Avance del consenso procesista

El cuestionamiento del gobierno argentino a las políticas de memoria y verdad no es nuevo, pero por primera vez se hace política pública. Si bien las narraciones sobre la memoria no se construyen en forma unilateral –sino que son el resultado de luchas entre sectores–, el rol del Estado es central para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes pendientes. A la banalización discursiva de la violencia dictatorial se suma el desfinanciamiento de infraestructura pública clave para avanzar con los juicios a los responsables.

El Estado no es la memoria o, para ser más precisos, los sentidos sobre el pasado que se proyectan hacia el futuro no están determinados de manera unidireccional por una política pública, cualquiera sea su contenido. En Argentina, durante más de 20 años las memorias sobre la represión política clandestina de los años 1970 se gestaron contra las decisiones oficiales, y es posible que esa confrontación y la magnitud de las adversidades hayan forjado su vitalidad.

Nunca hubo un consenso social respecto de la valoración del plan represivo que ejecutaron las juntas militares a partir de marzo de 1976; menos aún si se amplía el límite temporal hacia fines de 1974. Sí hubo consensos sectoriales; momentos en que grupos que disentían en otras cuestiones acordaban en el rechazo a los métodos de la dictadura y en la necesidad de que la justicia penal hiciera su trabajo, y un período en el que uno de esos sectores sintonizó con un ciclo de gobiernos que tomó una parte importante de sus demandas y las convirtió en políticas públicas (2003-2015). Aun en esa época en que las ideas de memoria, verdad y justicia parecían ser mayoritarias, otros sectores de la sociedad sostenían y alimentaban otra cosmovisión: la represión fue una guerra, los crímenes que se cometieron fueron necesarios. Uno de los intelectuales que ordenaron los vectores de estas memorias fue Emilio Massera: “Pero aquí estamos –dijo cuando le tocó hablar en defensa propia durante el juicio a las juntas– porque ganamos la guerra de las armas y perdimos la guerra psicológica”. A partir de ese diagnóstico, estas memorias, que también son heterogéneas entre sí, siguieron produciendo sentidos, discursos, referencias, fabricando sus propios hitos, sus propios hechos-emblema, durante 40 años.

El fervor con que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel socava la estatalidad relacionada con reconstruir la verdad y sostener la memoria de los crímenes dictatoriales brota de ese ciclo largo de disputas por el sentido del pasado. La confrontación también les dio oxígeno a sus fuegos. El crecimiento del consenso procesista y de su capacidad para moldear el Estado no comenzó con este gobierno: es muy sencillo encontrar en la gestión de Cambiemos (2015-2019) las marcas institucionales que ahora se están consolidando como políticas públicas.

Crímenes que se perpetúan

¿Cuántas personas de alrededor de 50 años de edad todavía no saben que integran una familia biológica distinta a esa a la que creen pertenecer? Encontrar a ese conjunto de desaparecidos vivos fue posible por un ensamblaje entre la sociedad civil organizada y el Estado que empezó muy temprano, cuando las Abuelas de Plaza de Mayo se ocuparon de encontrar una solución científica y durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) fue creado el Banco Nacional de Datos Genéticos. Una semana después de esa fundación, Alfonsín firmó la ley de Obediencia Debida. No solo la apropiación de los niños fue excluida del manto de impunidad, sino que fue creada una institucionalidad para desarmarla.

Para encontrar a esas personas no se ordenó un ADN compulsivo y masivo de todos los nacidos entre 1975 y 1983, sino que se recurrió a la investigación histórica y a la denuncia colectiva. Esa tarea fue realizada por Abuelas y por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada en 1992. Habían pasado los indultos, todavía no habían surgido los escraches. Apropiadores de niñas y niños empezaban a ser condenados por haberse quedado con los hijos de los que querían cambiar el mundo. Ese ensamble Estado-sociedad civil organizada da resultados hasta hoy porque sus hipótesis de trabajo son correctas.

