Este jueves comenzará a realizarse en La Paz en forma virtual el juicio oral contra la expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez en el marco de la causa denominada Golpe de Estado II.
En la querella presentada formalmente por la fiscalía en noviembre se acusa a la exmandataria por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado. Según la fiscalía, Áñez vulneró los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados para ponerse en la línea de la sucesión constitucional y asumir la presidencia el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Evo Morales renunciara a la presidencia por presiones militares y de fuerzas de la oposición que denunciaron como fraudulentas las elecciones realizadas en octubre del mismo año.
Entre las irregularidades que se le atribuyen a Áñez está la de haber asumido la presidencia durante una sesión en la Asamblea Legislativa en la que no había cuórum. En el caso Golpe de Estado II también están acusados ocho ex altos jefes militares y policiales acusados de haber jugado un rol determinante en el quiebre institucional.
La expresidenta está detenida en forma preventiva desde marzo del año pasado, por el denominado caso Golpe de Estado I, en el que se la acusa de cargos de sedición, terrorismo y conspiración. Entre los delitos que se le imputan en esta causa están las llamadas masacres de Sacaba, en el departamento de Cochabamba y Senkata, una zona de la ciudad de El Alto. En estas localidades se generaron protestas populares luego de la asunción de Áñez que terminaron con la muerte de 36 personas y más de 500 heridas a manos de las fuerzas represivas del Estado. Estos hechos fueron condenados luego de ser investigados en profundidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que consideró a Áñez responsable de haber cometido delitos de lesa humanidad.
Huelga de hambre y movimiento de la derecha regional
Este miércoles, un día antes del inicio del juicio, Añez se declaró en huelga de hambre. “Bolivianos: hoy desde mi celda en Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley. Veo que mi acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y Luis Arce”, se lee en una carta escrita a mano por la exmandataria, que fue leída al diario paceño Página Siete por su hija, Carolina Ribera. La expresidenta expresó que está enferma y que usará sus “últimas fuerzas” para demostrar que en 2019 se cometió un fraude electoral.
Paralelamente, el grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrado por expresidentes derechistas de Iberoamérica, emitió una declaración pidiendo al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el peruano Diego García-Sayán, que se reúna con Áñez en su lugar de reclusión e informe sobre los posibles “abusos de poder” en su contra. Entre los firmantes del pedido se encuentran José María Aznar (España), Álvaro Uribe (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Luis Alberto Lacalle Herrera (Uruguay) y los bolivianos Carlos Mesa y Jorge Quiroga.
El comienzo del juicio generó un áspero debate interno jurídico y político en el país andino. Mientras que desde el oficialismo voceros del Movimiento al socialismo (MAS) remarcaron que Áñez debe responder ante la Justicia por las irregularidades de las que se la acusa, la oposición entiende que en este caso se está vulnerando el debido proceso.
En declaraciones al diario La Razón, Sandro Ramírez, diputado del MAS, dijo: “Ella [Áñez] fue cinco años senadora. Sabiendo los antecedentes ha vulnerado las normas de la Constitución y sabía en lo que se estaba metiendo. La Justicia tiene que hacer lo que debe hacer, se debe poner antecedentes para que nunca ninguna otra autoridad vuelva a hacer este tipo de hechos”. Por su parte, el también diputado Marcelo Pedrazas, de Comunidad Ciudadana, el sector que lidera Carlos Mesa, aseguró al mismo medio que el oficialismo insiste en su tarea de “instalar la idea” de que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019, cuando lo que hubo, en realidad, fue “un fraude electoral”.