A raíz de las situaciones de persecución policial y vecinal denunciadas por familias poseedoras de terrenos en los balnearios de la zona oeste de Maldonado, varias organizaciones y particulares fundaron, este mes, la Coordinadora Interterritorial “Derecho a habitar”.

Se trata de “una organización social de base, autónoma, horizontal que no responde a ninguna organización política”, creada en el Municipio de Piriápolis “como respuesta a una embestida en el desalojo de familias y personas de los espacios que habitan, a través de procesos arbitrarios y sin garantías”, explica el “primer manifiesto” de la agrupación, emitido este jueves 6.

El principal objetivo es defender “el derecho a poseer un espacio de tierra con fines habitacionales, basados en un derecho humano fundamental como es el acceso a la vivienda”. Actualmente, “muchas personas están siendo estigmatizadas, perseguidas y criminalizadas en procesos poco transparentes, a partir de investigaciones irregulares y negligentes, frente a la ausencia de garantías legales que las amparen”, enfatiza el documento, al que accedió la diaria.

Elitización de espacios costeros

La coordinadora entiende que estos procedimientos han generado “una importante problemática social”, ya que personas y familias son desalojadas en las puertas del invierno sin alternativas habitacionales. “Estamos frente al resquebrajamiento de los entramados socio-territoriales, en tanto se expulsa a personas y familias que construyen lazos con sus comunidades, participando activamente de espacios que apuestan a una mayor y mejor convivencia entre quienes habitan el territorio”, enfatiza el manifiesto.

Con la convicción de que existe “un proceso de elitización de los espacios costeros, que pone en riesgo la diversidad y heterogeneidad social de los espacios comprendidos”, es que la coordinadora iniciará una etapa de movilización “de todas las fuerzas sociales” del territorio que comparan su visión.

“Las personas y familias tenemos derecho a resolver nuestras situaciones habitacionales y debemos ser amparadas y respaldadas por el Estado, en lugar de ser perseguidas y criminalizadas por resolver autónomamente una necesidad básica inherente a la naturaleza humana, como es tener una vivienda”, remarca.

Movilización y plataforma

Por lo expuesto, están convocando para “una amplia concentración pacífica” que se realizará el 21 de junio, a partir de las 16.00, en la plaza Artigas de Piriápolis. La coordinadora aspira a que se detengan los desalojos invernales: “No puede estar quedando gente en la calle, sin soluciones alternativas, en las puertas del invierno”, advierte.

Paralalemante, “exige” la instalación de una mesa de intercambio con las autoridades de la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Piriápolis, delegados del sistema judicial y la fiscalía, y representantes de la sociedad civil organizada, “para resolver esta situación a través del diálogo social”.

“El resultado de la tutela al derecho de propiedad no puede seguir dejando gente en la calle, en detrimento del derecho a la vivienda y condiciones mínimas de dignidad para todas las personas”, subraya en este punto.

El fundamento legal y la contradicción jurídica

La coordinadora recuerda, en su manifiesto, que en Uruguay existe el derecho posesorio, un recurso legal que establece el Código Civil para disponer de una fracción de tierra en ausencia de los dueños cuando la propiedad ha caído en el abandono por parte de sus dueños originales (artículo 37, ley 18.308), acumulando deudas excesivas de contribución inmobiliaria y generando otras problemáticas a nivel del ordenamiento territorial.

“Este derecho legal amparado por la norma es ampliamente utilizado tanto para resolver la situación habitacional propia en los casos de familias y personas que no podrían acceder a través de la compra o alquiler, como para adquirir espacios de tierra con fines especulativos de intereses privados”, apunta.

No obstante, hace notar “la contradicción jurídica” entre la posesión como derecho civilmente amparado y la usurpación como figura penal. “Esto deja la situación librada a una aplicación ambigua y generalmente punitivista de las normas (contra toda tendencia del derecho internacional) sobre las personas”, que, ante la falta de respuestas estatales en materia de vivienda, resuelven su situación “al amparo de las leyes vigentes, con esfuerzo propio y soberanía”.

Aquí la incongruencia: “Por un lado, hay un derecho que está amparado y promovido por el Código Civil, que, por otro lado, es reprimido por una ley de usurpación, que es parte del Código Penal y que formaliza penalmente a quien hace uso de este derecho”.