El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que el Ejecutivo formalizará en los próximos días la propuesta sobre la castración química para los violadores de menores de edad y mujeres, y llamó a los congresistas a que no rechacen la iniciativa, a la que definió como “un clamor popular”.

El proyecto de la castración química fue dado a conocer luego de que la semana pasada saliera a la luz pública un caso ocurrido en la ciudad de Chiclayo, en el norte del país, donde un taxista de 48 años secuestró y violó a una niña de tres años. El agresor fue detenido por la Policía, confesó su crimen y está en prisión preventiva. Según informaron medios peruanos, es altamente probable que sea condenado a cadena perpetua. El caso generó una enorme reacción popular, incluyendo manifestaciones masivas en Lima y otras ciudades del país y fue por ello que el presidente, con el apoyo de algunos de sus ministros, planteó la instauración legal de la castración química, método que es empleado en varios países, entre otros Rusia, Polonia, Moldavia y en siete estados de Estados Unidos: Alabama, California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana.

“Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres; esta propuesta será formalizada en los próximos días y esperamos que el Congreso no le dé la espalda a un clamor popular. Nosotros como gobierno tenemos la enorme responsabilidad de defender la vida de los peruanos, esa vida que está por encima de cualquier interés o cálculo político”, dijo Castillo, de acuerdo a lo que consignó el diario limeño La República.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, informó que esta semana el Consejo de Ministros debatirá el proyecto de ley que en caso de ser aprobado será enviado al Parlamento para ser debatido. De todas maneras, algunos ministros manifestaron no estar de acuerdo o no haber sido consultados sobre el tema. Una de ellas fue la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, que aseguró que esta iniciativa no le fue consultada, ya que en los últimos días estuvo en la ciudad de Tarapoto, situada en el norte, atendiendo de primera mano otro caso de abuso sexual a un niño de dos años.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, dijo que antes de su aprobación el proyecto debe pasar por una fase de estudio para determinar si es viable. “Eso debe ser reevaluado. Debe tener un estudio. Van a ver ese caso [el miércoles en Consejo de Ministros]. Así nomás no se puede sacar”, dijo Chávarry en declaraciones recogidas por medios peruanos.

Mientras tanto, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer –Demus, una reconocida organización feminista peruana– rechazó la medida planteada por el Ejecutivo y exigió al gobierno de Castillo que implemente acciones basadas en resultados y con presupuesto suficiente para llevarlas adelante. “La prevención debe ser materializada en políticas de igualdad de género e intervenciones articuladas, fundamentalmente desde el sector de la salud y el de la educación. Así como garantizar el acceso a educación sexual integral (ESI) y la articulación, desde un enfoque territorial, con gobiernos regionales, locales y la sociedad civil para cambios de sentidos comunes que normalizan la violencia”, señaló la organización en su cuenta de Twitter.