La crisis y el mar

Un vaso de agua no se le niega a nadie. Ni una encuesta. Desde que la tecnología permitió automatizar las preguntas y abaratar los costos, los sondeos de opinión se multiplican como hongos después de la lluvia. Son como las películas eróticas: sabemos que exageran o distorsionan o directamente inventan, pero no podemos evitar consumirlas. Y cuando todas coinciden, dicen algo: últimamente muestran una caída de la imagen del presidente argentino, Javier Milei, una disminución del apoyo a la gestión libertaria y, más relevante aún, un cambio de expectativas: cada vez son menos los que piensan que Argentina está mal pero va bien. Pero como ya sucedió otras veces que Milei parecía vencido y logró recuperarse, todavía es pronto para saber si la experiencia libertaria se inscribirá en la línea de “ciclos cortos” que caracteriza a la política argentina reciente (y a buena parte de la política latinoamericana, que no logra estabilizar hegemonías ni construir épocas). Y sin embargo, es indudable que algo ha cambiado: aunque el dólar está quieto y la inflación sigue controlada, Milei perdió el aura que había logrado luego de su triunfo en octubre de 2025, el peronismo por fin se está moviendo y la sociedad, exhausta y hastiada, cruje.

Este cambio político tiene varias explicaciones, pero creo que hay una que está siendo subestimada en muchos análisis y que, sin embargo, resulta crucial: los tres “amortiguadores sociales” que en una primera etapa permitieron soportar el ajuste se han ido desgastando, y ya no funcionan. Aquí, creo, radica parte de la explicación del nuevo clima social.

Veamos.

AUH, plataformas, deuda

Junto con la devaluación de diciembre de 2023, la rápida licuación de los salarios y el techo impuesto a las jubilaciones, el gobierno decidió aumentar el monto de la principal política social de Argentina, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hoy llega a 4,1 millones de beneficiarios. En su primer año en el poder, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, se incrementó 351 por ciento, muy por encima de la inflación. Aunque a comienzos de 2025 el ritmo comenzó a acompasarse, lo cierto es que desde la llegada de Milei al poder la suba fue, en términos reales, de 110 por ciento.¹ La Tarjeta Alimentar, que alcanza a 4,5 millones de personas, también experimentó un incremento inicial importante, pero luego el Ministerio de Capital Humano decidió congelarla. Como se trata de universos de beneficiarios superpuestos, digamos que el “combo” registró una suba que, según las diferentes combinaciones y la cantidad de hijos, ronda el 40 por ciento.

Si cualquier otro gobierno hubiera salido a comunicar esta buena política pública, Milei optó en cambio por la discreción, consciente de que parte de su electorado no distingue la AUH de los planes sociales. Al mismo tiempo, desplegaba una triple estrategia de represión de la protesta social con apaleo semanal de jubilados, campañas de intimidación que advertían sobre la cancelación de la asistencia para aquellos beneficiarios que participaran en alguna movilización y el estrangulamiento de las cooperativas, comedores y otros emprendimientos que gestionan los movimientos sociales. El resultado fue una especie de depuramiento de las organizaciones (solo sobrevivieron aquellas que cuentan con una militancia más comprometida), su repliegue estratégico a los barrios y el fin de los cortes de calles: la 9 de Julio sin piquetes.

Pero esta política, exitosa en sus propios términos, se está agotando. Como diría Milei, el problema es que no hay plata. Desde su llegada a la Casa Rosada [sede del Poder Ejecutivo argentino], los servicios públicos aumentaron en promedio el triple que la inflación. El precio de la garrafa de gas, por citar una necesidad muy común en los sectores populares, se multiplicó por cinco, y el boleto de ómnibus lo hizo por cuatro.² Esto redujo el ingreso disponible de las familias y generó un efecto difícil de medir, pero bien concreto: la sensación que tiene mucha gente de que trabaja, incluso más horas, para pagar lo mínimo: el boleto, el agua, el alquiler. Paralelamente, y como resultado de la estrategia de “desintermediar” la política social apostando a las transferencias directas y ahogando a los movimientos sociales, las redes comunitarias fueron erosionándose. El dinero sigue llegando a la tarjeta, pero se esfuma en pocos días, y las organizaciones que antes funcionaban como último recurso –que aportaban el apoyo escolar, la vianda caliente, el contacto para conseguir la changa– están desarticuladas y dispersas. Más allá de la discusión estadística sobre su dimensión exacta, la pobreza de la era Milei es una pobreza menos solidaria, más atomizada y dura.

