Proteger es debido

La ruta 5 divide Uruguay prácticamente a la mitad: conecta el sur con el norte lejano a lo largo de 500 kilómetros. Dejando atrás el paisaje de cerros chatos de Tacuarembó, pero antes de llegar a su punto final en Rivera, se puede tomar la ruta 30 rumbo a Tranqueras, tierra reconocida por la calidad de sus sandías.

Sin entrar al pueblo y siguiendo unos pocos kilómetros más, llegamos a una zona que desafía la idea nacional de «penillanura suavemente ondulada». La señal más clara es que la ruta asciende peligrosamente en curva y contracurva por varios kilómetros más de lo que se acostumbra. Es la subida de Pena (o bajada de Pena, dependiendo del sentido), nombrada así por los accidentes de tránsito que allí han ocurrido.

Este otro accidente, el geográfico, es una marca de transición entre ecosistemas: de los profundos suelos arenosos se trepa por la escarpa basáltica (un escalón de roca volcánica) hacia los suelos superficiales de la cuchilla de Haedo. En el medio, donde la corteza terrestre se arruga y el magma conversa con la arenisca a través de sus hendiduras, se forma la quebrada. Y dentro de ella, los árboles centenarios.

Aunque no alcanzan el porte de los más altos de Uruguay (los ibirapitás de las islas del río Uruguay), allí se encuentran árboles nativos enormes, como el laurel de monte, el caaobetí y el guaviyú. Y es una de las zonas con mayor biodiversidad del país, donde también hay cascadas de alto vuelo que no parecen de acá.

«Animales, hay de todo: guazuvirá, erizo, oso hormiguero, tatú, zorro, coatí y una cantidad de víboras: es el único lugar en Uruguay donde se encuentra la serpiente cascabel. Y más de 200 especies de pájaros», cuenta Diego Fros, baqueano del lugar.

Hablamos del Paisaje Protegido Valle del Lunarejo, área que integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) desde 2009 y que viene recibiendo cada vez más visitantes que llegan a conocer sus quebradas. Andrés Berrutti, agrónomo tranquerense responsable de haber abierto los primeros senderos de naturaleza en el Lunarejo por el año 2005, explica su relevancia ecosistémica.

«Tiene una importancia enorme porque es la entrada del corredor biológico de las Quebradas del Norte, que termina al sur de Tacuarembó. Toda la fauna que está bajando a raíz del cambio climático, como coatíes, tamanduás y algunas especies de aves, que antes no se veían, entran desde Brasil por el Lunarejo», comenta.

Como zona escasamente poblada, principalmente por pequeños productores, el área protegida no atraía a demasiados visitantes de fuera. Pero en los últimos años tuvo un gran crecimiento como destino de turismo natural.

«Yo pensaba que había aumentado la cantidad de visitantes por la pandemia y que después todo iba a volver a lo normal. Pero siguió: hay cada vez más paseos, posadas y gente trabajando en el turismo en esta zona del Lunarejo, La Palma, Bola de Oro, hasta en la subida de Pena, por todos lados», comenta el colono Julio Vetorello.

En 2002, Vetorello accedió a 800 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización en Puntas del Lunarejo, con la intención de destinarlas a la producción de lanares y vacunos. Tras el ingreso de la zona al SNAP, 200 hectáreas quedaron dentro del área protegida. Pero no fue hasta 2019 que sus hijos armaron un sendero para organizar paseos dentro del monte nativo: unos 30 minutos de recorrido acompañando el arroyo Lunarejo que desemboca en una playita de aguas cristalinas en la laguna de las Yeguas.

«Mis hijos empezaron a trabajar el sendero como un extra para ayudar en la economía de la casa, pero el fin inicial no era turístico, eso vino después. Y no recibimos ningún apoyo para hacerlo, las autoridades se mantienen neutrales en cuanto a eso. Tampoco están en contra», agrega Vetorello.

