Imperialismo sin buenos modales

Hace falta tener una memoria muy selectiva para ver en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, el 3 de enero, el “regreso” de Washington a una política “imperialista” que supuestamente habría dejado de practicarse desde 1945 o incluso desde 1918.

La atribución repentina de este epíteto a Estados Unidos en medios de comunicación que hasta ahora sólo lo reservaban para Rusia tiene algo de falsamente ingenuo. Pues –por limitarse a la pos Guerra Fría– el regreso de Washington a la práctica de operaciones militares de gran envergadura bajo la presidencia de George Bush, tras largos años del “síndrome de Vietnam”, se inauguró en 1989 con lo que ya entonces había sido presentado como una operación policial antidroga: la invasión de Panamá y el secuestro del dictador Manuel Noriega, en flagrante violación del derecho internacional.

De este modo, se abría camino a un nuevo ciclo de intervenciones estadounidenses que tuvo su apogeo con la invasión de Irak en 2003 bajo la presidencia de otro Bush, hijo del primero. Las ocupaciones gemelas de Irak y Afganistán, que se dieron luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001, se convirtieron con rapidez en cenagales de los que Estados Unidos no logró salir sino con estrépito y grandes pérdidas: en 2011 en el caso de Irak, diez años más tarde en el de Afganistán.

Estos dos grandes fracasos renovaron el “síndrome de Vietnam”, en particular el fiasco iraquí, dada la significativa relevancia de lo que estaba en juego y la gran cantidad de medios desplegados. Las lecciones aprendidas de la experiencia en el sureste asiático –evitar toda ocupación prolongada, asignarse objetivos limitados, atacar de forma masiva desde el principio y durante un corto período, preferir los ataques a distancia a las tropas sobre el terreno– se vigorizaron tras haber sido deliberadamente ignoradas por la administración de George W Bush. El sucesor de este último, Barack Obama, que se jactaba de haberse opuesto a la invasión de Irak, batió récords en materia de ataques a distancia, en especial mediante el uso de drones; Donald Trump procuró cuidadosamente actuar de otro modo durante su primer mandato, y Joe Biden continuó la tradición instaurada por el hombre a quien había secundado como vicepresidente.¹

La lección de Irak

¿Qué hay, entonces, de nuevo en el acto de piratería internacional de Trump en Venezuela? Algunos han visto en él un retorno a la política del regime change (cambio de régimen), abandonada desde el fracaso iraquí. Esto supone una mala interpretación tanto del sentido de la expresión como de la política de Trump. La expresión remite sobre todo a la ocupación de Irak. Tuvo un notable éxito durante el primer mandato de George Bush, cuando su administración estaba plagada de neoconservadores, instalados principalmente en el Departamento de Defensa. Estos llamaban a romper con una larga tradición de política “realista” que se acomodaba a dictaduras –incluso sanguinarias– siempre que sirvieran a los intereses de Estados Unidos.

Una vez terminada la Guerra Fría, Washington debía pasar de las palabras a los hechos promoviendo el cambio democrático a escala planetaria. El regime change en Irak debía ir acompañado de una nation-building (construcción nacional): la construcción de un nuevo Estado bajo la tutela de Estados Unidos –potencia ocupante–, a semejanza de lo que se hizo en Alemania Occidental y en Japón después de 1945. Irak debía convertirse en la vidriera de un cambio democrático en Medio Oriente. La fuerza del ejemplo, combinada con la presión de Estados Unidos, empujaría a los demás Estados de la región a imitar ese modelo virtuoso. Washington iba, por fin, a poder crear un mundo a su imagen y semejanza.

