¿Hacia la barbarie nuclear?

Cuando la bomba atómica estadounidense destruyó Hiroshima el 6 de agosto de 1945, la humanidad entró en “una nueva era de la historia del mundo”, según la expresión de Günther Anders¹. La preocupación del filósofo austríaco no tenía tanto que ver con la posibilidad de una carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino con un giro radical en la historia universal: a partir de ese momento, el ser humano contaba con los recursos técnicos necesarios para su propia destrucción.

Transcurridos 80 años, el riesgo de apocalipsis sigue existiendo, ya que más de 12.000 armas nucleares están en manos de sólo nueve países (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, aunque este último nunca lo admitió de forma oficial)². Además de los Estados que poseen la bomba, otros 40 países comparten esta estrategia defensiva por pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o por acuerdo específico con alguno de los “poseedores” (por ejemplo, el caso de Bielorrusia con Rusia).

Paz a la fuerza

Aunque en 1968 se comprometieron a “facilitar el cese de la fabricación de armas nucleares, la liquidación de todas las reservas existentes de tales armas y la eliminación de las armas nucleares y de sus vectores en los arsenales nacionales” en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), los Estados poseedores de “la” bomba nunca le dieron una verdadera oportunidad al desarme³. Los programas actuales son producto de decisiones que se remontan a los años 2000 –pese a ser un período de relativa estabilidad entre las grandes potencias–, es decir que son muy anteriores a la guerra en Ucrania y a las amenazas rusas de utilizar el “botón rojo”. De hecho, el proceso de producción es muy largo: entre 20 y 30 años desde la decisión política inicial hasta la fabricación y la puesta en servicio.

La continuidad del componente nuclear aéreo del arsenal francés es un claro ejemplo de que Francia no tiene ninguna intención de desarmarse. Siguiendo un plan de acción elaborado en los años 1990, reemplazaron los “misiles aire-superficie de alcance medio” (ASMP, por sus siglas en francés) por una versión más “avanzada” (ASMP-A) a finales de los 2000; después lanzaron en 2016 un programa de modernización –a desarrollarse entre 2024 y 2035– para brindar un vector “renovado” (ASMPA-R) a los dos escuadrones estratégicos existentes. Así, el misil ASN4G –cuyo desarrollo empezó en 2014– va a poder reemplazar al ASMP-A alrededor de 2035, y se estima que esté en servicio hasta la década de 2050.

Lo mismo ocurre con China, que durante la década de 2010 adoptó una estrategia de desarrollo intensivo de su potencial nuclear. El motivo principal parece radicar en la convicción (fomentada por Washington y Moscú, pero de ningún modo demostrada) de que un gran arsenal refuerza la influencia geopolítica. Esta “paz a la fuerza”⁴ hace que hoy Pekín sea la tercera potencia mundial con 600 ojivas, según el Bulletin of the Atomic Scientists, frente a las 200 que tenía a principios de siglo.

El fin del TNP

La evolución reciente de las relaciones internacionales dio lugar a un terreno muy fértil para el gran regreso de la disuasión. Aunque este modo de defensa siempre existió, ahora se manifiesta sin pudor alguno: es el caso de Rusia y su estrategia de “santuarización agresiva”, basada en las amenazas de utilizar la bomba, tan constantes que en 2022 Francia puso en alerta a tres de sus cuatro submarinos nucleares lanzamisiles (SNLE, por sus siglas en francés)⁵. Al mismo tiempo, en 2018 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ostentaba su “gran botón” frente al norcoreano Kim Jong-un (que no dejaba de multiplicar los ensayos ostentosos y las amenazas contra Seúl), pero ahora, desde que comenzó su segundo mandato, parece poner en duda la solidez del “paraguas” estadounidense. En este contexto, el proyecto de europeización de la disuasión francesa (llevado adelante por el primer ministro Alain Juppé en 1995, el presidente Nicolas Sarkozy en 2008 y ampliamente impulsado por Emmanuel Macron desde 2017) despierta un interés sin precedentes, en especial en el canciller alemán, Friedrich Merz.

