Erdoğan y la cuestión kurda

Motivado por una voluntad de conservar el poder antes que por un genuino deseo de paz, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, se ve obligado a negociar con los kurdos si desea alcanzar los apoyos necesarios para volver a presentarse en las elecciones de 2028. Si bien el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha manifestado su voluntad de reconciliación, los frentes abiertos con los kurdos en Siria aparecen más difíciles de resolver.

Tender la mano a sus adversarios políticos o seguir persiguiéndolos: este es el dilema al que se enfrenta Recep Tayyip Erdoğan. En los últimos meses, la segunda opción parece haberse impuesto con el arresto, el 19 de marzo, de Ekrem İmamoğlu, el muy popular alcalde de Estambul y miembro del Partido Republicano del Pueblo (CHP). Acusado de “corrupción, creación y dirección de una organización criminal”, pero también de “malversación de fondos públicos”, la Justicia ya había anulado su título universitario obtenido hace 30 años. Esa sanción, por las normas establecidas en la Constitución, le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de mayo de 2023. Su encarcelamiento desencadenó importantes manifestaciones que fueron violentamente reprimidas en todo el país, tanto en las grandes ciudades gobernadas por el CHP como en los centros urbanos tradicionalmente favorables al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), la formación de Erdoğan.

Pero el jefe de Estado turco también tiene en mente las elecciones presidenciales de 2028 y el obstáculo decisivo que se interpone en el camino de su reelección, lo que podría obligarlo a frenar sus impulsos autoritarios. De hecho, la Constitución sólo permite dos mandatos presidenciales consecutivos. Electo por sufragio universal directo (algo inédito en Turquía) en 2014 y reelecto en 2018, Erdoğan logró, al dimitir durante su mandato, volver a ganar en 2023. Para poder presentarse nuevamente, sería necesario modificar la ley fundamental mediante una votación del Parlamento, la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

Una primera solución sería obtener el acuerdo de tres quintas partes de la Asamblea, es decir, 360 diputados. Pero en las elecciones legislativas de 2023 (concurrentes con las presidenciales), el AKP retrocedió y obtuvo sólo 267 escaños de los 600 que componen el Parlamento, mientras que su aliado de extrema derecha, el Partido de Acción Nacionalista (MHP), apenas obtuvo 50. Por lo tanto, el total es insuficiente para alcanzar la barrera de los 360. Además, en este caso, sería obligatorio celebrar un referéndum de ratificación. En un escenario de inflación de dos dígitos (33,52 por ciento en julio), tres años consecutivos de depreciación de la lira (2022-2024) y medidas represivas muy controvertidas, la organización de una consulta popular sería una operación de alto riesgo.¹

La otra opción para el presidente-candidato, que lo eximiría de celebrar un referéndum, sería que 400 parlamentarios (dos tercios de la Asamblea) ratificaran la modificación constitucional. Sin embargo, aunque el presidente saliente se asegurara el apoyo de esa cantidad de diputados, nada garantiza que ganaría las elecciones, incluso si İmamoğlu permaneciera detenido en la prisión de alta seguridad de Silivri. Ya en 2023, Kemal Kılıçdaroğlu, el candidato del CHP a la magistratura suprema, había logrado capitalizar cerca del 48 por ciento de los votos, a pesar de estar lejos del carisma de İmamoğlu. El partido cuenta en sus filas con otras personalidades capaces de poner en aprietos a Erdoğan, como Mansur Yavaş, alcalde de Ankara reelecto en 2024 cuya popularidad traspasa los límites de la capital, y Özgür Özel, presidente del CHP, que ha demostrado su eficiencia al permitir que en las elecciones municipales de 2024, su partido se impusiera en las grandes ciudades, así como en varios bastiones del AKP en la región del mar Negro y Anatolia.

