización occidental”. Es cierto que se produjeron ataques antisemitas en algunas de estas universidades. En ocasiones, manifestantes propalestinos destruyeron bienes, interrumpieron clases o increparon a estudiantes judíos. Lo contrario también es cierto: estudiantes judíos utilizaron la violencia contra militantes de la causa palestina.

Pero la instrumentalización política del antisemitismo en curso sólo muy raramente está relacionada con amenazas que gravitan sobre judíos. La cruzada apunta primero a silenciar a los críticos con Israel. Entre las organizaciones judías y los ricos donantes de las universidades que forman parte de este asunto, a pocos les molestó que Trump se reuniera y cenara con antisemitas notorios en Mar-a-Lago. Con el apoyo de la derecha cristiana blanca, nacionalista y prosionista, esta campaña no apunta sólo a las universidades de élite, sino también a la Constitución estadounidense, cuyo primer artículo prohíbe cualquier ley que restrinja “la libertad de expresión o de prensa”.

El asalto estadounidense contra la “amenaza antisemita” se desplegó en el momento en que el gobierno israelí intensificaba las agresiones contra los palestinos y pasaba a una lógica asesina en Gaza¹. El principal blanco de la operación que lanzó la Casa Blanca fue la Universidad de Columbia, en Nueva York. Quizá los propalestinos se manifestaran ahí más que en otros lugares, pero también durante mucho tiempo Columbia albergó al intelectual palestino Edward Said, que murió en 2003 después de haber sido el vocero más reconocido de la causa de su pueblo en Estados Unidos². Por último, es también la universidad de la (prestigiosa) Ivy League, que cuenta con la mayor proporción de estudiantes judíos (casi el 23 por ciento de los estudiantes en el primer ciclo), y está situada, además, en el corazón de una ciudad con la segunda mayor población judía del mundo después de Tel Aviv y antes de Jerusalén.

Cuando los antiguos alumnos de Said dieron clases sobre el conflicto haciendo hincapié en la Nakba palestina y no en el mito sionista de “un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo”, provocaron indignación. La indignación procedía de algunos estudiantes judíos, de sus padres y de sus abuelos, o de generaciones previas de personas que habían estudiado en Columbia, así como de dirigentes políticos de Nueva York, tanto republicanos como demócratas, y de numerosos editorialistas. Hubo profesores que fueron filmados en secreto para que los videos de sus clases pudieran “demostrar” el lavado de cerebros de corte antiisraelí que se le infligía a la juventud estadounidense.

La amplitud que tomó el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) provocó otra oleada de pánico. El año pasado, 38 de los 50 estados aprobaron leyes o decretos que prohibían tener trato con una empresa o individuo que llamara a un boicot a Israel. De estos 38 estados, 17 también sancionaron a firmantes de peticiones que pretendieran boicotear a las colonias israelíes en Cisjordania –que ningún país, ni siquiera Estados Unidos, reconoce como parte de Israel–.

Las organizaciones judías conservadoras estadounidenses y sus aliados políticos se movilizaron todavía más porque Israel es cada vez menos popular entre la juventud estadounidense, en particular entre los republicanos y los propios judíos. En una encuesta de 2021 que ya había provocado revuelo, el 34 por ciento de los judíos estadounidenses encuestados opinaba que “el trato que Israel da a los palestinos es similar al racismo en Estados Unidos”; el 38 por ciento de los menores de 40 años estaba de acuerdo en decir que “Israel es un Estado que practica el apartheid”. Desde entonces, los juicios desfavorables hacia Israel se convirtieron en mayoritarios dentro de la población estadounidense, pasando del 42 por ciento en 2022 al 53 por ciento en marzo pasado³.