Así, por unos módicos 500 pesos se puede recorrer el sendero de Puntas del Lunarejo, un paseo montaraz de máximo disfrute, explorando barrancos, conociendo cascadas, sintiendo el acecho de las víboras y culminando la travesía en un chapuzón refrescante que puede incluir, para los osados, un clavado ornamental desde un peñasco natural a diez metros de altura.

Ahora bien, desde que cruzamos el alambrado, se siente una piedrita que molesta en el zapato. Debe ser que para acceder a los paseos más atractivos hay que ingresar con el visto bueno de los propietarios. No es algo exclusivo del Lunarejo: más de 90% de las áreas protegidas de Uruguay son propiedades privadas.

Protección y después

Dentro del término general área protegida, un terreno puede entrar en seis categorías diferentes de protección, las cuales determinan el nivel de intervención humana, el uso público o turístico posible y las actividades productivas permitidas, todo detallado en un «plan de manejo» del área consignado por decreto.

Los seis tipos son, de menor a mayor restricción: área protegida con recursos manejados (como los Humedales del Santa Lucía en Montevideo, Canelones y San José), paisaje protegido (como el Lunarejo y la Quebrada de los Cuervos en Treinta y Tres), monumento natural (como las Grutas del Palacio en Flores), parque nacional (como Cabo Polonio en Rocha), áreas de manejo de hábitats y/o especies (como las Islas del Queguay en Paysandú) y sitio de protección (el más estricto: aún no tenemos).

Son 22 las áreas que conforman el SNAP: un total de 415.605 hectáreas (310.531 terrestres y 105.074 marinas) que cubren 1,31% del país. Si bien es un porcentaje mínimo, la bióloga Verónica Piñeiro, directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente (MA), entiende que las metas planteadas se vienen cumpliendo.

«En la Rendición de Cuentas planteamos que se ha avanzado en la mejor representación de especies amenazadas (48%), en aumentar la cantidad de parches de ecosistemas amenazados (58%) y la cantidad de sitios que minimicen los impactos sobre especies vulnerables al cambio climático (80%) y en tener más provisión de servicios ecosistémicos (29%), además de representar 100% las ecorregiones y unidades de paisaje», comenta Piñeiro, excandidata a la Intendencia de Montevideo.

No obstante, si tomamos como contrapunto el caso de Costa Rica, país famoso por sus parques nacionales, que cubren 26% del territorio nacional, puede decirse que el asunto en Uruguay es incipiente. Por no mencionar que el MA existe apenas desde 2020 y está ubicado en el último escalón del presupuesto nacional 2025-2029: tiene asignados 28 millones de dólares (menos de 1% del total), a una distancia abismal del podio, ocupado por los 1.450 millones de dólares de Interior (16%), los 1.200 millones de dólares de Defensa (13%) y los 950 millones de dólares de Salud (10%).

«Uno de los objetivos del nuevo plan estratégico es el aumento de la superficie y la mejora de la gestión de las áreas protegidas del sistema. Y eso obviamente es un desafío grande, en tanto los recursos son limitados. Por eso pensamos en desarrollar otras formas de financiamiento», reconoce Piñeiro.

Aumentar la inversión es el requisito necesario para robustecer un sistema de fiscalización que actualmente no garantiza las condiciones de protección determinadas por la reglamentación. Porque, aunque la letra del decreto sea linda, no es posible cumplirla si, por ejemplo, el director del área protegida no tiene una camioneta.

«Una cosa absolutamente elemental es que el encargado del área tiene que tener una buena camioneta 4 × 4. Son 54.000 hectáreas: es imposible controlar cazadores, monitorear que los lugares mantengan su biodiversidad y que no entren bichos. Los municipios no tienen medios más que para orientar a los visitantes en el centro de interpretación», afirma Berrutti.

A partir de investigar la flora leñosa del Lunarejo en su tesis de agronomía forestal, Berrutti se hizo especialista en flora nativa y trabaja desde hace años como guía de naturaleza, contratado por operadores turísticos. Su visión se debate entre la importancia que ha cobrado la zona a partir del aumento de visitantes y lo que se deja de hacer por falta de recursos asignados.

