El gobierno de Brasil destituyó al director general de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, procesado por acciones con las que intentó favorecer al presidente Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre. La destitución fue solicitada por el Ministerio Público Federal para facilitar la investigación contra Vasques.

El funcionario es indagado por haber publicado un posteo en su cuenta de Instagram en el que declaró su voto a favor de Bolsonaro el 30 de octubre, el día de la segunda vuelta. La investigación se abrió porque los funcionarios públicos con un rango como el suyo tienen prohibido hacer campaña.

También se lo investiga por organizar una operación de la Policía Federal de Carreteras durante esa jornada de votación. En el operativo se instalaron retenes, supuestamente para tratar de averiguar sobre irregularidades en vehículos de transporte de personas. El Ministerio Público Federal sospecha que, en realidad, se hizo con el objetivo de demorar a votantes de Luiz Inácio Lula da Silva que se dirigían a los centros de sufragio, informó Folha de São Paulo. Esa acción, que fue prohibida el mismo día por el Tribunal Superior Electoral, se concretó en el noreste de Brasil, una zona que mayoritariamente vota a Lula.

Vasques también está procesado por supuesta omisión o falta de rigurosidad a la hora de actuar ante los bloqueos de carreteras organizados por camioneros contra los resultados electorales que dieron la victoria a Lula y en reclamo de un golpe de Estado. Al respecto, el Ministerio Público Federal consideró que los videos de esos hechos muestran “no sólo la ausencia de recaudos de la Policía Rodoviaria Federal ante las acciones ilegales de los manifestantes, sino incluso declaraciones de integrantes de la corporación en apoyo a los manifestantes, como si fuera esa la orientación recibida de los órganos superiores de la institución”, citó el diario brasileño.

El Ministerio Público Federal pidió en noviembre la destitución de Vasques por “uso indebido del cargo, con desvío de finalidad”, así como por el uso de “símbolos e imágenes de la institución policial con el objetivo de favorecer a uno de los candidatos en las elecciones presidenciales”. Además, pide su condena por improbidad administrativa y por violar los principios de la administración pública. Según informó la agencia Efe, Vasques argumenta que ninguna de sus decisiones tuvo una motivación política.

El sistema judicial también actuó contra otra jerarca bolsonarista, la diputada Carla Zambelli. El juez Gilmar Mendes determinó que a la legisladora le sea suspendido el porte de armas, y que devuelva su pistola y su munición en 48 horas. El magistrado autorizó a la Policía Federal a que, de lo contrario, haga un allanamiento para incautarlas.

El 29 de octubre, un día antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Zambelli discutió en una calle de San Pablo con un simpatizante de Lula, que al parecer la insultó. En respuesta, Zambelli lo persiguió empuñando su pistola y así, apuntando con su arma, entró detrás de él a un bar en el que había otras personas.

Para la viceprocuradora general de la república, Lindôra Araújo, la incautación de la pistola y la suspensión del porte de armas son medidas suficientes para “cohibir la reiteración del delito investigado y resguardar el orden público”. Según informó la revista Carta Capital, Araújo señaló que hay “indicios de autoría y de materialidad de delito de porte ilegal de arma de fuego”. Por su parte, el juez Mendes entendió que la reacción de la diputada “fue mucho más allá de los límites de la legítima defensa”.