La coalición de la ruta 40

Durante la mayor parte de la Colonia, el actual territorio argentino estaba configurado de manera inversa a la actual, con el centro económico de Alto Perú situado en la gigantesca mina de plata de Potosí y las provincias de lo que hoy llamamos “interior” como proveedoras de ese gran polo minero. Salta y Jujuy producían carretas y textiles, Santiago del Estero y Tucumán criaban mulas para el transporte, Mendoza aportaba vinos y Córdoba funcionaba como nodo logístico y administrativo. Buenos Aires era por entonces una pequeña aldea periférica, un “paradero contrabandista” en los márgenes del imperio español.

El punto de quiebre ocurrió en 1776, con las reformas borbónicas, la creación del Virreinato del Río de la Plata y el Reglamento de Libre Comercio en 1778, que buscaba contener el avance portugués y británico en el Atlántico Sur legalizando el comercio de Buenos Aires con España.

La historia es conocida. Habilitado para exportar e importar, el puerto y su aduana se convirtieron en el núcleo dinámico del nuevo virreinato. La Revolución de Mayo terminó de romper el antiguo sistema, creando una economía cada vez más orientada hacia el Atlántico y asentada en una región, la Pampa, que se iba extendiendo conforme una producción reemplazaba a otra: en un comienzo cuero, luego saladeros que daban forma al tasajo para alimentar a los esclavos de las plantaciones brasileñas, más tarde lana y por fin carne, enfriada primero y congelada después, junto con el maíz y el trigo, hasta llegar a la soja actual. Lo que quiero decir es que económicamente Argentina es muchas cosas, pero su núcleo más dinámico gira desde hace un siglo en torno a la Pampa infinita, ese “laberinto sin paredes”, según la célebre definición de Jorge Luis Borges.

Con el boom de la soja y la expansión de su frontera de cultivo, la tecnificación de su modelo de producción y la profesionalización de la actividad, el campo se fue convirtiendo un actor central, por momentos dominante, de la política argentina. El conflicto de 2008 fue el origen de lo que hoy conocemos como la grieta, y el germen de una coalición político-territorial antiperonista que articuló los grandes centros urbanos con las regiones pampeanas o pampeanizadas hasta lograr la derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2015. La influencia del campo, que trasciende sus fronteras productivas, se basa en su legitimidad histórica, en el hecho de que se trata de un sector dinámico e internacionalmente competitivo y, sobre todo, en su capacidad para generar dólares, lo que lo llevó a tensionar la relación con todos los gobiernos en busca de mejores condiciones cambiarias.

Esto fue posible gracias a la silobolsa, un invento argentino creado a partir de un desarrollo original del INTA [Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria], que permite almacenar granos secos sin necesidad de invertir en la construcción de un silo tradicional y que, por lo tanto, resulta ideal para modelos de propiedad de la tierra flexibles y arrendamientos. Pero la silobolsa no es solo un dispositivo de almacenaje, sino, sobre todo, una tecnología financiera, gracias a la cual los productores pueden “sentarse sobre la cosecha” como método para arrancarle al ministro de turno una devaluación o una baja de retenciones. Lo consiguieron en 2014, cuando, arrinconado por una corrida que amenazaba llevarse todo por delante, Axel Kicillof, flamante ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, ordenó la primera devaluación importante de la era kirchnerista, y volverían a lograrlo varias veces más: al inicio del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), sobre el final del gobierno de Macri, con el “dólar-soja” que les concedió [el ministro de Economía de Alberto Fernández] Sergio Massa (2022-2023), con el “dólar blend”, con las retenciones cero del actual presidente Javier Milei.

Una nueva economía

Retrocedamos nuevamente. La creación del Virreinato del Río de la Plata, la Revolución de Mayo y las guerras de la independencia, que se desarrollaron en buena medida en el norte, arrasando con zonas enteras, desarticularon el espacio económico potosino. Con Alto Perú bajo control español durante una década y media más, el núcleo monopsónico de adquisición de los productos de las economías provinciales quedó cerrado, al tiempo que ingresaban, por el puerto de Buenos Aires, cada vez más bienes de Gran Bretaña, que en plena revolución industrial buscaba mercados para colocar su producción. Por suerte, Federico Sturzenegger [ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina] aún no había nacido, pero no había manera de que los ponchos salteños compitieran con los importados de Manchester.

