Anatomía de una difamación

Durante más de dos años, mi mandato ha sido objeto de controversias cuidadosamente orquestadas y de una virulencia creciente. El 8 de febrero, un diputado francés atacó a mi persona sobre la base de declaraciones truncadas haciéndome decir que Israel “es el enemigo común de la humanidad”, mientras que mi discurso estaba dirigido a los países que armaron a Israel, así como a los medios de comunicación y los algoritmos de las redes sociales que amplificaron el discurso genocida.¹ Sin tener el cuidado de verificar el contenido exacto de mis declaraciones ni examinar los hechos, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se hizo eco de inmediato de estos ataques a nivel internacional, condenando como “escandalosas y culpables” las declaraciones que nunca hice y anunciando que Francia recurriría al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para pedir mi dimisión. Sus homólogos italianos, alemanes y checos han seguido su ejemplo, sin realizar las más elementales comprobaciones que exige su cargo. El 19 de febrero, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se hizo cargo públicamente de la misma solicitud. Si la crítica es inherente a cualquier cargo público, más aún cuando se trata de derechos humanos, este caso revela un aspecto inquietante: la implacabilidad con la que algunos Estados prefieren atacar al mensajero en lugar de intentar refutar el mensaje.

El carácter inédito y corrosivo de este ataque contra una experta independiente perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se debe solo a la violencia de las acusaciones y a la invención deliberada de mentiras, sino también, y sobre todo, al hecho de que la cúpula del Estado asume y dirige la maniobra. Por lo tanto, ya no se trata de una controversia, sino del síntoma del quiebre de un sistema, hecho de promesas solemnes y tratados internacionales que se invocan en tiempos de paz, pero que se entierran tan pronto como su aplicación molesta.

Designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, soy relatora especial desde el 1° de mayo de 2022 y hasta 2028. Octava titular de este mandato –y primera mujer en este puesto–, asumí este compromiso voluntario después de una carrera dedicada a la defensa de los derechos humanos, principalmente en las Naciones Unidas, en particular en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) en Jerusalén, así como en la investigación universitaria sobre Palestina.

Este mandato de la ONU consiste en “investigar las violaciones por parte de Israel de los principios y disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario” como potencia ocupante desde 1967, “recibir comunicaciones, escuchar testigos”, “recurrir a las modalidades de procedimiento” consideradas necesarias para “el cumplimiento del mandato” e “informar, junto con conclusiones y recomendaciones, al [Consejo de Derechos Humanos] hasta el final de la ocupación israelí de estos territorios”. El “fin de la ocupación israelí”: ese es el límite de tiempo establecido para este mandato.

La atención prestada a Israel no es ni una elección personal ni una toma de posición: deriva de la resolución 1993/2A del Consejo de Derechos Humanos, adoptada el 19 de febrero de 1993 en respuesta a casi 30 años de ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Acusarme de “falta de neutralidad” equivale a distorsionar conscientemente este mandato. Ninguno de los otros 14 relatores de las Naciones Unidas investidos de un mandato-país es objeto de tales ataques; ninguno acusa a los titulares a cargo de Afganistán, Rusia o Irán de estar “obsesionados” en el ejercicio de su misión. Pero, una vez que se trata de Israel, el cumplimiento ordinario de un mandato se convierte a los ojos de algunos, dentro de los propios gobiernos, en una falta que justificar en lugar de un deber que cumplir.

