Desobediencia civil frente al genocidio

En julio de 2020, dos ciudadanos británicos fundaron la red de protesta Palestine Action. Huda Ammori (cuya familia paterna fue desplazada a la fuerza durante la guerra de los Seis Días en 1967) y Richard Barnard (exmiembro del movimiento ecologista Extiction Rebellion) llegaron a la misma conclusión: desde la Gran Marcha del Retorno palestina en 2018 y la subsecuente represión por parte de francotiradores israelíes armados con rifles que Reino Unido había vendido a Israel, las protestas se han sucedido una tras otra en Reino Unido, sin lograr ningún avance tangible. Por lo tanto, hacían falta nuevos modos de oposición más eficaces.

Desde el principio, la organización emprendió operaciones que apuntan de manera directa contra los proveedores de armas de Israel. Su principal objetivo es Elbit Systems, un gigante industrial que produce drones de vigilancia y de combate, los pone a prueba contra los palestinos y luego los vende al resto del mundo con la etiqueta “combat proven” (“probado en combate”). “En vez de pedirle a un político que cierre las fábricas de armamentos, podíamos ir a cerrarlas nosotros mismos”, resume la voz en off de To Kill a War Machine (Hannan Majid y Richard York, 2025), un documental centrado en el movimiento Palestine Action y prohibido en Reino Unido en 2025.

Palestine Action se desarrolló mediante grupos locales y autónomos. Empezaron atacando, con cierto éxito, varias instalaciones de Elbit en el país, así como la fábrica de la empresa APPH en la localidad de Runcorn, que construye los trenes de aterrizaje de los drones de Elbit. Destruyeron material necesario para la fabricación, y lograron frenar la producción durante varios días. Al final, Elbit tuvo que cerrar sus fábricas de Oldham y Bristol.

Mientras que los responsables israelíes presionaban para intensificar la represión, las autoridades británicas detuvieron a varios militantes, a algunos los liberaron por falta de pruebas, a otros los procesaron por vandalismo o robo. Pero Palestine Action no cejó en su empeño. En mayo de 2021, en Leicester, la organización ocupó la fábrica UAV Tactical Systems, una filial de Elbit. Los manifestantes permanecieron en el techo durante seis días con el apoyo de los habitantes de la región, que instalaron un campamento solidario enfrente de la fábrica y bloquearon el paso cuando la Policía intentó desalojar a los activistas.

En diciembre de 2021 tuvo lugar un primer juicio en el tribunal de Newcastle-under-Lyme contra tres activistas que habían cerrado con cadenas las puertas de la fábrica de drones de UAV, situada en la localidad de Shenstone, y cubierto el edificio con pintura rojo sangre. Los abogados de los llamados “tres de Elbit” lograron que los absolvieran de los cargos de “delito de daños”, alegando la lawful excuse (excusa legítima), una disposición del derecho británico que permite justificar actos ilegales si están destinados a prevenir un mal mayor: en este caso, crímenes de guerra contra los palestinos.

En este contexto, el 2 de marzo de 2022, Martin Fausset, el director de Elbit Systems, se reunió con Priti Patel, entonces ministra del Interior. Patel aseguró que “el gobierno se está tomando muy en serio los actos de protesta delictivos contra Elbit Systems UK”, y ya está “en contacto con la Policía por este tema”.¹ Pero en noviembre de 2022, en Londres, en el marco de un juicio ante el Tribunal de la Corona (una especie de tribunal penal), el jurado también absolvió a cinco activistas de Palestine Action, juzgados por arrojar pintura roja en la sede londinense de Elbit Systems, en octubre de 2020.

Escalada tras Gaza

Según Ammory, las filas de la red de activistas se ampliaron “considerablemente” a partir de octubre de 2023, lo que les permitió diversificar los objetivos.² Ese mismo mes, cubrieron también con pintura roja la sede londinense de la BBC, que Palestine Action acusa de “difundir las mentiras de la ocupación” y de “legitimar los crímenes de guerra de Israel”.³ En noviembre, bloquearon durante varios días el acceso a una de las instalaciones de la empresa Lockheed Martin, proveedora de los aviones de combate F-16 y F-35 que se utilizan para bombardear la Franja de Gaza.

Ese mismo mes, comenzó un juicio mayor en el Tribunal de la Corona de Snaresbrook (duró seis semanas) para juzgar las acciones llevadas a cabo contra distintas fábricas de Elbit entre julio de 2020 y enero de 2021. La defensa de Palestine Action vuelve a recurrir a la lawful excuse. Ocho activistas fueron declarados no culpables de parte de las acusaciones principales, y dos fueron absueltos por unanimidad de todas las acusaciones. La victoria no fue sólo moral. El movimiento logró legitimar en el campo judicial la desobediencia civil y la violencia material ante la urgencia de desarmar el genocidio en Gaza.