Es justamente ese espacio, ampliado hacia el sur a lo largo de la cordillera, el que hoy recobra importancia. Podríamos fechar su renacimiento el 16 de abril de 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció la estatización de YPF [Yacimientos Petrolíferos Fiscales], o el 16 de julio de 2013, cuando el presidente de la empresa, Miguel Galuccio, firmó un acuerdo fundacional con Chevron por una inversión de 1.000 millones de dólares para comenzar la explotación no convencional a gran escala en Vaca Muerta, riesgo que las compañías privadas se resistían a asumir y que YPF decidió correr, para luego transmitir esa “curva de aprendizaje” al resto de la industria. Hoy las principales inversiones, en algunos casos de cientos de millones de dólares, corren por cuenta de empresas nacionales, que incluso se han asociado entre sí, y a veces también con YPF, para llevar adelante grandes obras de infraestructura, como el oleoducto que une Neuquén con Punta Colorada, en Río Negro, dato que a veces pasan por alto los nostálgicos de una burguesía nacional idealizada. No deja de ser curioso que la decisión de estatizar YPF y apostar por Vaca Muerta se originara en una información brindada por el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama, que en una reunión bilateral con Cristina Fernández de Kirchner en el marco de un encuentro del G-20 le advirtió que los satélites estadounidenses habían detectado un gigantesco yacimiento no convencional en Neuquén. Hay que reconocer también la mirada estratégica de la entonces presidenta, que decidió impulsar el proyecto aun sabiendo que no florecería hasta una década después, cuando ella ya estuviera fuera del gobierno.

La minería siguió un camino más lento. A diferencia de los hidrocarburos, que se concentran básicamente en tres provincias, los yacimientos mineros están distribuidos a lo largo de toda la cordillera, lo que dificulta la coordinación entre distritos, cada uno con una legislación diferente: mientras que Santa Cruz y San Juan la permiten desde siempre y han logrado un gran desarrollo de sus yacimientos, otras provincias, como Río Negro y Chubut, todavía la prohíben. Por otro lado, la minería constituye en Argentina una actividad más nueva que el petróleo y no dispone de una tradición fuerte ni de una empresa nacional legitimadora como YPF, con el general Mosconi y su historia épica. Carece de arraigo social y tiene, por lo tanto, mala prensa. Además, las empresas que intervienen son todas extranjeras. Quizás esto explique que el kirchnerismo no impulsara su desarrollo con la misma determinación con la que fomentó el despegue de Vaca Muerta, por ejemplo, creando una compañía minera nacional de referencia, y le dio aire al lobby prohibicionista del ecologismo sunnita, que durante demasiado tiempo frenó o ralentizó los proyectos mineros. Sin embargo, en los últimos años varias provincias, como Mendoza, Catamarca y La Rioja, han modificado su legislación o sus normas internas para fomentar la actividad.

El resultado es el nacimiento de una nueva economía cordillerana. El año pasado, las exportaciones mineras batieron su récord histórico: fueron de 6.034 millones de dólares, el doble que hace una década, y se estima que este año llegarán a 9.000 millones.¹ En cuanto a los hidrocarburos, el auge es realmente impactante: el año pasado, Argentina exportó hidrocarburos por 13.500 millones de dólares y produjo 860.000 barriles diarios de petróleo; se calcula que este año las exportaciones totalizarán 17.000 millones, cuadruplicando las de diez años atrás, y que la producción de petróleo llegará a 900.000 barriles diarios, lo que convertiría al país en el tercer productor de América Latina, solo por detrás de Brasil y México.²

Este nuevo espacio económico está comenzando a dar forma a una incipiente articulación política. No se trata de una alianza formal ni de un acuerdo ideológico; los gobernadores pueden ser de origen sindical (Santa Cruz), macrista (Chubut, San Juan), de partidos provinciales (Río Negro, Neuquén), del radicalismo (Mendoza, Jujuy) o del peronismo con peluca (Catamarca, Tucumán, Salta). Pero todos, salvo el de La Rioja, tienen en común dos cosas: son antikirchneristas declarados y, luego de algunas tensiones iniciales, llegaron a distintos arreglos informales con el gobierno nacional: todos ellos, por ejemplo, participaron en el Pacto de Mayo convocado por Milei y asistieron o enviaron representantes al acto de asunción de Diego Santilli [jefe del Gabinete de Ministros de la Nación]. Más decisivamente, los votos de los diputados y senadores que les responden resultaron cruciales para aprobar el RIGI [Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones], incluso al costo de romper con su propio bloque, como ocurrió con los peronistas catamarqueños, tucumanos y salteños, del mismo modo que el año pasado permitieron aprobar la modificación de la Ley de Glaciares, votada incluso por algunos legisladores de Unión por la Patria [coalición peronista que perdió las elecciones argentinas en 2023].