«Es mucho más palabrerío político que acciones concretas. Acá inauguraron el centro de interpretación y luego estuvo cerrado dos años porque no tenía empleados. Luego de eso, los primeros encargados del área protegida renunciaron porque no tenían medios. Hay poca concreción, porque se pueden hacer mil acciones para mejorar el área, monitorear flora y fauna, poner cámaras trampa o incentivar el turismo», agrega.

Hagan olas

Pegando la vuelta hacia el sur, si volamos como un chajá hasta la costa de Canelones y Maldonado, es posible encontrarse con dificultades similares en cuanto al cumplimiento cabal de la normativa.

«En la mayoría de las áreas protegidas del SNAP usan agroquímicos que están prohibidos por el plan de manejo, como sucede en la laguna Garzón. En Canelones, en la cuenca del arroyo Solís Grande, el decreto habla estrictamente de que toda la producción de esa área debería pasarse a agroecología. Pero ni la intendencia ni el MA invierten plata en ese pasaje. Y es un costo sensible para los productores, que en general son chicos», comenta Nicolás Chacón, encargado del Sistema Departamental de Áreas de Protección Ambiental (SDAPA) de Canelones.

Canelones es el primer departamento del país en tener un sistema propio de áreas de protección ambiental (APA), que funciona en la órbita departamental y de manera independiente al SNAP. Si bien de los demás departamentos solo Montevideo cuenta con esta herramienta (aunque es cuestión de querer), sí actúan las direcciones de Ambiente de las intendencias, que también pueden declarar áreas protegidas (antes de integrar el SNAP, el Lunarejo había sido declarado reserva departamental por parte de la Junta Departamental de Rivera).

Aunque hoy se desempeña como funcionario de Ambiente de la Intendencia de Canelones, Chacón ha sido guardavidas en la costa canaria por muchos años y, a fuerza de denuncias y organización vecinal, tuvo un rol clave en la integración al SDAPA de Laguna Blanca, en la cuenca del arroyo Coronilla (a la altura del balneario Santa Lucía del Este).

A diferencia del Lunarejo, que ingresó al SNAP por la vía institucional, la integración de Laguna Blanca al SDAPA se dio a partir de la gente. Luego de detectar que una máquina de la intendencia estaba dañando una duna que avanzaba sobre la calle, los vecinos hicieron la denuncia. El hecho propició que comenzaran a juntarse en torno a la idea del área protegida, proceso que no estuvo exento de complicaciones.

«Obstáculos hay de toda clase. Primero, los propios de los vecinos: si bien queríamos declarar un área protegida, todos teníamos visiones diferentes sobre cómo llevar esto adelante. Después, la intendencia está dispuesta a decir que sí a algunas cosas, pero a otras no. Para avanzar, la estrategia pasó por generar los acuerdos mínimos posibles», agrega Chacón.

En 2023, dos años después de arrancar, lograron el ingreso al sistema y al cierre de esta edición el plan de manejo del área está a punto de ser aprobado por la intendencia. Como innovación, incluye la protección de las olas de Santa Lucía del Este, icónicas para el surf nacional, que pasarán a ser las primeras protegidas del país.

Marila Lázaro, vecina, bióloga e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quien participó activamente en todo el proceso, señala que este ha generado resultados valiosos en cuanto a una educación ambiental que empieza a «circular en la comunidad». En particular, unas charlas sobre contaminación lumínica dieron pie a que el colectivo Vecinos Organizados de Santa Lucía del Este ganase un presupuesto participativo para su proyecto Manzana Verde: en la manzana de la escuela del balneario se plantaron especies nativas y se instalaron luminarias amigables con el ambiente.

Lázaro también recordó el diálogo con los dueños argentinos de la única propiedad particular incluida en el APA (las otras son del Banco Hipotecario y de Colonización), a quienes trataron de «seducir» porque sabían que ya habían fraccionado el padrón para hacer un proyecto inmobiliario a gran escala.