Poseer un arsenal nuclear aparece con frecuencia como algo natural, permanente y libre de consecuencias. Sin embargo, esta aspiración pone en riesgo la legitimidad del régimen del TNP: impedir la proliferación de este tipo de armas y, en simultáneo, mitigar las tensiones y promover la cooperación entre países para reducir los arsenales, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), creado en 1957. El TNP (que celebrará su próxima Conferencia de Examen en abril-mayo de 2026) logró poner un límite a la proliferación, pero su segundo objetivo no tuvo el mismo éxito: aunque parcialmente implementado en la década de 1990, hoy los Estados poseedores de armas nucleares están ignorando por completo su compromiso con el “desarme nuclear”. ¿Cómo cumplir con las metas del tratado si hay gobiernos (como París y sus aliados) que siguen insistiendo en la importancia de las armas nucleares para su propia seguridad? Esta actitud hace que sus discursos a favor de la no proliferación pierdan legitimidad, como señaló Sudáfrica el 1° de mayo de 2025 durante la tercera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes del TNP. Si siguen por este camino, tampoco van a estar en posición de criticar a Rusia, que en 2024 empezó a instalar armas nucleares en Bielorrusia. Del mismo modo, estos Estados toleraron el ataque convencional ilegal que Israel (que no reconoce el TNP) y Estados Unidos lanzaron contra Irán, con el pretexto (no demostrado) de que dicho país pretendía desarrollar la bomba. Pero ¿no es hipócrita esta postura, teniendo en cuenta que ellos mismos no respetan plenamente sus obligaciones en materia de desarme nuclear?

Corremos el riesgo de entrar en lo que la politóloga neoconservadora Thérèse Delpech llamaba en 2005 “una era de piratería estratégica”⁶. La investigadora se imaginaba un escenario “clásico” de proliferación nuclear con culpables bien definidos (como Corea del Norte, Irán o China), que provocara reacciones en cadena en Medio Oriente y en Asia. Aunque su análisis resultó parcialmente acertado (Irán no tiene la bomba), Delpech dejó totalmente de lado el papel que desempeñan los Estados “democráticos” (Francia, Reino Unido, Estados Unidos) y sus aliados dentro de esta peligrosa coyuntura.

Estos grandes países siguen basando su seguridad en la disuasión. En noviembre de 2024, el presidente francés aludió a un mundo dividido entre “herbívoros y carnívoros”, sugiriendo una oposición binaria simplista entre potencias “responsables” y “no responsables”⁷. Sin embargo, el impasse actual no puede atribuirse a ningún tipo de régimen en particular. Tanto los Estados liberales como los autoritarios adhieren a la teoría de la disuasión, es decir, a la amenaza permanente de utilizar armas de destrucción masiva contra ciudades que alberguen centros de poder político, económico y militar; esto significa que aceptan la posibilidad de exterminar civiles. No queda tan claro entonces cuáles son los “responsables” y cuáles no.

Un enfoque humanitario

De este modo, estos Estados parecen querer encubrir otra visión de la seguridad –que, sin embargo, es la que defienden la mayoría de los gobiernos– centrada en la acción colectiva con base en el derecho internacional. Esta visión nació en 2010, a raíz del documento final adoptado durante la octava Conferencia de Examen del TNP. Este texto dio lugar a una serie de trabajos sobre las consecuencias de las explosiones nucleares –deliberadas o involuntarias– y sobre la necesidad de pensar la seguridad desde un “enfoque humanitario” a largo plazo. En consecuencia, los Estados “desarmistas” (los que se oponen a las armas nucleares, como Sudáfrica, México, Malasia, Nueva Zelanda, o Austria e Irlanda en Europa) decidieron exigir su prohibición de forma global (uso, estacionamiento, financiamiento, amenazas de uso). Adoptado en 2021, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) es el preludio necesario para abandonar una visión de la seguridad basada en la disuasión nuclear. La prohibición de un sistema siempre precede a su eliminación (y no al revés): en 1972 y en 1993 se firmaron convenciones que prohibían las armas biológicas y químicas, respectivamente; como resultado, Rusia y Estados Unidos terminaron eliminándolas de sus arsenales debido a la presión del rechazo internacional. La misma lógica tiene que aplicarse a las armas nucleares, que muchos consideran inmorales (como declaró ante la ONU el exsecretario de Defensa estadounidense Robert McNamara el 24 de mayo de 2005, o el papa Francisco en un discurso que pronunció en Hiroshima el 24 de noviembre de 2019) y que ahora también están deslegitimadas por el TPAN. El tratado, adoptado el 7 de julio de 2017 en la Asamblea General de las Naciones Unidas por una mayoría aplastante de 122 de los 193 países miembros, condena todas “las amenazas nucleares, explícitas o implícitas”. Esta gran coalición de países “no descansará hasta que el último Estado firme el tratado, la última ojiva esté desmantelada y destruida y las armas nucleares desaparezcan por completo de la Tierra”⁸.