Mi trabajo consiste en establecer y calificar jurídicamente los hechos en los territorios ocupados donde reina un dualismo jurídico institucionalizado: el derecho civil se aplica a los colonos israelíes y el derecho militar a los palestinos, incluidos los niños. De hecho, Israel es el único país del mundo donde los niños son procesados de forma sistemática ante tribunales militares. Describir este sistema como un apartheid ejercido contra los palestinos en forma de dictadura militar no es una provocación, sino una calificación legal. Mis primeros informes entregados a la ONU entre 2022-2023 documentaron el obstáculo sistemático al derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, la privación arbitraria y sistemática de libertad y el impacto estructural de la ocupación en la infancia.²

La libertad improbable

Derecho a vivir libre como pueblo, a decidir su voz política, a gestionar sus recursos, a trazar su propio futuro, la autodeterminación condiciona el ejercicio de todos los demás derechos. Su negación está en el corazón de cualquier proyecto colonial de asentamiento. Durante décadas, la fragmentación territorial, la expansión de los asentamientos, las restricciones a los viajes, al trabajo, a la educación y al acceso a la justicia, la confiscación de tierras, la demolición de decenas de miles de casas, el encierro de Gaza y las casi 6.000 muertes, incluidas las de unos 1.200 niños, causadas por los ataques israelíes entre 2008 y 2022 han hecho improbable cualquier perspectiva de vida libre e independiente.

En todo el territorio palestino ocupado, Israel ha establecido un régimen penitenciario, con intensidad y métodos variables, que limita todas las dimensiones de la vida cotidiana. Vigilados de forma constante, obstaculizados en sus desplazamientos por puntos de control, muros y una red burocrática opresiva, perpetuamente expuestos a arrestos y detención arbitraria, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los palestinos viven en lo que es similar a un panóptico³ a cielo abierto.

Terminado justo antes y presentado justo después de los ataques del 7 de octubre de 2023, mi informe sobre la infancia es a la vez el más abrumador y el menos comentado. Evoca el proceso de “desinfantificación” (unchilding), un término tomado de la académica israelí-palestina Nadera Shalhoub-Kevorkian⁴ para describir la vida cotidiana de niños privados de protección e inocencia, que crecen en la violencia omnipresente: asesinados, mutilados, huérfanos, testigos de la muerte o humillación perpetua de sus seres queridos y de la destrucción de su hogar. Ignorar su desesperación es renunciar a una parte de nuestra humanidad y violar la obligación más sagrada del mundo y del derecho internacional: proteger a la infancia.

Mi informe de marzo de 2024 forma parte de este mismo enfoque; también se centra en las víctimas de un sistema estructurado. Titulado “Anatomía de un genocidio”,⁵ documenta los primeros cinco meses de ataques israelíes en Gaza después de las masacres cometidas por Hamas el 7 de octubre de 2023: asesinatos, lesiones físicas y mentales graves, sumisión a condiciones de vida dirigidas a la destrucción del grupo, en un contexto de retórica deshumanizante de funcionarios estatales. Durante este período, Israel maquilló su acción con un “camuflaje humanitario”, redactado en un lenguaje tranquilizador –“conflicto”, “daños colaterales”, “zonas seguras”, “órdenes de evacuación”– para justificar el borrado gradual de Gaza y su identidad, la supresión de la capacidad de los palestinos para existir como comunidad, para habitar su tierra, para transmitir su memoria. En el siguiente informe, “El borrado colonial por el genocidio”,⁶ mostré cómo este genocidio se extiende a Cisjordania y Jerusalén Este a través de una limpieza étnica, en un conjunto que forma la culminación lógica de una empresa de colonización de asentamientos: borrar para reemplazar, destruir para apropiarse.