Hoy, entre el ruido deliberado que genera la autonarración del ajuste oficialista, condimentada por el revanchismo enardecido de sus voceros, vale la pena hacer foco en esto: las capacidades de investigación de la Conadi fueron estratégicamente podadas y el Banco Nacional de Datos Genéticos, desfinanciado al punto límite.¹ Al mismo tiempo, en el planeta gobernado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue creado un registro de datos genéticos para la investigación de delitos actuales, que para instalarse y funcionar requiere un presupuesto milmillonario. Las batallas por el sentido encarnan. No es imposible continuar buscando a los hermanos o hermanas, nadie va a cesar ni en su inquietud, ni en su obsesión, ni en su tarea. Lo que hay que anotar en el haber del gobierno Milei-Villarruel es su intención, y el aval explícito o implícito de otros actores políticos.

La decisión de desaparecer a quienes fueron capturados por el sistema represivo fue realizada a través de mecanismos extremadamente eficaces. El paso de 40 años de investigación histórica, judicial y periodística, de los cuales alrededor de 15 se realizaron como una política pública articulada y financiada, ha logrado recuperar alrededor de 800 cuerpos de desaparecidas y desaparecidos. Esa sustracción es un crimen que se sigue cometiendo. No son pocos los perpetradores que hablaron, pero sí son pocos los que aportaron algún dato útil para encontrar a quienes fueron escondidos en fosas clandestinas, quemados hasta ser convertidos en polvo, arrojados vivos al mar.

El aporte de quienes sobrevivieron fue clave para armar el rompecabezas de la verdad, pero un proceso de justicia penal requiere más que eso. A cada quien se le deben atribuir delitos específicos; se debe probar que esa persona estuvo en determinado lugar, que dio tales o cuales órdenes, que decidió la tortura, la violación, el robo o la muerte. Demostrar en un ámbito judicial, por ejemplo, quien piloteó el avión Skyvan PA-51 que el 14 de diciembre de 1977 arrojó a tres madres de Plaza de Mayo al mar exige pruebas.

Una porción relevante de los elementos que permiten construir conjuntos probatorios para este tipo de hechos está en los archivos estatales, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante dos décadas, estas zonas del Estado negaron que existiera documentación. Después, los equipos de relevamiento y análisis de los archivos de defensa y de seguridad, creados durante los gobiernos kirchneristas, encontraron que sí había registros, organigramas de las fuerzas, legajos sobre la trayectoria de sus integrantes. Es decir, pruebas.² Los equipos de relevamiento y análisis de este tipo de documentación fueron desarmados por el gobierno nacional. Los archivos de la SIDE sobre la represión clandestina a la que contribuyó significativamente nunca fueron desclasificados para el acceso público: nadie se animó a tanto. Lo que está pasando ahora con ellos es totalmente desconocido.

Normalización de la verdad incompleta

Las características del plan de represión política provocan que sea difícil cerrar la investigación histórica. La mayor parte de las y los desaparecidos no fueron encontrados. Eso significa, además de la ausencia de un cuerpo, la imposibilidad de sacar esos crímenes de su clandestinidad. La verdad incompleta es la herencia recibida de los perpetradores. Una porción grande de la sociedad inventó formas para lidiar con eso, formas simbólicas, formas cerradas, formas abiertas, soluciones prácticas, y convenció al Estado de que debía ayudar a hacerlas crecer: siluetas, películas, cantos, museos, bases de datos, técnicas científicas. La marca propia del gobierno actual y del consenso social que lo sostiene es romper esas invenciones. Los archivos se hacen inexpugnables. Ninguna señal de televisión emitirá un mensaje llamando a los nacidos en los años 1970 a dudar de su identidad registral. La normalización de la verdad incompleta es un proyecto histórico.

Ximena Tordini, periodista especializada en la comunicación de organizaciones de derechos humanos de Argentina. Versión completa del artículo publicada por Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.