El envío de una carta del presidente estadounidense, Donald Trump, al presidente brasileño, Lula da Silva, el 9 de julio, amenazó con imponer aranceles comerciales si no se interrumpe el juicio a los golpistas del 8 de enero de 2023, en especial al expresidente Jair Bolsonaro, bajo la falsa acusación de que se trata de una “caza de brujas”.

Esto va más allá de que la figura del expresidente sea un aliado servil de Washington, también tiene que ver con la desregulación de los derechos digitales. Ahí el campo político de la extrema derecha ha actuado en línea con los intereses políticos y económicos. Un ejemplo de ello fue la forma coordinada en que la bancada de extrema derecha brasileña y las plataformas digitales actuaron para impedir la votación del Proyecto de Ley 2.630, en mayo de 2023, y seguir intentando debilitar el Proyecto de Ley 2338/2023, que pretende regular la inteligencia artificial (IA) en Brasil.

Una semana después del envío de esa carta de Trump, el representante comercial de Estados Unidos (USTR) inició una investigación comercial sobre Brasil por acusaciones como protección inadecuada de los derechos de propiedad intelectual y prácticas que perjudican la competitividad de las empresas en el sector del comercio digital y los servicios de pago, e incluso cuestionó la reciente decisión del Supremo Tribunal Federal que introdujo un nuevo régimen de responsabilidad de los intermediarios en el país.

La medida del gobierno estadounidense, aunque sorprendente, no es nueva: Trump ha anunciado la imposición de aranceles a varios países del mundo, y en algunos de estos espacios ha utilizado la estrategia para evitar la aplicación o actualización de reglas en plataformas digitales que pueden –eventualmente– generar más costos de implementación sobre el entorno digital. Uno de los principales ejemplos es la Unión Europea, donde la representación de Estados Unidos en el bloque envió una misiva sobre el recientemente publicado Código de Buenas Prácticas para modelos de IA de propósito general. A la vez, a principios de año, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, señaló la importancia de desarrollar tecnologías sin frenos regulatorios. La administración Trump termina formalizando la clásica falacia de que “las regulaciones son impedimentos para la innovación tecnológica” en una directriz y sedimenta una agenda desreguladora a nivel global.

El bloque BRICS [así llamado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica], que se ha establecido como un foro importante para coordinar esfuerzos transformadores hacia el multilateralismo, fue otro punto de tensión que motivó la embestida estadounidense. En el área específica de los derechos digitales, la declaración de los BRICS sobre la necesidad de construir una gobernanza global sobre el desarrollo y la implementación de sistemas de IA ejemplifica el esfuerzo de articulación multilateral.

En resumen, los ataques a Brasil son parte de una estrategia más amplia de defensa y avance internacional de la desregulación del sector tecnológico y las plataformas digitales en el mundo, así como de una completa aversión a las reglas que puedan avanzar hacia una gobernanza equilibrada de los avances de los sistemas de IA. Para Brasil, la salida es, a nivel interno, avanzar en una propuesta de regulación que estructure mejor el régimen de responsabilidades y obligaciones sobre las plataformas digitales y otras empresas del sector tecnológico y, en articulación con la esfera internacional, construir y fortalecer mecanismos multilaterales –como los BRICS– para salvaguardar el ejercicio de la autodeterminación de cada pueblo y cada país.

Alexandre Arns Gonzales es miembro de DiraCom (Direito à comunicação e democracia) e integrante de la Coalizão Direitos na Rede. Bruna Martins dos Santos es integrante de la Coalizão Direitos na Rede. Rafael Zanatta Membro es de Data Privacy Brasil e integrante de la Coalizão Direitos na Rede. Publicado en Le Monde diplomatique, edición Brasil.