«Logramos hablar con esta familia, convocarlos y también seducirlos para que formen parte de un área de protección ambiental. Nuestro objetivo era cambiar el uso del suelo para poder impedir que se pudiesen hacer destrozos en el futuro. Pero no lo logramos. Ahora esta familia está vendiendo esas 100 hectáreas y los compradores podrían construir, hacer chacras marítimas y calles», explica.

Chacón, quien fue el primero en denunciar para detener el proyecto inmobiliario, pero también en acercarse a «blanquear» la situación para integrar a los propietarios al proyecto, completa la imagen: «El proyecto original tenía un helipuerto, una cancha de polo y casas de tres pisos. Como nos acercamos a contarles la mirada ambiental, terminaron no haciéndolo. Pero ahora está a la venta y hay un comprador firme que va a venir con su impronta de desarrollo. Como el padrón ya está fraccionado, meterlo dentro del SDAPA no impide que otros instrumentos de ordenamiento territorial les permitan hacer obras».

Cuando se venda, volverán a acercarse para intentar que los nuevos propietarios se integren a la visión de los vecinos. Y es que si hay algo que destacan, es que la movilización ciudadana genera una discusión en torno a las formas de vivir en el territorio que contagia y les pone presión a los tomadores de decisiones.

Promesa democrática

A las restricciones presupuestales y el fundamental empuje de los vecinos organizados se agrega la discusión acerca de los incentivos asociados a las áreas protegidas, algo que tampoco está previsto de manera clara en Uruguay.

Por ejemplo, Vetorello, el colono del Lunarejo, está esperando que se resuelva a su favor la exoneración del pago de los impuestos que le corresponden a sus 200 hectáreas de monte nativo. Si bien es una opción que al productor le mueve la aguja, no es una medida vinculada específicamente al SNAP, sino a cualquier monte nativo del territorio nacional. Por el lado del turismo también hay incentivos potenciales, pero su implementación está en pañales.

Para consultar un caso con mayor recorrido, hacemos una breve visita al país latinoamericano mejor posicionado en áreas protegidas, Costa Rica, tierra de volcanes, playas caribeñas, monos y perezosos. Hoy, tiene una cuarta parte de su territorio terrestre bajo algún esquema de protección.

«Aquí tuvimos un momento con tasas de deforestación muy altas, vinculadas al desarrollo del comercio de carne. Ya hace algunas décadas, en un hecho inédito, esa situación se revierte, debido en gran parte a acciones pioneras de creación de gobernanza y política pública. Esto pasa a convocar a una importante cantidad de turistas por los atractivos naturales del país. Pero también hemos recibido premios que nos posicionan como una nación ecológicamente responsable, lo cual también significa acceso a la cooperación internacional», explica Karen Chacón, investigadora costarricense con más de 16 años de actividad en el área ambiental.

La especialista forma parte del capítulo ambiental del programa Estado de la Nación, un centro de investigación académica nacido hace 23 años como un proyecto de las Naciones Unidas que, luego de concluir, fue adoptado por las cinco universidades públicas del país, a través del Consejo Nacional de Rectores. Así, pasó a financiarse con recursos públicos del Fondo de Educación Especial Superior, lo que lleva a la investigadora a destacar su «autonomía e independencia editorial» más allá del gobierno de turno.

Algunas medidas de incentivo ambiental implementadas por Costa Rica son el pago por servicios ambientales realizado por el Estado a propietarios de terrenos con bosques, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, obtenido de un impuesto de 3,5% aplicado a los combustibles, y el «canje de deuda por naturaleza», modalidad impulsada por la ONG Costa Rica por Siempre en que parte de la deuda del país con Estados Unidos se reorienta a programas de conservación.

Pero en Costa Rica tampoco hay recetas infalibles. El incentivo monetario a propietarios de bosques está en desventaja con respecto al valor del mercado, por ejemplo, del arrendamiento para el tradicional cultivo de ananá en el país. Por otra parte, se busca una transición energética que implicaría la reducción progresiva del consumo de combustibles fósiles, lo cual atentaría contra el propio financiamiento del fondo forestal.

