Este miércoles se presentó en el Congreso chileno una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por la compraventa de una empresa minera a través de una sociedad offshore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. El documento fue presentado con la firma de representantes de todas las bancadas de la oposición, y los diputados explicaron que lo fundamentan en dos motivos: “Porque el presidente de la República ha infringido abiertamente a la Constitución en relación al principio a la probidad y, en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación”, sostuvo el diputado Jaime Naranjo.
La acusación fue presentada sobre las 9.00 hora local y rápidamente quedó conformada la comisión revisora de cinco diputados que llevará a cabo el análisis. Los legisladores que la integran, elegidos por sorteo, son los independientes Florcita Alarcón, Virginia Troncoso y Pepe Auth, la opositora Maya Fernández y la oficialista Paulina Núñez.
El proceso implica que la comisión analice la acusación y luego dé paso a los descargos que efectúen tanto los impulsores del mecanismo como la defensa del mandatario. Luego, emitirán un informe que servirá como recomendación previa a la votación de los legisladores. Si la acusación es votada por la mayoría de los diputados y dos tercios del Senado, Piñera se verá obligado a dejar la presidencia y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, según explicó La Tercera este miércoles.
Desde el gobierno chileno, Juan José Ossa (secretario de Presidencia) y Jaime Bellolio (secretario de Gobierno) dijeron ante el Congreso que la acusación constitucional “no tiene fundamento” y que se presentó solamente con fines electorales.
“Vimos asesores corriendo literalmente, prácticamente papeles volando para poder llegar en este momento, porque si se presentaba hoy antes de las 9.30 se espera que se vote la acusación constitucional en la Sala de la Cámara antes de las elecciones presidenciales, qué más sintomático que este apuro”, afirmó Ossa en declaraciones recogidas por El Mercurio.
En abril, un grupo de diputados chilenos ya había estudiado la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Piñera, por haber presentado un recurso para que se bloqueara el tercer retiro de fondos de pensiones.
La iniciativa no prosperó pero fue retomada luego de que la investigación Pandora Papers revelara que el presidente chileno participó de la compraventa de la minera Dominga a un empresario amigo suyo, Carlos Alberto Délano, mediante una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Además de la acusación constitucional, la revelación de los Pandora Papers generó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía chilena.
Tanto la revelación como las iniciativas judicial y parlamentaria se producen en el marco del final del gobierno de Piñera, previo a las elecciones del 21 de noviembre y a poco menos de cinco meses del fin de su mandato.