En una conferencia de prensa que dio este martes en Brasilia, el exministro y actual coordinador técnico del equipo de transición, Aloizio Mercadante, dijo que los recursos para inversiones en el área de la Educación son menores a los invertidos en 2010 y que la situación en el área es tan grave que no hay dinero para pagar los sueldos de este mes de médicos residentes y becarios de maestría, doctorado y posdoctorado.
“El gobierno de Bolsonaro quebró el Estado brasileño y la Educación es quizás el legado social más pesado”, expresó Mercadante, dirigente de 68 años de larga trayectoria dentro del Partido de los Trabajadores, quien fue ministro de Educación, de Ciencia y Tecnología y también jefe de Gabinete durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
De acuerdo a lo que informó el portal Brasil 247, Mercadante dijo que hay muchos servicios esenciales que ya están paralizados o que corren un gran riesgo de quedar totalmente comprometidos, al tiempo que atacó a algunos ministros del actual gobierno, que encabeza Jair Bolsonaro, que “parecen vivir en una realidad paralela”.
Otro problema detectado por el equipo de transición fue la desvalorización de los empleados públicos, principalmente en el área de tecnologías de la información. “Estamos sumamente preocupados por garantizar la prestación de servicios a la población, incluida una carrera que estamos teniendo con el mercado privado, porque hemos perdido empleados”, lamentó Mercadante.
Según su visión, el gabinete de transición está estudiando nuevas maneras de organizar la administración pública para poder trabajar de manera más eficiente.
“No tendremos los recursos para revertir todos los problemas que estamos encontrando y tenemos que establecer prioridades para restaurar los servicios esenciales y la capacidad de inversión”, dijo. Una de las posibilidades que se estudia es la de compartir estructuras administrativas en más de un ministerio. “No todos los ministerios necesitan tener su propia estructura administrativa. Centralizando, se puede funcionar bien sin aumentar los gastos”, expresó Mercadante.
Una de las cuestiones detectada por el equipo de transición que generó preocupación fue enterarse de que el país debe 5.000 millones de reales –aproximadamente 1.000 millones de dólares– a organismos internacionales, en concepto de aportes anuales, entre otros, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La política exterior del gobierno convirtió al país en un paria que debe 5.000 millones de reales a organismos internacionales. Esto significa que el país quedará excluido de estos foros, sin derecho a voto y sin derecho de participación. Es una deuda fuerte que además no está prevista dentro del presupuesto del año que viene”, puntualizó Mercadante.
Según el director de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad Católica de San Pablo, Antonio Correia de Lacerda, quien integra uno de los grupos de trabajo del gobierno de transición, el incumplimiento de Brasil con los organismos internacionales hace que el país pierda el diálogo con el mundo. “Esto va a contrapelo de un proceso de inserción internacional. Rescatar esta función es crucial. La participación de Brasil en estos organismos internacionales es muy importante para esa nueva visión del Estado, visión de la planificación y del propio desarrollo nacional”, explicó el catedrático.