Pese a haberse manifestado en contra del estado de emergencia aplicado en el sur de Chile por el gobierno anterior, que implica una militarización de la zona, el Ejecutivo de Gabriel Boric decidió implementarlo ante un aumento de la violencia en esa región del país, donde se concentra el conflicto mapuche. “Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas”, dijo la ministra del Interior, Izkia Siches, antes de anunciar la medida.
“Hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”, afirmó la jerarca, según citó el medio digital El Desconcierto. “Estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad”, agregó Siches. “Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando el estado de emergencia”, dijo.
La ministra matizó la decisión con otras medidas que intentan promover una solución por diferentes vías. Anunció que impulsará la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, de los cuales el mapuche es el mayoritario en Chile. “Retomaremos la vieja tradición de parlamentar entre el Estado chileno y el pueblo mapuche para llegar a acuerdos que respondan a demandas políticas territoriales y de buen vivir, en materia como vivienda, gestión urbana, telecomunicaciones, entre otros”, afirmó.
La ministra dijo también que el Estado chileno tiene “una deuda centenaria” con el pueblo mapuche, y recordó que el gobierno ha “mandatado a las nuevas autoridades de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para reactivar la compra de predios”, duplicando el presupuesto asignado para esas adquisiciones, que tienen como objetivo la restitución de tierras. Señaló que el gobierno hará, además, inversiones en agua potable, salud y obras públicas en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.
Por otra parte, el gobierno pidió al Ministerio Público que se cuente con un fiscal especializado para atender el tipo de violencia que se registra en la región, donde algunas organizaciones mapuches se enfrentan con empresas forestales que explotan tierras ancestrales. En las últimas semanas se volvieron a registrar ataques incendiarios contra maquinaria de estas empresas y predios, así como tiroteos.
La oposición acusó al gobierno de ser cómplice de la violencia y presionó para el cambio de postura respecto del estado de emergencia. El Ejecutivo había sostenido que esa medida, que había adoptado la administración de Sebastián Piñera, sólo causaba más rispideces, y la había retirado para apostar a un diálogo.
En ese contexto, la decisión de volver a aplicarla generó tensiones en la interna de la coalición gobernante Apruebo Dignidad, informó el diario El Mostrador. La intención del Ejecutivo había sido recorrer otro camino y decretar un “estado intermedio”: esto implicaría desplegar militares sólo en las carreteras y que, a diferencia de lo que ocurre en el estado de excepción, no se restringieran derechos como al libre tránsito o a la libre reunión. Sin embargo, esta medida no tuvo el respaldo político que necesitaba para salir adelante y ni siquiera llegó a ser presentada al Parlamento, que debía aprobarla. Después de que fracasara el proyecto, incluso en la interna del oficialismo, el gobierno decidió volver a implantar el estado de emergencia.
Presionaron hacia esa dirección las tensiones con los gremios de camioneros y los empresarios forestales, así como el llamado a la resistencia armada que hizo un dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, ante la posibilidad de que se decretara el “estado intermedio”. La CAM es un grupo mapuche que se ha atribuido acciones violentas, y que promueve la autonomía regional, contra las iniciativas de plurinacionalidad como la que avanza en la Convención Constitucional chilena.
En respuesta a la convocatoria de Llaitul, el gobierno anunció que va a presentar una querella ante la Justicia en su contra. La ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile, Jeanette Vega, dijo que tomar las armas “margina de la mesa de negociación y diálogo a aquellos que estén por la violencia”, y agregó: “Estamos disponibles para conversar con todos los grupos”, pero “obviamente en ese caso no podemos conversar”.