Human Rights Watch (HRW), entidad dedicada a la defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York denunció este lunes un “plan” elaborado por el gobierno de Cuba que lidera Miguel Díaz-Canel para impedir manifestaciones, castigar a quienes participen en ellas e “infundir temor” para evitar que se repliquen las movilizaciones que se dieron hace un año en la isla.
En el informe Prisión o exilio al que accedió la agencia AFP, HRW analiza las consecuencias de las manifestaciones que se registraron el 11 de julio de 2021 en más de 50 ciudades y localidades de Cuba, para protestar contra las violaciones de los derechos humanos, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de coronavirus.
En su trabajo, la entidad da cuenta de un “gran número de violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, que incluyen intimidaciones, detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos, golpizas y otros casos de maltrato, que en algunos casos constituyen tortura”, documentando concretamente 155 casos de abusos.
“Comprobamos que estas violaciones contienen patrones que sugieren claramente la existencia de un plan para impedir que las personas protesten, castigar a quienes lo hagan, e infundir temor para evitar nuevas manifestaciones masivas contra el régimen”, señala HRW en su informe. Además, desde la organización se expresó que las autoridades cubanas tomaron medidas para desmantelar el limitado espacio cívico que permitió que estas protestas ocurrieran.
Según recordó Efe, la Fiscalía General de la República de Cuba reportó en enero que en el marco de las protestas del año pasado “790 personas habían sido procesadas” y que entre ellas “55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16” y que hasta el momento “los tribunales han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas. El 78% de los sancionados (297) obtuvo penas de prisión, en ocasiones de hasta 25 años”, por su presunta participación en incidentes violentos, tales como arrojar piedras.
La represión del gobierno, así como su falta de interés para abordar las causas que generaron las movilizaciones, convocadas básicamente a través de redes sociales, incrementaron “drásticamente el número de personas que quieren abandonar el país”, señala el informe.
Además, desde HRW se instó a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y América Latina a que presten más atención sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
El gobierno cubano en todo momento se mostró inflexible ante las demandas de los movilizados y argumentó que se trataba de grupos alentados y financiados desde Estados Unidos, recordó France24. Además, si bien las protestas fueron en su mayoría pacíficas, algunos choques con la policía sirvieron para que fueran tildadas de violentas y contrarrevolucionarias. Incluso la semana pasada el presidente Díaz-Canel las calificó como un intento de “golpe de Estado vandálico”.