Otros reportes

No soy la única que ha llegado a tales conclusiones. Ya en enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró que existía un riesgo plausible de violación de la Convención sobre el Genocidio y ordenó medidas cautelares. En julio de 2024, ese tribunal también concluyó la ilegalidad de la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado y pidió que cesara de forma inmediata e incondicional. Por último, constató la existencia de discriminación sistémica, violaciones de la prohibición de la segregación racial y del apartheid, así como de políticas de anexión. Ya no hay instituciones y organizaciones que no concluyan que Israel comete un genocidio contra el pueblo palestino en el poco territorio que queda de Palestina. El historiador israelí Raz Segal dio la alarma en octubre de 2023. En 2024, historiadores israelíes especialistas en la Shoah, como Amos Goldberg y Omer Bartov, también estimaron que su país estaba cometiendo un genocidio.⁷ Unos meses más tarde, Amnistía Internacional llegó a la misma conclusión y, en julio de 2025,⁸ la organización israelí B’Tselem publicó un informe en este sentido con un título abrumador, aún más sorprendente cuando se imagina en hebreo: “Nuestro genocidio”.⁹ Por último, y entre muchos otros, en setiembre de 2025, la comisión internacional de investigación independiente también afirmó que se estaba llevando a cabo un genocidio en Gaza.¹⁰ A pesar de la minuciosa documentación de los crímenes cometidos, estos informes han recibido una atención limitada o nula por parte de los medios de comunicación y los gobiernos occidentales. A falta de una decisión judicial formal, la comisión de investigación constituye lo más parecido a una conclusión cuasi jurisdiccional basada en el establecimiento de los hechos y el análisis del derecho. En cualquier caso, la obligación de prevenir el genocidio surge tan pronto como se identifica un riesgo grave. En enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia reconoció un riesgo plausible en Gaza, los Estados debían actuar, comenzando por suspender las transferencias de armas.

Mi análisis de la complicidad de algunas empresas, publicado en julio de 2025, provocó las reacciones más virulentas. Allí describo la “economía de genocidio”: una red de actores privados que, a través de sus inversiones, tecnologías, servicios y cadenas de suministro, apoyan materialmente la realidad descrita en los informes anteriores.¹¹ Tal implicación refleja su responsabilidad. Poner fin al genocidio también implica desmantelar las estructuras económicas que lo hacen posible y rentable. Este informe llevó a Estados Unidos a imponerme sanciones draconianas en agosto de 2025, una práctica ya aplicada a los jueces de la Corte Penal Internacional y a varias organizaciones palestinas. Estoy aislada económicamente del mundo. Cualquiera que mantenga vínculos conmigo, incluidos los miembros de mi familia (soy madre de una niña con ciudadanía estadounidense), se enfrenta a multas de un millón de dólares y 20 años de prisión. Mi capacidad para ejercer mi mandato y, simplemente, para conducir mi vida está gravemente obstaculizada.

Aunque estos ataques fueron apoyados por mi propio país, Italia, y con la ausencia de apoyo concreto de otros Estados, continué con mi misión. Mi informe más reciente califica el genocidio en Gaza de “crimen colectivo”,¹² hecho posible y financiado por el apoyo político y militar inquebrantable de varios Estados, entre los cuales están los que hoy me atacan con más fuerza.

Connivencia europea

Estados Unidos sigue siendo, de lejos, el principal proveedor de armas a Israel, mientras que varios Estados miembros de la Unión Europea (UE) siguen alimentando estas transferencias; la UE sigue siendo el principal socio comercial de Tel Aviv. Con algunas excepciones, como España o Eslovenia, los Estados del viejo continente han elegido la inacción o la complicidad. Francia, por ejemplo, ha autorizado varias veces el sobrevuelo de su espacio aéreo por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pesar de la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional en su contra. París continuó el comercio de equipos militares, facilitó los tránsitos a través de sus puertos y aeropuertos, y mantuvo un intenso comercio con Israel. Los grandes bancos franceses financian empresas relacionadas con la industria militar israelí y los asentamientos, mientras que varios miles de franco-israelíes sirven en el ejército israelí.