Desde luego, esta perspectiva no era del agrado de los regímenes autocráticos de Medio Oriente, empezando por los Estados vasallos de Washington, beneficiarios durante mucho tiempo del acomodo “realista” del señorío estadounidense con su despotismo. Así, estos últimos entablaron una batalla contra los neoconservadores desde el interior mismo de la administración Bush. Apoyándose en el Departamento de Estado y en la CIA, los dirigentes saudíes intentaron convencer al presidente estadounidense de que renunciara a su ambición de refundar radicalmente el régimen de Bagdad. Junto con el hombre iraquí de la CIA, Iyad Allawi, le sugirieron a Bush que colaborara con los jefes del Ejército para ayudarlos a derrocar a Saddam Hussein y reorientar a Irak en un sentido conforme a los intereses regionales de Estados Unidos.² “Nuestra idea era eliminar la cúpula del poder y dejar el resto del régimen intacto”, había declarado Allawi.³

Al enterarse del asunto, los aliados iraquíes de los neoconservadores, encabezados por Ahmed Chalabi, dieron la voz de alarma en los medios, acusando a un clan arabo-estadounidense de querer perpetuar el “saddamismo sin Saddam”. Con el respaldo de Tony Blair, entonces primer ministro británico, los neoconservadores se impusieron. Su plan resultaría catastrófico para Estados Unidos: el desmantelamiento del Estado iraquí en nombre de la “desbaazificación” –inspirada en la desnazificación de Alemania– dio inicio a un caos que permitió, por un lado, la dominación de la mayoría chiita del país por parte de Irán y, por el otro, el desarrollo de una guerrilla antiestadounidense y antichiita en las regiones árabes sunnitas, de la cual Al Qaeda se convirtió en la fuerza principal. Ya en 2004, Chalabi fue repudiado por Washington, que lo acusó de trabajar para Teherán; los neoconservadores fueron expulsados de la administración al año siguiente y, en 2006, el Congreso estadounidense formuló una exit strategy (estrategia de salida) desechando por completo las quimeras democráticas.

Desde ese momento, bajo la denominación de “lección de Irak”, se entendería que el error fatal había sido el desmantelamiento del aparato estatal iraquí, que debería haberse preservado para gobernar el país. ¡Se acabaron entonces los proyectos de democratización impuestos manu militari! Obama ensayó una democratización desde la base. Intentó acompañar los levantamientos de la “primavera árabe” con la ayuda de Qatar, apostando a que los Hermanos Musulmanes se hicieran con el control de estos. El fracaso de esta otra política –especialmente la recuperación del poder egipcio por parte de los militares en 2013, con el apoyo de Riad y contra la voluntad de Washington– precipitó su fin.

Sólo se mantenía vigente la estrategia promovida por los dirigentes saudíes antes de la ocupación de Irak: allí donde hay intereses primordiales en juego, más vale forzar a los regímenes establecidos a plegarse a los deseos de Washington que intentar derrocarlos y correr el riesgo de generar el caos.

El aprendizaje de Trump

Donald Trump no había pasado por alto la lección. Reaccionó al fiasco iraquí propugnando el uso de la fuerza con el objetivo de apropiarse de los recursos petroleros del país, siguiendo el estilo que más tarde caracterizaría su presidencia. En 2011, último año de presencia de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak, criticó duramente a Obama por abandonar el país sin haber echado mano a sus recursos petroleros. En la obra que sirvió de preludio a su futura campaña presidencial, publicada ese mismo año bajo el título Time to Get Tough [Hora de ponerse firmes], Trump aborda el caso de Irak en un capítulo titulado “Llévense el petróleo” y en una sección titulada “Al vencedor, el botín”.⁴ Acorde con su explicación, era necesario que Estados Unidos se apoderara del petróleo iraquí, dejando un porcentaje a Irak, para evitar que Irán se hiciera con él. Es un argumento idéntico al que utilizó recientemente para justificar sus ambiciones sobre Venezuela y Groenlandia, ambos amenazados por el control chino y ruso, según él.

Tras volverse muy crítico con el regime change de pretensiones democráticas, Trump actuaría en consecuencia. Fue él quien, durante su primer mandato, negoció con los talibanes la salida de Estados Unidos de Afganistán, que se completaría bajo la presidencia de Biden de la manera desastrosa que todos conocemos. Inspirándose en la lección iraquí, su administración tejió vínculos en 2018 con militares venezolanos que preparaban un golpe de Estado en Caracas⁵ –militares que, sin embargo, figuraban en la lista de miembros del régimen acusados por Washington de crímenes y de participación en el narcotráfico–. Este primer intento fue cortado de raíz. Un segundo intento fracasó en abril de 2019, al no haber logrado arrastrar ni al Ejército ni a la población.