Las sesiones de seguimiento del TPAN abrieron un debate sin precedentes sobre las “preocupaciones de seguridad”⁹ que plantean los diferentes gobiernos y sobre la concepción de su política de defensa. Los Estados signatarios sostienen que la teoría de la disuasión está plagada de incertidumbre y que conlleva riesgos importantes puesto que, en muchos casos, “la suerte, más que el procedimiento, evitó acontecimientos calamitosos”. Como prueba, se remiten a crisis o accidentes concretos (por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba en 1962, o la falsa alarma detectada in extremis por Stanislav Petrov en 1983)¹⁰, donde no fue la racionalidad de la disuasión la que evitó la guerra nuclear, sino simplemente el azar.

Por otro lado, el TPAN es un tratado de “desarme humanitario”, en tanto obliga a los Estados miembros a brindar asistencia a las comunidades afectadas y a rehabilitar las zonas contaminadas (artículos 6 y 7). El concepto de “justicia nuclear”¹¹ permite reconocer a todas las víctimas –tanto las de Japón como las de más de 2.000 explosiones llevadas a cabo en el mundo desde 1945– y, de este modo, crea nuevas formas de ejercer presión sobre los Estados que poseen la bomba, por medio de la Asamblea General de la ONU. Por ejemplo, una resolución de 2024 sobre “el legado de las armas nucleares”¹² insiste en la necesidad de sanear el ambiente afectado y de indemnizar a las víctimas. Sólo cuatro países (Francia, Corea del Norte, Rusia y Reino Unido) votaron en contra, mientras que seis (Estados Unidos, Israel, China, India, Pakistán y Polonia) se abstuvieron, frente a 174 que votaron a favor. Asimismo, en 2024 se aprobó con amplia mayoría (136 votos a favor) otra resolución directamente vinculada con el TPAN sobre “los efectos de la guerra nuclear e investigación científica”, donde se dispone que la ONU lleve adelante un estudio acerca de las consecuencias de una guerra nuclear. Junto con Moscú y Londres, París votó en contra, con el pretexto de que “no necesitamos otro estudio sobre las repercusiones de una guerra nuclear, pues ya sabemos que son devastadoras”¹³. Un argumento sorprendente: ¿entonces para qué estudiar el cambio climático si ya conocemos sus efectos?

En tan sólo unos años, el tratado llevó a repensar el tema de la seguridad de forma más amplia. El Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas, adoptado en 2024, proclama “el objetivo de la eliminación total de las armas nucleares” (acción 25) y exige que los Estados respeten sus “obligaciones y compromisos en materia de desarme” (acción 26), objetivos que comparte con el TPAN. Algunos de estos principios están apareciendo cada vez con más frecuencia en distintos foros diplomáticos, como en una de las declaraciones de las academias de ciencias del G7 (15 de abril de 2024) o –aún más sorprendente– en una declaración de los dirigentes del G20 (noviembre de 2022) que retoma el artículo 1 del TPAN: “Usar o amenazar con usar armas nucleares es inaceptable”. Dentro de este panorama, aparece en 2025 la “piratería estratégica de nueva generación”: una proliferación nuclear desinhibida de parte de algunos Estados, con regímenes políticos diversos pero todos jurídicamente obligados al desarme nuclear.

Jean-Marie Collin, director de la filial francesa de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN France). Traducción: Agustina Chiappe.