La breve tregua

Las facciones criminales brasileñas operan de manera descentralizada, con lógicas autónomas que dificultan acuerdos duraderos. Si bien hay momentos de convergencia estratégica, suelen ser cortos, parciales y territorialmente desiguales, como lo demostró el intento de pactar entre el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho.

La historia contemporánea de la seguridad pública en Brasil está intrínsecamente ligada a las acciones de las dos organizaciones criminales con mayor presencia e influencia nacional: el Primer Comando Capital (PCC), originado en San Pablo, y el Comando Vermelho (CV), surgido en Río de Janeiro. Si bien comparten orígenes carcelarios y discursos fundacionales de resistencia a la opresión estatal, sus trayectorias revelan diferentes estrategias y estructuras organizativas¹. La breve tregua anunciada entre ambos grupos en febrero y rota apenas dos meses después ofrece una ventana para entender no sólo la dinámica interna de estas facciones, sino también el grado de fragmentación del crimen organizado en Brasil².

El análisis de este episodio muestra que las facciones brasileñas están lejos de formar un “cartel nacional” o un bloque cohesionado de criminalidad.

Raíces comunes y caminos divergentes

La formación de estas facciones en Brasil se remonta a la crisis estructural del sistema penitenciario en las décadas de 1970 y 1990. El CV surgió en el contexto de la cárcel de Ilha Grande, donde los presos políticos y comunes compartieron el mismo espacio durante la dictadura militar³. La coexistencia forzada condujo a la creación de una cultura de solidaridad y resistencia, que evolucionó hacia una red de protección mutua dentro y fuera de las cárceles. El PCC, por su parte, nació en un ambiente marcado por la represión violenta por parte del Estado, especialmente después de la masacre de Carandiru, en 1992, y rápidamente desarrolló un modelo jerárquico, con estatuto propio, códigos internos y expansión articulada desde el control carcelario⁴.

Ambas facciones encontraron, en los fracasos del sistema penitenciario y en la ausencia del Estado en las periferias urbanas, un ambiente fértil para desarrollarse. A partir de la década del 2000, expandieron sus operaciones al tráfico internacional de drogas, estableciendo conexiones con productores en Bolivia, Perú y Colombia, y buscando salidas a Europa y África⁵.

Durante gran parte de la década del 2000, el PCC y el CV mantuvieron una especie de coexistencia pragmática. Aunque competían por el espacio, evitaban enfrentamientos directos que pudieran perjudicar sus intereses comerciales. Había, en algunas regiones, pactos tácitos de no agresión. Sin embargo, la expansión simultánea de las facciones a los estados del norte y el noreste, en especial a partir de 2010, volvió inevitables los enfrentamientos por las rutas estratégicas y áreas de influencia.

La ruptura explícita de relaciones ocurrió alrededor de 2016, culminando con el estallido de violencia en 2017, año que registró más de 64.000 homicidios en el país. Las masacres en las cárceles de Manaos, Boa Vista y Natal revelaron la brutalidad de la disputa. A partir de entonces, el PCC y el CV pasaron a ser considerados enemigos declarados en varios estados, aunque, en algunos contextos, todavía colaboraban de forma puntual (6).

La tregua de 2025

El acuerdo anunciado en febrero generó perplejidad entre expertos y operadores de seguridad pública. Transmitido a través de “salves” (mensajes internos de las facciones), parecía tener como objetivo inmediato la reducción de las tensiones en las unidades penitenciarias federales y la reorganización de los flujos del narcotráfico, sobre todo en los corredores que conectan la Amazonia con las rutas marítimas del Atlántico.

Sin embargo, la tregua ya estaba rodeada de dudas. No hubo confirmación pública por parte de los líderes centrales, y uno de los principales nombres del CV, Marcinho vicepresidente, negó de forma categórica la existencia del acuerdo, calificándolo de fake news. Aunque en algunas regiones, como Amazonas, Acre, Roraima y partes del Nordeste, se han observado signos de colaboración, otras zonas, como Río de Janeiro, Bahía y Ceará, continuaron siendo escenario de enfrentamientos.

El colapso del pacto, anunciado a finales de abril, fue justificado por las facciones sobre la base de principios éticos. El PCC citó “la muerte de inocentes” como un factor en la ruptura, mientras que el CV evocó “el respeto por la vida humana”. Sin embargo, las investigaciones indican que el verdadero motivo fue la disputa territorial y el malestar de los líderes regionales con un acuerdo que no se hizo de manera consensuada⁶.

Diferencias estructurales y operativas

Uno de los factores más relevantes para entender el fracaso de la tregua radica en las estructuras organizativas de las dos facciones. El PCC se caracteriza por una estructura piramidal, con comandos centrales (los “tonos”) que establecen lineamientos replicados a nivel nacional⁷. Esta cohesión permite un mayor control de la cúpula sobre las acciones en los extremos y facilita la imposición de decisiones estratégicas, como la suspensión de conflictos.