La “coalición de la ruta 40” es una entente inorgánica y transaccional, pero ya está operando. A diferencia del campo, sumido en una paritaria permanente por el dólar y las retenciones, los sectores minero e hidrocarburífero miran las cosas de otra forma: no requieren una devaluación para mejorar sus números de cara a la próxima cosecha y resultan rentables incluso con un dólar bajo como el actual; pero, al tratarse de inversiones fastuosas con tiempos largos que implican varios años de maduración antes del repago, necesitan estabilidad macroeconómica y, sobre todo, la continuidad del marco regulatorio, que es justamente lo que ofrece el RIGI, que establece 30 años de garantía y prórroga de jurisdicción para que instancias de arbitraje internacional definan eventuales litigios con el Estado. El RIGI es una de las tantas tortugas que se le escaparon entre los pies al gobierno del Frente de Todos [coalición peronista de tendencia progresista que gobernó entre 2019 y 2023], que dejó pasar la oportunidad de sancionar un régimen que además de atraer grandes inversiones contemplara la dimensión del desarrollo local, las cadenas de valor y los proveedores nacionales, algo seguramente difícil en el contexto de la interna fratricida que paralizó la gestión de Alberto Fernández, pero no imposible, al menos si recordamos que el decreto de Chevron firmado por Cristina Fernández de Kirchner le otorgaba a la empresa una serie de concesiones no muy distintas a las del RIGI de Milei (de hecho, el decreto se llamaba Régimen de Promoción de Inversión).

En todo caso, fue Milei quien agarró la pelota en el aire. Sin gritarlo, porque reconocer la continuidad de una iniciativa de Alberto Fernández va contra sus principios, el gobierno participa en la Mesa del Litio creada en 2021 por iniciativa de Matías Kulfas. Y también sin publicitarlo, porque las instancias de articulación entre estados no forman parte del dogma libertario, creó la Mesa Federal Minera, lanzada en la Expo Minera de San Juan de 2026 e integrada por los gobernadores y el secretario de Minería de la Nación. El hecho de que la presida nada menos que Karina Milei confirma la relevancia que le asigna al tema.

Sucede que, además de votos en el Congreso, la coalición de la ruta 40 suministra el bien más relevante de nuestra economía: dólares. Como señalamos, entre minería e hidrocarburos ingresarán este año unos 28.000 millones de dólares, menos que los 37.000 que se estima que proveerá la supercosecha de granos, pero acercándose. Además, la diversificación de las fuentes de divisas le permite al gobierno enfrentar las presiones prodevaluación del campo. El vínculo de Milei con los productores agropecuarios es bueno: bajó retenciones, la supercosecha ayuda a paliar el efecto negativo del tipo de cambio y las exportaciones de carne y leche vuelan (al costo de una caída del consumo interno, que está en pisos históricos). Sin embargo, evitar la dependencia absoluta de la cosecha contribuye a que el gobierno evite los sacudones y garantice la estabilidad del tipo de cambio, que junto con el control de la inflación es hoy su principal, si no su único, activo electoral. Milei lo sabe. Por eso conviene relativizar el argumento de que como cada seis meses cambia de jefe de Gabinete su gestión es un caos. Por supuesto que el gabinete está plagado de funcionarios improvisados y destructivos, que viene desmantelando áreas enteras del Estado y que otras están sencillamente abandonadas. Pero el fundamento del proyecto político de Milei no pasa por ahí. Los tres pilares de su legitimidad –la estabilidad económica, la batalla cultural y cierta idea de orden en las calles– están desde el comienzo a cargo de las mismas personas: Luis Caputo, Santiago Caputo y Patricia Bullrich (ahora de su número dos). Como señalamos el mes pasado, el gobierno puede parecer un circo, pero tiene un rumbo.

Baches

El nuevo espacio económico creado a lo largo de la cordillera es una de las grandes apuestas de Milei. Se ha dicho mil veces: la minería y los hidrocarburos producen muchos dólares, pocos empleos y escaso bienestar. Como la industria es en promedio deficitaria en divisas, la única actividad capaz de generar a la vez dólares y empleo (hasta cierto punto) es el campo. He ahí el drama de Argentina, que el gobierno no resuelve pero sí pospone, mientras sigue avanzando por su camino de peruanización. A dos años y medio de su llegada al poder, la popularidad de Milei ha disminuido: según diferentes encuestas, conserva el apoyo de un 35 por ciento de la sociedad, suficiente para garantizar la gobernabilidad pero no para ganar una elección. En este marco, las provincias cordilleranas le ofrecen respaldo legislativo, potenciales socios territoriales de cara a las elecciones del año que viene y un electorado en disponibilidad. Si el triunfo presidencial de Milei fue en buena medida una rebelión del interior contra el AMBA [Área Metropolitana de Buenos Aires], una venganza tardía de Potosí, ¿será la cordillera lo que el campo fue para Macri? La coalición de la ruta 40 recién se está formando y aún es pronto para anticipar su futuro; pero ya está ahí, jugando. El hecho de que la verdadera ruta 40 –esos 5.194 kilómetros que se extienden desde Santa Cruz a La Quiaca– se encuentre en pésimo estado como consecuencia del abandono de la obra pública debe ser la penúltima paradoja de una época inmune a cualquier ironía.

José Natanson, director de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.