Amenazas y extorsiones

En este contexto, la violencia de la reacción de los partidarios estadounidenses del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se exacerbó. Poco antes de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, la Universidad de Pensilvania había alquilado espacios a los organizadores de un “Festival sobre esta Palestina que escribe”. Concebido para “celebrar y promover la cultura palestina y a los palestinos, pueblo oprimido que no tiene la posibilidad de acceder a su patria, a través de la música, el arte y la literatura”, el evento escandalizó a un grupo de donantes. En particular, al multimillonario Marc Rowan, miembro influyente de la Federación Judía de Gran Filadelfia y de la organización de lucha contra el antisemitismo Liga Anti Difamación (Anti-Defamation League, ADL). Retomando las palabras del director de la ADL, Jonathan Greenblatt –“el antisionismo es un antisemitismo, y punto final”–, Rowan orquestó una huelga de donantes de la universidad para obtener la renuncia de su presidenta, Elizabeth McGill, y su equipo. La ADL se unió al movimiento con la excusa de que promover la cultura palestina era “incompatible con los valores de la institución”.

Los mecenas obtuvieron la cabeza de McGill y las de los presidentes de otras tres universidades de la Ivy League: Columbia, Cornell y Harvard. Algunas semanas antes, durante una serie de audiencias con gran público organizadas por un Congreso ampliamente ganado para la causa israelí, se reprochó a los presidentes de estas mismas instituciones haber autorizado manifestaciones propalestinas.

Para someter a las universidades estadounidenses, el Estado no sólo recurrió a arrestos y encarcelamientos. Al amenazar con recortar una asignación de 400 millones de dólares a Columbia si la universidad no cedía ante las exigencias de la Casa Blanca –gran parte de la cual estaba destinada a la investigación biomédica–, esta consiguió empujar a la presidenta interina de la universidad, Katrina Armstrong, a traicionar sus responsabilidades más fundamentales, y luego a dimitir como su predecesora. Con la esperanza de conservar los fondos federales, Columbia aceptó endurecer sus reglas en materia de manifestaciones, reforzar la seguridad en el campus y, sobre todo, cambiar la organización de sus departamentos, la gobernanza de su cuerpo de profesores y la manera en que se imparten sus cursos.

El hecho de que una universidad con una dotación de 15.000 millones de dólares haya cedido al chantaje incitó a que otras con muchos menos recursos actuaran con la misma cautela. Poco después de la capitulación de Columbia, la Universidad de Nueva York canceló un día antes de que tuviera lugar una conferencia pública de la expresidenta de Médicos sin Fronteras sobre las crisis humanitarias mundiales. La oradora, Joanne Liu, ya había viajado desde Montreal y acababa de ofrecerse a modificar las diapositivas que pensaba utilizar para hablar de Israel y Gaza. Pero la universidad tuvo miedo de que las palabras de Liu pudieran ser “percibidas como antisemitas”, del mismo modo que el expresidente de Harvard Larry Summers (quien fuera secretario del Tesoro del presidente Bill Clinton) se opuso a una mesa redonda sobre la guerra de Israel en Líbano alegando que “muy probablemente” hubiera sido antisemita. Este tipo de autocensura profiláctica sólo podía alentar nuevos ataques. Estos ataques no sólo se produjeron contra Columbia y Harvard, sino también contra Brown, Cornell, Northwestern y Princeton. Hasta hoy, sólo Princeton y Harvard se negaron a someterse.

Clima de intolerancia y censura

Las universidades no son las únicas víctimas de este clima de intolerancia y censura. Desde el 7 de octubre de 2023 se generalizó la represión contra cualquiera que se atreva a salirse de los límites de lo que hasta ahora se consideraba “aceptable” sobre el tema de Israel y Palestina. Si en algunas instituciones culturales y revistas de izquierda un intelectual o un conferencista que no sea lo suficientemente hostil al “sionismo” se puede ver “cancelado” (cancelled), el poder de influencia de los propalestinos en Estados Unidos es ínfimo comparado con el de los proisraelíes.