El segundo amortiguador que ayudó a atravesar la primera etapa del ajuste es la informalidad, que es la respuesta que la economía del siglo XXI le encontró al drama del desempleo del siglo XX. Desde la asunción de Milei se destruyeron 320.000 puestos de trabajo formales.³ Y como el operario despedido de una pyme que produce bulones en Lomas de Zamora no puede migrar con su familia a Neuquén para reconvertirse en proveedor de catering de los petroleros de Vaca Muerta, fueron las plataformas digitales las que absorbieron este nuevo ejército de reserva. Por supuesto, esto implicó trabajar en condiciones más exigentes y sin protección; pero de todos modos era un rebusque. Para algunos, una segunda actividad, complementaria de la principal, que ayudaba a redondear una suma digna, definiendo otra marca de época: el aumento del pluriempleo, que está en récords históricos;⁴ para otros, sobre todo migrantes, jóvenes y sectores más empobrecidos, la vía principal de ingresos. Los números son engañosos, porque muchos superponen aplicaciones, pero algunas estimaciones calculan este universo en un millón de personas.⁵

En todo caso, las plataformas –igual que el micro comercio electrónico– operaron como un seguro de desempleo privado descentralizado, una red de contención en la que el Estado no tuvo que invertir un centavo y que además encajaba con la narrativa emprendedorista de Milei. A diferencia de los años 1990, cuando el primer temblor de la convertibilidad se reflejó en un salto a una desocupación de dos dígitos (ya en mayo del 94 superaba el 10 por ciento), esta vez la economía digital permitió mitigar el impacto inicial del ajuste, que se manifestó no como una explosión de desocupados, sino como una crisis de sobreexplotación e insuficiencia de ingresos.

Pero este recurso también está encontrando un límite. Por un lado, las plataformas están saturadas: hay una sobreoferta de conductores y repartidores, lo que genera un rendimiento decreciente e incluso la decisión de algunas de ellas de no aceptar más “socios” (por eso las “cuentas buenas”, con muchos antecedentes y altas calificaciones, hoy se alquilan). La opacidad del sector –el algoritmo es como Dios: inescrutable– impide llegar a conclusiones precisas, pero todo indica que cada vez hay que pedalear más para ganar lo mismo. Según uno de los pocos indicadores disponibles, el índice elaborado por la Fundación Encuentro, para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes, un repartidor tenía que entregar 421 pedidos en octubre de 2025, 436 en noviembre y 454 en diciembre, lo que implica un aumento de 33 pedidos en el trimestre, equivalente a una variación del 7,8 por ciento.⁶ A esto hay que sumar el aumento de los costos, en particular de combustible, el deterioro progresivo de los autos y las motos y, por último, los robos, sobre todo de bicicletas, un problema recurrente. Las investigaciones muestran que cuando pierden su empleo, muchas personas se bajan la app como la forma más rápida de no cortar el flujo de ingresos, y que uno o dos años después reparan en los costos de amortización.

El tercer amortiguador que ayudó a suavizar los efectos del nuevo modelo económico es el endeudamiento. La tasa de morosidad alcanza niveles espeluznantes. Venía aumentando a un ritmo sostenido, y en los primeros meses de 2026 directamente se disparó. Según cálculos de la consultora 1816, la irregularidad en los préstamos personales de los bancos trepó al 11 por ciento, el mayor nivel desde la crisis de 2001. La situación es aún más grave en las billeteras virtuales, a las que recurren los trabajadores no formales a un costo financiero total que hoy llega al 200 por ciento anual, y donde los niveles de mora rondan el 27 por ciento. La dichosa democratización de las finanzas que tanto defendían algunos profesores de la Universidad Di Tella derivó en una crisis de endeudamiento que atormenta a cada vez más familias.

En algunos lugares del conurbano bonaerense, el problema es tal que muchos deciden darse de baja la app del teléfono, lo que obviamente no elimina la deuda, pero que al menos la quita de la vista. Hay trabajadores que van al cajero la misma madrugada del día de acreditación del salario para evitar que a la mañana el dinero sea “chupado” por las deudas a pagar.⁷ Tarjeta Naranja, que lidera junto a Mercado Pago la cartera de préstamos de entidades no financieras, registra la tasa de incumplimiento más alta del sector: 35,7 por ciento.⁸ Un par de semanas atrás, la empresa, que ofrece tarjetas de crédito para no bancarizados y servicios de fintech, lanzó una publicidad advirtiendo sobre el FOMO (Fear of Missing Out, que es como algunos llaman al “miedo a quedarte afuera”, sea de un recital o de un nuevo modelo de zapatillas). “El FOMO dura 15 segundos, la cuota dura 12 meses”, advierte la que debe ser la primera entidad de crédito del mundo que les pide a sus clientes... que no se endeuden.⁹

