En 2011, el magnate y expresidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que planeaba expandir su “imperio” inmobiliario por América Latina de la mano de las Trump Tower. El empresario no dudó en elegir a Punta del Este, el balneario más exclusivo de América, para construir una de sus torres.

“En el último tiempo he escuchado muy buenas cosas sobre Uruguay. Es un hermoso lugar y tengo amigos que tienen casas en el país. No conozco al presidente [José] Mujica, pero también me han hablado muy bien de él”, declaró Trump ese mismo año a La Nación. Para ese entonces, junto a un grupo de inversionistas argentinos anunció la construcción del edificio que demandaría una inversión de 100 millones de dólares. La exclusiva torre ubicada en la primera línea de la playa Brava que promete ser la más lujosa de la región, tiene 25 pisos e incluye una cancha de tenis techada, varias piscinas y hasta un helipuerto en la azotea.

El expresidente de Estados Unidos dijo que creía que era un buen momento para arribar a América Latina, que era “un gran momento de invertir”. “Este es el tiempo de América del Sur”, aseveró.

Como sucede en otros proyectos de esta magnitud, la empresa de Trump no construyó la torre, sino que les otorgó una licencia para el uso de la firma “Trump Tower” a empresarios argentinos y, a cambio, Trump recibe una comisión por cada apartamento vendido.

Se estimaba que la obra en Punta del Este quedaría inaugurada en 2016; sin embargo, el proyecto sufrió varios altibajos que pusieron en duda la concreción de la torre. La falta de inversión llevó a que, en setiembre de 2019, se paralizaran las obras por dos meses y que 33 trabajadores fueran enviados al seguro de paro.

Ese mismo año, The New York Times publicó un artículo con el título “Un elefante blanco en Punta del Este: el edificio de lujo de Trump está parado”. La publicación detalla que los desarrolladores se habían quedado sin “impulso”, así como había sucedido con otros proyectos de Trump en otras partes del mundo.

“Además, algunas de las personas que han aceptado comprar condominios han enfrentado problemas jurídicos en sus países de origen, incluyendo acusaciones de evasión fiscal. Según registros inmobiliarios revisados por The New York Times, entre los compradores se encontraban al menos 21 empresas anónimas registradas en jurisdicciones offshore, o con ventajas fiscales, como Panamá y Belice”, señala el artículo.

La agencia inmobiliaria con sede en Miami que está a cargo de la venta de los condominios demandó al desarrollador local de Trump, y varios propietarios vendieron sus apartamentos debido a la gran incertidumbre del proyecto, situación que derivó en una baja en el precio de las unidades.

“El rascacielos cilíndrico se está convirtiendo en la más reciente debacle de la extensa cartera de propiedades de la Organización Trump, una cuestión que involucra a una firma inmobiliaria argentina poco conocida cuya sede está en una ciudad fiestera y llamativa que ha sido destino para lavadores de dinero y evasores de impuestos”, decía el artículo del medio estadounidense. El concesionario de la firma Trump era la empresa Faroy Sociedad Anónima, fundada por los argentinos Moisés Yelatti y Felipe Yaryura, quien falleció en 2018.

Según explicó el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en ese momento, el motivo fue meramente “financiero”, ya que los inversores se encontraban en la búsqueda de una “inyección” de capital. A todo esto se sumaron las disputas entre los accionistas por tratar de recuperar algo del dinero invertido.

Finalmente, un grupo de 120 propietarios, liderado por el empresario Rolando Rozenblum, tramitaron un fideicomiso. En 2021, se retomaron las obras y este viernes 7 de octubre se inauguró la lujosa torre de 25 pisos y 156 apartamentos, cuyo costo es entre 6.000 y 6.500 por metro cuadrado.

Rozenblum es director ejecutivo del International College de Punta del Este, miembro del directorio de la Comunidad Israelita Punta del Este Uruguay y fue el impulsor de la instalación de cámaras de videovigilancia en el departamento en 2017, un contrato de la Intendencia de Maldonado con la empresa israelí Ellbrit por 18 millones de dólares, cuya información fue declarada reservada por el gobierno departamental.

Durante la inauguración, Rozenblum manifestó experimentar una sensación de “felicidad y misión semicumplida”, ya que aún queda por delante continuar entregando apartamentos. Estima que podrán entregar tres o cuatro pisos por mes.

La obra finalmente demandó una inversión de 120 millones de dólares y el precio de venta de los apartamentos parte en 600.000 dólares. Aproximadamente 80% de las unidades están vendidas y la mayoría de los propietarios, hasta el momento, son argentinos, señalaron los administradores.

El evento contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el Ministro de Turismo, Tabaré Viera, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, entre otras autoridades departamentales y nacionales, así como también varios propietarios.