Pensar los 30.000. Emilio Crenzel. Siglo XXI; Buenos Aires, 2025. 271 páginas, 990 pesos.

La nueva investigación de Emilio Crenzel es una reconstrucción minuciosa del complejo proceso a través del cual distintos sectores de la sociedad argentina llegaron a la evidencia de la responsabilidad estatal en los crímenes de la última dictadura militar, y de la existencia de centros clandestinos de detención donde decenas de miles de secuestrados fueron torturados, extorsionados y asesinados. A quienes lograron fugarse y a los liberados por sus captores se los denomina sobrevivientes.

Entre los métodos de persecución y exterminio, la investigación se centra en la desaparición forzada, la principal metodología de represión en Argentina. Frente al obstáculo principal que es la negativa de los perpetradores a entregar información, documenta las estrategias implementadas por organismos de derechos humanos, organizaciones revolucionarias y otras fuentes para establecer la cantidad de detenidos desaparecidos: concluye que es probable que la cifra exacta no se llegue a conocer, pero también que “la suma de quienes continúan desaparecidos y los sobrevivientes se aproxima a la cifra emblemática” de 30.000.

Examina las discrepancias internas entre quienes coincidían en el objetivo de identificar a los responsables de los crímenes, juzgarlos y condenarlos. Desarrolla especialmente la que enfrentó a los sobrevivientes que testimoniaron que los “traslados” de detenidos eran en realidad asesinatos, con los organismos de derechos humanos y con grupos de exiliados que consideraron que se trataba de una estrategia afín a la campaña de la dictadura de dar por muertos a todos los desaparecidos, manifestada a través de las leyes de resarcimiento económico y presunción de fallecimiento promulgadas en 1979.

En el marco de la democracia recuperada, traza la evolución desde el Juicio a las Juntas de 1985, que omitió la identidad militante de los desaparecidos e igualó las juntas militares con las cúpulas guerrilleras, a la reanudación de los juicios a partir de 2005, que extendieron el período de desapariciones hacia antes del golpe de 1976 y, más allá de las Fuerzas Armadas, a empresarios, jueces, jerarquía eclesiástica, incorporaron a los delitos de lesa humanidad la violencia sexual en el marco de la represión ilegal y reconocieron la identidad militante de las víctimas.

Crenzel no olvida lo que todavía ignoramos y habría que seguir indagando: el destino de la mayor parte de los desaparecidos, los criterios por los que los perpetradores liberaron a algunos y asesinaron al resto, el paradero de la mayor parte de los niños nacidos en centros clandestinos, los testimonios ausentes de familiares de desaparecidos en las periferias de las grandes ciudades y en las zonas rurales.

Es de destacar la oportunidad de esta publicación en momentos en que un gobierno negacionista1 desmantela los sitios de memoria, en una pretensión de borrar el pasado reciente e impedir la continuidad de los avances constantes que a lo largo de casi medio siglo combatieron la impunidad y convirtieron a Argentina en un país pionero en la promoción de los derechos humanos.


  1. En Uruguay, el retorno de la centroizquierda al gobierno, el 1º de marzo, implicó un gesto de alto simbolismo el mismo día de la toma de mando en Montevideo. Ya habiendo jurado ante el Parlamento como presidente y vicepresidenta de la República, Yamandú Orsi y Carolina Cosse detuvieron su camino ritual desde el Palacio Legislativo hasta la plaza Independencia —donde se le colocaría la banda presidencial a Orsi— para saludar a la delegación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que estaba ubicada con las fotos de varias de las víctimas de la dictadura sobre la avenida Libertador General Juan Antonio Lavalleja.