Antes y después de que se cerraran los circuitos electorales, las elecciones generales realizadas el domingo en Nicaragua fueron cuestionadas por numerosos gobiernos y organismos internacionales. El triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del presidente Daniel Ortega, es considerado ilegítimo por la enorme parte de la comunidad internacional. La represión contra la prensa en los últimos años y las prohibiciones de acceso a la información durante la jornada electoral son algunos de los motivos.

El periodista nicaragüense Elmer Rivas, que trabaja para el diario Confidencial, se exilió dos veces en Costa Rica. La primera fue en 2018, cuando las oficinas del medio fueron confiscadas por la Policía local y pasaron a ser propiedad del Estado. Regresó al país en 2019 pero tuvo que irse nuevamente en junio de este año cuando comenzaron las detenciones a dirigentes y activistas opositores. Una de las personas sobre las que la Justicia nicaragüense emitió un pedido de captura es el director de este medio, Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana Chamorro, una de las siete personas que fueron detenidas luego de presentar su candidatura para las elecciones.

A pesar de las intimidaciones y las presiones que sufre constantemente, Confidencial sigue cubriendo la situación del país centroamericano y Rivas continúa trabajando en el medio, ahora desde San José, la capital costarricense. Entrevistado por la diaria, el periodista nicaragüense explicó que el medio funciona con “periodistas fuera de Nicaragua, que somos los que damos el rostro”, pero también con un equipo que se encuentra en el territorio, pero que “no firma sus notas y no son visibles justamente para poder continuar ejerciendo esta labor”.

Durante las elecciones, los periodistas lograron hacer recorridos en el interior del país, también en la capital Managua, y observar los centros de votación desde fuera, así como mezclarse con algunos corresponsales internacionales que ya estaban en el país. “Cuando algunos de los candidatos fueron a votar, algunos medios los acompañaron y en ese momento se pudo entrar y ver que había poca presencia de gente”, contó Rivas.

De todos modos, la cobertura tampoco fue fácil para la prensa internacional. Si bien los periodistas que ya estaban en territorio nicaragüense lograron hacer una cobertura de las elecciones, “decenas de periodistas internacionales que querían cubrir la elección no pudieron ingresar al país porque en los puestos fronterizos o en el aeropuerto se les daba cualquier tipo de justificación”, explicó Rivas a la diaria, y añadió que “no se les permite entrar porque Ortega quiere imponer su narrativa a través de los medios oficiales”.

La adhesión fue uno de los temas puestos en duda durante estos comicios. Si bien el Consejo Supremo Electoral (CSE) reportó un 65% de participación, la prensa no tuvo acceso a los centros de votación y los informes de organizaciones independientes hablan de una abstención cercana a 80%, explicó Rivas. “La gente protestó con su silencio. No fueron a votar”, señaló. Esta decisión se debe a que, según indicó el periodista, la mayor parte de la población entiende que Ortega “tiene un mecanismo de fraude electoral institucionalizado que inicia en las juntas receptoras de votos y termina en el centro de cómputos del CSE”. “Ortega va solo a estas elecciones y él mismo cuenta los votos”, graficó. Algo que llamó la atención durante toda la jornada electoral es que el sitio web del CSE permaneció caído, y quienes querían obtener datos oficiales no lo podían hacer.

Rivas explicó que la medida de protesta de quedarse en su casa y no ir a votar también se debe a la imposibilidad de salir a protestar en las calles. “La gente no puede salir a las calles porque Ortega tiene un estado de sitio policial de facto. Ha cercenado la libertad de prensa, de reunión, de movilización, le quitó a la gente la oportunidad de elegir. Entonces la gente se queda en su casa y es una manera de rechazar esta farsa electoral, demostrándole que él representa una minoría política”, consideró Rivas.

La pata empresarial

“En Nicaragua y durante unos nueve años Ortega cogobernó con los principales empresarios del país. Hasta 2018, cuando se dio el estallido social, a Ortega se le dejó libre el hecho de hacer sus reformas y gobernar mientras él daba concesiones a los empresarios. Ahora pretende regresar a ese statu quo”, explicó Rivas.

En este sentido, recordó que en enero el presidente nicaragüense había dicho que hasta luego de los comicios no habría ningún tipo de negociación. “Él tuvo siempre claro que iba a robarse estas elecciones y eliminar a la competencia política. Él pretende regresar a un diálogo donde él salga ileso. Solamente la presión nacional e internacional pueden hacer que regrese a una ruta para conceder una salida pacífica a la crisis”.

Sin salida

Tanto Ortega como los principales funcionarios de su gobierno no han manifestado ninguna preocupación por el escaso reconocimiento internacional que tuvieron estas elecciones. De hecho en sus declaraciones públicas el presidente y otros jerarcas nicaragüenses se mostraron desafiantes.

Para Rivas, estos dichos representan “la postura de un gobierno que ha radicalizado su posición y que va hacia el autoritarismo total”.

Si el gobierno nicaragüense no toma en cuenta a los organismos internacionales, y si se prohíbe la participación de la oposición en las elecciones, ¿cuál es la salida para la crisis política que vive Nicaragua?

Según Rivas, una posible solución es una “presión nacional e internacional coordinada” para que el mandatario “ceda algunas concesiones y pueda regresar a un diálogo político para encontrar una salida a la crisis nacional”.

En ese diálogo se deben plantear “unas reformas a la ley electoral y que se vuelva a convocar comicios justos y transparentes, donde haya competencia electoral, que libere a los presos políticos y que restablezca las libertades públicas en el país”.

En este sentido, valoró la propuesta del International Crisis Group, que sugirió que la Unión Europea en conjunto con Estados Unidos y otros países de la Organización de Estados Americanos (OEA) “deberían suscribir una hoja de ruta que se le presente a Daniel Ortega”.

A su vez, Rivas dijo a la diaria que las fuerzas opositoras del país deben tener “mayor unidad y cohesión” de la que tienen en la actualidad. Según Rivas, el presidente nicaragüense “tiene temor a enfrentarse a la Justicia” porque desde el gobierno “han cometido crímenes de lesa humanidad”, lo que deja al mandatario en “una encrucijada” que “está llevando al país al desastre”.

Los cuestionamientos a las elecciones del domingo vienen de todos los ámbitos. La Unión Europea, por ejemplo, sostuvo que la reelección de Ortega se produjo “sin garantías democráticas”, lo que completa una conversión hacia un “régimen autocrático”.