Al mismo tiempo, la represión de las movilizaciones se intensifica: manifestaciones prohibidas, conferencias académicas censuradas, activistas y periodistas acusados de “apología del terrorismo”, intervenciones policiales violentas. Alemania, Italia, Francia y Reino Unido ocupan puestos a la vanguardia en este ámbito, con el pretexto de luchar legítimamente contra el antisemitismo. Los proyectos de ley proponen amalgamar la lucha indispensable contra la judeofobia y todas las formas de racismo con la prohibición de cualquier crítica a Israel como Estado. Presentada como una evidencia, esta confusión que asimila a nuestros hermanos y hermanas judíos a la política israelí participa en una ofensiva política: instrumentalizar la lucha contra el antisemitismo para criminalizar la expresión de solidaridad con el pueblo palestino y justificar campañas de difamación. Debido a que critican la política de Tel Aviv, ciudadanos israelíes y judíos sufren las mismas campañas de denigración en todo el mundo. Sus voces son sofocadas y su lealtad puesta en duda.

¿Antisemitismo?

El antisemitismo, horrible y odioso, es el odio a los judíos: no tiene nada que ver con el trabajo de quienes defienden los derechos humanos, que se refiere al análisis de los actos de un Estado. Todo el sistema de derecho internacional se basa en el principio de la responsabilidad del Estado. Son los Estados los que asumen las obligaciones legales, y son ellos los que deben responder, en primer lugar, por sus violaciones. Israel no es una excepción: las críticas al Estado de Israel no apuntan a lo que es el Estado de Israel ni a la religión que profesa, sino a lo que hace, en particular con respecto al derecho internacional, que viola, de manera grave, repetida y con una impunidad persistente.

La cuestión planteada no es ideológica, sino jurídica: ¿cumple Francia sus obligaciones internacionales al llevar a cabo tales acciones? Mi mandato como relatora especial me ha enseñado algo esencial: cuando se cuestiona el poder, este no debate, golpea. Ensuciar para descalificar, intimidar para silenciar; la violencia es más un signo de debilidad que de fuerza.

Mi trabajo se inscribe en la continuidad del de mis predecesores: John Dugard, Richard Falk y Michael Lynk. Ellos también fueron acusados de antisemitismo o complacencia con el terrorismo. También contra ellos se desplegó el procedimiento consistente en sustituir la polémica por los hechos documentados, el ataque ad hominem al análisis jurídico. La mecánica ya está probada. Los grupos proisraelíes –con la organización UN Watch como líder desde Ginebra– llevan años produciendo informes difamatorios contra cualquier persona, especialmente dentro de las Naciones Unidas, que documente las infracciones al derecho internacional cometidas por Tel Aviv. Con el pretexto de contrarrestar un “tratamiento desproporcionado de Israel”, estos actores aíslan y fragmentan los comentarios para alterar su significado, y luego amplifican y repiten su desinformación hasta darle la apariencia de verdad.

Mirando de cerca, los “informes” de estos grupos suenan vacíos. Dentro de las Naciones Unidas, su carácter mentiroso y difamatorio se conoce desde hace mucho tiempo. Las acusaciones de que yo habría justificado las atrocidades del 7 de octubre de 2023, negado la violencia sexual o minimizado el sufrimiento de los rehenes provienen de esta fábrica, a pesar de que condené de forma inequívoca y sin descanso los ataques contra civiles israelíes el 7 de octubre de 2023 y los crímenes de Hamas en general.

Los he condenado sin dudarlo como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuyos autores deben ser procesados en el marco de procedimientos internacionales. Condené la violencia sexual cometida contra víctimas israelíes, según lo documentado por la comisión de investigación de las Naciones Unidas¹³ y, de acuerdo con el derecho internacional, considero que la violación utilizada en un contexto de hostilidad es un arma de guerra que puede constituir un crimen de guerra y, según las circunstancias, un crimen de lesa humanidad. La justicia internacional no funciona ni por indignación selectiva ni por instrumentalización política. Se basa en la calificación jurídica de los hechos, el establecimiento de las responsabilidades individuales y el cumplimiento del “debido proceso” (procedimiento regular), para todos y todas, sin excepción.