Negociaciones imprescindibles

La incertidumbre generada por estas proyecciones electorales desfavorables podría obligar al presidente a buscar el apoyo de otras formaciones. En la Asamblea Nacional, el Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), que representa a los votantes progresistas kurdos, así como a los ecologistas y a las feministas, está aliado con otros dos pequeños partidos de izquierda radical y cuenta con un total de 64 diputados. A cambio de concesiones que quedan por definirse, Erdoğan podría intentar ganárselos para su propuesta: un refuerzo necesario, pero no suficiente. E incluso con los cinco diputados del Partido del Nuevo Bienestar (YRP), de tendencia islamista-nacionalista, seguiría sin alcanzar la mayoría. Otra posibilidad es recurrir a los 44 diputados del Partido Bueno (İYİ), fundado por disidentes del MHP y elementos derechistas del CHP. Como su fundadora y líder, Meral Akşener, sueña con un destino presidencial, es probable que dé su consentimiento para una innovación que podría serle beneficiosa en el futuro.

Pero ¿qué contrapartidas puede ofrecer el reis [jefe] a cada uno de los candidatos que corteja? ¿Cómo satisfacer simultáneamente al YRP, que predica el restablecimiento del califato y la restauración de la shaia, y al İYİ, partido laico que se inscribe en la tradición kemalista, un legado que Erdoğan, como islamo-conservador, no deja de pisotear cada vez más? ¿Y cómo convencer a los kurdos de que convivan en una alianza electoral con Akşener, quien, como ministra del Interior durante los años 1990, reprimió brutalmente los serhildan (levantamientos) en la región kurda de Bakur, organizó desplazamientos de población, vació los pueblos manu militari y dejó que prosperaran las ejecuciones extrajudiciales de militantes y miembros de la élite intelectual kurda?

En realidad, Erdoğan no puede resolver esta complicada ecuación sin aceptar volver a debatir seriamente la resolución de la “cuestión kurda”. Por otra parte, pareció dar un paso en esta dirección en agosto de 2024, en un discurso que pronunció en Ahlat con motivo del aniversario de la victoria de los turcos selyúcidas, en alianza con tribus kurdas y árabes, sobre las tropas bizantinas en 1071: “Nos reuniremos a la sombra de la luna creciente, sin distinción entre turcos, kurdos, árabes, sunnitas y alevíes”.² Tras esta declaración, el 1° de octubre se pudo ver en los pasillos de la Asamblea Nacional ostensibles apretones de manos entre Devlet Bahçeli, líder del MHP –un partido que hasta entonces profesaba un violento ostracismo antikurdo– y varios diputados del DEM, entre ellos su copresidente, Tuncer Bakırhan.

Sin embargo, para que estos cambios sean creíbles, Ankara tiene la obligación de escuchar las exigencias del partido progresista: retorno al Estado de derecho, apertura de las prisiones y amnistía para los presos políticos, liberación del líder histórico del PKK, Abdullah Öcalan, y puesta en libertad de Selahattin Demirtaş (3) y de Figen Yüksekdağ, exvicepresidentes del Partido Democrático de los Pueblos, la formación política que precedió al DEM. También sería necesario que los administradores (kayyim) nombrados por el Ministerio del Interior en 16 municipios ganados por el DEM se retiraran en favor de los alcaldes kurdos que fueron electos democráticamente. Por último, al igual que en las negociaciones interrumpidas en 2015 entre los rebeldes del PKK y Ankara, no se puede ignorar el reconocimiento de la singularidad cultural y lingüística de los kurdos.

Impulso de conciliación

Tres semanas después de los “históricos” abrazos de principios de octubre, Bahçeli volvió a la carga, esta vez tendiéndole la mano a Öcalan: “Si el jefe terrorista es liberado de su aislamiento, que venga a hablar al Parlamento. Que grite que el terrorismo ha terminado por completo y que su organización ha sido desmantelada”.³ Precisamente, desde la isla prisión de İmralı en donde está recluido, Apo, como lo apodan cariñosamente sus seguidores, decidió que había llegado el momento de que el PKK, debilitado por la implacabilidad de los militares turcos y abandonado por una población harta de la guerra, llevara a cabo un “gran cambio de paradigma” y reconstruyera con paciencia el “lazo fraternal” que se había roto entre turcos y kurdos.⁴ El 27 de febrero, en respuesta a la interpelación del líder del MHP, llamó a su partido, que él mismo fundó en 1978, a disolverse y deponer las armas.

