La Institución Federada Afroumbandista (IFA) y la organización religiosa Atabaque denunciaron a la Intendencia de Maldonado ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por interrumpir una sesión afroumbandista en el barrio Cerro Pelado y prohibir “el uso del tambor”. Para las organizaciones, hubo una lesión de los “derechos humanos religiosos afro” por la contravención al derecho a la libertad de cultos que establece la Constitución de la República.

Según relatan en la carta enviada a la INDDHH, a la que accedió la diaria, el martes 28 de marzo cerca de las 23.00 funcionarios del cuerpo inspectivo de la Intendencia de Maldonado interrumpieron una ceremonia religiosa “de modo abrupto y con actitud intolerante”. Agregaron que, además de prohibir los tambores, impidieron que “continuara el culto a palmas”, ya que, según los funcionarios, implicaba un “ruido molesto, obligando a retirarse a la feligresía”.

IFA y Atabaque señalaron que durante la intervención de la comuna la medición de los decibeles se tomó desde la vereda donde se realizaba el culto y no desde la casa del denunciante. A su vez, los funcionarios se negaron a aportar los datos de la medición a los integrantes del templo, indicaron. “Los inspectores se centraron en interrumpir el rito, no en la disminución del volumen”, expresaron las organizaciones.

En la misiva, plantearon que la mae responsable del templo asistió a la oficina del área de Higiene de la intendencia y constató que no había una multa correspondiente a la denuncia y que, cuando quiso gestionar el “permiso del tambor”, los funcionarios que atienden en el mostrador se lo negaron porque “no están dando permisos”, algo que consideraron que “se parece mucho a una burla”.

En diálogo con la diaria, el subdirector de Gestión Ambiental de la comuna, Carlos Medina, ratificó que “no se están otorgando permisos para el toque de tambores en la vía pública”. En ese sentido, planteó “que en los barrios se otorgan habitualmente ese tipo de autorizaciones para las comparsas y que se prima que no afecten la convivencia ciudadana”.

Medina negó que los funcionarios municipales se comportaron de manera inapropiada o violenta durante el hecho: “Yo les consulté personalmente y me dijeron que había estado todo bien”. El jerarca lamentó no haber coincidido con la representante del culto que asistió a la Intendencia de Maldonado, ya que “estamos abiertos al diálogo y a la búsqueda de soluciones” y “no del lado del circo que quisieron armar en Montevideo”, manifestó en alusión a la denuncia de IFA y Atabaque.

Las organizaciones reclaman que “se retire la mención a casas de religión y templos” del decreto departamental 3.865 sobre ruidos molestos, que en su artículo 4 dispone que el contenido de la ordenanza aplica para “centros de reunión, locales comerciales e industriales de todo tipo, polígonos de tiro, templos y casas religiosas y en todo lugar o local en que se desarrollen actividades públicas o privadas, con o sin fines de lucro, así como en casas habitación, individuales o colectivas”. IFA y Atabaque sostienen que esta ordenanza contradice el artículo 24 de la Constitución.

La normativa departamental, según las organizaciones, “apunta a la comunidad afroumbandista porque nuestras infraestructuras casi siempre son precarias, consistentes en una parte de la casa habitación de la o del responsable de las sesiones y rituales y no tenemos posibilidades económicas de construir recintos aislados”. Asimismo, señalaron que aumenta “la vulnerabilidad, los prejuicios y estereotipos que nos acusan y acosan de brujas y brujos, magia negra y exponen al rechazo social y la persecución”.

“Este procedimiento de la Intendencia de Maldonado fue autoritario, innecesario, un abuso y atropello con todas las letras, acto de racismo institucional y religioso, agresión a los derechos humanos, inconcebible del punto de vista legal, e incluso desde una mínima buena educación. Si fuera una misa, ¿actuarían igual?”, cuestionaron.

El diputado frenteamplista por el Movimiento de Participación Popular Eduardo Antonini denunció el hecho en el Parlamento el 11 de abril. “En Maldonado, hace unos días, hubo otro ataque discriminatorio contra una minoría religiosa. Donde se realizaba en Cerro Pelado un ritual umbanda fue suspendido un ritual religioso por inspectores de la Intendencia de Maldonado, que hicieron salir como si fueran delincuentes a las personas que estaban en el rito”, expresó.

“Todas las actividades religiosas en este país están permitidas, pero parece que la Intendencia de Maldonado tiene problemas con las minorías”, apuntó el diputado.