El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que 10.094 personas fueron arrestadas desde que el 27 de marzo se instauró, por iniciativa del Ejecutivo y con la aprobación del Congreso, un régimen de excepción en el país en respuesta a la violencia de las maras. El lunes se alcanzó ese número con la detención de 463 personas en 24 horas. “10.094 terroristas arrestados en 17 días. Seguimos...”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Según los números oficiales, las maras tienen unos 70.000 miembros, de los cuales unos 6.000 estaban presos cuando comenzó esta ofensiva, que involucra la suspensión de algunos derechos y la movilización extraordinaria de la Policía y el Ejército. “Sin tregua contra los criminales”, tuiteó la Policía junto a fotos de los detenidos con el torso desnudo, mostrando los tatuajes con símbolos de las maras, en particular la mara Salvatrucha, la más numerosa de todas.

También en Twitter, varias personas, organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reportaron más de 100 denuncias de violaciones de derechos, en su mayoría casos de detenciones arbitrarias, informó la agencia Efe. En respuesta, Bukele dijo que “de los más de 8.500 arrestos” que se habían realizado hasta el viernes “podemos esperar que también haya un 1% de error, es decir, 85 personas aproximadamente”.

El mandatario agregó: “Es importante recalcar que el porcentaje de errores en capturas siempre ha sido mucho mayor al 1%” en El Salvador. “De hecho, siempre se capturó al inocente y nunca se tocó a los culpables”, afirmó el presidente. “Ahora eso cambió. Pero en una operación tan grande, siempre habrá errores que corregir”, concluyó.

También cuestionó a quienes critican esta política. “Una consecuencia de que toda esa gente, ONG, medios, partidos políticos y hasta gobiernos ‘amigos’ hayan salido a defender a los pandilleros es que ahora el pueblo salvadoreño estará claro de quiénes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos”.

Uno de los gobiernos que criticaron esta ofensiva fue el de Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, manifestó el domingo su “preocupación” por la ola de violencia causada por las maras, pero también por las reformas impulsadas por el gobierno salvadoreño. “El gobierno de Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas”, dijo, pero llamó al país a “proteger a sus ciudadanos al mismo tiempo que defiende las libertades civiles, incluida la libertad de prensa”.

Bukele respondió: “Sí, obtuvimos apoyo del gobierno de Estados Unidos para combatir el crimen, pero estaba bajo la administración de [el expresidente Donald] Trump”. Agregó: “Ahora sólo apoyan a las pandillas y sus ‘libertades civiles’”.

Desde el 27 de marzo el país se encuentra bajo un estado de excepción que permite hacer detenciones e interceptar llamadas sin orden judicial. Además, a pedido del presidente, el Congreso de mayoría oficialista reformó las leyes para castigar con hasta 45 años de prisión a quienes pertenezcan a las maras y juzgar como adultos a pandilleros adolescentes.

Las reformas también permiten castigar con penas de diez a 15 años de prisión “cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas”. Los periodistas salvadoreños denunciaron que esta ley implica “censura” y “criminalización del periodismo”. También Blinken señaló que “criminaliza el periodismo sobre ciertas actividades de las pandillas” y “da pie a intentos de censurar a los medios y prevenir las informaciones sobre corrupción y otros asuntos de interés público”.

En respuesta al funcionario estadounidense, Bukele publicó: “Tengo un amigo periodista, quiere acceder a Guantánamo para ejercer sus derechos de ‘libertad de prensa’ y comprobar si los detenidos han disfrutado de sus ‘libertades civiles’ y de un ‘debido proceso’”. A continuación agregó: “Tienes terroristas que te amenazan y nosotros tenemos terroristas que nos amenazan”.

A su vez, la Asociación de Periodistas de El Salvador se solidarizó el fin de semana con el medio digital El Faro, después de que un usuario de Twitter, Kevin Sánchez, que se identifica como “miembro” del partido gobernante, Nuevas Ideas, publicó que denunciaría ante la Fiscalía a dos periodistas de ese medio “por haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”. La asociación manifestó su “enorme preocupación” y condenó “cualquier uso de las reformas mordaza contra periodistas en el uso de la libertad de prensa”.

En su columna editorial, El Faro calificó la situación salvadoreña actual como un “proceso antidemocrático, de concentración de poder y de persecución a los críticos emprendido” por el gobierno. Agregó que “la legalización de la censura es un atentado contra las libertades de prensa y de expresión sin precedentes desde el fin de la guerra civil” salvadoreña.