De 89 pedidos realizados en la Junta Departamental de Maldonado por parte de la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) a la Intendencia Departamental de Maldonado durante este período, 33 fueron contestados, 48 no y ocho todavía se encuentran dentro del plazo de respuesta, según un informe realizado por la bancada frenteamplista.
En diálogo con la diaria, el edil Joaquín Garlo, consideró que “en este período de gobierno se registra esa dificultad con mejoras”. Según indicó, “se ha mejorado sustancialmente los tiempos de respuesta y la calidad de las respuestas a los pedidos de informes”.
El edil señaló que en 2017, después de las demandas de información por la colocación de las cámaras de videovigilancia, la Intendencia de Maldonado decidió crear una oficina específica para tramitar las solicitudes de pedidos de acceso a la información pública y contestar los pedidos de informes de los ediles.
Entre los asuntos consultados sobre los que la comuna decidió no brindar información en este período de gobierno se encuentran las becas estudiantiles, la aplicación de la normativa de ordenamiento territorial en la costa, la afectación ambiental del humedal del arroyo Maldonado y la cancelación del Encuentro de Tambores de Punta del Este, entre otros.
Garlo explicó que las juntas departamentales y sus miembros tienen dos funciones: legislar, es decir, discutir y elaborar las leyes; y, por otro lado, controlar a la administración de turno. Para esto último, el artículo 284 de la Constitución establece que el pedido de informes es un derecho que tienen los ediles para llevar a cabo esta función.
Las intendencias cuentan con un plazo de 20 días para responder la información solicitada, aunque no están obligadas por ley a hacerlo, señaló Garlo. En caso de no responder, un edil puede pedirle a la Junta Departamental que solicite la información a la administración. En ese caso, no hay un plazo predeterminado para la respuesta y puede haberla o no, sin ningún tipo de sanción o de consecuencia.
Para Garlo, las intendencias deciden políticamente qué informaciones dar y cuáles no. Cuando no hay respuesta, se pueden iniciar acciones judiciales de acceso a la información pública, indicó. No obstante, consideró que el juicio político a un intendente “es el ultimo recurso” y debe aplicarse cuando existe una violación a la Constitución o delitos graves, que no es el caso de la falta de respuesta ante un pedido de acceso.
“Entiendo el malestar que pueden sentir los ediles de Montevideo cuando no les contestan un pedido de informes porque es el malestar y la impotencia que sentimos los ediles de Maldonado”, expresó Garlo, aunque consideró que “se está dibujando una estrategia politiquera desde la coalición de la Junta Departamental de Montevideo, que se cae por su propio peso”.
“Con la cantidad de informes que no me han sido contestados desde 2015 hasta la fecha, con casos muy sonados, hace años que tendría que haber pedido el juicio político al intendente Enrique Antía, y no lo he hecho porque no es el mecanismo que procede en este tipo de situaciones”, manifestó.