Una figura clave de la sedición fue Manuel Cristopher Figuera, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quien había sido sancionado por Washington en febrero de 2019 por “tortura de masas, violaciones masivas de los derechos humanos y persecuciones masivas contra quienes buscan un cambio democrático en Venezuela”.⁶ Tras el golpe de Estado fallido, Cristopher Figuera se refugió en Estados Unidos, donde, por supuesto, se le levantaron las sanciones. Sin embargo, el fracaso fue estrepitoso para Trump, quien había sido empujado por el equipo de su primer mandato a reconocer a Juan Guaidó –entonces presidente de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición– como presidente de Venezuela en nombre de la democracia. Este revés reforzó su repugnancia a invocar la causa democrática.

Una vez más, el año pasado, Trump eligió inaugurar su mandato en política exterior con una visita al reino saudí. Criticó con amargura la idea misma de promover la democracia en Medio Oriente y, al mismo tiempo, pretendió tener poco interés en el uso de la fuerza. Esta retórica vana, sumada a sus pretensiones de pacificador aspirante al Premio Nobel, pudieron haber generado una falsa impresión de Trump, al asociarlo al aislacionismo –una tendencia política vinculada con una corriente tradicional de la extrema derecha estadounidense– o incluso al pacifismo. Sin embargo, Trump siempre se ha jactado de ser un “duro” que, a diferencia de Obama, no duda en atacar cuando surge la ocasión, como lo hizo –especialmente en Siria e Irak– durante su primer mandato y de manera mucho más frecuente desde su regreso a la Casa Blanca. La lista de países a los que Estados Unidos ha atacado desde enero de 2025 ya es impresionante: Yemen, Somalia, Irak, Irán, Siria y Nigeria, además de los ataques sobre Venezuela.

Al contrario de la reputación de imprevisibilidad que cultiva, la política imperial de Trump no carece de coherencia. Está dictada de forma natural por su percepción de los intereses materiales y estratégicos de Estados Unidos, así como –en ocasiones– por los suyos propios y los de su familia. La lección iraquí ocupa un lugar central en su enfoque, como lo muestra con claridad el caso de Venezuela: ya ni siquiera finge querer promover la democracia ni ha exigido elecciones libres. Incluso ha llegado a descalificar –de manera provisional– a María Corina Machado, principal figura de la oposición venezolana, hasta entonces respaldada por las capitales occidentales.

Trump se jacta de los contactos que su administración ha establecido dentro del régimen de Maduro, incluso con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, convertida en presidenta interina. Considera que tras su demostración de fuerza –con la amenaza permanente de recurrir a ella de nuevo– y de llevar al límite el estrangulamiento económico del país, el régimen venezolano no tiene más remedio que satisfacer su desiderata –y los intereses de Chevron, principal compañía petrolera estadounidense establecida en Venezuela, y otros aliados de Trump–.⁷ Como bien lo resumió el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Michael Johnson, ante las cámaras de televisión: “No se trata de un cambio de régimen, sino de un cambio de comportamiento de un régimen”.⁸ El mismo enfoque se manifiesta en las apremiantes invitaciones de Trump a Cuba e Irán para “llegar a un acuerdo” –bajo amenaza, por supuesto–.

La política imperial del segundo mandato de Trump combina un cinismo –que algunos han tomado por honestidad–⁹ con una política de fuerza bruta al servicio de una visión del mundo en la que no faltan ni el supremacismo –America First [Estados Unidos primero]– ni el Lebensraum. Se trata de la “doctrina Donroe”,¹⁰ una nueva versión de la doctrina Monroe que convierte a las Américas en el coto privado de Estados Unidos–. Si –a diferencia de sus predecesores– Trump no se hace pasar, de forma hipócrita, como defensor de la democracia, no es por temor a inmiscuirse en los asuntos de otros países. No deja de apoyar de manera muy abierta –así como lo hacen los miembros de su administración, con James David Vance a la cabeza– a sus correligionarios en todas partes, empezando por América Latina, como lo ha demostrado en este último tiempo con Argentina y Brasil.

Gilbert Achcar, periodista. Traducción: Paulina Lapalma.