Bases de aguas profundas

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, tras el fracaso de su intento por modificar el artículo 5 de la Constitución, continúa facilitando la presencia militar estadounidense en su país mediante acuerdos que eluden controles legales. ¿Representan estos pactos una estrategia necesaria contra el crimen o un peligroso retroceso para la soberanía nacional?

Nada interrumpe el desfile de los lobos marinos y las excursiones cotidianas de las iguanas, que se relajan sobre rocas grises, con las que se mimetizan. En esta temporada poco turística, frente a San Cristóbal, la más oriental de las islas Galápagos, a casi 1.000 kilómetros del Ecuador continental, algunas embarcaciones estáticas dan fe de una presencia humana. “Por estos días fondeaba un buque de Estados Unidos –cuenta Jorge Vázquez–. Y, como los demás lugareños, me acostumbré a sus aviones patrulla”. Un P-3 Orion, un Awacs, un bombardero DHC-8... Hubo que agrandar el aeródromo para recibirlos. Por su parte, el puerto de ese territorio de 6.000 almas alberga una flotilla estadounidense.

El entonces presidente Lenín Moreno oficializó esa presencia en 2019. Pero Washington codicia el archipiélago desde hace mucho tiempo, mucho antes de que fuera clasificado como patrimonio natural por la Unesco, en 1978. En los albores del siglo XX, los estadounidenses hicieron varios intentos por adquirir ese punto de reabastecimiento esencial para su ejército en el Pacífico. Ecuador rechazó esos ofrecimientos antes de admitir en 1942, a raíz del ataque japonés en Pearl Harbor, la instalación de una base en la isla Baltra, de la que los estadounidenses se fueron en 1946.

Su regreso no tiene como objetivo frenar a una potencia asiática. Ubicado entre dos productores de cocaína –Perú y Colombia–, Ecuador funciona como una instancia de blanqueo y una plataforma de exportación hacia los mercados de Estados Unidos y –sobre todo– Europa. Como consecuencia, el número de asesinatos aumentó un 800 por ciento entre 2018 y 2023, con una tasa de homicidios que ya supera a las de Colombia y México¹. Frente al crimen organizado, las autoridades solicitaron la colaboración de Estados Unidos, en particular en las Galápagos, donde los traficantes atiborran sus embarcaciones de contrabando con combustible, antes de salir de nuevo hacia el norte. La pesca ilegal –en la cual participarían las flotas chinas– constituye el otro motivo de su presencia en el archipiélago.

Intento fallido

Entre 2007 y 2017, la presidencia de Rafael Correa más bien tensionó los vínculos con Washington. Mientras Ecuador rechazaba las eternas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el artículo quinto de la nueva Constitución, adoptada en 2008, prohibió “el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones extranjeras con intención militar”, así como el recibimiento de “fuerzas armadas o de seguridad extranjeras” en el seno de las bases nacionales. Esas disposiciones apuntaban a Estados Unidos, que mantenía desde 1999 un “puesto de operación avanzado” (forward operating location, o FOL) de lucha antidrogas en la ciudad portuaria de Manta, en la costa occidental. La izquierda no renovó el contrato de esta instalación y las tropas estadounidenses se fueron del país en 2009.

Pero, desde 2017, los sucesores de Correa solicitaron la colaboración de los servicios de inteligencia y del Comando Sur del ejército de Estados Unidos. Así, Daniel Noboa –cuya reelección el 13 de abril de 2025 fue objeto de protestas²– está promoviendo un realineamiento comercial, diplomático y de seguridad con Estados Unidos. Si bien su intento de revisión parcial del artículo quinto fracasó el 21 de abril, eso no impide la presencia de militares estadounidenses en el territorio ecuatoriano. En efecto, su misión actual es objeto de acuerdos entre Quito y Washington, que organizaron su despliegue sin construcción o traslado de bases. Acuerdos, o más bien memorándums, que, a causa de su estatus infrajurídico, no imponen ninguna obligación a los soldados estadounidenses, no dan ningún derecho a las autoridades ecuatorianas y no son justiciables en torno a su compatibilidad con el derecho, ecuatoriano o internacional.