Los días 5, 6 y 7 de mayo, en un Congreso celebrado en su ausencia, dado que todavía no es libre de desplazarse, el PKK ratificó este giro radical, ya que los combatientes “consideraban que habían logrado situar la cuestión kurda en el primer plano del escenario político, nacional e internacional, y que habían convertido la lucha por los derechos políticos y culturales kurdos en una lucha que ahora sería posible resolver por la vía democrática”.⁵

En su comunicado, el líder histórico no formuló ninguna condición. No es el caso de la dirección de su partido, que reclama su excarcelación o, cuando menos, su libertad condicional, así como el establecimiento de un marco legal que acompañe el proceso de paz, con lo que ello supone en cuanto a garantías jurídicas sobre el futuro de los guerrilleros. La organización pide así que ninguno de ellos quede proscripto y que todos gocen de una amnistía total.

El 2 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Numan Kurtulmuş, y los dos copresidentes del DEM, Tülay Hatımoğulları y Bakırhan, concedieron una rueda de prensa conjunta. En esta oportunidad, Kurtulmuş insistió en la necesidad de un compromiso colectivo de las fuerzas políticas: “Gracias a las recientes declaraciones provenientes de İmralı y a la decisión del desarme de la organización, nos encontramos en un momento en que los debates pueden darse en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, corazón de la voluntad nacional. Es una oportunidad histórica”.⁶ Para dar cuerpo a este impulso de conciliación, el 5 de agosto se creó una Comisión Parlamentaria de Solidaridad Nacional, Fraternidad y Democracia, con el objetivo de “reforzar la paz”.

El mecano político que Erdoğan está implantando poco a poco en Turquía también tiene consecuencias en la vecina Siria. Mientras que a principios de año los bombardeos aéreos turcos seguían apuntando a infraestructuras civiles y militares de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), mayoritariamente kurdas, el llamamiento a la reconciliación de Öcalan llevó a Ankara a ponerles fin. Sólo los drones siguen surcando el cielo de la región. Constatando esta nueva situación, Mazloum Abdi, comandante general de las FDS, fuertemente impulsado por Thomas Joseph Barrack, enviado especial para Siria del mandatario estadounidense Donald Trump, firmó en marzo con el nuevo gobierno de Damasco un protocolo que integra a la organización político-militar en la reconstrucción del país.

Sin embargo, no todo está resuelto: las FDS pretenden mantenerse como una estructura unificada y se niegan a integrarse de manera individual en los contingentes sirios. En cuanto a la disolución de las Unidades de Protección de la Mujer, cuyo rol fue decisivo en la lucha contra el Estado Islámico (EI), sigue siendo impensable para los kurdos. Para colmo, aunque ha validado el protocolo firmado con Damasco, Erdoğan sigue exigiendo el desarme de las FDS. Por su parte, estas últimas, ante la ausencia de un alto el fuego formal con el Ejército turco y teniendo en cuenta que el EI, aunque debilitado tras su derrota en 2019, continúa sus ataques en el sudeste de Siria,⁷ siguen negándose a ello.

Para el presidente turco la cuestión kurda está vinculada de forma directa con los dos obstáculos que comprometen su reelección. Apaciguar sus relaciones con los 17 millones de kurdos de Turquía mediante un retorno a la democracia y poner fin al conflicto que lo enfrenta a los kurdos de Siria, sus vecinos inmediatos: estas son sin duda las dos únicas vías que se le abren si pretende permanecer en el poder.

Jean Michel Morel, periodista, miembro del comité editorial del diario digital Orient XXI. Traducción: Emilia Fernández Tasende.