Además, si bien los turistas extranjeros deben pagar para ingresar a los parques nacionales (y al menos tres veces más que los locales), se trata de un valor simbólico sin peso propio. Según la investigadora, gran parte de la inversión en proyectos medioambientales proviene de fondos de cooperación internacional como el Global Environment Facility (también presente en Uruguay) y de préstamos.

Por otra parte, lo que alguna vez significó para la población tica un orgullo nacional conservacionista se ha ido relativizando con el paso de los años y los gobiernos, lo cual tiene su efecto directo a nivel económico. De hecho, el último informe de Estado de la Nación consigna datos alarmantes: que entre 2020 y 2025 se redujo 40% el presupuesto global del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y que la cantidad de horas dedicadas a actividades de control y protección en las áreas de conservación se redujeron 60% entre 2018 y 2024.

«Seguimos generando política pública y reconociendo más derechos en términos ambientales, pero a la vez se ha generado una brecha con las capacidades reales de la institucionalidad pública para llevar a cabo estas iniciativas. Acá hablamos de la “promesa democrática”: usted les otorga nuevas responsabilidades a las instituciones, le reconoce derechos a la población, pero no acompaña eso con el sustento económico para su implementación», dice Chacón.

Otro factor notorio ha sido la desmovilización de la población, que ha pasado de tomar la calle a manifestarse por canales digitales, además de una criminalización del activismo ambiental, con presiones y amenazas en aumento.

Ante este contexto, la investigadora considera fundamental involucrar a las comunidades para que los resultados sean más concretos: «Creo que todavía hay oportunidad de que estos esquemas tengan más vínculo con las comunidades: una mayor apropiación por parte de la ciudadanía sobre la importancia de las áreas de conservación y los parques nacionales para su propio bienestar. Y no solo en términos ambientales, sino porque también aportan a dinamizar la economía local».

Permanezca al alpiste

Costa Rica ya ha participado en proyectos de cooperación sur-sur con Uruguay, en los que aportó sus experiencias en sostenibilidad financiera, restauración de ecosistemas y gestión del uso público turístico. Esto ha servido para la actualización del SNAP, a través de su Plan Estratégico 2026-2035, que se encuentra en etapa de finalización: ya fue presentado a la Comisión Nacional Asesora y se encamina a entrar en consulta pública.

«Esperamos que quede aprobado antes de fin de año. La actualización implica una ampliación de la lista de especies prioritarias para la conservación realizada junto con el CURE [Centro Universitario Regional del Este], que pasará a incluir a las mariposas y los arácnidos. También se suman valores de conservación asociados a lo antropológico y cultural», explica Piñeiro.

Ante la falta de recursos públicos, las alternativas futuras de financiamiento para el SNAP mencionadas por la jerarca apuntan al dinero privado: la posibilidad de crear fundaciones cogestionadas con las intendencias para captar fondos o inversiones de empresas, el cobro por el uso de áreas protegidas para actividades deportivas o de otros tipos (como locación para una producción audiovisual, por ejemplo), aunque aún debe definirse su implementación, además del posible cobro de «medidas de compensación» a emprendimientos que requieran autorizaciones ambientales, para volcarlas a proyectos en áreas protegidas.

Cuesta pensar que el capital privado destinado a la protección del ambiente le haga contrapeso al que ronda los ecosistemas buscando impulsar barrios privados y resorts, como está ocurriendo en Bañados de Carrasco y en Guazú-Virá. Antecedentes de movilizaciones de redes vecinales en articulación con la academia, como sucedió en Punta Ballena, donde primero se detuvo un proyecto inmobiliario y ahora se acaba de solicitar su declaración como área protegida, muestran un camino más directo. En la dulce espera por la voluntad política, la naturaleza sigue siendo un buen lugar para encontrarse.

Sebastián Torterola Antelo (Artigas, 1986) es periodista, traductor y productor. Comenzó a colaborar con la diaria y Lento hace una década desde Río de Janeiro, donde conoció el teatro del oprimido y el teatro espontáneo. Actualmente forma parte del colectivo de reciclaje y educación ambiental @tacho_uy y de la agencia de traducción @tattutranslations.