Si mi condena de las masacres y otros crímenes contra civiles israelíes fue inequívoca, cuestioné la afirmación ampliamente extendida, especialmente en Francia, por alguna razón que se me escapa, según la cual habrían sido motivados principalmente por el antisemitismo:¹⁴ como recordaron eminentes especialistas en la Shoah y el antisemitismo, esta lectura es a la vez errónea y peligrosa, porque oculta las causas estructurales de la violencia y distorsiona el análisis.¹⁵ Si bien el antisemitismo pudo haber desempeñado un papel individual para algunos, estas masacres, como declaró el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se produjeron en el contexto de 56 años de ocupación sofocante.¹⁶ Ningún crimen justifica otro crimen. Pero ignorar el contexto es mantener una lectura distorsionada que corre el riesgo de alimentar el ciclo de violencia en lugar de resolverlo, poniendo en peligro tanto a los palestinos como a los israelíes.

Propósitos y acciones

Hay que nombrar lo que muestra esta campaña: la energía desplegada para calumniarme contrasta con el silencio ante el genocidio en curso en Gaza y la inacción hacia quienes son objeto de órdenes de detención por crímenes internacionales ante la Corte Penal Internacional. Con el pretexto de “empoderar a la ONU”, en realidad se trata de redefinir la defensa de los derechos humanos como una toma de posición partidista.

La ironía es atroz. En setiembre de 2025, Francia reconoció el Estado de Palestina, un gesto aclamado como una señal fuerte, un punto de inflexión simbólico. Pero reconocer a un Estado cuyo ocupante se apoya activamente, sin ejercer presión para que respete el derecho internacional y proceda a la retirada incondicional de los territorios ocupados que exige la CIJ, es más una postura diplomática que un compromiso jurídico y político. El reconocimiento de un Estado sin territorio, sin soberanía, sin cese de la ocupación, es solo un propósito vacío, especialmente cuando se trabaja al mismo tiempo para intimidar a los expertos encargados de documentar con precisión las violaciones que hacen imposible la creación concreta de este Estado. No podemos reconocer a Palestina el lunes y tratar de amordazar a sus defensores el resto de la semana.

Los líderes que se prestan a este juego no solo apuntan en contra de mi persona. Sacrifican el propio orden jurídico internacional y aceleran el desmantelamiento del derecho internacional humanitario y de las instituciones que lo garantizan, en el preciso momento en que su supervivencia está en juego.

Podemos huir de la verdad, pero es más difícil ocultarla. Es solo cuestión de tiempo: la justicia llamará a la puerta de los autores de crímenes en Gaza y sus cómplices. La destrucción de Gaza despertó conciencias que se creían anestesiadas e hizo visible lo que muchos se negaban a ver: no solo la brutalidad de la ocupación, sino la complicidad activa de nuestras democracias occidentales en su prolongación. Israel no es una anomalía en el orden mundial; es, en muchos aspectos, el espejo en el que se descubren lógicas excepcionales, jerarquías coloniales entre vidas dignas de duelo y vidas prescindibles, una retórica de seguridad que garantiza la impunidad. La mayoría de los gobiernos occidentales no se enfrentan a Israel, porque al hacerlo se cuestionarían a sí mismos.

Por eso es a la vez instructivo y triste que Francia, patria declarada de los derechos humanos, se encuentre en primera línea no para defender un principio, sino para proteger un statu quo; no para promover el derecho internacional, sino para neutralizar a sus guardianes.

Sin embargo, algo ha cambiado. Nació un movimiento –en los campus, en las redes sociales, en las calles, en los tribunales– que exige una verdadera justicia social, el respeto efectivo de los derechos humanos, un multilateralismo decolonial y la universalidad sin excepción de sus principios. Una universalidad que no admite el apartheid, aunque sea practicado por un Estado aliado de las capitales occidentales. Este movimiento no se dejará silenciar por campañas de difamación. No se desanimará por sus sanciones, sus represalias. Crece y se fortalece a medida que se revelan las mentiras y distorsiones que buscan descalificarlo.

Traducción: J. Felipe Arellano H.