Así, en julio pasado, la empresa Meta anunció que, aunque suavizaba su vigilancia de las fake news que promovieran el racismo y otras formas de estigmatización, seguiría vigilando los contenidos que apuntaran contra los “sionistas”. Ahora bien, según un informe de Human Rights Watch (HRW), sobre 1.050 posteos eliminados o borrados en Facebook o Instagram dos meses después del 7 de octubre de 2023, 1.049 tenían contenidos pacíficos a favor de Palestina; uno sólo apoyaba a Israel⁴.

Los despidos por palabras fuera de lugar también son cada vez más frecuentes. Microsoft echó a dos ingenieros que habían protestado contra el uso, por parte del ejército israelí, de los productos de inteligencia artificial de la empresa. Maha Dakhil, un agente de Hollywood entre cuyos clientes figuran superestrellas como Tom Cruise, Natalie Portman y Reese Witherspoon, fue excluida del consejo de administración de su empresa tras compartir un posteo en Instagram en el que acusaba a Israel de genocidio. Más tarde pidió disculpas. El jefe de redacción de Artforum, David Velasco, fue despedido por su editor, Penske Media, por haber publicado una carta abierta en la que pedía un cese del fuego y juzgaba a Israel responsable del inicio de un genocidio. Michael Eisen fue echado de sus funciones como jefe de redacción de la revista científica eLife después de retuitear un artículo satírico que era crítico con Israel. Una mujer que trabajó en el Emerson College de Boston durante 17 años y que dirigía desde hacía 12 su propia programación de cine perdió el trabajo por proyectar Israelism, un documental realizado por jóvenes cineastas judíos a propósito de su giro antisionista.

Hubo otro intento de censura que tuvo un final más feliz. El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, intentó rescindir el contrato de alquiler y cortar la financiación de un cine de arte y ensayo local que había proyectado la película palestino-israelí No Other Land, ganadora de un Oscar a mejor documental, pero que sigue sin encontrar distribuidor estadounidense. Cuando más de 700 cinéfilos firmaron una carta quejándose de este “ataque contra la libertad de expresión y el derecho de los artistas a contar sus historias, además de una violación de la Primera Enmienda”, el alcalde cedió⁵.

Pero, por supuesto, el Congreso sigue levantando la apuesta. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast (Florida), un exsoldado del ejército israelí, conminó a sus colaboradores a no usar el término “Cisjordania” y cambiarlo por “Judea y Samaria”. Junto con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado Jim Risch, republicano también, advirtió al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, contra toda investigación profunda sobre las acciones de Israel en Gaza, insistiendo en el hecho de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados “dejó que el antisemitismo y el antiamericanismo se desarrollaran en su seno, con una aparente reticencia a pedir cuentas a los autores de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos”. Es decir, a Hamas. Mast se opuso por igual razón a la renovación del mandato de la relatora especial Francesca Albanese, a quien calificó de “militante antiisraelí inveterada que siempre estuvo a las órdenes de los terroristas de Hamas responsables de los odiosos ataques del 7 de octubre”⁶.

Casi nos podríamos asombrar de que un texto legislativo titulado “Antisemitism Awareness Act” (ley sobre la sensibilización ante el antisemitismo) no haya sido adoptado todavía ni por ese Congreso ni por el precedente. Sin embargo, recibió el apoyo de los demócratas y los republicanos, con 40 padrinos sólo en el Senado. ¿Su objetivo? Aprobar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que incluye ciertas críticas a Israel. Pero si el texto no fue objeto todavía de una votación, no es porque los representantes electos hayan logrado proteger la libertad de expresión. El obstáculo principal se situaría, de hecho, del lado de los republicanos ultraconservadores⁷. Cercanos a las corrientes evangélicas, rechazan una ley que prohíba decir que los judíos asesinaron a Jesús.

Eric Alterman, autor de We Are Not One: A History of America’s Fight Over Israel, Basic Books, Nueva York, 2022. Traducción del inglés: Renaud Lambert. Traducción del francés: Merlina Massip.