El CV, a su vez, opera en un formato de red, con líderes regionales más autónomos. Cada “franquicia” actúa de acuerdo con sus propios intereses, negociando alianzas o declarando la guerra según la dinámica local. Esta descentralización, si bien facilita la penetración en diversos territorios, dificulta cualquier intento de unificación estratégica.

Por lo tanto, el intento de tregua era un esfuerzo incompatible con el carácter organizativo del CV. El desajuste entre las decisiones de alto nivel y la adhesión local hizo imposible la implementación del pacto en varios estados. En regiones como Bahía, donde el CV ha crecido rápidamente en los últimos años absorbiendo a los grupos locales, la tregua ni siquiera fue considerada viable por los líderes regionales.

Reglamentados

Otro elemento importante es el papel de las reglas internas de las facciones, a menudo llamadas por los propios miembros la “ley del crimen”. Estas normas establecen códigos de conducta, formas de castigo y principios de lealtad, y tienen un valor jerárquico superior a los acuerdos políticos entre facciones.

Agentes policiales que investigan las actividades de estas organizaciones indican que, según los estatutos internos del PCC, las alianzas con el CV no han sido admitidas formalmente desde 2016, año en que se consolidó la ruptura definitiva entre los grupos. Aunque existan aproximaciones tácticas, no pueden constituirse como alianzas estructurales sin violar la “Constitución interna” de la organización.

La ruptura de la tregua en 2025 habría estado precedida por episodios de violencia extrema, incluyendo torturas y asesinatos de civiles, prácticas que, según los interlocutores del PCC, violarían sus actuales principios de “profesionalismo” y “moderación”. Aunque este discurso también tiene fines propagandísticos, ilustra el peso de las normas internas en la legitimación o el rechazo de los pactos.

Divididos

La corta duración de la tregua arroja luz sobre la fragmentación territorial del crimen organizado en Brasil. A diferencia de otros contextos internacionales en los que los grandes carteles monopolizan la cadena de producción y distribución de drogas, Brasil presenta un mosaico de organizaciones con relativa autonomía, que se reconfiguran constantemente en alianzas, disidencias y nuevas agrupaciones⁸.

Esto representa un desafío para las políticas públicas de seguridad, que suelen operar con modelos estandarizados y centralizados. La diversidad de actores, estrategias e intereses hace que un enfoque único para todos sea ineficaz. Al mismo tiempo, el Estado brasileño sigue reaccionando con poca integración entre las agencias de seguridad y poca inversión en inteligencia territorializada.

El fin de la tregua motivó la reactivación de las alertas máximas en las unidades penitenciarias que albergan a miembros de las dos facciones, además del refuerzo del seguimiento de los líderes y la solicitud de traslados. Sin embargo, estas medidas siguen siendo insuficientes ante la complejidad de la situación.

Los analistas de seguridad difieren sobre la posibilidad de nuevos intentos de acercamiento. Si, por un lado, los intereses comerciales y la represión estatal pueden motivar nuevos pactos, por otro lado, la estructura descentralizada y las rivalidades locales tienden a hacer inviables las alianzas estables.

Además de la represión, es urgente que el Estado brasileño adopte políticas estructurantes, como el control efectivo del sistema penitenciario, la regulación de los flujos financieros ilícitos y la acción coordinada en los puntos de entrada y salida de drogas. Sin estas medidas, cualquier tregua o pacto no será más que una pausa momentánea en un ciclo continuo de conflicto⁹.

El intento de alianza entre el PCC y el CV en 2025 no fue un episodio más en la historia de las relaciones entre facciones criminales. Ha expuesto de manera cristalina las limitaciones de las estructuras criminales brasileñas para establecer pactos duraderos y, al mismo tiempo, ha revelado la profunda fragmentación del crimen organizado en el país.

La descentralización de los dirigentes, las rígidas normas internas y los intereses regionales autónomos impiden cualquier iniciativa de coordinación nacional efectiva. En un contexto de ausencia estatal en territorios periféricos, hacinamiento en las cárceles y un mercado internacional de drogas en expansión, estas facciones operan como sistemas autónomos y altamente adaptables.

Entender estas dinámicas es fundamental para diseñar políticas públicas que trasciendan la represión policial e incorporen estrategias de inteligencia, cooperación federativa y reformas institucionales. El fracaso de la tregua entre el PCC y el CV es, sobre todo, una advertencia: no se trata sólo de una guerra entre facciones, sino del fracaso de un modelo de seguridad pública que insiste en combatir el crimen organizado con instrumentos obsoletos e inconexos.

Roberto Uchôa, máster en Sociología Política por la Universidad Estatal del Norte Fluminense y doctor en Democracia en el Siglo XXI por la FEUC – Coimbra. Es investigador y consultor especializado en crimen organizado, control de armas de fuego y políticas de seguridad pública. Artículo publicado en Le Monde diplomatique, edición Brasil.