Tras este contratiempo político, Elbit –que cuenta con su propia unidad de inteligencia y comparte información con la policía de todo el país cada dos semanas– emprendió una nueva maniobra de influencia. Su director de seguridad, Chris Morgan, le escribió a Chris Philp, el ministro encargado de la policía, exigiendo una nueva ola punitiva.⁴ La represión contra el movimiento siguió intensificándose: vigilancia constante, violencia policial creciente, arrestos en serie y allanamientos en todo el país.

Pero Palestine Action redobló la apuesta. En agosto de 2024, en la localidad de Filton, un equipo entró a la fuerza en la fábrica más grande de Elbit en Reino Unido, usando una furgoneta penitenciaria como ariete, y luego se infiltró en su centro de investigación. Allí destruyeron, entre otras cosas, drones cuadricópteros que las Fuerzas de Defensa de Israel utilizan para atraer a los rescatistas palestinos difundiendo llantos de niños, para luego ejecutarlos. La suma de los daños materiales se estima en un millón de libras. Muy pronto, la escena se volvió viral en redes sociales.

Prohibición y resistencia

Entonces, las autoridades británicas decidieron recurrir al régimen de excepción llamado “antiterrorista”, concebido y desarrollado en el marco de la “guerra global contra el terrorismo”. De este modo, aunque los “24 de Filton” estaban acusados de actos de derecho común (robo agravado, destrucción de bienes y alteración del orden público), el fiscal estableció una “conexión terrorista” alegando “circunstancias excepcionales” que permiten prolongar los arrestos provisorios, rechazar las solicitudes de libertad bajo fianza y mantener a los acusados en condiciones de “alta seguridad”.

En junio de 2025, un grupo de Palestine Action se infiltró en la base aérea más grande de la Royal Air Force, en la localidad de Brize Norton, al norte de Londres. Cuatro activistas usaron pintura para dañar los motores de dos aviones cisterna. La suma de los daños se estima en más de siete millones de libras. Tres días más tarde, Yvette Cooper, ministra del Interior del gobierno laborista, anunció en el Parlamento su decisión de proscribir Palestine Action, en aplicación de la ley de terrorismo adoptada en el año 2000 (Terrorist Act). Esta ley otorga al ministro del Interior la facultad de someter a votación parlamentaria la prohibición de una organización que “crea que está implicada en actividades terroristas”. La propuesta de Cooper obtuvo la mayoría en la Cámara de los Comunes y luego fue aprobada en la Cámara de los Lores.

El mero hecho de pertenecer a Palestine Action pasa a constituir una amenaza contra la democracia, y por tanto queda asimilada a una infracción penal. Como explica la jurista internacional Shahed Hammouri, “es un modo de eludir el Estado de derecho, de crear un espacio de excepción, fuera de la ley, en cualquier ámbito que importune al gobierno”. Llamar a defender el movimiento, organizar reuniones y manifestaciones públicas en solidaridad o simplemente llevar puesta ropa con su emblema pasa a estar penado por ley. De este modo, desde julio de 2025, más de 2.700 personas han sido detenidas por participar en concentraciones de apoyo a Palestine Action. Entre ellos se encuentran Moazzam Begg, expresidiario de Guantánamo, que fue liberado después de tres años de estar detenido sin cargos; y Sir Jonathon Porritt, antiguo asesor del príncipe Carlos. La novelista irlandesa Sally Rooney corre el mismo riesgo si regresa a Reino Unido, porque anunció su intención de donar una parte de sus derechos autorales al movimiento.⁵

Pero esto no alcanza para socavar la determinación de Palestine Action. Desde el verano de 2025, un nuevo grupo, llamado Shut Down Leonardo [que exige el cierre de la empresa aeroespacial y de defensa Leonardo], retoma las riendas en Edimburgo. En paralelo, un movimiento masivo apoya a los aproximadamente 30 activistas que permanecen detenidos, esperando un juicio que podría celebrarse recién a principios de 2027. Ocho de ellos están en huelga de hambre desde noviembre de 2025, exigiendo que se revoque la proscripción de la red. Se trata de la huelga de hambre más larga ocurrida en una prisión británica desde 1981, cuando miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) protestaron de esta manera contra sus condiciones de detención en Long Kesh, en Irlanda del Norte.⁶ En ese entonces, la intransigencia de Margaret Thatcher llevó a diez de ellos a la muerte.⁷ ¿Cómo manejará la situación el laborista Keir Starmer? En el cuadragésimo día de huelga, pese a que el estado de salud de varios detenidos era cada vez más grave, el gobierno se seguía mostrando inflexible.

Rayan Freschi y Mathieu Rigouste, investigador de la organización CAGE International, e investigador de la plataforma Enquête Critique, respectivamente. Traducción: Agustina Chiappe.