Uno de ellos –celebrado en febrero, relativo al “estatus de las fuerzas armadas” estadounidenses (Status of Forces Agreement, SOFA)– concede “privilegios” e “inmunidad” diplomáticos al “personal civil y militar de Estados Unidos”, así como a cualquier actor contratado por ellos. El texto también reconoce la “jurisdicción penal [estadounidense] sobre el personal de Estados Unidos”. Acuerdos como este han dejado una huella macabra en los países que sufrieron intervenciones del ejército de ese país del norte. En marzo, para combatir el crimen organizado, el presidente y al mismo tiempo candidato Noboa anunció que recurriría a la empresa de seguridad privada Academi, que operó en Afganistán y en Irak, bajo el nombre de Blackwater o de Xe³.

Hasta en las islas de Darwin

En las Galápagos, los mismos acuerdos también podrían poner en peligro una insularidad ecológica sin equivalentes. “La protección de este ecosistema se sustenta en que siempre hemos anticipado lo peor. La implantación de una sola nueva especie podría alterarlo”, explica Cristina Cely. Esta ambientalista comprometida con la lucha contra la pesca ilegal enumera los riesgos de invasión recientemente evitados: ratas, mosquitos, escorpiones... Hoy, la presencia estadounidense genera el temor de que San Cristóbal sufra una alteración de sus equilibrios⁴. El acuerdo SOFA exime a los estadounidenses de los controles, efectuados por siete autoridades diferentes, impuestos a las embarcaciones que entran en el archipiélago.

Juan Pablo Muñoz lo atenúa de inmediato: “Se necesitaría una presencia particularmente importante de buques para provocar daños significativos”. No obstante, el investigador en Biología en el Galápagos Science Center está preocupado por el asentamiento a largo plazo de una verdadera base, en tanto las Galápagos constituyen una retaguardia ideal frente a China. Su situación permite vigilar, además de la política interna ecuatoriana, las rutas comerciales y los puertos del Pacífico, sobre los cuales Pekín no deja de extender su control⁵. Hugo Idrovo, escritor y especialista en las Galápagos, recuerda que los P-3 Orion que operan desde Guayaquil o San Cristóbal están repletos de radares, de aparatos fotográficos aéreos y de detectores infrarrojos. En virtud de los acuerdos, “la utilización de los aviones fletados por Estados Unidos responde a soldados estadounidenses acompañados por ecuatorianos. Pero en el mar –precisa–, a más de 12 millas náuticas de la costa, donde termina el territorio ecuatoriano y comienza la zona económica exclusiva [ZEE], tienen derecho a operar solos y a echar a los ecuatorianos de la cabina. Así, pueden mantener secreta su trayectoria”. Y sobre la información recolectada.

¿Paranoia? “Hoy se admite que Estados Unidos utilizó la FOL de Manta para espiar a Ecuador hasta su cierre en 2009”, recuerda Roberto Marchan. El coronel retirado menciona también los bombardeos ilegales cometidos en 2008 por la aviación colombiana contra un campo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) instalado en Ecuador. “Muchos indicios indican que los colombianos gozaron de información provista por los estadounidenses, obtenida por el sobrevuelo de nuestro territorio”. Como un símbolo, las autoridades ecuatorianas estarían considerando reabrir una base estadounidense en Manta… mientras que otro actor reaparece: en mayo de 2024, el FMI otorgó un préstamo a Ecuador; exige como compensación recortes presupuestarios, salvo para el Ministerio de Defensa y sus adquisiciones de armas estadounidenses, por cientos de millones de dólares.

A lo largo del malecón de Guayaquil, Hugo Idrovo medita. El FMI, el Comando Sur, la inteligencia estadounidense… suma esos actores a las “grandes familias oligárquicas vinculadas con Estados Unidos. La historia de Ecuador progresa por ciclos, entre fases de emancipación y de dominación por esos clanes”. Cuenta sobre la dinastía Noboa –el padre del presidente multimillonario, su tía, la mujer más rica del país–. En Guayaquil se encuentra la sede de su conglomerado –el segundo exportador de bananas del país–, de su banco y de su imperio inmobiliario. Hugo Idrovo es consciente de que el “príncipe de la banana” parte con algunas ventajas en la lucha que comenzó alrededor de la Constitución ecuatoriana y del artículo quinto.

Vincent Ortiz, enviado especial, periodista, redactor en jefe adjunto del sitio web Le Vent se Lève. Traducción: Micaela Houston.