Ver el mar

Cuando el gobierno ganó las elecciones de octubre de 2025, escribí, sin más guía que la pura intuición, que la oportunidad que le había concedido la sociedad era la última, y que si el programa económico no comenzaba a devolverle a la gente algo a cambio del sacrificio que había hecho en los últimos meses, el clima social cambiaría. Comparaba allí el programa de Milei con la convertibilidad, porque es cierto que el plan del expresidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo se extendió durante una década (1989-1999), destruyendo empleo, desmantelando la industria y agravando la desigualdad, pero también es verdad que en su primera fase había producido una rápida reducción de la pobreza, una explosión del crédito y un boom de consumo popular. La convertibilidad no fue un simple plan macroeconómico, sino un verdadero programa de reforma sostenido en un acuerdo social profundo, un pacto fáustico según el cual la sociedad le entregó al mercado la igualdad y el empleo, y recibió a cambio estabilidad y consumo.

Esta vez es diferente. El triple beneficio policlasista que el director de Fundar, Martín Reydó, describió en una célebre intervención radial (revalorización de los activos financieros para los sectores de mayores ingresos, dólar barato para la clase media, inflación contenida para los sectores más pobres) hoy resulta insuficiente. Desde hace ocho meses, la inflación está estancada entre el 2,5 y el 3,5 por ciento, el mismo lugar en el que se situó en el tramo final de Cristina Fernández de Kirchner, en el mejor año de Mauricio Macri y durante la primera parte de la gestión del Frente de Todos [Alberto Fernández], lo que habla del poder inercial de las expectativas y de la necesidad de atacar el problema con una sintonía muy fina entre los grandes precios (dólar, tarifas, salarios), de la que el gobierno ciertamente carece.

Mientras tanto, Argentina está dejando de ser lo que era. Filas eternas para esperar ómnibus cuya frecuencia empeora día tras día, deterioro de la calidad de la alimentación (como cuenta César González, muchas carnicerías del conurbano bonaerense ya no venden por kilo, sino por feta), desplome de los servicios públicos, jornadas de trabajo largas y extenuantes... La vida de los sectores populares, de las clases medias empobrecidas y aun de las capas medias que tradicionalmente gozaban de mayores niveles de seguridad viene experimentando un declive sostenido, que no es nuevo, pero que se aceleró en los últimos dos años. Al tiempo que esta “Argentina social” se desintegra, crece –y, sobre todo, se calcifica– el universo de lo que el sociólogo y geógrafo francés Christophe Guilluy llama “los desposeídos”,¹⁰ una clase social cuya distancia con los sectores más acomodados no es solo económica, sino también cultural, geográfica y simbólica.

Con su mirada de geógrafo, Guilluy cuenta que una de las grandes conquistas del Frente Popular, la alianza de izquierda que llegó al poder en Francia en 1936, fueron las vacaciones pagas, que permitieron que por primera vez millones de franceses accedieran a las costas. En una sugerente traspolación, Guilluy sostiene que la posibilidad de contemplar el mar no es un mero disfrute paisajístico, sino el signo de una ampliación de los horizontes de los sectores populares –una ampliación de la imaginación política–, y agrega que hoy eso se está cerrando nuevamente, porque la gentrificación de las costas, liderada por los jubilados de clase alta y los teletrabajadores calificados, está expulsando a los franceses de bajos recursos del acceso al litoral marítimo.

No solo en Francia. En Argentina, diversos testimonios coinciden en que muchos chicos de Mar del Plata –una ciudad con niveles históricamente altos de pobreza y desocupación– no vieron nunca el mar, a punto tal que existen varias iniciativas para acercar a los jóvenes a las playas, a veces ubicadas a menos de 20 kilómetros de sus casas.¹¹ Mientras los sectores medios y altos se recluyen en lo que Guilluy define como la “secesión de las élites” (los edificios de lujo de la costa marplatense o, para el caso, el corredor norte del Área Metropolitana de Buenos Aires), los sectores más pobres, guetizados, quedan encerrados en la geografía acotada del barrio o la villa. El alejamiento social no se mide en kilómetros; se mide en distancia cultural, lo que muchas veces torna las demandas de los más pobres directamente ilegibles (esto explica la “sorpresa” progresista ante el triunfo de Milei). En el siglo XXI, la lógica misma del conflicto cambia: las clases ya no luchan entre sí, porque lo que garantiza el orden social no es la dominación, sino la distancia.

José Natanson, director de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.