La Intendencia de Maldonado (IDM) pidió anuencia a la Junta Departamental para regularizar, con excepciones a la normativa, una construcción ubicada en el padrón 31.500 de la zona de Piedras del Chileno, en la faja costera de Maldonado. El planteo responde a una solicitud del argentino Jorge Samarín, propietario del inmueble y titular de la agencia marítima Meridian, quien en 2017 fue procesado en una causa por sobreprecios vinculada con el exministro de Planificación de su país, Julio De Vido.
Se trata de una vivienda de 389 metros cuadrados construida mediante el sistema wood framing, con amenidades que incluyen una piscina climatizada. La excepción radica en que este sistema “no tradicional” está prohibido en esa zona, la construcción incumple los retiros y la altura habilitada por la normativa y, además, tiene acceso vehicular por la playa de manera irregular.
El expediente, al que accedió la diaria, se encuentra a estudio de la Comisión de Obras Públicas de la Junta tras una resolución que firmaron el intendente nacionalista Miguel Abella y el secretario de la IDM, Álvaro Villegas, el 11 de marzo. Lo llamativo del caso es que la IDM observó y sancionó la obra, a cargo del arquitecto Ángel Silveira, por incumplir la normativa. Además, en 2023 también fue sancionada por el Ministerio de Ambiente por no haber tramitado la autorización ambiental previa.
Ediles del FA plantean demoler la construcción
Los ediles del Frente Amplio en la Comisión de Obras Públicas ya advirtieron que la solicitud de anuencia “no es de recibo”, en una nota remitida el 26 de marzo pasado a la presidenta del legislativo, Verónica Robaina. Los firmantes - Fernando Borges, Leonardo Pereira, Leonardo Moreira y Juan Urdangaray- consideraron que, en lugar de conceder excepciones al propietario, Abella debe tomar “medidas más severas”.
A su juicio, atender el pedido del propietario “implicaría convalidar situaciones que vulneran disposiciones urbanísticas esenciales en áreas costeras”, donde “el interés general debe primar sobre el particular”.
Ante este escenario, solicitaron la “demolición” de la vivienda por “invadir el retiro frontal de seis metros sobre la costa”, establecido por la normativa de construcciones, y que “se sancione al técnico actuante”, en este caso al arquitecto Silveira. Además, plantean que el recargo de tasas “sea el doble de lo estipulado por la IDM, debido a la gravedad de la infracción constatada”.
Urdangaray remarcó a la diaria que la autorización ambiental previa y los permisos ante la IDM fueron solicitados por el propietario “una vez construida la vivienda”, con obras “fuera de los parámetros permitidos”. Cuestionó que la IDM, en vez de “tomar medidas severas contra el propietario, solicite a la Junta Departamental anuencia para otorgar la excepción”.
En el documento, los ediles también pidieron que se estudie y regularice el acceso vehicular al padrón, “al constatar que actualmente el ingreso a la vivienda se realiza a través de la playa”. Recordaron que la normativa ambiental prohíbe la circulación de vehículos “por áreas que no cuenten con calles abiertas y consolidadas, dentro de la faja de defensa de costas”.
Los ediles plantearán su postura en la sesión de la Comisión que se realizará el próximo jueves 9, instancia en la que pedirán que el expediente regrese a la IDM, adelantó Urdangaray.
De sanciones y pedidos de “tolerancia”
Tras varias observaciones, en 2022 Control Edilicio de la IDM intimó a Jorge Samarín a detener las obras “en forma inmediata”. Pero continuó. En mayo de 2022, visto que la construcción había finalizado, la IDM resolvió “declarar las edificaciones inapropiadas” y aplicar un “gravamen anual y acumulativo equivalente a 1/5 sobre el monto” de contribución inmobiliaria.
Luego, en julio de 2023, el entonces ministro de Ambiente, Robert Bouvier, reconoció que la vivienda se realizó “sin contar con la autorización ambiental previa” y dictaminó una multa de 125 unidades reajustables por incumplir el Decreto 349/005. Sin embargo, ese mismo año el MA otorgó la autorización ambiental previa para que Samarín continuara con las obras restantes. Bouvier consideró que “no presentarán impactos ambientales negativos inadmisibles”, aunque advirtió que “toda variación significativa en el proyecto original deberá ser notificada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental para su evaluación y eventual autorización”.
En julio de 2024, la IDM reiteró al arquitecto encargado de la construcción que debía acatar las observaciones planteadas en 2021, a las que sumó la “invasión del retiro frontal de seis metros sobre la costa”. El mes anterior, en una nota dirigida al exintendente Enrique Antía, Ángel Silveira había pedido “tolerancia” a efectos de levantar las observaciones sobre la construcción en sistema “no tradicional”. En noviembre de 2025, el arquitecto envió similar planteo al intendente Abella, sumando un pedido de tolerancia también sobre la invasión del retiro frontal, para poder regularizar la vivienda.